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Por Alejandra Dandan
 Un grupo de expertos en informática
de la Policía Federal está espiando a pedido del FBI los
correos electrónicos de una de las zonas más calientes de
la Triple Frontera. Con equipos y software aportados por las fuerzas de
seguridad norteamericanas, la División de Seguridad Informática
de la Federal ha comenzado a rastrear la información enviada a
través de un servidor localizado en Ciudad del Este en busca de
supuestas células terroristas vinculadas a los grupos extremistas
libaneses.
Amparados por el vacío legal sobre el tránsito de correspondencia
en Internet, los espías no pidieron para el sondeo autorización
judicial y el gobierno paraguayo ni siquiera está al tanto de las
ciberinvestigaciones que tienen lugar en su territorio. En una semana
se han capturado e-mails en árabe, inglés y español.
Sólo los escritos en español quedan para ser analizados
en el país. El resto es enviado directamente a Estados Unidos.
El acopio de la información en una de las oficinas del Departamento
Central de Policía comenzó pocos días después
del atentado terrorista a las Torres Gemelas. Según fuentes de
la cúpula de la Federal, el FBI le pidió al cuerpo cooperación
para la búsqueda de datos que circulan por Internet en la Triple
Frontera que une a la argentina Puerto Iguazú, la brasileña
Foz do Iguaçu y la paraguaya Ciudad del Este. El pedido tuvo una
explicación práctica: los poderosos aparatos norteamericanos
son incapaces de capturar en forma satelital las comunicaciones que circulan
ahí través de circuitos terrestres. Para hacerlo, necesitaban
un aliado cercano.
No recurrieron, sin embargo, a las fuerzas de seguridad paraguayas. De
acuerdo a un funcionario cercano a la investigación, el FBI no
tiene allí una estructura aliada capaz de garantizar la confidencialidad
del proceso de monitoreo.
En este marco, la Policía Federal se sumó como virtual socio
de los agentes norteamericanos para llevar adelante una parte de las pesquisas.
Aquí recibe solamente el material seleccionado como sospechoso
por el sniffer, un aparato colocado en las redes de Ciudad del Este, capaz
de monitorear y copiar todo el flujo de información. “Así
como un aparato le permite a la SIDE escuchar las conversaciones de la
gente, el sniffer permite ‘escuchar’ las conversaciones del
ordenador”, indicó a Página/12 el doctor Hugo Scolnik,
experto en criptografía de la UBA.
Esta tecnología funciona igual que el sistema conocido en los Estados
Unidos como “Carnívoro”, que le permite al FBI capturar
y hacer legibles miles de e-mails y diálogos electrónicos
de cualquier idioma. El que fue instalado en Ciudad del Este cuenta con
un filtro: una especie de diccionario cargado con palabras del vocabulario
terrorista. De este modo, deja pasar los e-mails que no tienen ese contenido
y copia sólo los que llevan escrito alguno de los términos
sospechosos.
Los listados de palabras que atrapan la atención del sniffer fueron
aportadas, al menos en parte, por los expertos en terrorismo de la Federal.
Entre otros términos, por ejemplo, figura “C-4”, que
es el nombre de un tipo de explosivo plástico fácil de trasladar
en un celular. El aparato puede detectarlo así o con todas las
combinaciones posibles: “C4”, “-4c” u otras. Pero
esta es sólo una clave de la lista interminable que ha provocado
incluso situaciones grotescas para los espías. La lista de correos
capturados todavía no ha sido abundante. La semana pasada, el sistema
encontró sólo diez mensajes “sospechosos” en español.
Pero el problema fueron los resultados: cuando comenzó la revisión
de las cartas enviadas por los supuestos terroristas lo único que
aparecieron fueron comerciantes dedicados al contrabando. En particular,
al contrabando de electrónica.
Entre las cartas “chupadas” aparecen algunas con la palabra
“bomba”, pero cuando comenzaron a leerlas, los expertos se encontraron
con un listado de Cds plagiados de la cantante conocida como La Bomba
Tucumana. En el medio, hallaron también la palabra “bazooka”.
