Por Horacio Verbitsky

Dos fotografías publicadas en la prensa internacional reflejan la tragedia en cierne sobre el género humano. Una familia afgana con varios hijos huye del horror inminente, hacia la frontera. En una carretilla transporta su única posesión: un recipiente con agua. Una familia norteamericana se despide en el puerto, donde el hombre abordará una nave de guerra. En sus brazos poderosos carga a un chico de cinco o seis años, semidormido y con un dedo en la boca, gesto universal de indefensión y consuelo. La mujer sostiene a una niña aún más pequeña y solloza, como si supiera que no puede ofrecerle la protección que la criatura precisa. La angustia que ambas imágenes provocan en cualquier persona sensible parece ausente de las evaluaciones de las dirigencias políticas en cualquier lugar del mundo. A lo sumo, cada cual dispone de alguna dosis de conmiseración para las víctimas de su propio bando. Prevalecen la ideologización o la teologización del conflicto. Las personas no importan. El terror va ganando la batalla, que recién comienza.
La injusticia de cualquier guerra se torna infinita con los medios masivos de destrucción que ahora ambas partes ponen en juego. Evocar hoy las prepotentes posiciones imperialistas contra países atrasados del Tercer Mundo, como Cuba, Vietnam o Irak, o contra ciudadanos indefensos de una ciudad abierta, como Hiroshima; recapitular la división mundial entre prosperidad y miseria, es deslizarse por el delgado filo que separa el comprender del justificar. Dicho de otro modo: es tan difícil identificarse con el establishment militar, industrial y financiero de los Estados Unidos como no hacerlo con los ciudadanos de sesenta naciones, entre ellas la Argentina, asesinados en las Twin Towers. Nada disculpa lo que les hicieron, ni es lícita la venganza que se monta en su nombre. A las pocas horas de los atentados Human Rights Watch advirtió acerca de las necesarias distinciones “entre los culpables y los inocentes, entre los autores y los civiles que puedan rodearlos, entre los que realizan actos atroces y aquellos que simplemente comparten sus creencias religiosas, origen étnico o nacional”. El fin no justifica los medios y el derecho internacional no permite la represalia indiscriminada.

Divergencias

La conmoción por el canallesco atentado y por su abrumadora dimensión simbólica ha sacado a luz divergencias latentes acerca del rol estadounidense en el mundo y exacerbado las posiciones de quienes intentan avanzar sobre los derechos civiles y a la privacidad. El secretario de Estado Colin L. Powell conoce las dificultades de montar una coalición internacional de la más amplia base para responder al ataque y ha logrado algunos éxitos asombrosos, como la aquiescencia de Paquistán, Cuba, Rusia y China. Pero el vicepresidente Dick Cheney y el ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld tienen ostensible interés en escarmentar a cualquier ofensor real o potencial. Cheney, que ocupó el cargo de Rumsfeld y montó en un tanque de la Tormenta en el Desierto, se arrepiente de haber detenido la marcha en cuanto las tropas iraquíes dejaron Kuwait en vez de acabar con Saddam. Como los dos presidentes Bush, es un empresario del petróleo. Rumsfeld bate los tambores de la guerra con la esperanza de que el tumulto disimule su clamorosa incompetencia. Las torres de Manhattan eran oficinas civiles, pero el martes 11 también fue golpeado el Pentágono, cerebro del poderío militar. A este grupo se suma el ministro de Justicia, John Ashcroft, quien también tiene cuentas que rendir. De su ministerio depende el FBI, que desperdició los 18 minutos transcurridos desde el primer impacto. De otro modo, acaso pudo salvarse la segunda torre, y también los miles de sobrevivientes de la primera que fueron disuadidos de evacuarla por el personal de seguridad del World Trade Center. Ashcroft se concentra en ampliar sin límites la vigilanciatelefónica y electrónica de sospechosos. También en la posibilidad de detener por tiempo indeterminado y expulsar a cualquier extranjero sin intervención judicial, así se trate de residentes legales. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el demócrata Patrick J. Leahy, comparó esas propuestas con la detención masiva de ciudadanos de origen japonés durante la segunda guerra mundial, que aún avergüenza al país.
La cadena de inferencias se ha extendido en forma peligrosa, de Osama Bin Laden y Afganistán hacia Sadam Hussein e Irak y los presuntos campamentos terroristas en el valle libanés del Bekaa, bajo control político y económico de Siria. El general Powell tiene aguda consciencia sobre los cuidados necesarios para mantener en equilibrio la precaria coalición internacional reunida. Su principal problema no son Cheney, Rumsfeld o Ashcroft, sino George W. Bush, cuya invocación a la Cruzada invita a jugar con fuego. Para Powell es más fácil solicitar discreción al gobierno de Israel, encabezado por un criminal como Ariel Sharon, que a su propio presidente. Además de dislexia, Dubbya padece de sinceridad. El riesgo de estimular un alineamiento musulmán contra cristianos y judíos no es desdeñable. Junto con el gobierno, los integristas islámicos de Pakistán podrían apoderarse de su arsenal nuclear. Las ondas expansivas se sentirían en Arabia Saudita, Egipto y Argelia, hostigados por facciones religiosas extremas. Profetizar el choque de culturas o de civilizaciones es invitar a su cumplimiento.

