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Por Susana Viau
 Ni siquiera el grupo de veedores
que, enviado por Pedro Pou, descendió en El Plumerillo el 7 de
abril de 1998 pudo cambiar lo que estaba condenado a ocurrir: el Banco
Mendoza entraba en su etapa final. El viernes 8, una resolución
emanada del Banco Central ordenó el cierre simultáneo de
las dos entidades financieras propiedad de Moneta, el Banco Mendoza y
el Banco República. Luis Leiva, titular del juzgado federal nº
1 de la provincia, donde recaló la causa, no estaba en la ciudad:
maratonista empedernido, Leiva había viajado a Francia para ponerse
el “maillot” y competir en la prueba internacional de París.
Su subrogante, Alfredo Manuel Rodríguez, caratuló la causa
como asociación ilícita, infracción a la Ley Penal
Tributaria y subversión económica. Leiva se enteró
por teléfono de la caída del banco y vislumbró de
inmediato cuál era el panorama que se presentaría en los
meses siguientes. No en vano había tenido que sustanciar ya la
primera etapa de las desgracias del banco y emplearse a fondo desentrañando
la operatoria que había llevado al desastre a la mayor entidad
financiera de la provincia antes de que la privatización la pusiera
en manos del banquero porteño. Fueron ese expediente y el del Banco
Multicrédito (propiedad de los hermanos Flamarique) los que habían
tenido en jaque a buena parte de la clase política de Mendoza.
La desconfianza que Leiva empezaba a suscitar entre funcionarios era inversamente
proporcional a la simpatía que despertaba entre su coterráneos,
que en 1996 lo habían elegido como uno de los hombres del año,
honor que curiosamente debió compartir con un personaje que comenzaba
a pisar fuerte en la vida de la región: Raúl Juan Pedro
Moneta. A los 42 años, Leiva seguía siendo joven para el
promedio etario de la magistratura argentina, en la que había ingresado
en 1993 por sugerencia de la Cámara Federal, aunque en los corrillos
se prefiriera interesadamente ajudicarle el puesto al padrinazgo de Eduardo
Bauzá.
En consejo de familia, y luego de consultarlo con su padre, un hombre
con prestigio intelectual en la provincia, donde había ocupado
el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y el vicerrectorado de
la Universidad de Cuyo, Luis Leiva tomó la decisión de proponerse
para la vacante. Era una manera prestigiosa de ponerle cierre a una carrera
profesional construida en la actividad privada.
En la tarde del 1º de junio, después de haber estudiado la
treintena de pericias realizadas por los contadores Carlos Canullo, Hugo
Sochi, Carlos Dalmau y Joaquín Sanchi, Leiva llamó al despacho
a sus empleados de mayor confianza, el secretario Francisco Javier Pascua,
la relatora Mariana Leiva, su sobrina, y la fiscal Alejandra Obregón
y les comunicó su decisión de imputar y librar orden de
allanamiento y detención con incomunicación contra Moneta,
Lucini, Jacques Mata, Emilio Magnaghi Soler, Hugo Emili, Eduardo Lede,
Jorge Rivarola, Alberto Bande, Jorge Maldera y Juan Pablo Lucini, las
cabezas del banco. El juez sabía que trabajaba con material sensible,
mucho más peligroso que los dos directorios a los que ya había
procesado. Ahora, sus medidas resonaban en la Casa Rosada y ya había
antecedentes de la virulencia con la que reaccionaba Balcarce 50 cuando
el agua le llegaba a la puerta. Por eso se esmeró en señalar
en el escrito que el registro domiciliario constituye una medida de excepción
a las garantías constitucionales (una de ellas es la inviolabilidad
del domicilio) y llamó en su auxilio a Manzini y el Código
Procesal, los fallos de la Cámara Federal local y el voto de uno
de los miembros más reputados de la Corte, Enrique Santiago Petracchi:
“La eminente jerarquía del derecho a la inviolabilidad del
domicilio debe ser concertada, al igual que el similar derecho a la violación
de la correspondencia y los papeles privados, con el interés social
y la averiguación de los delitos y en el ejercicio adecuado del
poder de policía”. Los allanamientos debían iniciarse
a partir de las siete de la mañana del día siguiente. Así
se le comunicó a la Justicia federal porteña para que, con
el auxilio del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería,
diera cumplimiento a los procedimientos a practicar fuera del radio de
Mendoza y en el ámbito de la Capital Federal. La tarea recayó
en Rodolfo Canicoba Corral. Una oportuna filtración permitió
que todos los procedimientos, excepto dos, arrojaran resultados negativos.
