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Por Irina Hauser
y Raúl Kollmann
 Mientras en el juicio oral por
el atentado a la AMIA continuaba la lectura de la acusación elevada
por el juez Juan José Galeano, el Consejo de la Magistratura comenzaba
a poner la lupa sobre su actuación, ya que reconoció haber
mandado a destruir videos y otras pruebas ligadas al expediente. El consejero
Eduardo Orio pidió al cuerpo encargado de evaluar la conducta de
los jueces, que lleve el tema directamente a la Comisión de Acusación,
encargada de promover los juicios políticos. La perspectiva de
Galeano se oscurece, además, en tanto la Cámara Federal
–que a comienzos de semana le inició un sumario– revocó
el procesamiento de Claudio Lifchitz, un ex secretario del magistrado
que lo denunció por irregularidades en la investigación
del ataque terrorista. Uno de los tramos más importantes del debate
oral del caso AMIA se iniciará la semana próxima, cuando
deberían comenzar las indagatorias a los 20 acusados.
Las tres audiencias de esta semana estuvieron dedicadas a la lectura de
la acusación de los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia
y Alberto Nisman, y al auto de elevación a juicio del juez Galeano.
Ambos textos se limitan a explicar cómo operó la “conexión
local” que montó y entregó la camioneta Trafic con
que se concretó el atentado. El lunes los secretarios seguirán
leyendo otro largo rato, en el que incluirán una acusación
paralela contra el ex comisario Juan José Ribelli por extorsionar
a Galeano con una filmación que lo mostraba negociando la declaración
del desarmador de autos Carlos Telleldín. Después, deberían
comenzar las indagatorias. Por ahora, la mayoría de los acusados
se negará a declarar.
La historia del video no es menor dio pie a cuestionamientos al juez,
quien admitió que registraba las entrevistas con testigos e imputados
con la idea de analizar sus actitudes. Cuando el Tribunal Oral 3 le pidió
todas las cintas, Galeano dijo por escrito que le había encomendado
su destrucción. Los abogados Pablo Jacoby y Alberto Zuppi que representan
a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados
en Memoria Activa, lo denunciaron ante la Cámara Federal y pidieron
su apartamiento del caso. El camarista Martín Irurzun, que preside
el tribunal, no lo corrió, pero ordenó la apertura de una
causa penal y de un sumario administrativo y notificó al Consejo
de la Magistratura, órgano en el que el caso ya tuvo eco. El consejero
Orio planteó allí “la gravedad de lo públicamente
denunciado” para que Acusación inicie una pesquisa.
Esta suerte de juicio simultáneo que complica a Galeano, tiene
también detractores. La abogada de la DAIA Marta Narcellas sostuvo
que “lo que se hacía era filmar como material de trabajo para
seguir otra líneas investigativas”. “Lo que no podía
destruir son las actas y no lo hizo”, defendió. “No encontramos
alguna motivación para pedir su alejamiento porque atrasaría
el juicio”, concluyó. Una postura equivalente tienen la AMIA
y los Familiares y Amigos de las víctimas del atentado, que creen
que el juez trabajó mucho, con trabas del Gobierno y las fuerzas
de seguridad.
Los camaristas federales de la Sala II, sin embargo, añadieron
un ingrediente que agrava el panorama de Galeano al revocar el procesamiento
contra su ex secretario, que había sido procesado por el juez Jorge
Urso que lo acusó de revelar escuchas telefónicas que estaban
bajo secreto en el expediente. Lifchitz había denunciado a su jefe
ante el juez Claudio Bonadío por calamidades en la causa AMIA como
que le habría pagado a Telleldín y preparado testigos, entre
otras cosas. Por esas casualidades, a Urso le tocó por sorteo investigar
a Galeano por pulverizar las pruebas.
LOS
FISCALES PIDIERON QUE SE CITE AL MINISTRO
Por la palabra de Mestre
Por I.H. y R.K.
Los fiscales del caso AMIA y
algunos de los querellantes solicitaron que el ministro del Interior,
Ramón Mestre, declare judicialmente porque dijo que los atentados
en la Argentina tuvieron vinculación con la política llevada
adelante por el ex presidente Carlos Menem y por las promesas incumplidas
a gobernantes de países árabes. También solicitaron
que se cite al ex comisario Luis Patti quien dijo que se sentó
en el banquillo a “simples ladrones de autos”. La postura del
titular de la cartera de Interior, expresada en forma pública y
privada por casi toda la clase política, no se basa obviamente
en ninguna prueba, aunque curiosamente en el expediente hay dos testigos,
el ex recaudador de Menem, Mario Rotundo, y el ex embajador Oscar Spinoza
Melo, que detallaron los acuerdos que el riojano hizo con países
árabes antes de asumir el Gobierno. Al caso Mestre, que no aportará
ninguna prueba, parece trasladarse un interés que debería
centrarse en las evidencias –muchas o pocas– que existen en
la causa.
Desde hace años se viene repitiendo que los atentados se produjeron
por una conjunción de factores: promesas incumplidas de Menem a
gobernantes árabes que aportaron a su campaña electoral,
su decisión de alinearse con Estados Unidos e Israel, su visita
inicial a Tel Aviv, en lugar de a una ciudad árabe, las enormes
brechas en la seguridad argentina, la existencia de una enorme comunidad
judía en el país que garantizaba la repercusión mundial
y hasta la conversión de Menem del Islam al catolicismo.
El grave problema de estas especulaciones es que al no saberse quién
fue el autor o los autores materiales del atentado, es casi imposible
determinar quién estuvo detrás y quién lo financió.
Si estuviera individualizada, por ejemplo, la persona que supuestamente
se inmoló en el ataque contra la AMIA se podría rastrear
de qué país llegó y con qué organización
estaba vinculada.
En la causa AMIA, Rotundo y Spinoza Melo señalan –como hipótesis–
que los ataques se produjeron por las promesas incumplidas. El ex embajador
dijo en una entrevista realizada por la periodista de este diario Susana
Viau que “delante de mí, Carlos Menem les ofreció un
reactor nuclear si llegaba al gobierno. Fue en una reunión con
el vicepresidente sirio, Haddam Halim, en su residencia vacacional”.
Rotundo, por su parte, afirmó que estuvo en un encuentro entre
Menem y delegados del presidente libio Muammar Kadhafi. En una causa judicial
de Rotundo contra Menem por una cuestión de dinero está
la fotocopia de un cheque pagado por Kadhafi a Menem como aporte a la
campaña electoral.
La histeria por el lugar común de Mestre parece destinada a desviar
la atención de un juicio en el que ayer se leyó el reconocimiento
de Galeano de que estuvo impotente, sin colaboración y hasta boicoteado
por las fuerzas de seguridad del país.
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