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Por Eduardo Tagliaferro
 No fueron sus convicciones garantistas
sino sus lazos con el menemismo los que llevaron al juez federal de San
Isidro, Roberto Marquevich, a convertirse en portavoz de Carlos Menem
y pedirle a su par porteño Jorge Urso que “ordene el retiro
del personal policial” responsable de custodiar la quinta de Don
Torcuato, en la que el ex presidente se encuentra detenido por ser considerado
el jefe de la asociación ilícita que pergeñó
la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El reclamo fue tan inquietante
que Urso se limitó a enviar un oficio al jefe de la Policía
Federal, comisario Rubén Santos, en el que le recuerda que, en
el mismo fallo en que la Sala II de la Cámara Federal flexibilizó
la detención de Menem, los hizo responsables de la seguridad del
reo y de que debían evitar una posible fuga del riojano.
Por esas rarezas del idioma, el Patronato de Liberados es el órgano
encargado de controlar las condiciones en que los detenidos sobrellevan
adelante su prisión. Como en la provincia de Buenos Aires tal institución
no existe, ese rol lo cumplen los jueces federales. Así fue que
le tocó a Marchevich la tarea de controlar que la detención
de Menem se ajuste a los preceptos constitucionales de que las cárceles
no sean para castigo sino para la rehabilitación de los convictos.
El titular del Juzgado 1 de San Isidro no se limitó al cumplimiento
formal de la tarea, sino que aprovechó la ocasión para acercarse
a la quinta de Don Torcuato y mantener una larga tertulia con el ex presidente.
Después de una hora de plática, Marquevich comprendió
cuál era la principal preocupación del preso: la numerosa
presencia de efectivos de la Policía Federal que están a
su alrededor.
No bien abandonó el chalet principal, el juez encaró al
responsable de la custodia policial. “La orden es del juez Urso”,
fue la escueta respuesta del comisario Hugo D’Amico, cuando Marquevich
le preguntó quién disponía la cantidad de efectivos
que reportan en la quinta de Armando Gostanian. D’Amico acompaña
a Menem desde que éste abandonó la Presidencia. En los más
de tres meses en los que ofició de carcelero, tuvo más de
un momento polémico. La semana pasada debió apersonarse
en el juzgado de Urso para desmentir una versión que sostenía
que Menem había abandonado su arresto bonaerense para ir a jugar
al golf a un country en Pilar. En una entrevista a un periódico
inglés, Menem se había quejado de que “no lo dejaban
ni salir a jugar al golf”.
El reclamo de Menem hizo efectos en Marquevich, uno de los pocos jueces
que se tutea con el poder y con el riojano. Luego de las explicaciones
del comisario, el magistrado de San Isidro se comunicó con el juzgado
de Urso tratando de lograr la disminución de policías en
el entorno de la quinta. No conforme con las explicaciones oficiales,
dejó por escrito los reclamos del ex presidente. “El nombrado
(Carlos Menem) ha solicitado por intermedio de este Tribunal, esgrimiendo
razones estrictamente personales y con el objeto de amparar su intimidad,
que la autoridad competente ordene el retiro del personal policial que
se encuentre destinado a custodiar el predio”, sostuvo Marquevich
en su oficio.
Claro que tanto al juez como al detenido se les olvidó un detalle:
Menem está preso. Aunque a diferencia del resto de la población
carcelaria, su intimidad está a resguardo detrás de las
paredes del chalet que comparte con su esposa Cecilia Bolocco. Marquevich
transmitió su preocupación a sus empleados y así
fue que ayer ingresaron a Comodoro Py constantes llamados telefónicos
provenientes del juzgado 1 de San Isidro.
En ámbitos judiciales precisaban que a Marquevich le resulta imposible
oponerle resistencia a las sugerencias de Menem, con quien tiene más
de un punto de contacto. No por casualidad, el magistrado dijo “yo
recibo a todos, a Satanás si es necesario”, cuando se supo
que se encontró en su despacho con Alfredo Yabrán, en tiempos
en que el cartero querelló a Domingo Cavallo por falsa denuncia.
Eran épocas en las que Yabrán tenía pase libre para
entrar a la Casa Rosada y la tempestad que encarceló a Menem ni
siquiera se insinuaba.
UN
FISCAL SE OPONE A DERIVAR LA CAUSA RIO III
En busca de nuevas pruebas
Por E.T.
El fiscal del Tribunal Oral
2 de Córdoba, Miguel Rizzotti, rechazó la posibilidad de
inhibirse en la causa por la explosión de la Fábrica Militar
de Río Tercero y por lo tanto de que el expediente recale en Comodoro
Py, como lo reclamó el juez federal Jorge Urso. En su dictamen,
el fiscal reconoció la existencia de muchos puntos dudosos en la
investigación que realizó el juez de Río Cuarto,
Luis Martínez. Por eso consideró absolutamente necesaria
la realización de una instrucción suplementaria que, entre
otras cosas, realice nuevas pericias químicotécnicas.
Al explicar los motivos que lo llevan a pedir una instrucción adicional,
el fiscal deja entrever que después de seis años de investigación,
las dudas son mayores que las certezas. “Si el fuego fue intencional,
estaríamos frente a una acción criminal incalificable, a
uno de los más grandes crímenes de nuestra historia”,
dice Rizzotti antes de enumerar las incógnitas que depara el expediente.
Así recuerda que “existe la posibilidad fáctica de
que el siniestro haya sido provocado intencionalmente” y “que
existen dudas sobre el verdadero y real origen del inicio del fuego en
el tinglado de Fabricaciones Militares de Río Tercero y que estas
dudas no han podido ser despejadas por ninguno de los peritos actuantes”.
El fiscal resaltó también que la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba, señaló que “no se puede
negar de manera definitiva que haya podido haber existido una casual intencional
y que este aspecto de la investigación judicial ha quedado sin
dilucidar”.
Más allá del reconocimiento de Rizzotti a los baches del
trabajo de Martínez, el diferendo entre Urso y el tribunal oral
cordobés por la competencia de la investigación, será
saldado por la Cámara Nacional de Apelaciones.
La abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas fallecidas
por la explosión, testimonió durante más de cuatro
horas en el juzgado de Urso y fortaleció la tesis de que la causa
cordobesa debe investigarse en Comodoro Py. Consideró que es altamente
probable que la explosión haya tenido por objeto borrar pruebas
de la venta ilegal de armas, dado que Río Tercero fue uno de los
puntos claves en la maniobra. La abogada cordobesa, sostuvo que Martínez
investigó una sola hipótesis: el hecho accidental. Para
refutarlo, precisó que las pericias contables realizadas luego
de la explosión determinaron que “faltaban aproximadamente
42 mil proyectiles”. Es decir que la capacidad de almacenamiento
hubiera estado cubierto en un 120 o 150 por ciento. Gritti recordó
que el entonces teniente coronel Quiroga, a cargo de la planta, admitió
que “ninguno de los depósitos, ni de los polvorines estaban
llenos”.
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