|
Por
Laura Vales
 La
Comisión de Defensa del Senado tiene prácticamente listo
su dictamen sobre el proyecto de ley de Inteligencia, en el que ratificará
la prohibición a las Fuerzas Armadas de hacer tareas internas.
La intención es que el texto, consensuado por los partidos políticos,
el Ejecutivo y la SIDE, se sancione antes de fin de año. Cuando
eso suceda, el trabajo de los espías quedará sujeto, por
primera vez, a una ley pública que pondrá límites
a las escuchas telefónicas y fijará como ilegal el seguimiento
de personas por razones de opinión, raza o religión.
Los legisladores llevan ocho meses acordando el texto con el Gobierno
y los organismos de inteligencia. El proyecto de ley fusionó siete
iniciativas anteriores, entre ellas una del ministro de Defensa Horacio
Jaunarena cuando era diputado y otra de la SIDE. El resultado fueron 52
artículos en los que se establece que:
u Las comunicaciones (no sólo telefónicas sino también
el correo electrónico) tienen carácter inviolable. Esto
implica que los teléfonos sólo se podrán pinchar
con la orden de un juez y por un plazo limitado.
u Los agentes no podrán reunir información sobre ningún
habitante por el sólo hecho de su pertenencia a una organización
partidaria, social, sindical o comunitaria.
u También les estará vedado cumplir funciones policiales
o represivas, salvo que la Justicia lo requiera puntualmente.
u Las garantías anteriores abarcarán a todos lo que habiten
el país y no sólo a los ciudadanos argentinos, en sintonía
con el preámbulo de la Constitución.
A pesar de las presiones militares (que buscan recuperar la facultad de
hacer inteligencia interna apoyándose en que tras los atentados
terroristas en Estados Unidos hay nuevas necesidades), la Comisión
de Defensa del Senado mantuvo los límites impuestos a las Fuerzas
Armadas tras la recuperación de la democracia.
En los últimos 15 años, con el fin de que eliminar todo
vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, se sancionaron normas para
reglamentar las funciones de los espías. La de ley de Seguridad
Interior y la de Defensa Nacional prohibieron así a las Fuerzas
Armadas hacer inteligencia interna; esa es la línea que mantiene
en el actual proyecto.
El ministro de Defensa ha puesto en claro que el proyecto de ley, aunque
incluya algunas de sus propuestas, no lo satisface. Jaunarena ya planteó
sus objeciones a Fernando de la Rúa, en la esperanza de que el
Ejecutivo envíe una propuesta modificatoria, pero hasta ahora nada
indica que eso vaya a suceder.
Uno de los puntos que causan irritación en el Ministerio de Defensa
es el poder que tendrá la SIDE en el nuevo esquema de inteligencia,
que juzgan desmesurado. El organismo quedará por encima de los
todas demás agencias, reportando directamente al presidente de
la Nación. Jaunarena preferiría en cambio que en la cúpula
del sistema hubiera una suerte de Consejo en el que, además de
la SIDE, participaran en igualdad de condiciones su ministerio, el de
Interior y el de Relaciones Exteriores.
En el Congreso interpretan el peligro de esta propuesta es que abriría
una brecha para que los militares tuvieran ingerencia en los asuntos internos.
“Uno de los puntos centrales es que mantenemos la división
de funciones”, argumentaba ayer uno de los especialistas del Senado.
“Los militares sólo pueden hacer inteligencia exterior y las
fuerzas de seguridad se encargan de la inteligencia criminal. Si los militares
no pueden hacer inteligencia interna, no hay motivo para que integren
el órgano que conducirá esas tareas”, dijo a este diario.
La medida sanción deberá esperar hasta después del
14, ya que difícilmente haya sesión en Senadores antes de
las elecciones. Para ganar tiempo ayer se intentaba acordar un plenario
con las otras comisiones que deberán entender en el tema (Seguridad
Interior, Asuntos Penales yDerechos y Garantías). Si no hay contramarchas
de último momento, se llegaría así a un dictamen
conjunto antes del fin de semana.
|
