Por Horacio Verbitsky
Dos fotografías publicadas
en la prensa internacional reflejan la tragedia en cierne sobre el género
humano. Una familia afgana con varios hijos huye del horror inminente,
hacia la frontera. En una carretilla transporta su única posesión:
un recipiente con agua. Una familia norteamericana se despide en el puerto,
donde el hombre abordará una nave de guerra. En sus brazos poderosos
carga a un chico de cinco o seis años, semidormido y con un dedo
en la boca, gesto universal de indefensión y consuelo. La mujer
sostiene a una niña aún más pequeña y solloza,
como si supiera que no puede ofrecerle la protección que la criatura
precisa. La angustia que ambas imágenes provocan en cualquier persona
sensible parece ausente de las evaluaciones de las dirigencias políticas
en cualquier lugar del mundo. A lo sumo, cada cual dispone de alguna dosis
de conmiseración para las víctimas de su propio bando. Prevalecen
la ideologización o la teologización del conflicto. Las
personas no importan. El terror va ganando la batalla, que recién
comienza.
La injusticia de cualquier guerra se torna infinita con los medios masivos
de destrucción que ahora ambas partes ponen en juego. Evocar hoy
las prepotentes posiciones imperialistas contra países atrasados
del Tercer Mundo, como Cuba, Vietnam o Irak, o contra ciudadanos indefensos
de una ciudad abierta, como Hiroshima; recapitular la división
mundial entre prosperidad y miseria, es deslizarse por el delgado filo
que separa el comprender del justificar. Dicho de otro modo: es tan difícil
identificarse con el establishment militar, industrial y financiero de
los Estados Unidos como no hacerlo con los ciudadanos de sesenta naciones,
entre ellas la Argentina, asesinados en las Twin Towers. Nada disculpa
lo que les hicieron, ni es lícita la venganza que se monta en su
nombre. A las pocas horas de los atentados Human Rights Watch advirtió
acerca de las necesarias distinciones entre los culpables y los
inocentes, entre los autores y los civiles que puedan rodearlos, entre
los que realizan actos atroces y aquellos que simplemente comparten sus
creencias religiosas, origen étnico o nacional. El fin no
justifica los medios y el derecho internacional no permite la represalia
indiscriminada.
Divergencias
La conmoción por el canallesco atentado y por su abrumadora dimensión
simbólica ha sacado a luz divergencias latentes acerca del rol
estadounidense en el mundo y exacerbado las posiciones de quienes intentan
avanzar sobre los derechos civiles y a la privacidad. El secretario de
Estado Colin L. Powell conoce las dificultades de montar una coalición
internacional de la más amplia base para responder al ataque y
ha logrado algunos éxitos asombrosos, como la aquiescencia de Paquistán,
Cuba, Rusia y China. Pero el vicepresidente Dick Cheney y el ministro
de Defensa Donald H. Rumsfeld tienen ostensible interés en escarmentar
a cualquier ofensor real o potencial. Cheney, que ocupó el cargo
de Rumsfeld y montó en un tanque de la Tormenta en el Desierto,
se arrepiente de haber detenido la marcha en cuanto las tropas iraquíes
dejaron Kuwait en vez de acabar con Saddam. Como los dos presidentes Bush,
es un empresario del petróleo. Rumsfeld bate los tambores de la
guerra con la esperanza de que el tumulto disimule su clamorosa incompetencia.
Las torres de Manhattan eran oficinas civiles, pero el martes 11 también
fue golpeado el Pentágono, cerebro del poderío militar.
A este grupo se suma el ministro de Justicia, John Ashcroft, quien también
tiene cuentas que rendir. De su ministerio depende el FBI, que desperdició
los 18 minutos transcurridos desde el primer impacto. De otro modo, acaso
pudo salvarse la segunda torre, y también los miles de sobrevivientes
de la primera que fueron disuadidos de evacuarla por el personal de seguridad
del World Trade Center. Ashcroft se concentra en ampliar sin límites
la vigilanciatelefónica y electrónica de sospechosos. También
en la posibilidad de detener por tiempo indeterminado y expulsar a cualquier
extranjero sin intervención judicial, así se trate de residentes
legales. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el
demócrata Patrick J. Leahy, comparó esas propuestas con
la detención masiva de ciudadanos de origen japonés durante
la segunda guerra mundial, que aún avergüenza al país.
