Por Cledis Candelaresi

“¿Dónde está escrito en la Constitución argentina que un contrato no se puede renegociar?”, protestó ayer ante la prensa Francisco Macri, admitiendo que el único propósito de la convocatoria de acreedores del Correo Argentino es, precisamente, forzar esa renegociación. La apuesta es fuerte, ya que los principales argumentos para promoverla fueron rechazados debidamente por varias instancias oficiales, incluida la Sindicatura General de la Nación. Sin embargo, el jefe de Socma, líder del grupo adjudicatario, recuerda otras promesas oficiales incumplidas tanto por el gobierno de Carlos Menem como por el de Fernando de la Rúa.
La sociedad de Sideco Americana con el Banco de Galicia y la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) acaba de presentarse en convocatoria de acreedores, para reestructurar su pasivo superior a los 700 millones de pesos. Casualmente, monto semejante al que asegura haber invertido, incluyendo en este rubro el pago de indemnizaciones para achicar drásticamente la plantilla de personal.
El 26 de marzo pasado, la Sigen rechazó a través de su nota 715 esa pretensión, cargando sobre las inversiones comprometidas –25 millones de pesos por cada uno de los diez primeros años– el pago de sus indemnizaciones. Básicamente, el organismo que preside Rafael Bielsa consideró que el caso no cumple con la condición de que el dinero aportado, 126 millones de pesos, generen una rentabilidad tal “que suponga su recuperación en un plazo razonable”.
La misma misiva rechazó un reclamo central del concesionario, por el cual éste exige una indemnización superior a los 300 millones de pesos: las asimetrías laborales entre el Correo y sus competidores. Macri recrimina al Estado no haber convocado a paritarias que permitieran equiparar hacia abajo esos costos. La Sigen advierte que nada permite garantizar el resultado de esa negociación con los sindicatos y, por lo tanto, ésta bien podría haber redundado en salarios aún mayores.
De la deuda que acusa el Correo Argentino, 257 millones corresponden al canon que no paga al Estado desde 1999; 380 millones a obligaciones financieras contraídas con el Galicia, Río, Citi, BID, Banco Mundial y el Nación, entidad a la que sólo el debe 6 millones, magra cuenta en relación al resto, y con la propia Sideco. Pero del mismo modo que el concurso derrumba los convenios colectivos de trabajo que tanto irritan a Macri, también suspende la obligación de honrar aquellos compromisos. La situación parece inmejorable para el concesionario: poco para pagar, todo para revisar.
“Fue el último recurso que nos quedó”, sentenció ayer Macri en relación al concurso, que, según los directivos de la empresa privatizada constituye un bloqueo legal a un eventual quite de la concesión. “Descarto totalmente que nos quieran quitar la concesión”, se jacta Macri, para quien el Estado “no tiene motivación”, ni posibilidad efectiva de reasumir la administración de la empresa privatizada hace cuatro años.
Que el correo privatizado facture menos de la mitad de lo proyectado en el momento de hacer su oferta es para Macri consecuencia directa de las incumplidas promesas estatales, entre ellas, la de dictar un marco regulatorio, que a juicio del grupo privado hubiera eliminado la competencia desleal de empresas que operan total o parcialmente en negro. “Nos está matando la economía y el trabajo en negro: el problema del Correo es el problema del país”, sentenció el empresario.
Una inquina similar le inspiran los funcionarios que habrían dejado promesas sin cumplir. Según detalló ayer el pope industrial, el gobierno anterior eludió el compromiso que surgiría del pliego de promover convenios colectivos de trabajo que permitieran abaratar el costo de la mano de obra, de sancionar un nuevo marco regulatorio para acorralar a la competencia y de respetar a rajatabla del contrato.
“Todos subestimamos la fuerza del lobby temerario, de cuya acción tenemos pruebas”, se despachó Macri, en previsible alusión a sus competidores más poderosos, entre los que podría incluirse Oca. Sin embargo, eludió nombres y cualquier otra precisión sobre los supuestos lobbistas. También hubo reproches para la Alianza, por el compromiso asumido por Nicolás Gallo de suspender el pago del canon para abrir una negociación que, sin embargo, no le impidió intimar al pago.
“Seguiremos trabajando normalmente”, prometió Macri, quien lejos de retirarse del negocio busca fortalecerlo con una negociación que lo exima, en principio, de la obligación de pagar 103 millones anuales de canon.

SE PRONUNCIA LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
La inversión fue un buzón

