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Por
Horacio Verbitsky
 La
diputada nacional Alicia Castro aportó nuevos elementos a la investigación
sobre la misteriosa transferencia de 140.000 dólares en favor de
Horacio Tomás Liendo, registrada el 24 de marzo de 1994. Una semana
antes, el 17 de marzo, el ministro de Economía Domingo Cavallo
suscribió un acuerdo con Iberia por el que la compañía
española pasaría a controlar el 85 por ciento de las acciones
de Aerolíneas Argentinas y quedaría en libertad para levantar
frecuencias, flexibilizar o despedir al personal e incumplir el plan de
inversiones comprometido en el contrato de privatización. Además,
el Estado se obligaría a defender ante terceros estados su condición
de línea de bandera. El convenio quedó pendiente de un decreto
ratificatorio del Poder Ejecutivo. El presidente Carlos Menem y el propio
Cavallo lo firmaron el 24 de marzo, el mismo día de la transferencia
en favor de Liendo. El acuerdo fue redactado por Liendo, quien era Secretario
de Coordinación Legal y Técnica del ministerio de Economía,
y también quedó a cargo de su explicación y defensa
pública. El juez federal Jorge Ballestero lo declaró perjudicial
para el Estado nacional, pese a lo cual no pudo impedir su aplicación.
Los 140.000 dólares fueron transferidos por el First Investment
Bank Limited (FIB), de Bahamas, desde su cuenta 00718106 en el banco Coutts&Co
International de Miami, a la cuenta 607123729 del Republic National Bank
of New York. La orden del FIB al operador del Coutts, Kenneth Moorhead,
indicaba: “Beneficiario: Horacio Tomás Liendo”. La documentación
no aclara si el padre o el hijo. El FIB era un banco cáscara offshore
perteneciente al Banco de Crédito Provincial de La Plata (BCP)
del mismo tipo de los descritos en el informe del subcomité de
investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero
sucio. En una carta al director de este diario Liendo (h) negó
la existencia de la cuenta en el Republic National Bank of New York y
de la transferencia a su favor. Liendo (p) guardó silencio.
La información sobre esa transferencia surge del expediente penal
por la quiebra del BCP. El juez penal platense Juan Carlos Bruni descubrió
que había desaparecido el disco rígido de una computadora.
Luego de los procesamientos y órdenes de detención dictados
contra los principales responsables de la defraudación el empleado
a cargo de las operaciones offshore del BCP, Miguel Alfredo Panelo, entregó
a la justicia la copia de ese disco rígido, que tenía en
su casa. Allí aparece la transferencia por 140.000 dólares
en favor de Liendo.
Asesores de la diputada Castro, quien además es secretaria general
del sindicato de Aeronavegantes, recordaron que en febrero de 1994 se
creó en Buenos Aires la empresa Interinvest, como fachada de Iberia,
que poseía el 99 por ciento de sus acciones. El 1 por ciento restante
quedó en manos de Horacio Fargosi, el abogado de Iberia. Al mismo
tiempo, Liendo dictaminó que el requisito del Código Aeronáutico
de que la mayoría accionaria de la línea de bandera debía
ser de argentinos, se cumplía tanto si se trataba de personas físicas
como de personas jurídicas argentinas. La recién creada
Interinvest pudo asumir así el 38 por ciento de las acciones que
le correspondían al Estado Argentino, que sólo quedó
con el 5 por ciento. De este modo, Iberia y sus controladas pasaron a
poseer el 85 por ciento de las acciones de Aerolíneas. Al tomar
conocimiento de los borradores del Acuerdo, los pilotos lo denunciaron
a la Justicia y el juez Ballestero sostuvo que Interinvest era una empresa
fantasma creada para perjudicar al Estado Nacional.
El contrato de transferencia de Aerolíneas Argentinas, firmado
poco antes de que Cavallo y Liendo desembarcaran en el ministerio de economía,
establecía que el 51 por ciento de las acciones debían estar
en manos de propietarios argentinos e Iberia no podría tener más
del 30 por ciento del paquete. Sin embargo, por medio de asociados y testaferros
los españolescontrolaron la mayoría accionaria. El contrato
de transferencia también estableció que el Estado, con el
5 por ciento de las acciones, más el 10 por ciento correspondiente
a los trabajadores, podría vetar .decisiones que afecten el cumplimiento
de los servicios concesionados y/o la política aérea”.
