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LOS PAISES DEL MERCOSUR HARAN TAREAS CONJUNTAS DE INTELIGENCIA
Espías multinacionales todo servicio

La iniciativa, anunciada ayer en los encuentros oficiales de la Triple Frontera, excederá el intercambio de información. �Habrá acciones concretas�, dijo un especialista a este diario. �Vamos a una sociedad más controlada�, dijo Mestre.

El ministro Mestre y el secretario Mathov pasearon en una lancha
de Prefectura Naval.

Por Laura Vales
Desde Puerto Iguazú

El Gobierno impulsará que los servicios de inteligencia argentinos coordinen tareas de inteligencia conjuntas con sus pares de Brasil, Paraguay y el Uruguay. Así lo confirmó ayer, desde la Triple Frontera, el secretario de Seguridad Enrique Mathov. La coordinación que se pretende alcanzar entre los espías de los países del Mercosur irá mucho más allá del intercambio de información para apuntar, según definió uno de los especialistas presentes en la cumbre sobre seguridad que se realizó aquí, “al campo de la acciones concretas”. El titular de Interior, Ramón Mestre, que encabezó la cumbre, avanzará en esa dirección esta tarde, cuando se reúna en Montevideo con sus pares de los tres países vecinos. Aunque todavía no está claro el alcance del proyecto, su espíritu no podría serlo más.
–Vamos hacia una sociedad con mayores niveles de control –asintió ayer el ministro ante Página/12.
–¿Con qué riesgos para las libertades democráticas?
–Ese es el gran debate que se abre a partir de ahora.
Puerto Iguazú, la zona más caliente de la frontera, reunió ayer a los especialistas del ramo en temas de seguridad. Desde temprano en la mañana, a esta ciudad donde los comerciantes no hacen más que quejarse porque en las últimas dos semanas perdieron tres mil reservas hoteleras por “el efecto de tanta noticia sobre células fundamentalistas dormidas”, fueron llegando ministros, secretarios, espías y uniformados al por mayor.
Los consultados tendieron a irritarse cuando se les mencionó como el antecedente más cercano a la operatoria de coordinación que describían al Plan Cóndor. “No es en absoluto comparable, porque hoy tenemos Estado de derecho, democracias y no dictaduras, publicidad y debate en lugar de planificaciones secretas”, apuntó uno de los hombres del Gobierno que lleva adelante las negociaciones.
La agenda del día en Puerto Iguazú contuvo dos encuentros: el primero, del Consejo de Seguridad Regional, para discutir medidas sobre migración, terrorismo y narcotráfico en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Por la tarde, con similares temas de discusión, se reunió el Comité Tripartito, integrado por autoridades de Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este.
De las cumbres, presididas por el ministro del Interior participaron su par de Justicia Jorge De la Rúa; el segundo de la SIDE, Darío Richarte; el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y el titular de Gendarmería Hugo Miranda y el de Prefectura Juan José Beltritti.
Si en algo coincidieron todos fue en que Puerto Iguazú, a esta altura, es la ciudad con más alta tasa de vigilancia en el mundo.
A falta de turistas, en los dos últimos días abunda el camuflaje: en la zona está haciendo ejercicios especiales y rastrillajes el personal de Prefectura y de Gendarmería, la aeronáutica despliega sobre el cielo misionero una cuadrilla de aviones Pucará y un radar de alta capacidad para detectar vuelos ilegales hizo su estreno.
Y en los próximos meses habrá aún más vigilancia. “La Gendarmería seguirá mandando a un alto porcentaje de sus nuevos graduados”, anticipó a este diario el titular de la Fuerza, Hugo Miranda.
En cambio, según parece no habrá efectivos de las Fuerzas Armadas. Mestre aseguró que el gobierno no planea militarizar la Triple Frontera y puntualizó que el tema “ni siquiera fue tratado como hipótesis”; es decir que no se piensa, más allá del envío de radares a la zona, en la participación directa del Ejército en la región.
Tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono hubo una fuerte presión diplomática de los Estados Unidos para que se extremen loscontroles, especialmente en la Triple Frontera, y se comparta la inteligencia.
Una de las posibilidades abiertas para la coordinación regional de los servicios, vista con buenos ojos por el gobierno, es reflotar la idea de crear una red de espías en el marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), un organismo de la Organización de Estados Americanos. El Cicte se fundó en 1999 e incluso fue presentado por el entonces ministro del Interior Carlos Corach como una iniciativa argentina.
“El planteo de coordinar las inteligencias presupone que la calidad de la información que tenemos es buena”, señaló ayer este diario a un colaborador de Mestre. “Sí”, fue la respuesta; “creemos que la calidad de la información es buena, pero que nos falta conseguir un mayor caudal”. ¿Piensan en replantear también el modo en que se está reuniendo información? “No –fue la respuesta–; por ahora, sólo pensamos en un cambio en la intensidad del trabajo.”

