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Por Soledad Gallego
Díaz
Desde
Nueva York
 Peter Jennings, uno de los
periodistas televisivos con más fama y prestigio de Estados Unidos,
está desolado. Por primera vez en sus 61 años de vida ha
recibido más de 10.000 llamadas de protesta, amenazas o insultos,
por haberse atrevido a preguntar en las primeras horas tras los atentados
del día 11 dónde estaba el presidente George Bush.
Jennings, que es canadiense, hizo aquel día un trabajo excepcional
y estuvo casi 17 horas seguidas al frente del programa informativo de
la cadena ABC pero su breve comentario fue interpretado como una falta
de patriotismo. Cómo lograr que la oleada patriótica que
siente Estados Unidos no perjudique la calidad de su trabajo es en estos
momentos una de las principales preocupaciones de los periodistas norteamericanos.
Hay que prepararse además para un conflicto que, según admiten
algunas fuentes militares, va a ir acompañado de una “guerra
informativa de gran intensidad”, es decir de grandes mentiras y desinformaciones.
Muchos piensan que esta nueva y extraña guerra contra el terrorismo
va a ser peor, incluso, desde un punto de vista informativo que la guerra
del Golfo.
Durante estos días, prensa y televisión se han autorregulado
para evitar las imágenes más terribles y los enfoques más
sensacionalistas. Las principales cadenas de televisión y diarios
nacionales marcaron el camino de casi todos los medios de comunicación
del país renunciando a difundir escenas de personas saltando por
las ventanas de las Torres Gemelas de Nueva York o los cadáveres
de las víctimas localizadas. Incluso se han mostrado muy prudentes
con los varios centenares de funerales y entierros que tuvieron lugar
en los días inmediatos a los atentados. La cadena ABC fue la primera
que decidió no volver a difundir, salvo casos excepcionales, las
imágenes de los aviones secuestrados chocando contra las torres,
pero Fox y otras compañías se unieron a las pocas horas.
Desde el primer momento, los grandes medios y cadenas aceptaron también
voluntariamente un cierto control sobre informaciones “delicadas”.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, convocó una reunión
en su despacho con los responsables de estos medios para pedirles que
no informaran sobre viajes o comparecencias públicas del presidente
Bush o del vicepresidente Dick Cheney, nada que pudiera afectar a la seguridad
de la Casa Blanca y nada sobre los métodos y detalles de los servicios
de inteligencia.
Tom Goldstein, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de
Columbia, se siente inquieto por el desarrollo de los próximos
acontecimientos. El caso de Peter Jennings ha despertado alguna inquietud:
tampoco gustó su comentario de que hablar de la Biblia (Bush se
refirió a varios Salmos en sus primeras intervenciones) era “muy
apropiado para los norteamericanos”. Algunos han interpretado que
Jennings comparaba la costumbre de los políticos de Estados Unidos
de acudir a Dios y a la Biblia con las continuas alusiones a Alá
que se producen en el otro lado.
El problema de cómo combinar patriotismo e información se
acentuará sin duda en los próximos días y semanas,
según se desarrollen los enfrentamientos armados. “Esta será
la guerra de información más intensa que se puedan imaginar...
Seguro que ellos van a mentir y que nosotros vamos a mentir”, explicó
con toda naturalidad un oficial del ejército norteamericano al
ex defensor del lector de The Washington Post, Howard Kurtz.
Desde el punto de vista de la información de que dispondrán
los ciudadanos, tanto norteamericanos como del resto del mundo, el conflicto
que se prepara será muy probablemente tipo guerra del Golfo, el
que los medios de comunicación tendrán acceso muy limitado,
y controlado, a los escenarios de enfrentamiento. En primer lugar, porque
el primer escenario de choque armado será Afganistán, un
remoto país, y en segundo lugar porque están previstas operaciones
de comandos y una intensísima labor de inteligencia en todo el
mundo. La dificultad para conseguir información es ya muy evidente
y algunos periodistas han expresado ya sus quejas porque el departamento
de Justicia, por ejemplo, se niega a decir cuántas personas han
sido detenidas en Estados Unidos desde el pasado día 11 en relación
con los atentados y cuántas han pasado a disposición judicial
con cargos, un dato que difícilmente atenta contra la seguridad
nacional.
Bush se ha adelantado ya a esas primeras quejas: “Procuraremos que
tengan información pero ésta será una guerra con
muchas operaciones secretas y como comprenderán no se pondrán
a la vista”. El equipo que está al frente de este conflicto,
Dick Cheney y Colin Powell, es exactamente el mismo que consiguió
que la guerra del Golfo fuera una de las más opacas y amables de
la historia para el gobierno de Washington.
EL
CONGRESO PONE LIMITES A LA CASA BLANCA
¿Cheque en blanco? Ni lo sueñen
Por Gary Younge
Desde
Washington
La unidad política en
el Capitolio desde las atrocidades terroristas ha empezado a fragmentarse,
y están emergiendo divisiones sobre las medidas antiterroristas
propuestas, los gastos militares y la regeneración económica.
Mientras el presidente George W. Bush volvía ayer a la agenda doméstica
por primera vez desde los ataques, una cantidad creciente de legisladores
está acusando a su administración de usar la crisis para
hacer aprobar su agenda conservadora en lo que hasta hace poco fue un
Congreso agriamente dividido. Y tanto demócratas como republicanos
han criticado a la administración por intentar apurar la aprobación
de leyes que tendrán consecuencias duraderas e imprevisibles sin
darles suficiente tiempo para examinarlas.
