Algunos son ancianos y otros jóvenes con discapacidades que los llevaron a una temprana jubilación o a depender de sus mayores. Todos tienen un problema común: dependen de servicios sociales del PAMI que han sido cortados, lo que pone en peligro sus vidas porque padecen enfermedades terminales o crónicas que requieren atención permanente. Unos veinte casos fueron denunciados ante la Red Solidaria, organización no gubernamental que reclamó “la inmediata colaboración solidaria” del Ministerio de Acción Social y del interventor en el PAMI, Raúl Pistorio, frente al “profundo grado de angustia” que viven los pacientes y sus familias. En algunos de los casos constatados por Página/12, los enfermos son más de uno por cada grupo familiar. Zulma, de 64 años, hipertensa y con un Parkinson incipiente, no puede acceder a los seis medicamentos cotidianos que necesita, mientras que su hijo Juan Carlos, de 41, jubilado prematuro porque padece de VIH, desde hace una semana se quedó sin la provisión del cóctel de drogas al que su vida está amarrada.
Juan Carr, director de Red Solidaria, dijo que recibieron entre 15 y 20 llamados de urgencia porque a los pacientes afectados “les suspendieron quimioterapias o radioterapias, les postergaron en forma indefinida la realización de biopsias o cirugías o le retiraron la asistencia en materia de medicación para esclerosis múltiple”. Anoche, el vocero de prensa del PAMI, Marcelo Cora, dijo que se estaban tomando medidas “para solucionar el problema”. A dos de los pacientes les prometieron “una solución recién a partir del lunes”, aseguró Carr.
Blanca, de 31 años, sufre de esclerosis múltiple y depende de la obra social de su madre, María Elena, pensionada del PAMI. “Mi hija era atendida desde hace dos años en el Hospital de Clínicas, pero eso se interrumpió porque el PAMI dejó de enviarnos la ambulancia y nos derivó a la clínica Los Cedros”, de San Justo, que les queda mucho más cerca porque ellas viven en Villa Celina, en el partido de La Matanza.
“Cada tres meses tiene que ser atendida por el neurólogo, para chequear la evolución de su estado, y todos los meses tiene que hacerse una infiltración en sus piernas”, explicó María Elena. La joven, que vive con su madre, tenía problemas de esclerosis desde la niñez que se agravaron cuando tenía 17 años y se cayó de un colectivo que le lastimó las piernas. Desde entonces su vida cambió y de las muletas pasó con los años a la silla de ruedas. “En la clínica Los Cedros no nos atienden porque están en medio de un conflicto con el Pami que ya lleva meses”, denunció.
Zulma, de 64 años, tiene 13 hijos, con algunos de los cuales vive en una casita de Villa Fiorito, en el sur del conurbano. Ella cobra 150 pesos por mes como pensionada del PAMI y desde hace meses tiene dificultades para conseguir, en forma gratuita, los seis medicamentos que debe tomar casi a diario. “Es como pedir limosna. ¿Para qué aportamos tantos años a la obra social? ¿Cómo puede ser que no le importemos a nadie?”, se preguntó Zulma, quien está también preocupada por la situación de una de sus hijos, afectado por el virus del sida.
Juan Carlos, su hijo, vive solo en Villa Caraza y desde hace una semana no puede conseguir los remedios necesarios para pelearle a la enfermedad. “Nuestra familia es muy pobre, a veces tenemos problemas no para comprar remedios sino hasta para comer. ¿Cómo podremos seguir viviendo si no tenemos la asistencia del PAMI?”. Belén, colaboradora de la Red Solidaria, resaltó que el problema involucra “a pacientes muy graves, pero también a personas con problemas de menor importancia, pero que también están pasando situaciones que son insostenibles para personas mayores”.
“Un hombre de 73 años que se cayó y se lastimó una rodilla, lo que le impide movilizarse, ni siquiera puede ser atendido en el Hospital de Florencio Varela porque sólo atienden casos graves.” Juan Carr dijo que son muchos los casos de enfermos con problemas oncológicos que no son asistidos desde mediados de junio, lo que pone sus vidas ante una situación de riesgo inminente.

SANCIONES ALTERNATIVAS PARA EMPRESAS CONTAMINADORAS
La probation de la ecología

Aquellas empresas instaladas en el territorio de la provincia de Buenos Aires que sean multadas por infracciones a las normas ambientales podrán, a partir de ahora, acceder a una “probation ecológica”, que les permitirá sustituir el pago en efectivo por donaciones de sus productos, o por la realización de trabajos comunitarios. Así lo dispone un decreto firmado ayer por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, que pretende alcanzar, de modo más concreto, “el beneficio social de la comunidad afectada”.
El secretario de Política Ambiental provincial, Ricardo Rodríguez, dijo a Página/12 que la norma tiene una intención descentralizadora: “Antes, el dinero de las multas era recaudado por Rentas de la provincia, y lo que se recaudaba no siempre era destinado a la comunidad directamente afectada”, explicó. Con la nueva normativa, “la empresa le pagará al municipio de la localidad donde tiene su sede; además de decidir si paga en efectivo o si adhiere a la probation”.
En caso de solicitar la probation, la firma se reunirá con los vecinos en una audiencia pública, y junto a ellos acordará el trabajo comunitario a realizar. Se puede optar por hacer tareas para el pueblo, o donar parte de la producción. También existe la posibilidad de hacer otro tipo de donación –alimentos, medicamentos, materiales– para alguna institución del lugar. “Así, la comunidad percibirá la compensación de un modo más directo, y la empresa comprenderá que no es una unidad productiva aislada, sino que está inmersa en una red social”, justificó Rodríguez.
Las empresas tendrán un plazo de tres días desde la notificación de la multa para adherir a la probation. Asimismo, el decreto aclara que este sistema no exime al infractor de remediar “los hechos sancionados, ni (de) la reparación de las consecuencias sufridas por los vecinos, por sus bienes o por los bienes públicos”.

Disparo en medio del recreo

Un chico de 10 años estaba jugando en el recreo junto a sus compañeros de grado cuando imprevistamente recibió un impacto de un proyectil de aire comprimido en el ojo, que fue disparado desde la calle por un adolescente de 13 años. Si bien el chico no corre riesgo de perder la visión del ojo herido, se encuentra internado en el Hospital de Niños de La Plata.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la escuela 52 de la localidad bonaerense de 9 de Julio, en horario de recreo: un alumno de 10 años recibió un “impacto de un proyectil de aire comprimido calibre 5.5 en el lagrimal”, precisó a este diario el subcomisario Julio Aguilera. Los investigadores determinaron que el disparo fue efectuado desde la calle por un chico de 13 años, que fue trasladado al Juzgado de Menores de Mercedes.
El pequeño herido sufrió una lesión traumática del saco conjuntival y si bien su visión no corre peligro, está en observación “porque se trata de una zona muy delicada”, explicaron los médicos que lo atienden.

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