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Por Cledis Candelaresi
 La Sindicatura Nacional de la
Nación recomendará en las próximas horas al Gobierno
nacional que dé por caída la concesión del Correo
Argentino, adjudicado en 1997 a la sociedad que integran el grupo Macri
y el Banco Galicia. El inminente pronunciamiento de aquel órgano
de control externo tendrá lugar apenas la Justicia admita formalmente
el concurso preventivo que solicitó el concesionario: justamente,
los síndicos comandados por Rafael Bielsa pondrían especial
énfasis en el hecho de que la convocatoria de acreedores es una
de las causales de rescisión expresamente contempladas en el contrato.
No es el único elemento adverso a la poderosa sociedad privada.
Con disidencia del justicialista Rodolfo Barra, la Auditoría General
de la Nación acaba de emitir un pronunciamiento adverso al grupo,
señalando incumplimientos en su plan de inversiones, otra razón
legal para que pueda expirar la adjudicación.
La semana pasada, el Correo Argentino SA anunció su decisión
de convocar a un concurso de acreedores, con el argumento de que era el
“último recurso” para enfrentar su abultado pasivo superior
a los 700 millones de pesos. Este monto incluye los 257 millones que el
grupo adeuda al Estado por el canon que no paga desde fines de 1999.
En rigor, la medida es parte de la estrategia a la que apeló la
dupla de Franco Macri-Eduardo Escasany para forzar una renegociación
contractual que lo exima de aquella contribución de 103 millones
de pesos por año, presuntamente exagerada para un negocio que factura
poco menos de 500 millones de pesos anuales. Cifra nada despreciable,
pero lejos de los 1000 millones a que pensaba catapultarla la sociedad
entre el industrial y el banquero cuando hizo su oferta.
Entre otras consecuencias, el concurso hace caer los convenios colectivos
de trabajo que tanto perturban el sueño de los adjudicatarios.
Justamente, el grupo está exigiendo al Gobierno por vía
judicial que lo indemnice en 320 millones de pesos por las “asimetrías
laborales” entre los empleados de la competencia y los propios, presuntamente
mejor remunerados. Es cierto que muchas empresas del rubro, entre ellas
Oca, tienen a su personal contratado bajo el convenio de los camioneros,
que habilita salarios y condiciones menos ventajosas que el de la actividad
postal. Pero es igualmente cierto que el adjudicatario no desconocía
ese supuesto sobrecosto en el momento de ofertar.
El pedido de concurso, sobre el cual el Gobierno aún no se pronunció
públicamente, recayó en el Juzgado Nº 9 en lo Comercial,
a cargo de Eduardo Dubois (hijo), quien todavía no emitió
el certificado que admite la apertura de la convocatoria. Sin embargo,
en medios oficiales se descuenta que esa formalidad será cumplida
en pocas horas.
Apenas Macri anunció su intención de convocar a los acreedores
–entre ellos la propia Sideco Americana y el Galicia, integrantes
del grupo adjudicatario–, la Sigen comenzó a analizar el impacto
que esta situación tendría en la relación contractual.
La primera impresión de los síndicos, aún no plasmada
en ningún papel, es que el contrato deja poco margen de duda, ya
que menciona expresamente al “concurso o quiebra” entre las
causales de rescisión. La lógica de los auditores es simple:
un grupo concursado difícilmente cumpla con el canon a que se obligó.
A menos que en las próximas horas surja algún elemento muy
novedoso, que convenza a la Sindicatura de que es menos dañino
sostener el contrato que darlo por caído, previsiblemente Bielsa
le recomendará al Estado rescatar la concesión del servicio
postal, apenas Dubois abra formalmente el concurso de acreedores.
Si bien el pronunciamiento de Sigen puede no ser vinculante, constituye
una herramienta de presión política y un instrumento legal
para evaluar el desempeño de los funcionarios involucrados en el
tema. Y en caso de que recomendara dar por caído el contrato, sería
más difícil para el ministro de Infraestructura, Carlos
Bastos, y para el propio presidente Fernando de la Rúa, sostenerlo.
La Sindicatura ya se pronunció sobre esta concesión en varios
dictámenes adversos a la actuación del grupo Macri. Página/12
accedió a las últimas notas giradas a la Jefatura de Gabinete,
en las que Bielsa objeta reclamos del concesionario y defectos en la ejecución
del contrato.
Por un lado, la Sigen cuestiona la pretensión de cobrar una indemnización
por “asimetrías laborales”. Los síndicos recordaron
que el Estado cumplió con su compromiso de denunciar los convenios
colectivos, y si bien Trabajo no convocó a paritarias, no hay ninguna
garantía de que éstas le permitan al empleador una merma
en su costo laboral. La Sindicatura también objetó el criterio
de Macri de computar a cuenta de su plan de inversiones las indemnizaciones
pagadas para cubrir retiros voluntarios, idéntico reparo al que
acaba de manifestar la AGN.
El incumplimiento del programa de inversiones, el no pago del canon y
el concurso de acreedores son todas razones legales para derrumbar la
adjudicación. Pero, hasta ahora, el gobierno de la Alianza prefirió
seguir negociando antes que afrontar el costo de enfrentarse a dos grandes
y reasumir la responsabilidad de administrar una de las empresas más
grandes del país.
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