Cuando leyeron el email notaron que se refería a unos parlantes
para autos. En la estructura de la Federal no son muchos los traductores
confiables para este tipo de megaoperativos. De hecho esa fue una de las
causas por las que la fuerza delegó parte del trabajo pedido por
el FBI. Aunque la policía incorporó en el último
tiempo a dos hijos de chinos entre sus tropas, aún no tuvo la misma
suerte con los árabes. Para los ciberespías, “no hay
árabes confiables para entregarles este material secreto”.
Por eso decidieron enviarlo a Estados Unidos.
En el país no hay leyes que regulen la intervención del
correo electrónico. Scolnik habla de “la ley de la selva”
cuando se refiere a un vacío “especialmente útil para
fortalecer y encubrir el espionaje”. Este marco será una dificultad
para la policía si en el rastreo termina encontrando algo. El material
recogido no tiene fuerza de prueba para la Justicia ni podría incluirse
en los expedientes. De todos modos, para la Policía Federal, la
causa lo justifica. Al menos así lo piensa uno de los hombres vinculados
al caso. “Lo que no está prohibido –dijo– está
permitido: esto no será ético pero es legal”.
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Un blanco vulnerable
La lectura de e-mail y de información privada que circula
en las redes es uno de los blancos más vulnerables. La desprotección
no está sólo vinculada a las deficiencias de los sistemas
operativos, también está al alcance de estas prácticas
de monitoreo que no están ni prohibidas ni habilitadas legalmente.
En el país, existe un sólo fallo dictado en abril
del ‘99 que pone algún límite sólo de
tipo jurisprudencial sobre tema. El fallo corresponde a la Sala
VI de la Cámara del Crimen y fue pronunciado en una causa
penal iniciada por uno de los directivos del ex diario Perfil contra
Jorge Lanata por la difusión de un e-mail. En ese fallo,
la Cámara equiparó la privacidad del correo electrónico
a las cartas privadas.
Además de este fallo, en septiembre del ‘97 el decreto
1279 declaró el servicio de Internet comprendido dentro de
las garantías constitucionales que ampara la libertad de
expresión. Este decreto incorpora entre los fundamentos una
clave que serviría como guía para entender el espionaje
como, al menos, una práctica ilegítima. Para presentarlo,
se menciona una definición dada sobre el tema, en junio del
‘97, por la Corte de Justicia de los Estados Unidos. Allí
indican que “la red de Internet puede ser vista como una conversación
mundial sin barreras. Es por ello que el gobierno no puede a través
de ningún medio interrumpir esa conversación como
es la forma más participativa de discursos en masa que se
hayan desarrollado, la red se merece la mayor protección
ante cualquier intromisión gubernamental”.
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ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY
Cumbre en la frontera
Funcionarios de
la Argentina, Paraguay y Brasil se reunirán hoy en Puerto Iguazú,
para coordinar y reforzar las medidas de seguridad en el área de
la Triple Frontera, donde el Gobierno envió “un comando de
monte” de la Gendarmería para redoblar los controles de esa
zona, considerada de alto riesgo. En ese encuentro las autoridades paraguayas
tendrán oportunidad de preguntar a las argentinas sobre las pinchaduras
sufridas en uno de los proveedores de Internet de Ciudad del Este.
Entre a las 9.30 y las 13.30 se realizará en el Hotel Cataratas
de Iguazú una reunión regional del Consejo Seguridad, zona
1, encabezado por el ministro del Interior, Ramón Mestre. Participarán
los gobernadores de las provincias del Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones,
Entre Ríos y Corrientes. Por la tarde habrá una encuentro
de inteligencia regional, con la asistencia de representantes de las mismas
provincias y del ministerio del Interior.