La cadena de inferencias se ha extendido en forma peligrosa, de Osama
Bin Laden y Afganistán hacia Sadam Hussein e Irak y los presuntos
campamentos terroristas en el valle libanés del Bekaa, bajo control
político y económico de Siria. El general Powell tiene aguda
consciencia sobre los cuidados necesarios para mantener en equilibrio
la precaria coalición internacional reunida. Su principal problema
no son Cheney, Rumsfeld o Ashcroft, sino George W. Bush, cuya invocación
a la Cruzada invita a jugar con fuego. Para Powell es más fácil
solicitar discreción al gobierno de Israel, encabezado por un criminal
como Ariel Sharon, que a su propio presidente. Además de dislexia,
Dubbya padece de sinceridad. El riesgo de estimular un alineamiento musulmán
contra cristianos y judíos no es desdeñable. Junto con el
gobierno, los integristas islámicos de Pakistán podrían
apoderarse de su arsenal nuclear. Las ondas expansivas se sentirían
en Arabia Saudita, Egipto y Argelia, hostigados por facciones religiosas
extremas. Profetizar el choque de culturas o de civilizaciones es invitar
a su cumplimiento.
Por casa
El gobierno argentino tampoco se ha destacado por su homogeneidad. Los
ministros de Defensa, Horacio Jaunarena, y de Relaciones Exteriores Adalberto
Rodríguez Giavarini, quien fue subsecretario de Jaunarena en Defensa
durante la presidencia de Alfonsín, expresan dos visiones difíciles
de compatibilizar, y contradictorias con sus respectivas pertenencias
a líneas internas del radicalismo. Jaunarena es el progresista.
Desde que asumió, Fernando De la Rúa pugna por las reformas
a las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que el Congreso
le negó a Carlos Menem. Esos textos preservaron a las Fuerzas Armadas
del rol policial que en las décadas de 1960 y 1970 las sumió
en la peor crisis de su historia. Durante su paso por la SIDE, el banquero
Fernando de Santibañes encomendó la Central Nacional de
Inteligencia al general Ernesto Juan Bossi, el ideólogo de la intervención
castrense para el restablecimiento de la seguridad interior
y la producción de la inteligencia necesaria para enfrentar,
cuando así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico,
etc. Esa es la posición que hoy expresa Jaunarena.
Rodríguez Giavarini (asistido por su jefe de gabinete, el justicialista
Pedro Villagra) ha seguido en cambio una conducta serena, moderadora de
los arrebatos iniciales expresados por De la Rúa. El canciller
sostuvo que la Argentina no podía ser neutral pero planteó
tres requisitos para institucionalizar la respuesta. La solidaridad con
Estados Unidos se concretará según las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cualquier decisión
se consultará primero con los demás países del Mercosur
(lo cual dio origen a la incómoda reunión del TIAR, propuesta
por Brasil) y será remitida al Congreso para su aprobación.
Suaviter in forma, fortiter in re, Rodríguez Giavarini marcó
así una clara diferencia con la reacción de 1990, cuando
Menem y su primer canciller, Domingo Cavallo decidieron por sí
y ante sí la remisión de dos fragatas argentinas al Golfo.
La actitud argentina se parece más ahora a la de la Unión
Europea, solidaria con Estados Unidos pero para nada entusiasta con una
política de represalias y reacia incluso al uso de vocablos como
guerra. Más preocupante que la reacción ante esta específica
coyuntura internacionalson los cambios estructurales que propician De
la Rúa y Jaunarena, de peligrosas consecuencias dentro del país.