Esa capacidad de veto no tenía sólo valor económico,
sino también jurídico: la invocó la Corte Suprema
en su per saltum, al autorizar al gobierno nacional a seguir adelante
con la privatización, pese a todas las objeciones. En una ampliación
de capital, forzada por los españoles en 1992 para evitar la quiebra
de Aerolíneas, las tenencias accionarias del Estado pasaron del
15 al 43 por ciento y retuvo su poder de veto. Por el acuerdo negociado
por Liendo y decretado por Menem y Cavallo en 1994 el Estado volvió
al 15 por ciento inicial, pero ahora sin poder de veto.
Por haberse desprendido de la acción de oro, el Estado Nacional
no pudo impedir el denominado Plan de Rescate que la SEPI anunció
en febrero de 2000 y que culminó con el hundimiento de la compañía,
pese a la oposición que había manifestado el entonces ministro
de Obras Públicas e Infaestructura, Nicolás Gallo. La transferencia
a nombre de Liendo no constituye el único episodio sospechoso en
esta historia. En la Asamblea General de Aerolíneas Argentinas
del 28 de mayo de 1997 el mandatario de uno de los accionistas minoritarios
dijo que los directivos Manuel Morán y Eduardo Mateos “eran
los encargados del manejo de fondos políticos” de las empresas
que administra la SEPI, “lo que motivaba aportes o accionamientos
a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”. Citó
como fuente al propio Mateos y a no identificados auditores de Aerolíneas
que luego de descubrir estas transferencias habrían sido despedidos.
Añadió que “esos giros habrían sido efectuados
a cuentas personales en el exterior a nombre de varios miembros del directorio,
entre ellos el representante del Estado nacional que es primo del presidente
de la Nación [se refiere a Abdo Menehem] y fue colocado allí
por éste”. Luego eran “trianguladas a cuentas en España
para el manejo de voluntades políticas”. Agregó que
“la impunidad era tal que los giros electrónicos constan en
los libros de Aerolíneas Argentinas, como si estas cuentas fueran
un proveedor más de la compañía”. La denuncia
también afirma que a raíz de presiones ejercidas por el
propio Manuel Morán, el accionista Bernardo Galante le escribió
una carta “dejando sin efecto” las afirmaciones de su mandatario
en la asamblea.
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Un
amigo de peso
Por
H.V.
El
presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Ricardo A. Gutiérrez,
negó “haber acordado ningún préstamo nuevo,
ni mucho menos otorgado desembolso adicional alguno a la empresa
Victorio Américo Gualtieri SA”. Desmintió de
ese modo la información publicada el domingo pasado aquí,
según la cual la mitad de la deuda del empresario preferido
de los gobernadores justicialistas bonaerenses fue contraída
entre el último año de la gestión de Eduardo
Duhalde y el primero de la de Carlos Rückauf, “pese a
la política restrictiva de desembolsos que siguió
el banco en ese período”. Pero los diputados bonaerenses
que investigan los créditos irregulares otorgados por el
Banco Provincia insisten en incluir a la gestión de Gutiérrez
entre las objetadas por los beneficios a Gualtieri.
Según Gutiérrez, desde que él asumió
la presidencia del banco, el 20 de diciembre de 1999, se desarrolló
“una intensa labor orientada a mejorar la situación
del banco respecto a la acreencia total de dicha firma, a través
de un esquema de reestructuración general de la deuda vencida,
lo que permitió la obtención de nuevas garantías,
en algún caso consideradas técnicamente preferidas
por las normas del Banco Central y que no existían hasta
entonces. Adicionalmente a esas acciones destinadas a aminorar la
exposición de riesgo frente a ese deudor, se ordenaron investigaciones
internas e instrucciones sumariales a los fines de deslindar responsabilidades,
llegando incluso a la promoción de denuncia en sede penal”.
La declaración de Gutiérrez añade que “a
la fecha el banco ha procedido a verificar todos sus créditos
en el proceso concursal de la empresa y ha iniciado las acciones
legales de carácter ejecutivo por las garantías hipotecarias
y/o prendarias a su favor”.