Por la tarde se juntará el Comando Tripartito que desde 1996 integran
las fuerzas policiales y de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay
en la zona de la Triple Frontera. Allí, el delegado de la Policía
Federal Argentina traspasará la coordinación y la jefatura
del organismo a su par a Brasil y Paraguay podrá preguntar sobre
las medidas tomadas por la policía federal argentina a pedido del
FBI para espiar en los mensajes privados de los habitantes de Ciudad del
Este.
Luego de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono
en Washington, el gobierno de Estados Unidos manifestó sus reparos
por informes de inteligencia que reflejan la ineficacia de las fuerzas
de seguridad en la zona de la Triple Frontera, donde hay una importante
comunidad árabe. Después de los ataques, en Paraguay fueron
detenidos 17 personas de ese origen en las fronteras con Brasil y Argentina
(Ciudad del Este y Encarnación).
DECISION
SOBRE TERRORISTAS O FUNCIONARIOS AFGANOS
Si hay fondos, se congelan
El gobierno argentino
se plegó ayer a la ofensiva financiera de los Estados Unidos contra
el terrorismo internacional. A través de una resolución
del Banco Central se dispuso congelar los fondos de presuntos terroristas
o funcionarios afganos, la mayoría de alto nivel, y diversas entidades
de esa nación. En la nómina figura Osama bin Laden y la
organización que él preside: Al-Qaeda. La medida se tomó
a pedido del propio gobierno estadounidense.
La decisión de Fernando de la Rúa fue expeditiva. En la
reunión de gabinete de anteayer, Domingo Cavallo le transmitió
que el gobierno estadounidense había pedido al Palacio de Hacienda
el congelamiento de los fondos presuntamente ligados al terrorismo. Veinticuatro
horas después fue emitida la comunicación del BC dando cuenta
de aquella solicitud.
La disposición del Banco Central consta de dos artículos,
a través de los cuales se dispone:
1. Ordenar a todas las entidades del sistema financiero argentino que
se dé cumplimiento al Decreto 1035/01, congelando de inmediato
todos los fondos y activos financieros que pudieran haber depositado las
personas físicas y jurídicas y las asociaciones que figuran
en el Anexo.
2. Ordenar a las entidades mencionadas en el punto precedente que den
cumplimiento a la presente resolución e informen dentro de las
24 horas hábiles siguientes la existencia de fondos y activos financieros
depositados por las personas mencionadas en los Anexos 1 y 2.
En realidad, y según comentaron fuentes del Gobierno a este diario,
la resolución del Banco Central no hizo más que ponerse
en línea con la disposición 1333 del 29 de diciembre del
2000 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue homologada
por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 1035 de agosto último.
De esta manera, el Central puede identificar y congelar cuentas bancarias
sin la orden judicial correspondiente.
La decisión de congelar las eventuales cuentas bancarias de Bin
Laden en la Argentina se tomó apenas dos días más
tarde que George W. Bush hiciera lo propio en su país. El lunes,
además de Bin Laden, la Casa Blanca identificó a otras 26
personas y a la red Al-Qaeda. En aquella oportunidad, Bush dijo que las
organizaciones terroristas tienen más cuentas en bancos extranjeros
que en los estadounidenses. “Si alguien hace negocios con los terroristas,
si los apoya o patrocina, no podrá hacer negocios con los Estados
Unidos”, advirtió Bush.
El secretario del Tesoro, Paul O’Neill, había reclamado la
ayuda de distintos gobiernos para bloquear las cuentas financieras de
los presuntos terroristas. “Necesitamos toda la ayuda que podamos
lograr para llevar a buen término el bloqueo de las fuentes de
financiación de terroristas, empezando con Al-Qaeda, pero sin terminar
ahí”, dijo O’Neill ayer en Nueva York. “Estamos
buscando la cooperación en esta guerra económica contra
el terrorismo”, añadió.
