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Por Javier Lorca
 Las universidades no podrán
ser privatizadas y el presupuesto educativo aumentará un 50 por
ciento en cinco años. Así será, si es aprobado el
proyecto de ley presentado ayer por los rectores universitarios que, a
la vez, lanzaron una campaña nacional para juntar firmas de apoyo.
“Esta es una propuesta de mínima. Si no se cumple, el pavoroso
proceso de deterioro que está sufriendo el sistema educativo será
mucho más agudo –dijo a Página/12 el rector José
Luis Coraggio, uno de los gestores de la norma–. Se trata de una
decisión política estratégica. Justamente porque
estamos en una gran crisis tenemos que fortalecer prioritariamente a la
educación y la salud.”
La propuesta fue consensuada por los 37 rectores que integran el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN). Ayer, en el marco de las consultas
que la comisión de educación de la Cámara de Diputados
está realizando con los diversos actores del sector, se la presentaron
a los legisladores para que le den entrada en el Congreso.
El proyecto de “Ley de protección para la educación
pública” consta de siete artículos. El primero garantiza
el funcionamiento de los sistemas educativos estatales. El segundo fija
que “el gasto público de la Nación en educación
será incrementado a partir del año 2002 mediante un aumento
gradual” hasta alcanzar en cinco años “por lo menos un
50 por ciento acumulado de incremento” respecto del presupuesto actual
o, si resulta mayor, hasta llegar al seis por ciento del PBI. Hoy, entre
los estados nacional, provincial y municipal, Argentina invierte 13.172
millones de pesos anuales en educación (dato de 2000) y tiene unos
8,5 millones de estudiantes. La idea de los rectores es llegar al 2006
con 20 mil millones: “Como la matrícula de estudiantes crece
constantemente –explicó Coraggio, rector de la Universidad
de General Sarmiento–, con ese incremento apenas mantendremos la
inversión actual de 1600 pesos por alumno al año.”
En Europa, el promedio de inversión por alumno supera los cinco
mil dólares.
El tercer artículo apunta a que “en ningún caso el
presupuesto destinado a educación de un año podrá
ser inferior al del año anterior”. Después, establece
que “las universidades nacionales no podrán ser desnacionalizadas
ni privatizadas en forma total o parcial, ni modificada su autarquía”.
El quinto punto es una concesión de los rectores al repetido reclamo
de transparencia en el gasto, cuestión siempre postergada porque,
justamente, no aumentan los recursos para el sector: “Los fondos
incrementales para el sistema universitario serán distribuidos
según pautas objetivas” y “en todos los casos serán
vinculados a programas monitoreables”.
Luego, en su aspecto más conflictivo, el proyecto indica que “la
diferencia entre estas metas de cumplimiento obligatorio y los recursos
que determine el presupuesto nacional será financiada con impuestos
directos que tomen en cuenta la mayor capacidad contributiva”. Lo
que aquí se pretende evitar es que se recurra a impuestos al consumo.
En el último artículo, se invita a las provincias a adherirse
a la propuesta para alcanzar un incremento similar en el gasto.
Todo el planteo del CIN no hace sino retomar lo comprometido por la Ley
Federal de Educación (1993). Allí se estableció que
el presupuesto educativo debía duplicarse en un lustro o trepar
hasta seis puntos del PBI, la opción que implicara más recursos.
Si así hubiera ocurrido, hoy la educación tendría
más de 20 mil millones. Pero nunca ocurrió. Los interesados
en apoyar el proyecto de ley pueden hacerlo vía Internet en www.cin.edu.ar.
NOCHE
DE LOS LAPICES, NO APTA PARA ESTUDIANTES
Prohibición de la directora
La directora de la escuela EGB
72 de Merlo no permitió que una docente concurriera junto a sus
alumnos a la “jornada cultural” que varios centros de estudiantes
y organizaciones de derechos humanos realizaron en homenaje a las víctimas
de la “Noche de los Lápices” el pasado viernes 14. María
Inés Rosendi, profesora de lengua, sostuvo que tras media hora
de “dar excusas”, la directora Marta Moulín le dijo “no
te voy a dejar salir”. Página/12 intentó comunicarse
con Moulín pero no obtuvo respuestas.
Rosendi quería llevar a sus alumnos de 9º año de esa
institución al encuentro que se realizó en la plaza principal
de Merlo para conmemorar la tragedia de los estudiantes de La Plata. Además
de comunicarlo a las autoridades escolares, la docente pidió a
los padres la autorización por escrito para que les permitieran
movilizarse en transporte público.
Sin embargo, cuando llegó el día esperado, la directora
impidió la salida de los chicos. De manera terminante, Moulín
calificó de “truchas” las firmas que llevaron los alumnos,
basándose en la letra y en que en algunos casos no estaban acompañadas
por los respectivos números de documento. “Los padres de los
alumnos son gente humilde, del barrio San Eduardo, y no todos tienen documento”
sostuvo Rosendi quien entonces insistió en comparar con firmas
de autorizaciones anteriores, “para mostrarle que eran las mismas
y ella decía que no”.
Página/12 trató de conversar con Moulín, quien se
desempeña como autoridad del establecimiento desde hace dos años,
pero dijeron que no era posible hacerlo hasta la próxima semana.
Asimismo, la vicedirectora Norma Romero dijo conocer la razón por
la que Moulín decidió no dejar salir a los alumnos, pero
prefirió que fuera ella quien la explicara. Es que con esa actitud
la directora no permitió que los alumnos conmemoraran lo que la
misma Dirección General de Escuelas dispuso como el Día
de los Estudiantes Secundarios.
“Por suerte, un grupo de chicos que pudo salir temprano, fue al encuentro
y trajo material para trabajar en clase”, sostuvo Rosendi. La profesora
dijo haberse emocionado al comprobar que los chicos estuvieran tan interesados
en el tema. “Yo trato que ellos entiendan el derecho que tienen al
boleto estudiantil y lo que les pasó a chicos como ellos durante
la dictadura”, explicó la docente. Si bien no pudieron realizar
el concurso de cuentos cortos que Rosendi había organizado, los
alumnos trataron el tema.
“Lamentablemente, el mismo autoritarismo que condenó a aquellos
adolescentes del 16 de setiembre del `76, aparece en nuestras vidas permanentemente,
en las ropas de funcionarios de medio pelo que quieren decidir qué
podemos recordar, cuándo debemos hacer memoria y dónde podemos
estar presentes o no”, concluyó la docente.
Informe:Giselle Cohen
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