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 Bonos de todos los colores,
de nombres diversos y funciones similares. Protestas de docentes, estatales
y desocupados que parecen eternizarse en las ciudades más importantes.
Proveedores del Estado que cobran en papeles que cotizan en Bolsa y que
pierden valor a medida que pasan los días. La crisis de las provincias
se prolonga indefinidamente. El desesperado recurso del pago en bonos
parece no alcanzar para superar el desequilibrio financiero, y podría
dar lugar a decisiones más tajantes, como decretar asueto administrativo
o, en última instancia, declararse directamente en cesación
de pagos. El pionero, en este caso, fue el gobernador de Entre Ríos,
Sergio Montiel. En su provincia, se cumplió ayer el último
día de suspensión de actividades públicas, al mismo
tiempo que los diputados autorizaban la emisión de “certificados
de cancelación de obligaciones” con los que –según
Montiel– se les pagará a “proveedores y contratistas”.
En Entre Ríos, los tres días de asueto administrativo que
paralizaron la función pública no detuvieron las manifestaciones
ni los reclamos. Al contrario, empleados públicos, jubilados y
desocupados se concentraron desde la mañana frente a la Casa de
Gobierno provincial y la Legislatura, donde en ese momento se debatía
el proyecto de bonos “federales” impulsado por el gobernador.
La tensión era muy alta, los estatales expresaban su rechazo a
que les paguen el sueldo en bonos, y los hombres del gobernador no sabían
cómo descomprimir la situación. Al final, anunciaron que
se repartirían 20 mil bolsones de alimentos en Paraná y
50 mil en el resto de la provincia. De todas formas, Montiel intentó
quitarle legitimidad a la protesta: “De 55 mil empleados que tiene
Entre Ríos, había sólo cientos de personas encabezadas
por candidatos de algún partido”, afirmó.
La tensión llegó a tal punto, que Colombo tuvo que salir
a desmentir que el gobierno nacional estuviera analizando una posible
intervención a la provincia. “De ninguna manera. Ni se ha
mencionado esa posibilidad”, dijo. Recién a la tarde llegó
algo de alivio, cuando los diputados aprobaron la ley que permite emitir
letras de tesorería por un monto de 100 millones de pesos y bonos
con garantía de la provincia hasta la suma de 160 millones de pesos.
Montiel quería que se pusiera un tope mucho más alto, de
450 millones, pero igual se manifestó conforme con la medida: aseguró
que “descomprimirá” la situación financiera y
pronosticó que el próximo lunes “la actividad va a
ser totalmente normal”.
La escena que se vive en Entre Ríos se repite, casi calcada, en
San Juan (ver aparte), y también en Chaco, Misiones, La Rioja,
Jujuy y Salta. En la provincia que gobierna el radical Angel Rozas, una
movilización de empleados legislativos y de la Dirección
General de Rentas se agolpó delante de la Legislatura para expresar
su repudio al proyecto de ley que autoriza el uso de bonos para pagar
salarios. El reclamo de los estatales se produjo en el mismo momento en
que la iniciativa era discutida en el recinto. “Las provincias solas
no están en condiciones de reprogramar nuestro profundo y alto
endeudamiento”, alertó el chaqueño Rozas, quien al
igual que el sanjuanino Alfredo Avelín responsabilizó a
Domingo Cavallo del descalabro financiero de los estados provinciales:
“El Ministerio de Economía se ha cortado solo. Pero si las
provincias quedan libradas a su suerte, no sólo Entre Ríos
va a ser noticia nacional”.
El endeudamiento con los trabajadores es una constante en el Interior.
De la misma manera que en Entre Ríos, la administración
de Carlos Rovira, en Misiones, atraviesa serias dificultades para pagar
los sueldos: en estos días se están abonando los haberes
de agosto, mientras que el pago a proveedores se efectiviza a través
del “Cemis”, un papel que cotiza en bolsa cuyo valor nominal
sufre bajas de al menos 30 por ciento. En Jujuy, el gobierno de Eduardo
Fellner sufre los mismos problemas: optó por el pago con vales
alimentarios, con aval judicial, a pesar de la oposición del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. En esta provincia, el panorama,
en ese aspecto, es desolador: los empleados aún no cobraron el
sueldo de agosto y tampoco el aguinaldo. Fellner arguye que ese pago secumplirá
cuando se destrabe una negociación con Carlos Ruckauf para conseguir
casi 38 millones de pesos en Patacones.
AVELIN
PIDIO QUE ECHEN A CAVALLO
Al Cachafaz, ni justicia
Ya lo había llamado “cachafaz”,
en una de sus clásicas intervenciones, entre campechanas y chicaneras.
Y ayer, para no perder la costumbre, lo volvió a atacar, aunque
esta vez fue más lejos. Mientras en su provincia los estatales
cumplían con un paro que paralizó a la administración
pública, el gobernador de San Juan, Alfredo Avelín, convocó
a los argentinos a que se unan “para echar a (Domingo) Cavallo del
Ministerio de Economía”.
Para fundamentar su pedido, Avelín enumeró un par de cuestiones
que achacó al titular de la cartera de Economía: “Trabaja
para los de afuera: regaló el país y ahora quiere aparecer
como el redentor”, aseguró. La invitación del mandatario
sanjuanino pareció resumir un clima notoriamente adverso a Cavallo
que reina entre los jefes provinciales. Así, por ejemplo, el chaqueño
Rozas declaró que “el Ministerio de Economía se corta
solo”, mientras que otros gobernadores, como Montiel, prefirieron
el bajo perfil y se limitaron a decir que el alejamiento del mediterráneo
es una de las funciones exclusivas del Presidente. De cualquier forma,
las declaraciones de Avelín coincidieron con ciertos rumores que
anticipaban una posible renuncia de Cavallo.
Mientras el gobernador sanjuanino reclamaba el alejamiento del ministro,
los trabajadores estatales realizaban un paro de actividades que paralizó
totalmente la administración provincial. Los empleados fueron promovidos
por una coordinación de sindicatos, cuyos dirigentes no confían
demasiado en las promesas del ministro de Economía local, Ricardo
Ortiz, quien prometió que el lunes comenzará a pagar los
sueldos.
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