Cuando el juzgado y los gendarmes llegaron al piso 19º de la calle
Castex al 3500, sólo hallaron en él a María Claudia
Arroyo Benegas, la mujer de Moneta; el banquero había puesto pies
en polvorosa. Tampoco estaba en su departamento de Avenida del Libertador
2200 el tío Benito Jaime Lucini. Un fax emitido desde la línea
de un estudio jurídico porteño había aconsejado levantar
vuelo, porque Leiva estaba resuelto a realizar detenciones. El aviso no
funcionó con Emili y Rivarola. Rivarola, al leerlo, resolvió:
“Yo no me escapo a ningún lado”. Emili fue más
pragmático para explicar por qué aguardó en su casa
el arribo de la comisión encargada de detenerlo: “Si no tengo
plata para quedarme, mucho menos tengo que irme”. No pretendía
jugar a la víctima, Emili estaba en el Banco Mendoza por delegación,
representaba el capital de Héctor y Carlos López, dueños
de Metro, una importante cadena de supermercados e integrantes de Magna
de Inversora, la sociedad que había reunido voluntades entre lo
más granado del empresariado local para, como accionista minoritaria,
acompañar a Moneta en la privatización de los bancos de
Mendoza y de Previsión Social.
A menos que el inspector del Banco Central Juan Carlos Solá mintiera,
el estudio de una década de ejercicios contables (de 1985 a 1995)
del Banco de Mendoza indicaba que la caótica situación financiera
en la que habían colocado a la entidad la gestión del Comité
Económico Financiero –que integraban José Octavio Bordón,
Luis Abregó, Rodolfo Gabrielli, Juan Argentino Vega, Eduardo del
Amor, Arturo Lafalla y Rito Irañeta– y los sucesivos directorios
del banco estaba neutralizada. Las políticas crediticias destinadas
a financiar proyectos insensatos o los bolsillos de los amigos, en franca
violación a la normativa del BCRA sobre las relaciones técnicas,
habían desembocado en el cierre de las dos instituciones el mismo
día, 15 de marzo de 1995, cuando se constató que ninguna
de ellas estaba en condiciones de devolver los depósitos de los
ahorristas. Para evitar la liquidación, Gabrielli apeló
al Fondo Fiduciario Nacional, creado a raíz de la crisis del Tequila
con el aporte de mil millones de dólares de los principales bancos
para tender una red de seguridad que evitara la caída en cascada
del sistema. La gestión del gobernador obtuvo para los bancos de
Mendoza y de Previsión una suma astronómica; cuatrocientos
sesenta millones, casi cincuenta por ciento de esas reservas. La ley que
abría el proceso de privatización se aprobó en un
abrir y cerrar de ojos, aunque sin los dos tercios de los votos a que
obligaba la carta magna provincial. La consultora Merryll Lynch elaboró
los pliegos, cotizando su tarea en dos millones de dólares.
Salomon Brothers, Chemical Bank y Socimer International Bank quedaron
afuera, los dos primeros porque “fueron superados” por la consultora
y Socimer, porque ni siquiera “alcanzó el nivel de los anteriores”.
