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 El Gobierno parece cada vez
más decidido a avalar la intención de los militares de replantear
su rol en las tareas de inteligencia interna. “Como comandante de
las Fuerzas Armadas las he convocado para que se preparen a prestar colaboración”
en la lucha contra el terrorismo, aseguró ayer Fernando de la Rúa,
que el día anterior había instruido al ministro de Defensa,
Horacio Jaunarena, para que asista al Congreso y evalúe si es necesario
adecuar la legislación para que los militares ayuden a combatir
el terrorismo. Entusiasmado, ayer Jaunarena sostuvo que el año
que viene se concretará una “reestructuración”
de las Fuerzas Armadas. Y agregó: “Vamos a avanzar en la reglamentación
de la ley de Defensa y luego veremos si hay algunos otros mecanismos legales
que se puedan también estudiar”.
La ofensiva militar por ampliar sus funciones comenzó tres días
después de los atentados en los Estados Unidos. Con el argumento
de que el terrorismo borra la fronteras entre seguridad interior y exterior,
los militares presionan, cada vez más abiertamente, para participar
de lucha contra la nueva amenaza mundial.
Fiel a su estilo, De la Rúa optó por no definirse del todo,
aunque cada día parece inclinarse un poco más a favor de
la voluntad de las Fuerzas Armadas. El lunes dijo que los militares deberían
ocuparse de combatir el terrorismo, aunque aseguró que esto no
implicaría habilitarlos para realizar inteligencia interna. Al
día siguiente, en la reunión de gabinete, dio instrucciones
a Jaunarena para que se reúna con las comisiones de Defensa y Seguridad
y comience a analizar si es necesario cambiar o no las leyes que –hasta
ahora– prohíben expresamente a los militares participar en
seguridad interior.
Ayer, el Presidente fue aún más explícito. “Estamos
frente a ataques exteriores y como comandante de las Fuerzas Armadas he
convocado para que se preparen a prestar colaboración”, aseguró.
Sin embargo, agregó “no es seguridad interior sino exterior,
considerando que el terrorismo es ataque exterior”. De la Rúa
formuló estas declaraciones antes de partir a Corrientes, donde
se reunió con los jefes de la Policía Federal, Rubén
Santos, de la Gendarmería, Hugo Miranda, y la Prefectura, Juan
Beltriti.
Por su parte, Jaunarena sostuvo que el Gobierno va a avanzar en “la
reglamentación de la ley de Defensa” y que también
podrían estudiarse otros mecanismos legales. También dijo
que se reestructurarán las Fuerzas Armadas, aunque no aclaró
cómo. El argumento es siempre el mismo: “una amenaza como
el terrorismo, que tiene vinculaciones internas y externas, debe ser respondida
con servicios de inteligencia articulada. Las nuevas necesidades de estos
tiempos que estamos viviendo requieren una acción integral”,
explicó. Cuando le preguntaron si esto implicaría que los
militares recuperen sus antiguas funciones de inteligencia interna, Jaunarena
se limitó a afirmar que “en este momento no se viabilizó”
y que “de lo que se trata es de articular todo el sistema”.
La decisión está reservada al Congreso, que en última
instancia debe decidir si modifica o no las leyes. En principio, en las
comisiones la opinión mayoritaria sería contraria a la voluntad
de Jaunarena: los representantes del ARI, del Frepaso y la mayoría
de los radicales se oponen, al igual que algunos sectores del PJ. El jefe
de la Comisión de Defensa, el radical Fernando Montoya, sostuvo
ante Página/12 que el rol militar “es defender la integridad
del territorio desde las fronteras del país hacia fuera y no hacia
adentro” y que se opone a cambiar las leyes.
En el Senado el panorama es similar. “La intención de los
senadores es no modificar nada”, sostuvo Carlos Corach, presidente
de la Comisión de Defensa del Senado. La presidenta de la comisión
bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad
Interior e Inteligencia, Beatriz Raijer, aclaró que tampoco está
a favor de incorporar al debate sobre el rol de militares y fuerzas de
seguridad.