Nuevas amenazas
El 15 de marzo de 2000, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni
postuló la integración de todos los sistemas de inteligencia
y la reglamentación de la ley de defensa para precisar las
zonas grises y eliminar algún tipo de cuestionamiento que está
mucho más basado en las rémoras del pasado que en las necesidades
del presente y, lo que más importa, de las necesidades del futuro.
Para Brinzoni la seguridad es una sola y el país necesita
las herramientas para combatir el contrabando, el narcotráfico
o el terrorismo.
Al día siguiente, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas
Armadas, el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy,
enumeró entre las nuevas amenazas que reclamarían
una respuesta militar la pobreza extrema, la superpoblación
y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico,
el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales.
Explicó luego que había hablado en un ámbito
académico, como reflexión y con el fin de invitar al debate.
Pero dos meses después, y sin esperar los resultados del debate
al que decía invitar, delegó en el jefe del Estado Mayor
Conjunto la Dirección de Inteligencia para la Defensa, encargada
de producir inteligencia estratégica nacional. También encomendó
al nuevo organismo obtener información y producir inteligencia
estratégica para las misiones subsidiarias asignadas a las
Fuerzas Armadas2, un alambicado modo de permitirles la inteligencia sobre
Seguridad Interior. En octubre de 2000 la Comisión de Defensa del
Senado por unanimidad solicitó que la Dirección de Inteligencia
para la Defensa dependiera en forma directa e inmediata del ministro,
como manda la ley de Defensa, y que la inteligencia sobre las misiones
subsidiarias de las Fuerzas Armadas se limitara a las misiones de paz
de las Naciones Unidas y no incluyera la Seguridad Interior. Defensa no
tuvo más remedio que colocar el organismo bajo la órbita
del secretario de asuntos militares Angel Tello quien, para saber en qué
día de la semana vive, consulta con el Servicio de Informaciones
Navales.
La guerra social
Las advertencias del Senado y el cambio de dependencia de la Dirección
de Inteligencia para la Defensa no sirvieron de mucho. El Estado Mayor
Conjunto, a cargo del general Juan Carlos Mugnolo, practica un seguimiento
insustancial pero detallado sobre las Amenazas hacia la República
Argentina que surgirían del Plan Colombia, analiza un hipotético
apoyo de las FARC colombianas a indeterminados grupos violentos
argentinos, pone bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de
derechos humanos y contempla la participación de las Fuerzas Armadas
argentinas en el conflicto colombiano. Las cuestiones que aborda tienen
poco que ver con la competencia militar: la inmigración, el movimiento
de los Sin Tierra y el lavado de dinero. En cambio, ignora las cuestiones
de táctica, tecnología y estrategia militar que justificarían
su existencia. Para que no queden dudas sobre el grado de autonomía
intelectual de los autores, tanto el mapa de Bolivia como el de Paraguay
tienen sus referencias en inglés. La frontera internacional se
identifica como international boundary, las vías férreas
como railroad, las carreteras como road. Brasil
está escrito con Z. Ninguna de las amenazas contempladas por el
Estado Mayor Conjunto es de índole militar, por más que
al malestar por la desocupación y la pobreza se lo rebautice como
guerra social. Ya una vez Ricardo Balbín llamó
guerrilla industrial a las reivindicaciones sindicales enVilla
Constitución y así comenzó la escalada castrense
hacia la toma del poder en 1976.
La intencionalidad de estos informes del Estado Mayor Conjunto quedó
corroborada con la realización en Salta del Ejercicio Cabañas
2001, con efectivos militares de los Estados Unidos, la Argentina y otros
siete países latinoamericanos. Su ceremonia de clausura fue interrumpida
el martes 11 con la noticia del atentado en Manhattan. El ejercicio simuló
una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas,
para reforzar la confianza mutua y una mejor interoperabilidad,
según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que el Congreso no
llegó a tratar en fecha. El escenario fue una guerra civil, de
contenido étnico y religioso en una supuesta República del
Sudistán, donde las fuerzas de paz intervienen para separar a dos
bandos antagónicos y el lugar se habría elegido por sus
excelentes condiciones climáticas. Pero las fotografías
del operativo son más elocuentes que cualquier declaración.
