Por Raúl Kollmann

El juez Juan José Galeano reconoció en un escrito que ordenó destruir las cintas de video en las que filmó declaraciones y testimonios de imputados en la causa AMIA. El magistrado no dio precisiones: no dijo cuántos videos se filmaron ni qué testigos o imputados y mucho menos de qué se trataban los diálogos o testimonios que se registraron. La propia filmación, sin consentimiento de las personas filmadas, ya provoca una fuerte polémica judicial y mucha más polémica levantará el hecho de que se hayan destruido las cintas.
El escrito –al que Página/12 tuvo acceso exclusivo– está dirigido al Tribunal Oral Federal número 3, el mismo que conducirá el juicio oral que empieza el lunes, y obviamente reconoce que “se filmaron algunas entrevistas o declaraciones con el propósito de contar con un reflejo más fiel o real de lo narrado en las mismas y efectuar análisis más profundos”. La metodología de filmar sin que el involucrado sepa ya había trascendido después del escándalo que se produjo cuando apareció, robado del juzgado de Galeano, un video en el que el magistrado aparecía negociando con Carlos Telleldín una suma de dinero a cambio de su testimonio. Ribelli obtuvo la cinta y, según Galeano, trató de extorsionarlo. En concreto, lo que aparecían negociando el juez y Telleldín era que éste iba a declarar que le entregó la camioneta que explotó frente a la AMIA a una patota de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli. Si ese hecho, la entrega de la camioneta, fue verdadero o falso es lo que se juzgará en el proceso que se inicia el lunes.
Lo que ahora queda en evidencia es que Galeano filmó otros videos –tal vez unos 20– y que ordenó su destrucción. Este hecho ya había sido denunciado el año pasado por quien fuera secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, quien además sostuvo que los videos fueron después usados para doblegar a algunos de los testigos. En una palabra, que se filmaban diálogos del juez con personas que iban a verlo, no se les advertía que se los estaba registrando y después se los intimidaba diciendo que estaban filmados.
En su escrito, Galeano alega también que de los diálogos quedaba constancia en actas, algo que de ninguna manera está comprobado. El día en que filmó la negociación con Telleldín, se hizo constar en actas que el imputado había pedido que se le mejoraran las condiciones de las visitas a la cárcel.
Pero tal vez lo más serio es que ahora no quedaron evidencias de esas filmaciones. Lifchitz sostuvo –hay una causa abierta en el juzgado de Claudio Bonadío– que Galeano cometió graves irregularidades en la causa para tapar maniobras de la SIDE y, entre ellas, mencionó la destrucción de los videos en el domicilio de la familia de uno de los secretarios, Carlos Velazco, en San Isidro. Ahora, Galeano reconoce que efectivamente le ordenó a su secretario que destruya los videos, algo que habrá que ver si no constituye el delito de destrucción de prueba.
El juez sostuvo en el escrito que ante el escándalo de la aparición del video en el que aparece su negociación con Telleldín, tras la supuesta extorsión de Ribelli, consideró que los videos eran un riesgo para la investigación y en lugar de ponerlos en un lugar ultra-seguro, ordenó destruirlos. El gran problema es que ahora ya nadie podrá saber qué contenían en verdad y si eso era o no importante para saber qué pasó en la investigación del caso AMIA.

PRINCIPAL