Por casa

El gobierno argentino tampoco se ha destacado por su homogeneidad. Los ministros de Defensa, Horacio Jaunarena, y de Relaciones Exteriores Adalberto Rodríguez Giavarini, quien fue subsecretario de Jaunarena en Defensa durante la presidencia de Alfonsín, expresan dos visiones difíciles de compatibilizar, y contradictorias con sus respectivas pertenencias a líneas internas del radicalismo. Jaunarena es el progresista.
Desde que asumió, Fernando De la Rúa pugna por las reformas a las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que el Congreso le negó a Carlos Menem. Esos textos preservaron a las Fuerzas Armadas del rol policial que en las décadas de 1960 y 1970 las sumió en la peor crisis de su historia. Durante su paso por la SIDE, el banquero Fernando de Santibañes encomendó la Central Nacional de Inteligencia al general Ernesto Juan Bossi, el ideólogo de la intervención castrense para “el restablecimiento de la seguridad interior” y la producción de la inteligencia necesaria para “enfrentar, cuando así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etc”. Esa es la posición que hoy expresa Jaunarena.
Rodríguez Giavarini (asistido por su jefe de gabinete, el justicialista Pedro Villagra) ha seguido en cambio una conducta serena, moderadora de los arrebatos iniciales expresados por De la Rúa. El canciller sostuvo que la Argentina no podía ser neutral pero planteó tres requisitos para institucionalizar la respuesta. La solidaridad con Estados Unidos se concretará según las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cualquier decisión se consultará primero con los demás países del Mercosur (lo cual dio origen a la incómoda reunión del TIAR, propuesta por Brasil) y será remitida al Congreso para su aprobación. Suaviter in forma, fortiter in re, Rodríguez Giavarini marcó así una clara diferencia con la reacción de 1990, cuando Menem y su primer canciller, Domingo Cavallo decidieron por sí y ante sí la remisión de dos fragatas argentinas al Golfo. La actitud argentina se parece más ahora a la de la Unión Europea, solidaria con Estados Unidos pero para nada entusiasta con una política de represalias y reacia incluso al uso de vocablos como guerra. Más preocupante que la reacción ante esta específica coyuntura internacionalson los cambios estructurales que propician De la Rúa y Jaunarena, de peligrosas consecuencias dentro del país.

Nuevas amenazas

El 15 de marzo de 2000, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni postuló la “integración de todos los sistemas de inteligencia” y la reglamentación de la ley de defensa para “precisar las zonas grises y eliminar algún tipo de cuestionamiento que está mucho más basado en las rémoras del pasado que en las necesidades del presente y, lo que más importa, de las necesidades del futuro”. Para Brinzoni “la seguridad es una sola” y el país necesita las herramientas para combatir “el contrabando, el narcotráfico o el terrorismo”.
Al día siguiente, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, enumeró entre las “nuevas amenazas” que reclamarían una respuesta militar “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Explicó luego que había hablado “en un ámbito académico, como reflexión y con el fin de invitar al debate”. Pero dos meses después, y sin esperar los resultados del debate al que decía invitar, delegó en el jefe del Estado Mayor Conjunto la Dirección de Inteligencia para la Defensa, encargada de producir inteligencia estratégica nacional. También encomendó al nuevo organismo obtener información y producir inteligencia estratégica para “las misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas2, un alambicado modo de permitirles la inteligencia sobre Seguridad Interior. En octubre de 2000 la Comisión de Defensa del Senado por unanimidad solicitó que la Dirección de Inteligencia para la Defensa dependiera en forma directa e inmediata del ministro, como manda la ley de Defensa, y que la inteligencia sobre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas se limitara a las misiones de paz de las Naciones Unidas y no incluyera la Seguridad Interior. Defensa no tuvo más remedio que colocar el organismo bajo la órbita del secretario de asuntos militares Angel Tello quien, para saber en qué día de la semana vive, consulta con el Servicio de Informaciones Navales.

