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Por
Victoria Ginzberg
 El
ex juez Víctor Hermes Brusa, acusado de genocidio, terrorismo y
torturas en Madrid, se convirtió en prófugo de la Justicia.
La policía allanó su casa en Santa Fe, pero no lo encontró.
Lo mismo ocurrió con los otros cinco represores de esa provincia
que el juez federal Gabriel Cavallo ordenó detener a pedido de
su par español Baltasar Garzón. Brusa solicitó, a
través de sus abogados, su “eximición de prisión”
y aunque estaría en Buenos Aires, hasta ayer por la noche no había
decidido entregarse.
Brusa y los policías Héctor Romero Colombini, Mario José
Fasino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizzotti y María
Eva Aevis fueron buscados por la Policía Federal luego de que Cavallo
se quejara formalmente porque no se habían efectivizado las detenciones
y que la justicia santafesina rechazara un pedido para que el magistrado
porteño que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final se apartara de la causa. En Santa Fe, aseguraban que el fax que
se había enviado la semana pasada estaba ilegible. Y cuando los
efectivos de la Policía Federal llegaron hasta la casa de Brusa,
no lo hallaron.
Las personas buscadas por Garzón iban a ser alojadas en la Guardia
de Infantería Reforzada, que funcionó como un centro clandestino
de detención durante la última dictadura militar. Los victimarios
huyeron antes de ser alojados en el lugar al que llevaban a sus víctimas.
Aunque sus arrestos hubiesen sido sustancialmente diferentes, ya que contarían
con todas las garantías de la ley.
La semana pasada, Cavallo dispuso la detención de 18 represores,
de acuerdo a una solicitud de Garzón. Siete marinos que figuraban
en el pedido de captura se presentaron espontáneamente en el Edificio
Libertad y el juez autorizó su excarcelación, aunque todos
deben reportarse en el juzgado cada diez días. Sin embargo, Cavallo
no necesariamente le concedería este beneficio a Brusa.
Ayer, el ex juez solicitó, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires,
su eximición de prisión. En su provincia la presentación
fue realizada por su hermano, Horacio Brusa, quien también le ofreció
sus servicios cuando Víctor Hermes se enfrentó al Jury de
Enjuiciamiento. En esa oportunidad, no logró que el acusado conservara
su puesto en la justicia federal. Brusa fue destituido por haber atropellado
a un nadador con una lancha y huir y tener un currículum que lo
señalaba como colaborador de los grupos de tareas santafesinos.
En Buenos Aires, el abogado de Brusa es Pedro Bianchi, ex defensor del
nazi Erich Priebke y del dictador Emilio Eduardo Massera.
Cavallo ya informó a la Cancillería su decisión de
dar curso al pedido enviado por Garzón. Ahora el gobierno argentino
debería comunicar este hecho a Madrid. El magistrado español
tiene cuarenta días para enviar los pedidos formales de extradición.
En ese proceso intervendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores
y es de esperar que rechace la solicitud de Garzón, tal como ocurrió
cuando la justicia italiana reclamó el juzgamiento de Alfredo Astiz
en Roma por los asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y de Angela María
Aieta. Pero si el Gobierno mantiene la posición que tuvo con Astiz,
debería girar las denuncias a la Justicia. De hecho, el convenio
entre Argentina y España establece en su artículo 7 que
“si la parte requerida no accediere a la extradición de un
nacional por causa de su nacionalidad debería someter el asunto
a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente
contra aquel”. Aunque en este caso el Gobierno decidió anticiparse.
Ya presentó, a través del Procurador del Tesoro, Ernesto
Marcer, un escrito con su opinión sobre el tema. Allí se
indica que los militares tienen derecho a ser juzgados en Argentina y
que no hay razones de urgencia para ordenar la detención de los
acusados.
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