Lo cierto es que una media docena de interesados compró los pliegos:
el Banco Francés, el Banco Río, el Banco de Galicia, el
Banco Exprinter, el Banco Regional de Cuyo y el Banco República
asociado a Magna Inversora. El 12 de enero de 1996, cuando se abrieron
los sobres, la euforia del gobernador Arturo Lafalla y su ministro de
Economía, Ana Mosso, se hizo trizas contra una realidad decepcionante:
no había ofertas por el Banco de Mendoza ni por el de Previsión.
Moneta y sus socios ofrecían cuatro millones de dólares,
siempre y cuando el Banco Central les otorgara importantes concesiones
respecto de las relaciones técnicas y un préstamo de setenta
millones. La propuesta, midieron entonces los mendocinos, no alcanzaba
siquiera a cubrir el valor de los inmuebles que la institución
tenía en su patrimonio. El exiguo resultado de la gestión
de Merryll Lynch contrastabacon el volumen de sus honorarios, lo cual
levantó una oleada de críticas a las que el gobernador Arturo
Lafalla, el “Huarpe”, como lo llamaba Moneta aludiendo a los
indios de la región y sin que quedara nunca claro si se trataba
de un elogio, respondió con la amenaza de no pagar.
Las maniobras de aproximación a la provincia venían desde
mucho antes, cuando las cabriolas de los caballos criollos comenzaron
a hacerse un discreto lugar en las fiestas de la vendimia. Poco a poco,
“Argentina en Mendoza” iba a convertirse en un capítulo
en sí mismo, una liaison folklórico-religiosa en la que
vírgenes y obispos se tuteaban con los frutos de la región.
Pero la de 1996 fue especialmente sonada, y en el estadio mundialista
Malvinas Argentinas echaron la casa por la ventana para un suceso que
el diario Uno, propiedad de los amigos del banquero Daniel Vila y José
Luis Manzano (que empezaba a reaparecer en la escena pública después
de un oprobioso alejamiento), definió como “de neto corte
familiar”. Más de treinta mil mendocinos ocuparon las gradas
para ver a los sesenta jinetes de la Escuadra de Arte Ecuestre entrando
al campo lanza en ristre y al son de la Marcha de San Lorenzo. La emoción
alcanzó su clímax con el desfile de veinticinco vírgenes,
cuya aparición fue recibida con cogollos seleccionados entre los
más originales. La tradición marcaba también a los
elegidos para amenizar el acto: los Hermanos Abalos cantaron los temas
con los que se ganaban la vida desde hacía cincuenta y ocho años
sobre los escenarios mientras cuatrocientas parejas de bailarines producían
“impacto coreográfico”; Antonio Tormo; Julia Elena Dávalos;
Los Tucu-Tucu, Los Chalchaleros, los hermanos Carabajal y, cómo
no, Horacio Guarany, el cantautor que le había dedicado al alma
mater de “Argentina en Mendoza” el tema “Pa’ don Raúl”.
Sentadas en el banco destinado a los suplentes se mantenían en
vigilia las reinas de belleza departamentales. Entre tanto, a un costado
se servía el coctel para los invitados especiales, que ese año
eran más especiales que nunca: el nuncio apostólico Ubaldo
Calabresi, el secretario de Agricultura Felipe Solá, el procurador
del Tesoro de la Nación Rodolfo Chango Díaz, el presidente
del Banco República Benito Jaime Lucini, el gobernador Lafalla,
el ministro Mosso y los obispos provinciales Cándido Robiolo y
José María Arancibia. Esa noche, el banquero tuvo la sensación
de triunfo. Por eso levantó las manos cuando el locutor pidió
que se identificaran los porteños y volvió a levantarlas
cuando solicitó que lo hicieran los mendocinos. Muchos sospechaban
que esa noche Moneta avanzaba varios casilleros en su secreto anhelo de
llegar a la gobernación, pese a sus sonrisas cuando se mencionaba
el tema y a las afirmaciones de que sólo le importaban Dios, la
familia y el país. Cierto o no, para eso había que ser mendocino,
y lo estaba logrando: a fuerza de jinetes, ponchos criollos y cuadros
de Molina Campos empezaba a ser “un mendocino más”, y
Cuyo –esa voz indígena que alude al desierto–, a cambio,
le prestaba el linaje que codiciaba con verdadera obsesión.
