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Por Victoria Ginzberg
 Ester Ballestrino de Careaga,
de nacionalidad paraguaya, fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 en
la Iglesia de la Santa Cruz, junto con el grupo fundador de Madres de
Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos. Edgardo Erníquez Espinosa
fue detenido el 10 de abril de 1976 y quince días después
fue trasladado a Chile y entregado a la policía secreta del dictador
Augusto Pinochet. Erasmo Suárez se exilió en Argentina luego
de haber estado las cárceles bolivianas de Hugo Banzer. Fue aprehendido
el 21 de abril de 1977 en Buenos Aires. Todos fueron víctimas de
la coordinación de las dictaduras del Cono Sur en la década
`70. El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer al dictador Jorge
Rafael Videla por éstas y otras 69 privaciones ilegítimas
de la libertad dentro del Plan Cóndor.
El 10 de julio pasado Canicoba Corral había procesado a Videla
en esta causa al considerar que “en su calidad de Presidente de la
República Argentina, tomó parte en la formación y
mantenimiento de la organización ilícita denominada `Operación
Cóndor`”. Ayer amplió la medida, y se refirió
a los hechos puntuales –las desapariciones– que se realizaron
dentro del plan criminal de las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay,
Brasil, Bolivia y Argentina “que tuviera como principal objeto la
lucha contra opositores”.
El magistrado se refirió a delitos llevados a cabo total o parcialmente
en suelo argentino con la participación y actuación conjunta
de fuerzas militares o policiales de los estados integrantes del acuerdo
criminal.
Canicoba Corral encontró probado que “Videla, en su carácter
de Presidente de la Nación, tuvo a su cargo tanto el armado del
andamiaje nacional de los grupos operativos que privaron de su libertad,
de manera ilegítima, a las víctimas, como el financiamiento
de tales estructuras y su control de gestión. Las células
operativas se hallaban subordinadas al imputado, tanto en lo atinente
a la selección de las víctimas como en el destino final
de éstas”. El juez destacó que aunque no se encuentra
probado que el dictador haya actuado de manera personal y directa en las
desapariciones que se le atribuyen, sí se determinó que
tuvo el dominio de tales actos. “Señálese que dominar
el hecho quiere decir, `haber tenido las riendas en las manos`, o haber
podido decidir si se llegaba o no a la consumación, tener el manejo
y la dirección del hecho”.
Como en el anterior procesamiento, el magistrado y el secretario de la
causa, Oscar Aguirre, se basaron en legajos de la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas; los memos del agente de inteligencia
chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, condenado por los asesinato
del general Carlos Prats y su esposa; documentos desclasificados por Estados
Unidos y encontrados en el archivo del Terror de Paraguay y numerosos
testimonios, tomados en ésta y otras causas en las que se investigan
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Entre los casos que figuran en el procesamiento están el de la
nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Iruretagoyena, que fue
secuestrada el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires y llevada del centro
clandestino Automotores Orletti al Servicio de Información de Defensa,
en Montevideo. Allí dio a luz a una niña que recuperó
su identidad el año pasado.
Otra de las 72 víctimas es Dora Marta Landi Gil, que fue detenida
en Asunción el 29 de marzo de 1977. El cónsul argentino
en Paraguay les aseguró a los familiares de la mujer que ella “había
sido entregada a la gendarmería argentina en el puesto fronterizo
de Clorinda. En los archivos del Terror de Paraguay se recuperó
un documento en el que consta que la desaparecida fue trasladada con otros
detenidos en un avión birreactor de la Armada piloteado por un
capitán de corbeta de nombre José Abdala y puesta a disposición
de autoridades argentinas.
Los casos de María Emilia y Jorge Roberto Zaffaroni también
son parte de la causa. Ellos fueron secuestrados con su hija el 27 de
septiembre de 1976 en la provincia de Buenos Aires en un operativo en
el que habrían participado represores de su país, Uruguay.
La niña fue robada por elagente de inteligencia Miguel Angel Furci,
condenado por el juez federal Roberto Marquevich, que ordenó el
arresto de Videla en 1998 por robo de bebés.
En la causa del Plan Cóndor Canicoba Corral reclamó las
capturas internacionales del dictador paraguayo Alfredo Stroessner –que
vive en Brasil como asilado político–; del ex jefe de la policía
secreta chilena, Manuel Contreras y el dictador Augusto Pinochet y de
cinco represores uruguayos. Y envió un exhorto para interrogar
al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.
Videla será trasladado hoy al mediodía para ser notificado
de su ampliación de procesamiento y su embargo, que ahora es de
dos millones de pesos.
SE
ENTREGO EL REPRESOR PEDIDO POR BALTASAR GARZON
El “Curro” en el Arzobispado
El ex policía Eduardo
“Curro” Ramos, cuya extradición había sido solicitada
por el juez español Baltasar Garzón en la causa que conduce
por violaciones a los derechos humanos, se entregó ayer en la sede
del Arzobispado de Santa Fe y quedó a disposición de la
Justicia Federal. De este manera, el único de los imputados que
sigue prófugo es el ex juez federal Víctor Brusa, buscado
por fuerzas de seguridad de varias provincias.
En Argentina, la causa está en manos del juez federal Gabriel Cavallo,
quien aceptó la resolución de Garzón. El magistrado
español reclamó el arresto de Brusa y 17 represores –una
docena de ellos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)–
por el delito de “terrorismo desarrollado en base a múltiples
muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, desaparición
forzada de personas y genocidio”.
El martes ya se habían entregado los ex policías Juan Perizotti,
Héctor “Pollo” Colombini, Mario José Facino y
María Eva Aebi, a quienes Cavallo finalmente les concedió
la excarcelación. Por su parte, Ramos será trasladado hoy
a Capital Federal.
Brusa, desde la clandestinidad, tramitó un pedido de exención
de prisión, y desde que recibió una respuesta desfavorable
se mantiene rebelde. El ex juez santafesino fue destituido por el Jurado
de Enjuiciamiento luego que el Consejo de la Magistratura lo acusara por
mal desempeño en sus funciones. Se le atribuyó, además,
haber tolerado torturas cuando era secretario federal durante la última
dictadura.
Ramos se desempeñaba hasta hace unos meses como empleado de la
Municipalidad de Santa Fe, pero su nombramiento fue dejado sin efecto
al trascender que estaba exonerado de la policía de la provincia.
Cuando se conoció el pedido de extradición de Garzón,
tres agrupaciones políticas pidieron a la Secretaría Electoral
de Santa Fe que lo excluyera de sus listas, en las que aparecía
como segundo suplente para diputado nacional. La realidad es que hay pocas
chances, por ahora, de que los detenidos sean extraditados, ya que el
Gobierno argentino vino sosteniendo el principio de territorialidad de
la Justicia local y rechazó la remisión de otros acusados
al exterior, como el ex capitán Alfredo Astiz.
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