Las nuevas leyes antiterroristas propuestas por el presidente están
sufriendo un rudo procedimiento de pasaje a través de los Comités
de Asuntos Judiciales en la Cámara de Representantes y el Senado.
Una propuesta para permitir la detención por tiempo indeterminado
y sin proceso de inmigrantes sospechados de vínculos con grupos
terroristas ha preocupado tanto a los demócratas como a los republicanos.
El proyecto de ley de la administración también expandiría
las intervenciones telefónicas a los celulares y a los e-mails,
permitiendo un espionaje más fácil a los sospechados de
terrorismo, y ampliar la definición de “terroristas”
a aquellos que “presten apoyo” a organizaciones terroristas.
“¿Por qué es necesario apurar este proyecto –pregunta
el republicano conservador Robert Barr–. ¿Tendrá algo
que ver con el hecho de que el Departamento de Justicia busca ahora sacar
ventaja de lo que obviamente es una situación de emergencia para
obtener una autoridad que antes no pudo conseguir?”
Patrick Leahy, el titular demócrata del Comité de Asuntos
Judiciales del Senado, dijo que “no queremos que los terroristas
ganen logrando que a nosotros nos saquen protecciones básicas”.
El senador Russ Feingold, presidente de un subcomité judicial,
dijo que siente “el deber especial de defender la Constitución
contra propuestas, nacidas de un comprensible deseo de venganza y justicia,
pero que pondrían en peligro las libertades constitucionales que
han hecho de este país lo que es”. El secretario de Justicia
John Ashcroft, que presentó los argumentos de la administración
en los últimos dos días, dijo que había buenas razones
para dar curso a los cambios en la ley. “Cada día que pasa
es un día que los terroristas tienen de ventaja.”
Una animosidad más partidaria tiene lugar con la economía.
Bush planea utilizar los excedentes de los pagos de seguridad social para
revitalizar la economía. Sus críticos lo acusan de romper
una promesa de campaña de apartar el dinero para momentos más
difíciles. El congresista demócrata Barney Frank sostuvo
que Bush debía rescindir la parte de los recortes de impuestos
recientes que beneficiaron a los que más tienen en un 1 por ciento.
Bush insiste en que cuando hizo el compromiso, este venía con la
notificación de que el excedente sería protegido salvo en
tiempos de guerra, recesión o una emergencia nacional, “tengo
la impresión que tenemos las tres”, dijo. Los senadores también
objetaron a comienzos de esta semana los planes de la administración
de cerrar algunas bases militares. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld
dijo que los cierres eran más, no menos vitales, en el nuevo contexto.
Pero algunos en el comité de Fuerzas Armadas del Senado creen que
no tiene sentido cerrar bases cuando la nación se está preparando
para una guerra.
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OPINION
Por William Bourdon*
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El Estado de derecho
sufre
Una respuesta “devastadora y prolongada” prometió
George W. Bush. Nadie duda que la barbarie de los crímenes
cometidos, la inmensidad de los sufrimientos y el carácter
masivo de los traumatismos ocasionados justifican de forma excepcionalmente
legítima la identificación y el castigo de los culpables
y sus cómplices. Sin embargo, cuando un Estado de derecho
considera, como lo proclama el presidente norteamericano, que el
fin justifica los medios, es el estado de derecho el que sufre.
Ahora bien, se sabe que una acción aun ilegal, a nivel individual
o colectivo, puede finalmente percibirse como admisible si su incumbencia
es de tal densidad de sufrimiento que cada uno la encuentra finalmente
excusable. La confusión entre “legitimidad” y “legalidad”
no deja sin embargo de tener riesgos. Incluso si se lo lamenta,
es necesario reconocer que hoy el derecho internacional existente
no le permite a Estados Unidos fundar su respuesta en el artículo
51 de la Carta de las Naciones Unidas pues no fueron víctimas
de un acto de guerra. Los horrores perpetrados sobre la costa este
de Estados Unidos, por monstruosos que sean, no pueden ser considerados
como una agresión armada. En efecto, no existe ninguna resolución
del Consejo de Seguridad que en el pasado haya caracterizado como
actos de guerra a hechos de terrorismo internacional. En cambio,
Estados Unidos podría valederamente oponer que el nuevo derecho
internacional permite considerar que el apocalipsis que conocieron
Nueva York y Washington está constituido por crímenes
contra la humanidad. En efecto, el artículo 7 del estatuto
de la Corte Penal Internacional prevé que un ataque generalizado
o sistemático lanzado contra una población civil con
el objetivo de cumplir los objetivos de esa organización,
es un crimen contra la humanidad. Esta definición se aplica
a los ataques del 11 de setiembre, aun cuando sus redactores no
habían anticipado tales hechos; pensaban sobre todo y a justo
título en el hecho de que los crímenes cometidos en
la ex Yugoslavia y en Ruanda no fueron el hecho exclusivo de Estados
sino de grupos más o menos informales. Sea como fuese, si
se admite que los crímenes cometidos en Estados Unidos son
crímenes contra la humanidad, el apego a la letra de la ley
llevaría a un situación inaceptable: la legítima
defensa de un Estado sería legal en respuesta a una modesta
y efímera intrusión en su territorio, pero ilegal
tratándose de crímenes contra la humanidad. Esto puede
convencer a Estados Unidos a dejar de sabotear la Corte Penal Internacional.
* Jurista francés. Publicado en Libération.
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