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Por Felipe Yapur
 “Hay datos, hay fuertes
indicios, de la existencia de vinculaciones entre los narcolavadores de
los cárteles de Cali (Colombia) y de Juárez (México)
con algunas curtiembres que estarían relacionadas con el Grupo
Yoma”, aseguró a Página/12 la diputada radical y miembro
de la comisión antilavado, Margarita Stolbizer. La legisladora
sostiene que estos datos surgen del análisis de las últimas
cajas remitidas por el Senado estadounidense, que contienen información
sobre operaciones de Mercado Abierto, la empresa del orteguista, Aldo
Ducler.
La diputada, que responde al ex ministro del Interior, Federico Storani,
indicó que los indicios obtenidos surgieron de la lectura de las
operaciones financieras a través de cuentas corresponsales de Mercado
Abierto, MA Bank, MA Casa de Cambio –todas propiedad de Ducler–
“por donde habría circulado dinero hacia varias curtiembres
que, sospechamos, pertenecen a quien fuera el principal operador político
del gobierno menemista y ex cuñado presidencial, Emir Yoma”.
Stolbizer reconoce, sin embargo, que recién está comenzando
a profundizar la investigación. Destaca que el dato que ahonda
su hipótesis es la existencia de dos “cuentas madres”
como son South Pacific Trade (SPT) e Ilecur. La primera, que figura en
el informe preliminar de la comisión que preside Elisa Carrió,
está relacionada con la operación Chimborazo, una causa
judicial donde se investigaron los negocios de la familia Cuevas Cepeda,
lavadores de los dineros del entonces Cártel de Cali, en la Argentina.
Esta causa fue archivada por la Justicia a pesar de que había indicios
de que SPT habría sido utilizada por funcionarios de la administración
menemista.
La segunda cuenta, afirmó Stolbizer, pertenece a una empresa del
cuero que lleva el mismo nombre y que está vinculada con el Grupo
Yoma. “Durante años, estas cuentas prácticamente monopolizaron
las transferencias de fondos de MA Casa de Cambios, que luego distribuían
los fondos en diferentes empresas, varias de ellas curtiembres, que suponemos
pertenecen a los Yoma”, aseguró la diputada radical.
Hay otro dato que para Stolbizer es contundente a la hora de relacionar
las curtiembres con los cárteles de la droga. Señala que
hay un punto en común y que son los químicos que ambos grupos
necesitan para conservar los cueros y para elaborar la pasta base de cocaína:
“Son exactamente los mismos precursores químicos” indicó
la legisladora, quien remarcó que “existen denuncias y sumarios
en la Aduana por la excesiva concentración de estos químicos
en las curtiembres Yoma que no se corresponden con la producción
final”. Sospecha Stolbizer que, ante la ineficacia o inexistencia
de controles en la exportación de estas sustancias, los químicos
en cuestión “terminen en manos de aquellos que producen la
cocaína”.
Pero ésta no es la única hipótesis de investigación
que impulsa Stolbizer. Ella insiste en la necesidad de realizar un mayor
seguimiento de las transferencias de quien fuera presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA), Jorge Blanco Villegas, y que aparecen tanto
en las primeras cajas que recibió la comisión antilavado
como en las tres últimas. La legisladora calificó a dichas
operaciones como “sospechosas”.
“Estamos frente a una serie de transacciones bancarias –indicó
Stolbizer– cuyos montos son importantes, alrededor de 20 millones
de pesos, realizados en un período de tres meses. Pertenecen a
un sola persona y son operaciones triangulares casi sin una base razonable,
pues se trata de grandes sumas de dinero que en pocas horas giran por
distintas cuentas que pertenecen a plazas o entidades que son sospechosas”.
La diputada, que aspira a renovar su banca bonaerense, remitió
a la comisión antilavado un detallado informe sobre los movimientos
de Blanco Villegas. Allí destaca como llamativo, que el ex titular
de la centralempresaria denunció como domicilio ante las entidades
bancarias con las que realizó sus transacciones, la sede de la
UIA.
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“Altamente probable”
El diputado nacional del ARI, Mario Cafiero, otorgó verosimilitud
al documento que atribuye al ministro de Economía Domingo
Cavallo la posesión de una cuenta bancaria en el exterior
junto al ex secretario del Tesoro estadounidense David Mulford.
El legislador se lo dijo a la jueza María Servini de Cubría,
quien lleva adelante una causa contra el ministro por enriquecimiento
ilícito.
Cuando le preguntaron a Cafiero sobre el documento en cuestión,
dijo que “creía altamente probable que en la operación
de megacanje hubiera colisión de intereses entre funcionarios
(por Cavallo) y bancos (por Mulford)”. El aspirante a renovar
su banca por el ARI, señaló “la arbitrariedad
con que se designó al Credit Suisse First Boston Corporation
como cabeza del grupo de Bancos Negociadores del megacanje”
y también “lo beneficioso de la operación para
los bancos, tanto por las tasas de los bonos a canjear como por
el monto de la comisión pactada”. El candidato cavallista
a senador porteño Horacio Liendo (h) dijo que era apócrifa
y por tal motivo denunció a Cafiero y Elisa Carrió
por el presunto delito de “falso testimonio agravado”
y “utilización de documento falso”.