Al día siguiente el diario Uno escribió bajo su foto “El
hombre del momento”. El largo epígrafe explicaba que “con
el grupo del Banco República trajo seriedad y prestigio bancario
a las privatizaciones, arrastrando consigo a otros oferentes también
prestigiosos. Con el arte ecuestre ha vitalizado en Mendoza el gusto por
las cosas argentinas, con calidad y diversidad en la oferta del espectáculo
y lo que lo rodea”. En las páginas interiores la crónica
de la jornada puso un punto y aparte para el capítulo social. Los
detalles del cóctel con empanadas, choclos, vino y uvas mostraron
distendido y sin corbata a los representantes del poder económico
local –como los Luján Williams, propietarios de una financiera
y una concesionaria de automóviles–, entre los que estaban
los integrantes de Magna Inversora. El banquero, que en alguna ocasión
los había vestido de gauchos para participar de la fiesta a la
que él mismo asistió con bombachas y chaqueta negra, no
se quitó la corbata.
Mendoza era una fiesta
La campaña estaba lanzada. La revista Primera Fila, dependiente
de Supercanal –es decir del mismo grupo empresario que el diario
Uno–, le preguntaba días más tarde en una larga entrevista
por qué se había decidido a intervenir en la privatización
de los bancos. El contestó: “Se dio una suma de factores.
Desde el punto de vista técnico, profesional, de análisis,
nosotros venimos siguiendo la evolución que han tenido otros países
cuando se han reestructurado sus sistemas financieros. Se han ordenado
los mapas bancarios con un nítido concepto regional. Muchos de
los grandes bancos norteamericanos de antes han tenido que fusionarse
para subsistir y han surgido con fuerza bancos que tienen un origen regional.
Desde este punto de vista, la Argentina está en una bisagra histórica
y yo creo en el cambio. Además, no depende de los dirigentes empresarios,
ni políticos ni sindicales: depende del hombre. Otro enfoque técnico
es que en la Argentina van a formarse al menos tres sólidas y grandes
regionales en un primer nivel: Rosario-Santa Fe, la región pampeana
y la región cuyana. Esto tiene que ver con que Cuyo va a ser la
puerta de entrada y salida del Mercosur hacia el Pacífico, con
los países asiáticos y con la costa oeste norteamericana”.
El banquero no tenía duda alguna de que, al fin, la licitación
iba a favorecerlo. Estaba convencido, y lo afirmó sin vueltas:
“No va a ir muy bien. Vamos a ganar el concurso y a poco de iniciar
actividades vamos a retomar el liderazgo mendocino. Nos vamos a proyectar
en los próximos tres a cinco años como uno de los bancos
más importantes del país”. Su certeza quizá
estuviera fundada en la conversación que había mantenido
con Lafalla en torno de la licitación de créditos de la
provincia y en la que había quedado plasmado su interés
por la obtención de los bancos.
Mientras Moneta se aprestaba al desembarco, los hermanos Rohm comenzaban
a explorar la posibilidad de liderar el eje Rosario-Santa Fe del que había
hablado Moneta a Primera Fila, con la obtención de la privatización
del Banco de Santa Fe; algo que iban a lograr, pese a la difícil
situación procesal en la que estaban metidos a causa de la investigación
por el pago de coimas en el Proyecto Centenario, llevado a cabo entre
IBM y el Banco Nación. Los ditirambos de los medios del Grupo Vila
–socio de Magna Inversora– tendían una cortina de humo
ante la opinión pública de la provincia respecto de la solvencia
del consorcio oferente, pero tanto el Banco Central como la provincia
habían podido constatar con los balances a la vista que el Banco
República había sido herido de gravedad por el desmanejo
y la crisis del Tequila, y Magna Inversora declaraba en el acta de constitución
un capital de doce mil dólares, cifra repetida como una letanía
en las sociedades armadas para los negocios del menemismo. Magna era un
producto de temporada, improvisada poco antes de la licitación,
hasta tal punto que su primer directorio ni siquiera quedó inscripto
en el registro de comercio.