Al basarse en la resolución de la ONU, la Argentina va más
allá de la medida tomada por los Estados Unidos. En total, se mencionan
a 127 personas, la mayoría de ellas funcionarios de primer nivel
del gobierno afgano. También figuran entidades, como la aerolínea
de bandera afgana y el Banco de Afganistán. Y diversas organizaciones
armadas. La primera escrita en la lista es la Al-Qaeda, a la que pertenece
Bin Laden. Respecto del principal sospechoso de los atentados, aparece
su nombre completo: Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah
Abd Al-Hakim), nacido el 28 de julio del ‘57 en Arabia Saudita.
El
Gobierno discute la seguridad
sin dinero y bajo presión militar
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Los atentados en Washington y Nueva York pusieron
un toque
de urgencia en un sistema sin racionalidad en la asignación de
recursos, con superposiciones e incluso diferencias entre fuerzas
de seguridad que hasta terminan en tiroteos. Una investigación
sobre qué quiere (e ignora) el Gobierno.
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Por Raúl
Kollmann
Todavía
con dudas, el presidente Fernando de la Rúa ordenó constituir
un equipo de asesores que diseñe un nuevo esquema de Seguridad
y Defensa. En total, se gastan unos 8300 millones de dólares por
año entre las tareas de seguridad –policías, Gendarmería,
Prefectura, Policía Aeronáutica– y las de defensa,
que están a cargo de las Fuerzas Armadas. La Casa Rosada considera
que casi no existe hipótesis de un conflicto armado con otro país,
por lo que serían excesivos los 3500 millones de pesos de gasto
militar.
Claro está –argumentan los funcionarios a cargo del tema–
que existen las hipótesis de conflicto del terrorismo y la de narcotráfico,
por lo cual razonan que o bien el Estado utiliza a las Fuerzas Armadas
o bien baja ese presupuesto, aumentando en ese caso los gastos en lo que
el Gobierno considera más urgente: la seguridad. El plan oficial
debería incluir, según el Gobierno, una reforma efectiva
en la increíble superposición que hoy existe. En una determinada
ciudad, por ejemplo Paso de los Libres, hay policías federales,
gendarmes, prefectos, policías aeronáuticos, policías
de la provincia, hombres de la SIDE y militares. Y, por lo general, unos
ni siquiera tienen los teléfonos de los otros.
Algunos de los especialistas convocados para proponer alternativas sostienen
que el nuevo esquema no puede partir de un debate sobre los presupuestos.
Pero en los tiempos que corren el tema de los fondos será indudablemente
una de las claves, o al menos unos y otros utilizarán el presupuesto
como excusa para cada posición.
El problema no son únicamente los 8200 millones que se gastan,
sino también que casi todo se va en sueldos menos que bajos. El
dinero condiciona totalmente la calidad de la gente que se recluta: de
escaso nivel educativo y con limitadas capacidades. Este cuadro se hace
dramático en las policías y las demás fuerzas de
seguridad. Los efectivos de Esquina ganan 400 pesos. Muchos viven en villas
de emergencia y los índices de corrupción son altísimos.
Fuerzas Armadas insumen unos 3500 millones de pesos, y con ellas el problema
también es doble: los sueldos son bajos y, además, el aparato
militar todavía tiene una estructura pensada por la dictadura militar
con hipótesis de conflicto armado interno y con otro país.
“Es un elefante al que le tiran galletitas”, graficó
uno de los asesores convocados.
En la alternativa de incorporar a los militares en la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico o bajar el presupuesto de las Fuerzas
Armadas, el Gobierno ya ha dado muestras de que se inclina –ilegalmente–
por la primera vía.
Tal como adelantó Página/12 en su edición de ayer,
el lobby militar está presionando al Gobierno. La movida se suma
a las sugerencias llegadas desde Washington, donde hace años que
se elaboran sugerencias para incorporar a las Fuerzas Armadas a la lucha
contra lo que algunos expertos del Pentágono llamaban, antes del
ataque del 11 de septiembre, “narcoterrorismo”.
En los tiempos previos a la agresión contra las Torres Gemelas
y el Pentágono, la obsesión norteamericana era Colombia.