Más allá de las declaraciones, el Gobierno viene haciendo
todo lo posible por demostrar que no se queda de brazos cruzados ante
el nuevoescenario internacional, a tal punto de reabrir un debate que
parecía definitivamente cerrado.
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OPINION
Por Ciro Annicchiarico*
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Duhalde y la seguridad
Duhalde habla otra vez de seguridad (Página/12, 26/9/01).
“Hay que convocar a los militares, quienes deben garantizar
la seguridad interna, modificar las leyes de Seguridad y de Defensa
Nacional”, aun a sabiendas, según insólitamente
admite, de lo que hicieron en los años ‘60 y ‘70.
Gendarmería Nacional no está en condiciones, dice,
porque “está metida en temas internos”.
Los vaivenes conceptuales de Duhalde son desconcertantes. Cercano
al final de su gobernación propuso que Gendarmería
se hiciera cargo de la seguridad provincial frente a la ineficiencia
de su policía. En 1996 la Bonaerense era la mejor policía
del mundo, y después, ante la dura realidad, en 1997 impulsó
“una profunda reforma del sistema policial y procesal bonaerense”,
pero mantuvo al discutidísimo Alberto Piotti como secretario
de Seguridad. En setiembre de ese año los golpes de la realidad
“Bonaerense” lo llevaron a “una reforma a fondo de
la estructura policial” y echó a su mejor jefe, Pedro
Klodzyck. Puso a Vitelli y a Domingo Lugos como subjefe. Echó
después a Piotti y quiso nombrar en ese cargo al comisario
Marcelo Ferreyra, que parece era “el mejor”. Pero no pudo
siquiera designarlo porque trascendió que los “méritos”
de Ferreyra habían sido como promotor de persecuciones ideológicas.
Y a Lugos más tarde se le descubrió su afán
por construirse un bunker en plena jefatura, con costosísimos
decorados, baño en suite con yacuzzi, etc. En noviembre del
mismo año Duhalde firmó, con quien era presidente
de la Corte, Dr. Pisani, y el entonces subprocurador general Dr.
Nolfi, un convenio creando una Comisión (Brown, Pettigiani,
de Lázzari, Nolfi) para “coordinar acciones para afrontar
las deficiencias investigativas que ofrecía la Bonaerense”.
Nadie supo jamás qué hizo esa Comisión.
Para diciembre se había olvidado de la Comisión y
pidió apoyo para intervenir la Bonaerense y reformular toda
la seguridad provincial. Dijo “es necesaria una verdadera política
de Estado”. La oposición le creyó y con su apoyo
creó el Instituto de Política Criminal y Seguridad.
En 1998 creó la Unidad Ejecutora de Reequipamiento de Seguridad,
y dijo “es para transparentar y racionalizar la adquisición
del equipamiento necesario”. Pero siguió efectuando
adquisiciones en forma directa. En julio se olvidó de la
“política de Estado” cediendo ante otros intereses,
poniendo en evidencia que su convicción al respecto era tan
firme como otros eslóganes de sus discursos. Después
propuso que “pensemos en la pena de muerte”, incurriendo
en una contradicción flagrante con el espíritu central
de la reforma que él mismo había encabezado. Más
tarde en vez de cumplir las leyes que él mismo impulsó
de organización de una policía profesional y científicas,
acordó con Menem en que tenían que venir a la provincia
los gendarmes... ¡Que ahora dice que no están en condiciones,
y se pone de acuerdo con Jaunarena en reclamar la vuelta de los
militares! Duhalde, en verdad, ¿qué demonios es lo
que usted propone?
Creo que una de las más importantes causas de la inseguridad
que sufrimos los bonaerenses y los argentinos, derivada de la criminalidad
interna y del terrorismo externo, son los gobiernos que tenemos,
signados por la ineptitud y por el carácter errático
y puramente especulativo de las decisiones que se toman, cuyo único
objetivo no es lo que necesita la gente, sino perpetuarse en los
cargos, de lo cual Duhalde es un ejemplo palmario.
* Abogado penalista. Ex miembro del Instituto de Política
Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires –1998–
y de la intervención a la ex Policía Bonaerense.
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