Según el diputado provincial por el Frepaso, Alejandro Mosquera,
desde la asunción de Rückauf y Gutiérrez el Banco
Provincia otorgó créditos a Gualtieri por más
de 80 millones de dólares. Varias de las solicitudes de créditos
analizadas las realizó junto con Sabavisa SA, una de sus
empresas, que este año se presentó a su propio concurso
de acreedores. El 14 de septiembre de 1999 Gualtieri SA se presentó
como fiador de Sabinor SA, otra firma propia. Para negociar la refinanciación
de los créditos, Don Victorio se presentó a la sucursal
La Plata del Banco Provincia en compañía de su asesor
financiero: el ex ministro de economía Roque Fernández.
Este es el detalle que Mosquera suministró a este diario,
proveniente del concurso de acreedores de Gualtieri:
- 12,8 millones de dólares. Otorgado el 15 de setiembre de
2000. Codeudor solidario: Sabavisa SA. Garantizado por Deltragro
SA, hipoteca en 2º grado. Mora en el primer vencimiento. Deuda
final, entre capital e intereses, 13,8 millones.
- 4,16 millones. Otorgado el 15 de setiembre de 2000. Codeudor solidario:
Sabavisa SA. Garantizado por Deltragro SA, hipoteca en 2º grado.
Mora en el primer vencimiento. Deuda final, entre capital e intereses,
4,5 millones de dólares.
- 47,4 millones. Descuento de documento de tercero: Ruta 1 SA. Autorizado
el 4 de agosto de 2000. Obligado solidario Sabavisa SA. El primer
pago debía producirse en agosto de 2001, por lo que no hubo
mora antes del concurso. Deuda total, entre capital e intereses,
49,8 millones de dólares.
- 17,4 millones. Solicitado el 25 de abril de 2000, otorgado el
4 de mayo. Forma de pago, 61 cuotas mensuales desde el 30 de agosto
de 2000. No pagó nada. Garantía: cesión de
certificados de obra de la administración de puertos de la
provincia. Deuda total, 20,1 millones de dólares.
Una denuncia penal fue presentada el 22 de febrero de 2000 por el
apoderado del Banco Provincia, Julián Alberto Loyato contra
el ex gerente de la casa matriz en La Plata, Héctor Ferraro.
Allí se concentran los créditos sin respaldo ni autorización
a Victorio Gualtieri SA, que juntocon otras seis empresas se beneficiaron
con la contratación directa autorizada por Duhalde en 1996
para la construcción de escuelas. Pericias judiciales ordenadas
por el juzgado de transición 2 determinaron que se pagaron
sobreprecios del 12 por ciento por metro cuadrado construido, equivalentes
a 41,5 millones de pesos. Esas empresas dejaron deudas impagas con
el Banco Provincia por 137 millones. Mosquera calcula que entre
esa deuda y los sobreprecios se hubieran podido construir otras
150 escuelas.
En julio de este año la Legislatura aceptó que la
provincia absorbiera la cartera de morosos e incobrables del Banco
Provincia, por 2.400 millones de pesos. Esta suma quintuplica la
suma del ajuste ya concretado más el pautado en perjuicio
de los empleados públicos bonaerenses. La oposición
impuso que una comisión bicameral investigara las responsabilidades
por el otorgamiento de cada uno de esos créditos. Pero el
gobernador Ruckauf ordenó postergar su constitución
y los diputados justicialistas negaron el quórum necesario
en la sesión del último jueves. “No es oportuno
ni razonable investigar esto a muy pocos días de una elección”,
argumentó el presidente del bloque, Juan Antonio Garivoto.
El martes, los legisladores de la Alianza darán una conferencia
de prensa para denunciar al PJ y autoconvocar a la comisión.
La versión taquigráfica de la sesión del jueves
20 es ilustrativa del aprecio de duhaldistas y rucufistas por los
procedimientos de control legislativo:
- Garivoto: Señor presidente, yo había solicitado
un cuarto intermedio antes de continuar con el tratamiento de este
tema; después, si quieren, seguimos discutiendo la cuestión
de la Comisión Investigadora.
- Presidente (diputado San Pedro): Se va a votar la moción
de cuarto intermedio solicitada por el diputado Garivoto.
- Mosquera: Tenemos derecho a dar nuestra opinión.
- Garivoto: Si querés salir en los diarios, pegate un tiro
en Plaza San Martín.
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