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Por Irina Hauser
y Raúl Kollmann
 El juez Juan José Galeano
quedó en una situación complicada. En base a una presentación
de los abogados de Memoria Activa, la Cámara Federal porteña
dio pie para que fuer investigado en varios flancos por haber reconocido
en un escrito que ordenó la destrucción de videos y otros
elementos relacionados con la causa AMIA. El tribunal resolvió,
en principio, no separarlo de la instrucción de lo que queda del
expediente sobre el atentado, pero inició un sumario administrativo
en su contra, radicó una denuncia en el juzgado de Jorge Urso para
que determinara si existió un delito y giró el caso al Consejo
de la Magistratura, que podría llevarlo a juicio político.
El propio Galeano reconoció tiempo atrás que durante la
instrucción del caso AMIA filmaba a imputados y testigos para registrar
sus actitudes y estudiarlas con posterioridad. Esa fue la explicación
que dio a raíz de que el acusado ex comisario Juan José
Ribelli le enrostró una copia de la cinta en la que se lo veía
negociando la declaración del armador de autos Carlos Telleldín
a cambio de 400.000 mil pesos. Esa historia terminó con el procesamiento
de Ribelli por extorsionar al juez y está incluida en el juicio
oral en curso por el atentado a la mutual judía.
Cuando el Tribunal Oral 3 le pidió a Galeano los videos en cuestión,
se encontró una respuesta sorpresiva: había encomendado
su destrucción a un secretario, alegando que bastantes problemas
había tenido con el que Ribelli –entonces defendido por el
abogado Mariano Cúneo Libarona– había conseguido, de
adentro del juzgado o de la SIDE. Quedará el enigma sobre cuántas
cintas había y qué contenían. Si no había
ninguna infracción o acción non sancta en ellas, no se entiende
por qué habría de despedazarlas.
Los abogados de Memoria Activa Alberto Zuppi y Pablo Jacoby le pidieron
a la Cámara Federal que le iniciara a Galeano un sumario interno
y averiguara si había incurrido en un delito al destruir elementos
destinados a servir de prueba. También solicitaron que fuera apartado
de lo que se llama “AMIA residual” porque, dijeron, teniendo
en cuenta que “el propio juez ha confesado haber destruido pruebas
de diversa índole, es presumible que esto pueda continuar ocurriendo
lo que pone en peligro la conservación de las pruebas que la instrucción
obtenga o haya obtenido”.
La mutual judía, la DAIA así como los Familiares y Amigos
de las víctimas del atentado a la AMIA tienen una concepción
distinta de la actuación de Galeano. Ellos creen que trabajó
mucho y que fue boicoteado por el Gobierno y las fuerzas de seguridad.
Consideran, además, que era entre todos los jueces federales quien
mejor podría llevar adelante la causa. En relación a los
videos, nadie filma irregularidades, lo que daría cuenta de la
buena fe del magistrado, que los grabó. En ese punto, creen que
el tema que trajo problemas fue la intimidación de Ribelli.
El juez Martín Irurzun, que preside el tribunal de alzada, no aceptó
correr a Galeano del caso con el criterio de que primero se debe analizar
su actuación a fondo. Será investigado en tres ámbitos
diferentes:
- La propia Cámara ya ordenó medidas de certificación
de actuaciones y prepara otras nuevas como parte de un sumario administrativo.
- El juez Urso analiza el caso, pero existe la chance de que se lo gire
a su par Claudio Bonadío. Así se lo habría sugerido
ya el fiscal Jorge Di Lello. Urso tiene dos motivos para derivar el caso.
Primero, Bonadío instruye un expediente que podría considerarse
conexo, en el que el ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, denunció
a su ex jefe por numerosas barbaridades en la causa del atentado, entre
ellas, que se le habría pagado a Telleldín, preparado testigos
y omitido denunciar que la Side hizo desaparecer pruebas. Segundo, Urso
procesó a Lifchitz por haber difundido por TV una escucha telefónica
del expediente AMIA.
- El Consejo de la Magistratura analizará si Galeano cometió
alguna falta y, de acuerdo a lo que concluya, podría iniciarle
juicio político.
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A confesión
de parte
Por I.H. y R.K.
La actividad del juicio por el atentado a la AMIA se centrará
mañana en la lectura de las doscientas nueve páginas
con que el juez Juan José Galeano elevó la causa a
debate oral. Se trata de un texto en primera persona y tono melodramático,
que incluye una suerte de confesión de las ineficacias, trabas,
maniobras y complicidades de la investigación. En esencia,
es un intento de justificación de las deficiencias de la
pesquisa que, a simple vista, le da la razón a la denuncia
que viene formulando Memoria Activa desde hace años. De los
señalamientos del juez se desprende cómo el Estado
subestimó el caso. Dice, por ejemplo, que después
del atentado a la Embajada de Israel no hubo ninguna previsión
ante la posibilidad de un segundo atentado. Señala que el
Departamento Protección al Orden Constitucional (POC) de
la Policía Federal, que era el organismo supuestamente especializado
en aquel entonces en terrorismo, carecía de conocimientos
para proyectar la investigación. Incluso sugiere que hubo
una suerte pacto de no agresión entre el POC y la Policía
Bonaerense. Detalla, además, la desaparición de pruebas
(cintas de escuchas telefónicas, agendas, entre otros), que
sugiere pudieron haber sido obra del POC, y la aparición
de otras truchas. A la SIDE la trata con más benevolencia:
tenía información “sobre las actividades de grupos
minoritarios de elementos fundamentalistas”, dice, pero no
las supo o pudo plasmar en pruebas judiciales. La Dirección
de Migraciones, sostiene, no exhibió eficacia alguna ni voluntad
de colaborar. Acerca de la Bonaerense puntualiza, por ejemplo, los
testigos falsos que le presentaron, sus lazos con el comisario Juan
José Ribelli o con la cúpula de la fuerza. En Argentina,
muestra, no hay control sobre los explosivos que circulan.
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DIAS SIN CLASES EN JUJUY
Perdiendo el año
La ministra de Educación
de Jujuy, Lilian Abraham de Méndez, admitió ayer la posibilidad
de que, a raíz de las huelgas docentes, se pueda perder el período
lectivo. A 300 kilómetros de la capital jujeña, en La Quiaca,
docentes, desocupados, padres y alumnos de escuelas públicas cortaron
el puente internacional que comunica esta localidad con Bolivia. Reclaman
el pago de los sueldos de agosto y el aguinaldo que les adeuda el gobernador
peronista Eduardo Fellner.
En La Quiaca no sólo se interrumpió el tránsito en
el puente internacional, también se tomaron en forma pacífica
las escuelas y la delegación del Ministerio de Educación.
Todo esto ocurría mientras Fellner se encontraba realizando gestiones
en el Ministerio de Economía de la Nación. Busca conseguir
la autorización que les permita firmar un acuerdo con la provincia
de Buenos Aires por la entrega de Patacones que serán utilizados
para saldar las deudas salariales.
La crítica situación que atraviesa la educación jujeña
no es reciente. Ayer, la ministra Méndez reconoció que desde
hace 14 años la provincia no le paga los sueldos a los maestros
en tiempo y forma. En 1997, se decidió por decreto, promover a
todos los alumnos al grado inmediato superior a pesar de no haber cumplido
con el mínimo de días de clases. En el 2000 ocurrió
algo similar, pero superaron el problema con una recuperación obligatoria.
Este año, Fellner y su ministra aseguran que si no se prolongan
los días de clase, se corre el riesgo de perder el año.
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