Por Claudio Scaletta

El megacanje de deuda pública sigue acumulando reprobaciones. Un informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso exclusivo Página/12, hasta ahora celosamente guardado por el titular del organismo, el menemista Rodolfo Barra, señala la ilegitimidad jurídica de la operación y recomienda su anulación por incumplimiento de la Ley de Crédito Público. Advierte también que “para lograr la postergación de 12.840 millones de dólares hasta el año 2005 inclusive (...) la República ha incrementado su deuda pública total en más de 40.000 millones de dólares, lo que significa transferirles a las futuras administraciones una pesada carga económica de difícil cumplimiento”. El documento agrega que “dicho incremento supera los 53 mil millones si se computan los intereses capitalizables contemplados en los Bonos Pagaré 2006 y Globales 2018 y 2031”.
Pero los prejuicios en la operación –que también es investigada en la Justicia por presunta asociación ilícita entre la cúpula de Economía y los bancos participantes– no se limitan, según el informe, a los mayores montos que deberán pagarse, sino que “como consecuencia de la transacción se cuenta con una menor deuda garantizada (rescate de los bonos Brady Par y Discount), mayor porcentaje de deuda en moneda extranjera, fuerte concentración de vencimientos en el período 2006/8, y tasas de interés fijas y de niveles muy superiores a las medias de los bonos rescatados”. Todo esto “sin que la operación de canje llevada a cabo haya significado una extensión importante en la vida promedio de la deuda pública”. Así, la onerosa operación solo consiguió una “extensión de 7,53 años a 8,23 años”. Es decir que ni siquiera logró el objetivo más elemental del decreto que le dio origen.
En cuanto al análisis jurídico de la operación, el “Proyecto de informe de auditoría de gestión de administración de pasivos-Canje de deuda 01/06/2001” sostiene que no se respetó “el marco normativo contenido en la ley 24.156 referido al Sistema de Crédito Público”. Por ejemplo, no se requirió “la intervención del Banco Central de la República Argentina con carácter previo a la emisión de los actos aprobatorios del canje de deuda”, opinión previa que, por tratarse de “nuevos bonos emitidos que contienen mecanismos de capitalización”, era imprescindible según el marco legal.
Por ello el informe destaca la nulidad jurídica de la operación, pues de acuerdo al artículo 66 de la ley 24.156 “las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presenta ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes la realicen”.
Sobre las responsabilidades de quienes participaron en la operación, el trabajo de la AGN las extiende no sólo a “las autoridades emisoras de los actos administrativos”, sino también “a los funcionarios intervinientes en las áreas de asesoramiento”, en la medida “que hayan omitido poner de resalto los impedimentos técnicos y legales advertidos en esta auditoría”.
Por último, el informe concluye que las operaciones de canje no deberían haberse aprobado sin que previamente se expida el poder legislativo y los organismos de control del Estado, “en particular en canjes en los que se produce un empeoramiento de las condiciones de gran parte de las operaciones originales involucradas en la operación”.
El lapidario documento elaborado por el equipo que trabajaba junto al renunciado auditor Héctor Durán Sabas, fechado el 21 de agosto pasado, había sido insistentemente pedido a la AGN por el diputado Mario Cafiero, quien preside la Comisión Especial del Congreso que investiga las irregularidades del Megacanje. En su momento Barra contestó por escrito a Cafiero que el informe todavía no había sido discutido y que tenía carácter “interno”. También que, si se decidía su aprobación, sería publicado por Internet “a los 60 días”. No son pocos quienes conjeturanque el pedido de renuncia a Durán Sabas estaría vinculado a la confección del informe.
El duro y cuestionador documento de la AGN contrasta, sin embargo, con el informe sobre la operación elaborado por el Banco Central que obra en la causa en la que el juez Jorge Ballesteros investiga la legitimidad de las comisiones pagadas en la operación. Según fuentes tribunalicias, para el organismo el megacanje no habría registrado irregularidad alguna.