Advertido de que los cuatro millones de dólares ofrecido por el
Banco de Previsión habían agraviado más allá
de lo debido el orgullo provincial, Moneta recompuso el traspié
anunciando que aportaría ciento cincuenta millones en concepto
de capitalización de la entidad. “Me voy a Buenos Aires –dijo–
a trabajar ya mismo en los detalles finales de la estructuración
de esta operación, concretamente, los detalles finales del fondo
de ciento cincuenta millones de dólares que vamos a traer por distintas
vías al Banco de Previsión Social, según aporte de
capital de los socios, los importes que tienen que ver con el precio de
compra, una regular parte de los fondos fiduciarios y, el resto, de líneas
de corresponsalías que va a otorgarle el Banco República
al de Previsión Social, lo mismo que otros bancos corresponsales
del República y amigos y colegas de toda la vida que también
van a estar presentes con todo entusiasmo en este proyecto que aspira
a constituir la red regional más importante de Cuyo y tal vez,
en el futuro, de la Nación.”
El gobierno de Mendoza respondió abriendo una prórroga y
llamando a mejora de precios. Por el Banco de Previsión volvió
a presentarse Moneta yse agregaron el Banco de Galicia y el Exprinter,
en sociedad con el regional de Cuyo. La de Moneta se mantuvo en los cuatro
millones y fue la más baja, superada por la del Galicia con seis
millones y la del Exprinter con diez. Por el Banco de Mendoza, mientras
Exprinter ofrecía doce millones, y veinte el consorcio República-Magna,
el Galicia levantó la postura a veinticuatro millones. Moneta había
cotizado más bajo en las dos rondas. Lafalla decidió que
todos los postulantes habían transgredido las cláusulas
de los pliegos y Moneta contraatacó con un recurso de revocatoria
contra el mecanismo de mejora de ofertas en el que él mismo acababa
de participar. Lafalla consideró inadmisible el recurso y movió
otra pieza: elaboró un pliego con el asesoramiento de los bancos
interesados. Era la historia sin fin. El consorcio República-Magna
advirtió que no participaría de ese nuevo esquema y recurriría
a la vía judicial. El rumbo de los recursos administrativos y de
los tribunales lo marcaba el mendocino afincado en Buenos Aires Roberto
Dromi, ex titular de Obras y Servicios Públicos, timonel del proceso
de privatizaciones, que disponía para ello de una oficina propia
en el Banco República. Conocedor de las paredes más débiles
de la legislación, Dromi redactó el amparo que el abogado
mendocino Alberto Vila presentó ante el juzgado correccional nº
1 de Mendoza, y al que su titular, el laborioso juez Orlando Juan Vargas,
hizo lugar el sábado 4 de mayo. Diez días después,
Vargas firmó la resolución presentada por el consorcio Magna
República” y dispuso que la provincia continuara con la siguiente
fase de la licitación pronunciándose sobre quién
resultaría ganador de la subasta. Lafalla no apeló.
En su informe de gestión sobre la venta de los bancos, el gobernador
explicó que tanto la asesoría como la Fiscalía de
Estado consideraron conveniente acatar el fallo sin más, dadas
“las imprevisibles consecuencias” que una larga tramitación
ante distintas instancias judiciales podía acarrearle a la provincia
al paralizar la privatización de las dos entidades.
Las murmuraciones comentaron que, tras su decisión, Vargas había
mejorado súbita y sensiblemente su nivel de vida, que había
cambiado el Renault 12 por una Pathfinder y realizado dos viajes a Europa
sin que nada alterara su remuneración tradicional de tres mil pesos.