La mayor presión estaba puesta en que la Argentina hiciera gestos
concretos para participar del combate contra “los narco-guerrilleros”
de ese país. El argumento era que las organizaciones de izquierda,
supuestamente mezcladas con el tráfico de drogas, vienen bajando
hacia el sur: desde Colombia pasaron a Perú y Bolivia; ya hay –siempre
según Washington– síntomas de presencia en Paraguay
y Brasil, por lo cual en esa lógica la Argentina no debería
mirar para otro lado sino enrolarse, aunque sea dando apoyo logístico,
instrucción y comunicaciones, en la batalla colombiana.
En los últimos días, De la Rúa amaga con un argumento:
el terrorismo es un enemigo exterior y por lo tanto no se necesita ningún
cambio en las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. A partir de esa
óptica se intensificaría la política, revelada por
este diario, de intervención de los militares en inteligencia y
supuestos combates contra narcoguerrilleros en Salta y otras provincias.
Ahora también, después del ataque del 11, se agrega la excusa
del terrorismo islámico.
La otra gran vertiente que el Gobierno quiere poner en marcha con la reforma
es la racionalización del aparato de seguridad. Los asesores parten
de un dato:
u En la Argentina hay seis efectivos de seguridad por cada mil habitantes.
u En Estados Unidos hay tres efectivos de seguridad por cada mil habitantes.
Esto habla –para los hombres del Gobierno– de un problema de
eficacia. Sin embargo, esta visión es parcial. Esconde bajo la
alfombra otro hecho incontrastable: se suman efectivos de seguridad por
la inmensa tensión social que existe en el país debido a
la miseria y las altísimas tasas de desocupación.
También estará sobre la mesa la superposición de
fuerzas y tareas que existe en el campo de la seguridad. No es un tema
con respuestas sencillas. Plantea debates profundos.
El ejemplo de Paso de los Libres se multiplica en casi todo el país.
Allí, para empeorar las cosas, la descoordinación es total.
Más aún: en las últimas semanas hubo tiroteos de
la Gendarmería con la Policía Federal y con policías
provinciales. A veces es por cuestiones de contrabando. Otras, porque
compiten en las rutas nacionales. No faltan los que tejieron acuerdos
con los piratas del asfalto.
Es un secreto a voces que en la Triple Frontera, la zona emblemática
para plantear la lucha contra el terrorismo, las fuerzas de seguridad
se chocan y hasta compiten de forma descarnada. Allí la Gendarmería,
la Federal y la SIDE se vigilan unas a otras y ninguna fuerza quiere que
la otra se cuelgue una medalla. El enfrentamiento es de tal nivel que
incluso se acusan de pasarle información a delincuentes y hombres
del fundamentalismo con tal de evitar que los otros hagan una detención
y se lleven el mérito.
La Policía Federal está desplegada en todo el país
con el argumento de que corre por cuenta suya la seguridad en los ferrocarriles
y que expide documentos de identidad. Pero ambas tareas podrían
ser realizadas, por ejemplo, por las policías provinciales.
Otras hipótesis manejan la posibilidad de crear una gran fuerza
de investigación, un FBI argentino, incorporando en una sola organización
a los hombres de la Federal, la Gendarmería y la Prefectura que
se ocupan de ese tema. Sin embargo, no faltan los que dicen que un FBI
argentino tendría un poder extraordinario y sería un monstruo
ingobernable.
Como suele suceder, la Casa Rosada convoca asesores para plantear una
reforma de urgencia, acicateada por el ataque contra los Estados Unidos,
el presupuesto magro, el lobby militar, el reclamo de los vecinos por
mayor seguridad, las peleas de las distintas fuerzas para tener más
poder y un gobierno nacional más que debilitado. En ese marco,
lo más probable es que no haya ninguna reorganización pensada
y evaluada democráticamente, sino –a menos que haya un rechazo
de peso– cambios de hecho a favor de las posturas más reaccionarias.
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