La guerra social

Las advertencias del Senado y el cambio de dependencia de la Dirección de Inteligencia para la Defensa no sirvieron de mucho. El Estado Mayor Conjunto, a cargo del general Juan Carlos Mugnolo, practica un seguimiento insustancial pero detallado sobre las “Amenazas hacia la República Argentina” que surgirían del Plan Colombia, analiza un hipotético apoyo de las FARC colombianas a indeterminados “grupos violentos” argentinos, pone bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de derechos humanos y contempla la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto colombiano. Las cuestiones que aborda tienen poco que ver con la competencia militar: la inmigración, el movimiento de los Sin Tierra y el lavado de dinero. En cambio, ignora las cuestiones de táctica, tecnología y estrategia militar que justificarían su existencia. Para que no queden dudas sobre el grado de autonomía intelectual de los autores, tanto el mapa de Bolivia como el de Paraguay tienen sus referencias en inglés. La frontera internacional se identifica como “international boundary”, las vías férreas como “railroad”, las carreteras como “road”. Brasil está escrito con Z. Ninguna de las amenazas contempladas por el Estado Mayor Conjunto es de índole militar, por más que al malestar por la desocupación y la pobreza se lo rebautice como “guerra social”. Ya una vez Ricardo Balbín llamó “guerrilla industrial” a las reivindicaciones sindicales enVilla Constitución y así comenzó la escalada castrense hacia la toma del poder en 1976.
La intencionalidad de estos informes del Estado Mayor Conjunto quedó corroborada con la realización en Salta del Ejercicio Cabañas 2001, con efectivos militares de los Estados Unidos, la Argentina y otros siete países latinoamericanos. Su ceremonia de clausura fue interrumpida el martes 11 con la noticia del atentado en Manhattan. El ejercicio simuló una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, para “reforzar la confianza mutua” y “una mejor interoperabilidad”, según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que el Congreso no llegó a tratar en fecha. El escenario fue una guerra civil, de contenido étnico y religioso en una supuesta República del Sudistán, donde las fuerzas de paz intervienen para separar a dos bandos antagónicos y el lugar se habría elegido por sus excelentes condiciones climáticas. Pero las fotografías del operativo son más elocuentes que cualquier declaración. Los beligerantes sudistaníes detenidos por las fuerzas internacionales tienen un parecido asombroso a los piqueteros salteños.

La ley de Inteligencia

El 22 de agosto De la Rúa envió al Congreso el proyecto de ley de inteligencia nacional, elaborado por consenso entre el Poder Ejecutivo y los bloques de diputados y senadores de la UCR, el PJ, el Frepaso y Acción por la República, con participación de delegados de la SIDE y del Estado Mayor Conjunto. El mensaje presidencial al Congreso consigna que en ese proyecto se sintetizaron otros de varios legisladores, entre ellos el propio Jaunarena. Un acta previa redactada el 24 de mayo por todos quienes intervinieron destaca que “cada uno hubo de ceder en alguna de sus posturas para obtener un documento final que pueda ser tratado en el Congreso”. Este lento y cuidadoso mecanismo es reconocido por De la Rúa en el mensaje introductorio, en el que deja constancia de que para no erosionarlo “resigna su facultad de introducirle modificaciones”. Esto torna más sorprendente el intento de último minuto de Jaunarena por torcer lo acordado y relativiza sus perspectivas de éxito, tan bajas como las de su inopinado proyecto de disolver la Prefectura y transferir a la Armada sus funciones de Seguridad Interior. No sólo el Congreso parece decidido a reivindicar sus atribuciones, sino que la posición de Jaunarena tampoco goza de la simpatía del Secretario de Informaciones del Estado, Carlos Becerra, y del ministro del Interior Ramón Mestre. El proyecto podría ser mejorado en algunos aspectos, pero no desvirtuado en los términos que pretende Jaunarena, para autonomizar a la inteligencia militar de cualquier control y volcarla hacia campos que siguen estándole vedados. Una demostración de ello es que el Senado votó por unanimidad la semana pasada otorgar preferencia al proyecto, para su tratamiento con despacho de comisiones, en la primera sesión que se realice.