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FALTA
DE MERITO A SEBASTIANI
Coimas parlamentarias
Por
Adriana Meyer
Por ahora, zafó
del procesamiento pero sigue bajo sospecha. El juez Jorge Ballestero dictó
la falta de mérito al diputado menemista Claudio Sebastiani en
la causa sobre presuntas coimas en la sanción de la Ley de Patentes
Medicinales. Dos testigos habían declarado que el legislador “se
jactó de haber sido uno de los que repartieron 25 millones en coimas
para sacar una ley favorable a la industria farmacéutica argentina”.
Pero el magistrado consideró que, además de esos testimonios,
“no hay indicios, más allá de los dichos de los testigos,
de que (Sebastiani) hubiera realizado acciones tipificadas en el artículo
256 del Código Penal”, es decir, de que hubiera cometido cohecho.
La investigación por las presuntas coimas cobradas por legisladores
en el trámite de la Ley de Patentes Medicinales estuvo archivada
hasta que el año pasado el periodista norteamericano Martín
Andersen ofreció su testimonio a través de las páginas
de este diario. El ex corresponsal de Neewsweek y de The Washington Post
aseguró que la confesión de Sebastiani se produjo en junio
de 1999 en un café de la Recoleta. “Se barajaron cifras, se
llegó a hablar de 70 millones hasta que Sebastiani afirmó
que habían sido 25. Ante la insistencia dijo en un tono jactancioso
‘me van a decir a mí que yo fui uno de los cinco tipos de
hicimos los sobres’”, afirmó el ex concejal demócrata
Roberto Azzareto, otro de los testigos.
Cuando el diputado fue indagado hace un mes calificó la denuncia
como un “disparate”. Reconoció que el encuentro existió
pero negó que se haya hablado del tema de las patentes. Y que se
comentó la incidencia que podía tener la interna del Partido
Justicialista en la re-reelección de Menem, un tema que supuestamente
era de interés del periodista norteamericano.
Ballestero consideró que los elementos que resultaron suficientes
para llamarlo a declarar como imputado no lo fueron para procesarlo, porque
además de las declaraciones de Andersen, Azaretto y un conocido
de ambos de apellido Gariboldi, nada más pudo recogerse en la investigación.
Por otra parte, Hernán López Bernabó declaró
que no sabía nada. Sin embargo, en el preinforme de la comisión
parlamentaria que preside la diputada Elisa Carrió aparece como
presunto beneficiario de una transferencia de 4 millones de dólares
hecha por un importante laboratorio nacional a través del Banco
República. Los investigadores ya poseen la documentación.
ERMAN
GONZALEZ EXPUSO ANTE LA CAMARA
Defensa personal en la causa armas
Antonio Erman González
apeló ayer a su oratoria para intentar revertir su suerte en la
causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Consciente de
las cualidades de su cliente para declarar judicialmente, su defensor
Fernando Archimbald le reclamó a los integrantes de la Sala II
de la Cámara Federal porteña, que lo reciban para tener
un conocimiento “de visu”, como se denominan a las audiencias
donde los imputados exponen personalmente sus argumentos antes los jueces.
“La audiencia no influye en la causa”, comentó una alta
fuente judicial a este diario para restarle importancia a la audiencia.
Durante cerca de 40 minutos, Erman se explayó sobre su inocencia
en la maniobra y fundamentalmente argumentó “que no integraba
una asociación ilícita”. La importancia de esta afirmación
radica en que el juez federal Jorge Urso al dictar su procesamiento lo
consideró “organizador” del grupo que impulsó
la venta ilegal. Ni el tribunal formuló preguntas, ni tampoco expuso
el abogado defensor.
El ex ministro de Defensa, suele reiterar que durante su mandato solamente
se produjo la partida de uno de los siete buques que llevaron armamento
argentino a la ex Yugoslavia. Claro que Erman suele afirmar que el barco
arribó a las costas de Panamá, que era el destino declarado
en los decretos firmados por el riojano. Si bien es cierto que en el tiempo
en que Erman pasó por Defensa salió un buque, también
es cierto que el ex ministro firmó dos de los tres decretos que
ampararon la maniobra. Con el agravante de que los documentos oficiales,
tal como lo señalaron el fiscal Carlos Stornelli y Urso, hicieron
las veces de decretos “marco”. Es decir que autorizaban la venta
de armas que o bien ya habían partido o serían enviadas
en varias entregas.
La Cámara Federal se apresta a definir las apelaciones de los detenidos
por Urso y resolver su futuro procesal. Además de la situación
del ex presidente Carlos Menem, los camaristas resolverán los casos
del ex general Martín Balza y de los ex ministros de Defensa, Erman
González y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella.
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