Las dos cosas llevaron a Vargas a jury de enjuiciamiento, del que salió
indemne al beneficiarse de la política de favores cruzados que,
según se dijo, cambió su cabeza por la de otro juez de origen
radical, enfrentado a una encrucijada similar.
Lafalla explica en la actualidad: “Si yo no vendía los bancos,
no llegaba al final de mi gobierno. Los grandes empresarios de la provincia
estaban interesados, pero ellos solos no podía presentarse a la
licitación porque hacía falta experiencia financiera. Y
lo hicieron junto con Moneta, que, en verdad, tenía interés
en la garantía de cartera. Yo salí a buscar otros compradores.
Hablé con Eduardo Escasany dos veces. Una, a solas y me dijo que
no; otra, con él y el resto del directorio. En esa segunda oportunidad
me contestaron que se harían cargo de los bancos siempre y cuando
la garantía de cartera fuera total y sin límite. Lo que
me contraofertó el Galicia era un negocio de zonzos. Si ganaban
porque los créditos se pagaban, ganaban ellos, y si se perdía,
perdíamos nosotros. Hubiera sido una privatización subsidiada.
Ahí sí iba preso yo. El Banco Exprinter ofertó por
uno solo de los bancos. La posibilidad de adjudicarle a Moneta la privatización
de Cavallo fue: ‘¿Por qué no? Es un banco chico y pasó
bien el Tequila. Además, no tenés otro oferente, no le veo
problemas. Pero vendé o no llegás al final’. La solución
del consorcio República-Magna no era mala. Estaba lo más
importante del empresariado mendocino, Pescarmona, el diario Uno, el diario
Los Andes, Pérez Cuesta... ¿Quién faltaba para que
fuera aceptable? ¿El obispo?”.
Las afirmaciones hechas por el ministro de Economía para tranquilizar
a Lafalla no hubieran resistido la prueba del detector de mentiras. Sólo
la red tendida por el Citibank con un préstamo de sesenta millones
de dólaresotorgado contra la garantía de acciones del CEI
y por el BCRA, con asistencias por otros cincuenta millones, había
salvado al República durante el Tequila. Entre las cláusulas
puestas para la venta era sustancial la que condicionaba la adjudicación
a que el interesado tuviera un patrimonio neto de cincuenta millones.
Y el Banco República tenía antecedentes inmediatos de dos
ejercicios de quebrantos que hacía gemir a Benito Jaime Lucini:
“Vamos a ir todos presos. No voy a poder devolverles la plata a mis
amigos”. Por eso en 1995 incluyó el Edificio República
entre los activos del banco y para equilibrar el de 1996 trazó
“un dibujo contable” no menos imaginativo. Fueron “ingresos
extraordinarios” en concepto de honorarios por tareas de consultoría:
el estudio de las comunicaciones en América (dos millones), el
asesoramiento en la colocación de acciones del Programa de Propiedad
Participada (tres millones) y la evaluación del rebalanceo de las
tarifas telefónicas (un millón). La cuenta se redondeó
con dieciséis millones producidos por la venta del Edificio República,
una curiosa maniobra por la que concedió a una de sus sociedades
vinculadas, República Compañía de Inversiones, un
préstamo hipotecario de noventa y ocho millones para adquirir el
edificio, construido a un costo de cuarenta y cuatro. En su trayectoria
por las diferentes sociedades de Moneta, el inmueble había duplicado
su valor. Lo cierto es que, aunque el consorcio República-Magna
obtuvo los bancos y el juez Vargas eludió el proceso de destitución,
el escándalo suscitado por el polémico recurso forzaría
a la provincia a modificar el estatuto del amparo.
El 26 de noviembre de 1996, y después de un nuevo balance para
verificar si las entidades no habían visto achicado su patrimonio
neto en el período que iba desde el cierre de los bancos en julio
del ‘95 hasta la entrega a los nuevos propietarios privados, el consorcio
República-Magna tomó posesión de los bancos provinciales.
Moneta había conseguido con el “balance especial” el
reconocimiento de una diferencia patrimonial de veinte millones de dólares.
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