|
Por Victoria Ginzberg
 El Estado argentino deberá
afrontar una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por su actitud frente a los militares que secuestraron,
torturaron e hicieron desaparecer personas durante la última dictadura
militar. Los familiares de las víctimas de origen alemán
se quejaron ante el organismo internacional porque el Gobierno se negó
a cooperar con el juicio que lleva adelante la fiscalía de Nuremberg.
El escrito que recibió la CIDH intenta impedir que se rechace una
nueva rogatoria en la que se pide la declaración de un militar
que durante la dictadura entrevistó a madres de desaparecidos en
la Embajada alemana.
“En concordancia con el espíritu de las normas de impunidad
dictadas por las administraciones anteriores, el gobierno argentino pretende,
una vez más, cerrar toda posibilidad jurídica de continuar
con los juicios para identificar a los responsables e imponer las sanciones
penales correspondientes”, se afirma en el escrito presentado por
el abogado Rodolfo Yanzón.
La Coalición contra la Impunidad presentó en Nuremberg una
docena de denuncias sobre alemanes secuestrados y desaparecidos en Argentina,
entre ellas la de Betina Erenhaus, sobreviviente de la Escuela de Mecánica
de la Armada, y su pareja, Pablo Armando Lepiscopo, que continúa
desaparecido. A principio del año pasado la fiscalía que
investiga estos hechos envió un escrito a Buenos Aires en el que
solicitaba la colaboración de la Justicia argentina para recibir
la declaración de testigos relacionados con los casos Erenhaus
y Lepiscopo. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el
pedido en febrero de 2000 y contestó el 27 de marzo de este año.
La Cancillería expresó en el dictamen que existía
cosa juzgada sobre Erenhaus y Lepiscopo porque fueron hechos que se tuvieron
en cuenta en el juicio a las Juntas y que el tema podría ser abordado
a través de los juicios por la Verdad. “Se hace necesario
reiterar que el principio de territorialidad ha sido adoptado en el ordenamiento
interno. Por lo tanto, no cabe desconocer los actos emanados de la Justicia
argentina, toda vez que ésta debe dar cumplimiento a su sistema
legal, el cual surge como expresión de su soberanía”,
afirmó el Gobierno.
Yanzón expresó en la denuncia que el principio de “cosa
juzgada” sólo podría ser invocado en relación
a los ex comandantes pero no para el resto de los militares que resulten
responsables de los crímenes. El abogado citó también
la ley de cooperación internacional en materia penal que establece
que “no constituirá obstáculo para brindar ayuda, la
circunstancia que el delito cayere también bajo la jurisdicción
argentina”. De hecho, durante la gestión de Ricardo Gil Lavedra
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se aceptó una solicitud
de colaboración del juez español Baltasar Garzón,
aunque se estaba en contra de los pedidos de detención o extradición
de militares argentinos.
La presentación realizada ante la CIDH –firmada, entre otros,
por Erenhaus, Ellen Marx y Elsa Oesterheld– incluye un pedido para
que el organismo internacional adopte medidas cautelares que eviten el
rechazo de otro escrito de la fiscalía de Nuremberg que actualmente
se encuentra en la Cancillería. Se trata de una solicitud para
interrogar a un militar que se entrevistaba con familiares de desaparecidos
en la embajada alemana con el nombre de “mayor Peyrano” con
la excusa de ayudarlos, pero con la intención de recabar información
para su provecho. Página/12 reveló que se trataba de un
agente del Batallón 601 de nombre Carlos Antonio Españadero.
CAVALLO
SUMA DETENCIONES A PEDIDO DE SU PAR GARZON
Brusa y Ramos siguen escondidos
Los cuatro ex policías
santafesinos acusados de “genocidio, terrorismo y torturas”
en España que se entregaron a la Justicia el martes pasaron la
noche en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde durante
la dictadura funcionó un centro clandestino de detención.
Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe, y el ex policía
Eduardo Ramos siguen prófugos.
Héctor Romeo Colombini, Mario José Fasino, Juan Calixto
Perizzotti y María Eva Aevis fueron trasladados ayer a Buenos Aires.
Los hombres habían sido alojados en la GIR, uno de los símbolos
de la represión ilegal de la provincia de Santa Fe. Ahora quedarán
a disposición del juez federal Gabriel Cavallo, quien ordenó
sus detenciones a pedido de su par español Baltasar Garzón.
En Santa Fe, el juez subrogante Federico Tadeo Gómez reclamó
el martes –de acuerdo con la solicitud de Cavallo– los pedidos
de captura a las policía provincial, a la federal, a la prefectura
y a la policía aeronáutica. También hizo una solicitud
de informes para saber si los buscados habían tomado un avión
a Buenos Aires. Cuatro policías fueron encontrados, pero Brusa
y el “Curro” Ramos aún están siendo buscados.
El ex juez santafesino, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, presentó
en Buenos Aires un pedido de eximición de prisión que fue
rechazado por Cavallo, que había permitido la excarcelación
de siete marinos que figuraban en el mismo pedido de captura. El magistrado
consideró que los delitos por los que está acusado Brusa
no son excarcelables y a diferencia del resto de los acusados, el hombre
no puede alegar el beneficio de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final porque es civil.
|