Por Julio Nudler

La Auditoría General de la Nación emitiría a comienzos de semana un dictamen adverso a Correo Argentino, sociedad del Grupo Macri y el Banco Galicia que anteayer se presentó en convocatoria de acreedores. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual el Gobierno resolvió que la AFIP le pague a la empresa de Franco Macri y Eduardo Escasany algo más de 29 millones de pesos en Bocones, cifra que resulta de detraer 13 por ciento de la deuda de $34 millones reconocida por el Estado con los carteros. Lo sorprendente de la decisión es que Correo no saldó ni un peso de los 257 millones que le debe al fisco, según éste. El pertinente decreto 1176, firmado el 14 de setiembre, no menciona en ningún momento que es el Correo el destinatario del pago dispuesto.
Dentro de la azarosa historia de la privatización postal figuran 99 millones de pesos que los adjudicatarios de los buzones carmín gastaron en indemnizar a trabajadores, ahuyentados de sus empleos mediante planes de retiro voluntario hasta 1998. El hecho es que Correo computó esas indemnizaciones como inversiones, criterio que le fue avalado por Germán Kammerath, entonces secretario de Comunicaciones, aliado de Domingo Cavallo y hoy del gobernador De la Sota. El asunto no era menor, ya que el monto en cuestión equivalía a cuatro años de inversiones, según el piso de $ 25 millones anuales que se comprometió a efectuar Correo.
Diputados frepasistas denunciaron en su momento a Kammerath. La causa derivó a manos del ahora ex juez Adolfo Bagnasco, quien sobreseyó por dos veces al acusado. Pero la Cámara Federal revocó en otras tantas oportunidades el sobreseimiento, de manera que Kammerath sigue imputado, ahora con Rodolfo Canicoba Corral a cargo de la causa. La controversia llegó ya en tiempos de Bagnasco a la AGN, con un informe de la Dirección Nacional de Inversiones que rechazaba la pretensión empresaria. Pero la Auditoría no consiguió ponerse nunca de acuerdo sobre la actitud a asumir.
El menemista Rodolfo Barra, titular de la Auditoría, adoptó de inmediato una postura favorable a Macri/Escasany, que redactó un pronunciamiento de seis páginas, destinado a volcar la voluntad judicial en favor de los empresarios. El resto de los siete auditores generales sustentan posiciones divergentes, que impiden lograr consenso, según confiaron fuentes del organismo parlamentario de control a Página/12. Las discrepancias dividen aguas en el propio bando justicialista. Mientras César Arias aboga por emitir un veredicto descriptivo y prescindente, Héctor Durán Sabas aduce “no tener clara” la cuestión y Julio César Casavelos parece inclinado a expedirse contra la empresa. Si Casavelos vota finalmente en este sentido, los radicales Francisco Fragoso y Alfredo Fólica, junto al frepasista Mario Fadel, lograrán que la Auditoría alumbre entre lunes y martes un dictamen que contribuiría a oscurecer las perspectivas de Correo, dejándole incumplido su programa de inversiones. Pero la empresa mostró, al lograr la sanción del decreto arriba mencionado a pesar de la renuencia del Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que mueve importantes resortes en el Gobierno. Este reincidió en la discutible práctica de dividir ventanillas frente a los grupos económicos: paga por una aunque no cobre por la otra.

JUAN NAVARRO, DEL EXXEL, AL ATAQUE
Listo para decir adiós

Por Claudio Zlotnik

“Si no somos bienvenidos, nos vamos”. Con esta frase, Juan Navarro, presidente de The Exxel Group, resumió lo que él mismo fue esbozando a lo largo de una exposición de una hora y media: la posibilidad cierta de que uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina reduzca a una mínima expresión su presencia en el país. Incluso, algunas versiones mencionan la alternativa de una mudanza del Exxel al vecino Uruguay. Aquella frase de advertencia de Navarro dio cuenta de su enojo por las investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas por Elisa Carrió. Aunque también es cierto que al grupo no le está yendo bien económicamente y, al respecto, el empresario adelantó que hacia fin de año seguirá desprendiéndose de empresas. “Continuará nuestra concentración. El horizonte no es bueno dado el actual contexto” económico, explicó Navarro.
Durante la última parte de los 90, el Exxel tuvo una notable expansión. Pero con la llegada del nuevo siglo se sucedieron las malas noticias. Entre las últimas más notorias figuran el concurso preventivo de Musimundo y la cesión de Freddo al Banco Galicia a cambio del pago de una deuda. Antes, perdió a manos de Pérez Companc el control de Molinos.
Frente a un centenar de empresarios, Navarro dividió su extenso discurso en dos partes. Por un lado, se focalizó en una fuerte defensa de la actividad del fondo de inversión de las acusaciones de la comisión del Congreso encabezada por la diputada Carrió. Después dio paso a contar la realidad económica del Exxel, aunque se guardó los detalles.
“Quienes tengan dudas sobre el funcionamiento de nuestros fondos de inversión deberían ser menos haraganes y consultar la producción intelectual que tiene esta industria. Hay cientos de miles de páginas escritas. Hasta una universidad de Pakistán se encargó de investigar el asunto”, exclamó. A esa altura, Navarro ya había dado detalles de las inversiones realizadas por el Exxel. Y hasta dio la nómina de inversores asociados para que la audiencia tomara nota de “la confianza que despertamos en el mundo”, y en la que figuran varias universidades estadounidenses, la familia Rockefeller y bancos americanos de primera línea. En ese momento, Navarro salió al cruce de las sospechas de lavado de dinero en los paraísos fiscales. “Los utilizamos por neutralidad impositiva. Nuestros inversores vienen desde distintos países y, a su vez, el Exxel opera en varias regiones. En los paraísos fiscales se realiza la distribución de los dividendos para que cada inversor haga su liquidación impositiva en su propio país. Le podemos dar muchas vueltas al asunto. Pero la verdad es ésta”, concluyó Navarro.

PRINCIPAL