 

Desmentida y confirmación

El ministro del Interior, Ramón Mestre, y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, negaron que a pedido del FBI esa fuerza esté espiando sin permiso de las autoridades paraguayas todos los mails que parten o llegan de Ciudad del Este, en la Triple Frontera, tal como publicó en su tapa de ayer Página/12. “Sería absolutamente ilegal si eso sucediera y estoy seguro de que eso no está ocurriendo”, aseguró Mestre a este diario. No llama la atención que así lo haya hecho porque la operación en cuestión no cuenta con autorización judicial ni del gobierno de Paraguay. “Lo desmiento terminantemente”, declaró Santos en el mismo sentido y explicó que “nosotros no recibimos ningún pedido del FBI y de haberlo recibido hubiéramos dado intervención a un juez federal”, además de afirmar –usó las mismas palabras que Mestre– que “sería absolutamente ilegal y estoy seguro que no está ocurriendo”. Las fuentes policiales consultadas por este diario, que ayer ratificaron la información publicada, tomaron las desmentidas en broma. “No es que sea ilegal, el hecho es que no está legislado. Entonces, lo que no está prohibido, está permitido. Los jefes no lo van a reconocer nunca.”

 

REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL NEA
Más poder a las policías

Por L.V.

La reunión del Consejo de Seguridad Regional en la Triple Frontera tuvo un saldo principal: los delegados de las seis provincias del noreste definieron junto a los funcionarios de la Nación y a las fuerzas de seguridad medidas concretas para intercambiar información. Simultáneamente, se pidió más poder para las policías provinciales y una vigilancia más fuerte sobre “los extranjeros, tanto pasajeros como trabajadores”.
La regional noreste del Consejo reúne a las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Aunque se esperaba la participación de los gobernadores, ayer sólo se vio a sus delegados. El tema central de las comisiones de trabajo fue qué medidas de seguridad tomar en las zonas fronterizas.
El encuentro de la tarde, del Comité tripartito de seguridad, se centró en cambio en la cuestión de las tres ciudades (Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este) ubicadas en el corazón geográfico del Cono Sur –un dato no menor según los criterios políticos y militares– y donde confluyen, además, Estados con evidentes dificultades para el control y donde toda la actividad está dominada por el contrabando, el lavado de dinero y el narcotráfico.
La SIDE, la Unidad Antiterrorista y la Gendarmería coincidían ayer en que no hay ningún indicio que vincule los atentados contra las Torres Gemelas con la Triple Frontera. El diagnóstico actual es que la actividad islámica fundamentalista en la zona se asienta en estructuras de contrabando y de falsificación de documentos. El 20 de mayo, por ejemplo, detuvieron a un libanés con 17 pasaportes falsos que Paraguay liberó dos días más tarde. “En la Triple Frontera cualquiera se hace de una nueva identidad; es un lugar también muy usado para guardarse cuando alguno está siendo muy buscado”, definió uno de los consultados.
Los hombres de inteligencia se quejan de los laxos controles del Paraguay y vigilan en la zona los movimientos de algunos residentes árabes que viajan con frecuencia a Pakistán.
Los espías no han detectado campos de entrenamiento ni acopio de armas; consideran más bien a la zona como un lugar de posible financiamiento de los grupos fundamentalistas, de provisión de documentos, o un sitio ideal para funcionar de guarida cuando hace falta desaparecer por un tiempo.
Consideran, en cambio, como bastante probable que la operación de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA hayan pasado por allí. Hay indicios variados en ese sentido: en el caso de la embajada, la camioneta-bomba Ford F 100 fue comprada con un documento a nombre de Ribeiro Da Luz, de origen brasileño; los papeles provenían de la zona de Foz de Iguazú. En la investigación sobre la AMIA se encontró también que en la compra de la Trafic utilizada para la voladura se usó un documento falso a nombre de Carlos Martínez. Está la aparición de Wilson Dos Santos, el misterioso personaje que preanunció el atentado y que frecuentaba la Triple Frontera. El ex comisario Juan José Ribelli estuvo allí una semana antes del 18 de julio del ‘94 –él dice que visitando las Cataratas– y Carlos Telleldín viajó inmediatamente después de que ocurriera.
Habrá que ver qué frutos se obtienen a partir del actual desembarco masivo de personal de seguridad y espías.

 

Mestre, AMIA y Menem

“Lo único que dije fue que, tal como en algún reportaje lo dijo el propio ex presidente, el envío de naves al Golfo dejó la posibilidad de que pudiera haber sido una causa para ese ataque, entreviendo el mundo musulmán que había cooperado con el enemigo”. Así, el ministro del Interior, Ramón Mestre, salió ayer a relativizar las declaraciones que había formulado el día anterior, cuando había asegurado que ciertos compromisos de Carlos Menem con países islámicos habían provocado los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA. Las palabras de Mestre generaron una serie de críticas e incluso una denuncia en su contra por los presuntos delitos de “omisión de denuncia” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

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