AYER CERRO EN 1645 PUNTOS. PERO NADIE PREGUNTA POR ARGENTINA
Ya a nadie le interesa el riesgo país

El riesgo país cerró ayer a 1645 puntos básicos, 6 más que el día anterior. El indicador se encuentra en ese nivel, prácticamente sin cambios, desde que el atentado contra Estados Unidos lo hizo saltar de su rango previo de entre 1300 y 1400 puntos. “Hace dos meses, cuando estaba en 1500, nos llamaban cada cinco minutos de cualquier lugar del mundo para ver qué pasaba. Ahora el riesgo está en 1600 y nadie se acuerda de que existimos”, graficó el consultor Rafael Ber, socio de Argentine Research, en diálogo con Página/12. “Nadie puede decir que estemos bien o tranquilos con un riesgo de 1645 puntos. Pero hay una tensa calma”, dijo en forma coincidente Marcelo Nicoletti, de ABN Amro Asset Management. Ese es el cuadro de situación en los mercados. Todo se ve tan oscuro como entonces, pero nadie mira hacia acá.
Ese clima se reflejó ayer en la Bolsa de Comercio, con el índice Merval moviéndose sin rumbo definido. Había arrancado en baja y terminó un 1,6 por ciento arriba. El volumen de negocios fue de apenas 11 millones de pesos, lo que evidencia la falta de interés. Argentina salió del centro de la escena ante la incertidumbre mucho mayor sobre qué pasará con el mundo, tanto militar como económicamente. Y hasta que esos escenarios globales no estén más claros, por aquí todo seguirá congelado.
Los informes de organismos como el FMI, bancos de inversión y calificadoras de riesgo sobre el panorama económico internacional en el corto plazo son entre sombríos y alarmantes. El Credit Suisse First Boston, el banco de David Mulford, el amigo estadounidense de Domingo Cavallo, estimó ayer que el crecimiento de la economía mundial será este año inferior al 1,5 por ciento, debido a que las regiones económicas más poderosas registran una importante desaceleración. A la cabeza de ese grupo se encuentra Estados Unidos, cuya economía estaba por caer en recesión antes de los atentados, y el proceso se aceleró tras ellos. Esta proyección es todavía más pesimista a la del FMI, que estimó una expansión del 2,6 por ciento.
El organismo de crédito también había advertido que la situación para Argentina en este contexto internacional tiende a ser “muy difícil”. Sin embargo, ayer hubo una noticia más favorable para Argentina. Standard & Poor’s, la influyente agencia calificadora de riesgo estadounidense, señaló en un informe que la evolución de los títulos de deuda argentinos “puede dar una sorpresa hacia una mejora”. Pero el principal motivo que la entidad menciona para la esperanza es que la crisis disciplinará a la dirigencia política, para cumplir con el déficit cero. “Los mercados de bonos, que ya estaban nerviosos debido a un freno en la actividad económica mundial, están luchando para encontrar una tendencia”, indica S&P. “Pero la cohesión política en algunos mercados emergentes –concluye-, en realidad puede ser fortalecida por la crisis y la Argentina, por ejemplo, con niveles de calificación B- y C, puede ofrecer una sorpresa hacia una mejora”.
En la city porteña la opinión generalizada entre los brokers es que mientras persista la volatilidad en Estados Unidos el mercado local no tendrá un rumbo claro. Esa volatilidad en la principal plaza del mundo se reflejó ayer con la evolución de sus principales indicadores. El Dow Jones pasó de una importante baja a finalizar con una suba del 1,3 por ciento, en tanto que el Nasdaq hizo un recorrido similar, pero su recuperación no llegó a ponerlo con signo positivo y cerró con una baja del 0,2 por ciento. El tema que genera mayor interés esta semana es qué hará la Reserva Federal –banca central estadounidense– el próximo martes. Existe consenso en que habrá una nueva baja en la tasa de interés, pero las opiniones difieren sobre la magnitud. Ayer las opiniones se dividieron entre los que apuestan por una caída de 0,5 por ciento y los que arriesgan a que será del 0,25.
Pero además de los factores internacionales, en la city mencionan otros dos locales. El más importante es que el gobierno cumpla en el cuarto trimestre con la regla de Déficit Cero. Los analistas sostienen que si elgobierno demuestra su fortaleza para imponer el ajuste habrá reactivación. Pero dudan que pueda hacerlo si, como se prevé, sufre un cachetazo en las elecciones de octubre. Qué pasará cuando quede definido en nuevo mapa político es el otro tema que desvela en este momento a los operadores, y mientras tanto siguen viendo al riesgo país por las nubes.

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