Un pretexto

A diferencia de todas las leyes y reglamentos previos, el nuevo proyecto es de carácter público y no secreto, y “puede ser conocido por el pueblo, que es el destinatario de las tareas de inteligencia”, dice el mensaje presidencial. También respetará “las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”. En los organismos de inteligencia no podrán desempeñarse “como funcionarios o miembros”, lo cual deja una rendija abierta por la vía de la contratación de personal inorgánico, “quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por violación de los derechos humanos”. La ley crea un Sistema de Inteligencia nacional. Las Fuerzas Armadas tienen su lugar en él, pero subordinadas al poder político, sólo en cuestiones que hagan a la Defensa Nacional y bajo estricto control parlamentario. Una comisión bicameral de fiscalizacióncontrolará a todos los organismos de inteligencia que estarán obligados a entregarle la información o documentación que pida. También recibirá denuncias sobre abusos o delitos cometidos por los órganos de inteligencia y verificará el uso de los fondos reservados. Todo eso es lo que las Fuerzas Armadas querrían evitar, precisamente. El atentado de Nueva York les ha dado un pretexto para volver a la carga, así como el ajuste económico fue invocado por Jaunarena para desempolvar el viejo proyecto de absorber a la Prefectura, elaborado por la marina en tiempos del almirante Emilio Molina Pico, quien lo expuso ante el entonces senador Hipólito Solari Yrigoyen, el introductor en el radicalismo de Tello, cuando no se llamaba Angel sino Mario.
La Secretaría de Inteligencia, dependiente de la presidencia y con rango ministerial, será el órgano superior del sistema y producirá la inteligencia nacional y la contrainteligencia necesarias. La inteligencia nacional abarca “las amenazas, riesgos, conflictos y situaciones que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. Esto desmiente la afirmación de Jaunarena acerca de la falta de vinculación entre inteligencia interna y externa. Lo que sucede es que los militares desearían ubicar la inteligencia nacional en su órbita y no en la de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este proyecto de ley les permitirá, en cambio, dedicarse a la producción de inteligencia estratégica militar, con dependencia del ministerio de Defensa, pero bajo conducción de la SIDE y control parlamentario. Además, la ley crea un Consejo Interministerial asesor en materia de inteligencia nacional. El presidente podrá convocar en él como consultores a representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Las Fuerzas Armadas tendrán así amplia posibilidad de contribuir al sistema y el Estado no se privará de sus aportes, pero lo que no quedará en sus manos es la conducción ni la decisión final, como les gustaría.
La Inteligencia Estratégica Militar que sí pueden realizar los órganos de las Fuerzas Armadas se orienta a conocer el potencial militar de otros países y los eventuales teatros de operaciones. A su vez se divide en inteligencia estratégica operacional y táctica, para el planeamiento y conducción de operaciones militares. Corresponde a las funciones que la ley de defensa atribuye a las Fuerzas Armadas y está nítidamente separada de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Esta dependerá de la secretaría de Seguridad Interior y producirá inteligencia criminal, es decir acerca de las actividades criminales que .afecten la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.. El artículo 10 de la ley advierte que ningún organismo u órgano de inteligencia podrá realizar tareas represivas. Sólo con orden judicial en una causa específica, podrá cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Tampoco le estará permitido hacer inteligencia ni almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, religión, acciones privadas, opinión política o pertenencia a partidos, organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o culturales que actúen dentro de la ley.

Un injerto

El aspecto más discutible del proyecto es el título VI, sobre intercepción de comunicaciones privadas de cualquier tipo. Se trata de un injerto difícil de justificar en una ley de inteligencia. Por cierto, la intercepción requerirá de autorización judicial, que no podrá ser por un lapso mayor de 60 días y si el material obtenido no diera origen a una causa penal, deberá ser destruido o borrado. En una visita realizada a la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE por el equipo del Congreso que elaboraba la ley, se constató que se realizaban escuchas sinorden judicial escrita. Por eso, el general Eugenio Dalton, asesor del senador Mario Losada planteó incluir en la ley un mecanismo estricto de control, judicial y parlamentario, por el cual sería inadmisible cualquier escucha no ordenada en forma expresa por un juez y las empresas telefónicas deberían informar cada 30 días sobre los número intervenidos a la comisión bicameral fiscalizadora, que cotejaría esos partes con las órdenes judiciales. Pero en la redacción final, la SIDE consiguió ablandar ese control. El artículo 22 dice que el juez, además del oficio a la Dirección de Observaciones Judiciales “podrá remitir otro oficio sintético” para la empresa telefónica. El 34 afirma que la Comisión Bicameral “estará facultada” para requerir a la SIDE y las empresas el listado de los números pinchados. Formulas discrecionales como “podrá remitir” y “estará facultada para requerir” implican un relajamiento del control. Peor aún, en su exposición de motivos, De la Rúa opina que además de penarse las escuchas o intercepciones ilegales también debería castigarse a quien difunda su contenido, un avance sobre la libertad de expresión que el Congreso debería archivar.

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