Los beligerantes sudistaníes detenidos por las fuerzas internacionales
tienen un parecido asombroso a los piqueteros salteños.
La ley de Inteligencia
El 22 de agosto De la Rúa envió al Congreso el proyecto
de ley de inteligencia nacional, elaborado por consenso entre el Poder
Ejecutivo y los bloques de diputados y senadores de la UCR, el PJ, el
Frepaso y Acción por la República, con participación
de delegados de la SIDE y del Estado Mayor Conjunto. El mensaje presidencial
al Congreso consigna que en ese proyecto se sintetizaron otros de varios
legisladores, entre ellos el propio Jaunarena. Un acta previa redactada
el 24 de mayo por todos quienes intervinieron destaca que cada uno
hubo de ceder en alguna de sus posturas para obtener un documento final
que pueda ser tratado en el Congreso. Este lento y cuidadoso mecanismo
es reconocido por De la Rúa en el mensaje introductorio, en el
que deja constancia de que para no erosionarlo resigna su facultad
de introducirle modificaciones. Esto torna más sorprendente
el intento de último minuto de Jaunarena por torcer lo acordado
y relativiza sus perspectivas de éxito, tan bajas como las de su
inopinado proyecto de disolver la Prefectura y transferir a la Armada
sus funciones de Seguridad Interior. No sólo el Congreso parece
decidido a reivindicar sus atribuciones, sino que la posición de
Jaunarena tampoco goza de la simpatía del Secretario de Informaciones
del Estado, Carlos Becerra, y del ministro del Interior Ramón Mestre.
El proyecto podría ser mejorado en algunos aspectos, pero no desvirtuado
en los términos que pretende Jaunarena, para autonomizar a la inteligencia
militar de cualquier control y volcarla hacia campos que siguen estándole
vedados. Una demostración de ello es que el Senado votó
por unanimidad la semana pasada otorgar preferencia al proyecto, para
su tratamiento con despacho de comisiones, en la primera sesión
que se realice.
Un pretexto
A diferencia de todas las leyes y reglamentos previos, el nuevo proyecto
es de carácter público y no secreto, y puede ser conocido
por el pueblo, que es el destinatario de las tareas de inteligencia,
dice el mensaje presidencial. También respetará las
garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.
En los organismos de inteligencia no podrán desempeñarse
como funcionarios o miembros, lo cual deja una rendija abierta
por la vía de la contratación de personal inorgánico,
quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra
la humanidad o por violación de los derechos humanos. La
ley crea un Sistema de Inteligencia nacional. Las Fuerzas Armadas tienen
su lugar en él, pero subordinadas al poder político, sólo
en cuestiones que hagan a la Defensa Nacional y bajo estricto control
parlamentario. Una comisión bicameral de fiscalizacióncontrolará
a todos los organismos de inteligencia que estarán obligados a
entregarle la información o documentación que pida. También
recibirá denuncias sobre abusos o delitos cometidos por los órganos
de inteligencia y verificará el uso de los fondos reservados. Todo
eso es lo que las Fuerzas Armadas querrían evitar, precisamente.
El atentado de Nueva York les ha dado un pretexto para volver a la carga,
así como el ajuste económico fue invocado por Jaunarena
para desempolvar el viejo proyecto de absorber a la Prefectura, elaborado
por la marina en tiempos del almirante Emilio Molina Pico, quien lo expuso
ante el entonces senador Hipólito Solari Yrigoyen, el introductor
en el radicalismo de Tello, cuando no se llamaba Angel sino Mario.
La Secretaría de Inteligencia, dependiente de la presidencia y
con rango ministerial, será el órgano superior del sistema
y producirá la inteligencia nacional y la contrainteligencia necesarias.
