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Por Claudio Scaletta
 Mientras la causa por asociación
ilícita en el reciente megacanje de deuda que alcanza al ministro
de Economía, Domingo Cavallo, y su segundo, Daniel Marx, avanza
sin estridencias pero también sin pausa, y en tanto ya se trabaja
en un nuevo megacanje que evidencia el fracaso del anterior, los técnicos
de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) elaboraron
un escrito interno en el que explican cómo se realizó la
operación. El documento reservado, al que tuvo acceso Página/12,
tiene por objeto colocar las responsabilidades en la máxima autoridad.
Confirma también lo ya adelantado por este diario: que la cúpula
de la Secretaría de Finanzas, luego de producida la licitación,
acordó con los bancos organizadores los precios de algunos de los
papeles, en especial los de los bonos Brady Par y Discount, con un perjuicio,
sólo en estos dos papeles, de 108 millones de dólares para
el patrimonio público. El documento revela también algunas
notables “desprolijidades” del proceso licitatorio, entre las
que se destacan la escandalosa recepción de ofertas a través
de las plataformas de Internet del Credit Suisse First Boston (CSFB) y
el JP Morgan.
Los siete bancos que recibieron el mandato de la Secretaría de
Finanzas para instrumentar el megacanje de deuda, que superó los
32 mil millones de dólares, mantuvieron durante toda la operación
una fluida relación con los técnicos y funcionarios que
representaron al Estado nacional. Los contactos alcanzaron un máximo
inmediatamente después de que la ONCP estableciera los cuatro escenarios
más favorables para efectivizar el canje. Estos escenarios, de
los cuales se eligió uno, expresaban los precios máximos
a pagar por los distintos papeles en base a las ofertas de las entidades
financieras. Fue entonces cuando los representantes de los bancos CSFB
–de David Mulford, el amigo americano de Domingo Cavallo–, JP
Morgan, Salomon Smith Barney, BSCH, Galicia y BBVA Francés intensificaron
las reuniones con el secretario de Finanzas, Daniel Marx. El objetivo
era concreto: con la mira puesta en incrementar la cantidad de los bonos
canjeados, se buscaba “ajustar” los precios ya definidos por
la ONCP a nuevas ofertas (con precios más altos) propuestas por
los banqueros.
Cabe recordar que ambas partes, Estado nacional y bancos, estaban interesadas
en que la cantidad de papeles canjeados fuera la máxima posible.
Los bancos, por la fuerte comisión de 0,55 por ciento sobre los
nuevos valores nominales emitidos –comisión que triplicaba
la media internacional para operaciones similares–, y el Estado para
poder presentar la operación como un éxito.
Del documento de la dependencia del Ministerio de Economía al que
accedió Página/12 surge que, una vez determinadas las comisiones
–y decidido que los bancos públicos debían canalizar
sus títulos a través de los “lead managers” privados–,
se estableció una base de precios mínimos: los del mercado
a las 14 del jueves 31 de mayo. Sobre estos precios, influidos por los
propios bancos en los días previos, “se recibió una
recomendación (de la autoridad) para incentivar a los inversores
a participar en la operación” en el tramo no competitivo.
En paralelo, para determinar el precio de los bonos en lo que inicialmente
sería el “tramo competitivo”, la ONCP calculó
el “costo de oportunidad” del país construyendo una “curva
de rendimiento de la República”. En este punto no son pocas
las páginas que el informe destina a explicar la inutilidad del
método (determinación de la curva de ceros) en un mercado
donde el comportamiento de los papeles es volátil. Pero la limitación
técnica no representó obstáculo alguno. Una adaptación
estadística superó la imprecisión, y “tras las
negociaciones llevadas a cabo por la superioridad” se determinaron
los precios mínimos de los nuevos papeles. Luego de este paso,
se estableció un cronograma para la suscripción de ofertas
y se determinó que ellas se canalizarían, para los principales
papeles, a través de plataformas de Internet que suministrarían
los bancos CSFB y JP Morgan. El proceso de recepción, que debía
culminar a las 17 del viernes 1º de junio, finalizó a las
9 del sábado 2 “debido a problemas que se generaron en los
bancos encargados de compilar las ofertas y enviarlas (CSFB y JP Morgan)”.
De la auditoría realizada a las 8.30 del sábado 2 surge
que “la página web del CSFB no contaba con la validación
en el campo precio”, o bien este campo “se encontraba sin completar”,
lo que “trajo inconvenientes al momento del control de ofertas y
adjudicación”. En otras palabras, esto significa que se indicaban
las cantidades de bonos ofrecidos, pero no el precio al que se proponía
cambiarlos. Cuando el turno de la auditoría llegó a la página
del JP Morgan, se interrumpió la conexión. Al volver a conectar,
minutos más tarde, “se detecta que los archivos enviados en
la primera etapa habían sido modificados”.
Todas estas irregularidades, sin embargo, no interfirieron en la urgencia
que quería darse al proceso, por lo que a partir de la recepción
de la totalidad de las ofertas, que alcanzaron los 32.854 millones de
dólares, la ONCP elaboró cuatro escenarios resumen, de los
cuales “las autoridades” eligieron uno. En línea con
las etapas anteriores, “sugirieron además reunirse con los
bancos para escuchar la recomendación de los mismos sobre los precios
de corte”. En otras palabras, luego de realizadas las ofertas y de
ser analizadas por los técnicos, se volvió a requerir la
“recomendación” de los banqueros.
Previsiblemente, tras la reunión con los bancos fueron modificados
al alza los precios de corte de ocho papeles. Sólo en dos de ellos,
los Brady Par y Discount, se pasó el precio de 65,00 a 69,50 y
de 71,25 a 76,00 por cada 100 de valor nominal, respectivamente. Puesto
que de los primeros se rescataron 1823,4 millones de dólares y
de los segundos 550,8 millones, esto significa que se embolsaron sobretasas
por 82 y 26 millones, respectivamente. Esto es así, además,
porque la mayoría de las ofertas de menor precio realizadas por
los bancos fueron ingresadas, luego de la recotización, al precio
más alto. En otras palabras, mientras públicamente se discutían
comisiones legítimas en términos contractuales por 140 millones
de dólares, sólo en dos papeles de los 63 canjeados se pagaron
108 millones de más. Un sobreprecio calculado, incluso, suponiendo
eficiente la lógica del mercado para la determinación inicial
de las cotizaciones.
La secuencia de determinación de precios, entonces, fue la siguiente:
los bancos “creadores de mercado” influyeron en la formación
de los “precios de mercado”. Esos valores fueron los tomados
para determinar los nuevos precios base de los papeles canjeados. Aunque
el mecanismo parezca cuestionable, responde hasta aquí a las reglas
de juego. Sin embargo, el paso siguiente fue de otra naturaleza. Los precios
“técnicamente” determinados por la ONCP fueron aumentados
mediante el “diálogo” entre funcionarios y banqueros
con el fin de lograr, en favor de una de las partes, aquello a lo que
aspiraban ambas: incrementar la magnitud del canje. Como resultado, los
bancos que participaron de la operación, no sólo obtuvieron
las comisiones predeterminadas, sino también tasas más altas
por los nuevos bonos. Este diferencial de tasas que debió asumir
el Estado nacional superó con creces el valor de las comisiones.
Es precisamente en este último paso donde la Justicia investiga
la presunta existencia de una asociación ilícita entre los
funcionarios que habrían consentido o participado del “acuerdo”
de precios. Se trata, en principio, de Fernando de la Rúa, Domingo
Cavallo y Daniel Marx.
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