La inteligencia nacional abarca las amenazas, riesgos, conflictos
y situaciones que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.
Esto desmiente la afirmación de Jaunarena acerca de la falta de
vinculación entre inteligencia interna y externa. Lo que sucede
es que los militares desearían ubicar la inteligencia nacional
en su órbita y no en la de la Secretaría de Inteligencia
del Estado. Este proyecto de ley les permitirá, en cambio, dedicarse
a la producción de inteligencia estratégica militar, con
dependencia del ministerio de Defensa, pero bajo conducción de
la SIDE y control parlamentario. Además, la ley crea un Consejo
Interministerial asesor en materia de inteligencia nacional. El presidente
podrá convocar en él como consultores a representantes de
las Fuerzas Armadas y de seguridad. Las Fuerzas Armadas tendrán
así amplia posibilidad de contribuir al sistema y el Estado no
se privará de sus aportes, pero lo que no quedará en sus
manos es la conducción ni la decisión final, como les gustaría.
La Inteligencia Estratégica Militar que sí pueden realizar
los órganos de las Fuerzas Armadas se orienta a conocer el potencial
militar de otros países y los eventuales teatros de operaciones.
A su vez se divide en inteligencia estratégica operacional y táctica,
para el planeamiento y conducción de operaciones militares. Corresponde
a las funciones que la ley de defensa atribuye a las Fuerzas Armadas y
está nítidamente separada de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal. Esta dependerá de la secretaría
de Seguridad Interior y producirá inteligencia criminal, es decir
acerca de las actividades criminales que .afecten la libertad, la vida
y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las
instituciones del sistema representativo, republicano y federal.. El artículo
10 de la ley advierte que ningún organismo u órgano de inteligencia
podrá realizar tareas represivas. Sólo con orden judicial
en una causa específica, podrá cumplir funciones policiales
o de investigación criminal. Tampoco le estará permitido
hacer inteligencia ni almacenar datos sobre personas por el solo hecho
de su raza, religión, acciones privadas, opinión política
o pertenencia a partidos, organizaciones sociales, sindicales, comunitarias,
cooperativas, asistenciales o culturales que actúen dentro de la
ley.
Un injerto
El aspecto más discutible del proyecto es el título VI,
sobre intercepción de comunicaciones privadas de cualquier tipo.
Se trata de un injerto difícil de justificar en una ley de inteligencia.
Por cierto, la intercepción requerirá de autorización
judicial, que no podrá ser por un lapso mayor de 60 días
y si el material obtenido no diera origen a una causa penal, deberá
ser destruido o borrado. En una visita realizada a la Dirección
de Observaciones Judiciales de la SIDE por el equipo del Congreso que
elaboraba la ley, se constató que se realizaban escuchas sinorden
judicial escrita. Por eso, el general Eugenio Dalton, asesor del senador
Mario Losada planteó incluir en la ley un mecanismo estricto de
control, judicial y parlamentario, por el cual sería inadmisible
cualquier escucha no ordenada en forma expresa por un juez y las empresas
telefónicas deberían informar cada 30 días sobre
los número intervenidos a la comisión bicameral fiscalizadora,
que cotejaría esos partes con las órdenes judiciales. Pero
en la redacción final, la SIDE consiguió ablandar ese control.
El artículo 22 dice que el juez, además del oficio a la
Dirección de Observaciones Judiciales podrá remitir
otro oficio sintético para la empresa telefónica.
El 34 afirma que la Comisión Bicameral estará facultada
para requerir a la SIDE y las empresas el listado de los números
pinchados. Formulas discrecionales como podrá remitir
y estará facultada para requerir implican un relajamiento
del control. Peor aún, en su exposición de motivos, De la
Rúa opina que además de penarse las escuchas o intercepciones
ilegales también debería castigarse a quien difunda su contenido,
un avance sobre la libertad de expresión que el Congreso debería
archivar.
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