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 Apenas Domingo Cavallo anunció
el lunes pasado que aplicaría un nuevo ajuste del gasto público
por 900 millones de pesos, distintos voceros del Ministerio de Economía
salieron a decir que el recorte se focalizaría en las partidas
de bienes y servicios: desde pasajes y viáticos, hasta las compras
de papel y café en los ministerios, o los contratos de asesores.
Más aún, ayer desde Economía lanzaron la versión
que dicha poda podría llegar al 25 por ciento de tales partidas.
Sin embargo, esos gastos ya fueron suprimidos notoriamente en los últimos
meses y aun si fueran recortados adicionalmente en esa proporción,
el “ahorro” estaría lejos de la cifra prometida. Por
eso, en la Secretaría de Hacienda trabajan en tres frentes: seguir
retaceando fondos a las provincias, incumpliendo la garantía de
transferencia de una suma fija de 1365 millones mensuales;
subejecutar partidas de gasto social, educación y obra pública,
en hasta un 20 por ciento, como ocurrió durante la primera mitad
del año; y pagar el medio aguinaldo de diciembre en cuotas a partir
de enero.
Pero aun con todos esos tijeretazos, si la recaudación sigue derrumbándose
como ocurrió en setiembre, los números muestran que el déficit
cero en el último trimestre del año sería imposible
de alcanzar, dado el alto nivel de intereses de la deuda a pagar en noviembre
y diciembre. A menos, claro, que Cavallo decidiera elevar el porcentaje
de recorte de salarios y jubilaciones muy por encima del 13 por ciento;
o que en los últimos dos meses del año se optara, al estilo
de Entre Ríos, por paralizar la actividad de todas las reparticiones
de la administración pública nacional.
“Los ministros vamos a tener que viajar en tren en lugar de usar
el avión”, bromeó ayer un ministro a la salida de la
reunión del Gabinete nacional. En la misma línea, voceros
de Gobierno dejaron trascender que “se van a profundizar los recortes
en la planta de automotores que utilizan los funcionarios, en celulares
y las restricciones en los viajes al exterior”.
“Los ahorros vendrán a partir del recorte de gastos de consumo,
en forma horizontal, en todo lo que es la administración central”,
ratificó el secretario de Ingresos Públicos, José
María Farré. Y negó que se esté evaluando
elevar impuestos para alcanzar el déficit cero.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, quien fue el encargado de anunciar
que el ajuste del gasto público, adicional a los 900 millones pautados
con el FMI, sería de otros 900 millones en el último trimestre,
se mantuvo en silencio. Y sus colaboradores reconocen que con suspender
“el café o los pasajes de avión no hacemos nada”.
De hecho, durante el primer semestre del año, los gastos en bienes
y servicios fueron congelados desde Hacienda en una proporción
de entre el 15 y el 20 por ciento. Tanto es así que, por ejemplo,
que en muchos Ministerio ya no queda papel con que imprimir las resoluciones
y en varias dependencias de las fuerzas de seguridad escasea el combustible
para los móviles. Adicionalmente, a partir de julio, se decidió
reducir en un 30 por ciento los gastos en personal contratado, típico
gasto en servicios profesionales y de asistencia técnica en diversas
áreas de la administración.
Una poda adicional del 25 por ciento sobre el rubro de bienes y servicios
en el último trimestre no reportaría al Estado, en ningún
caso, un ahorro superior a los 300 millones de pesos, mientras que pondría
al borde de la parálisis a las principales reparticiones públicas.
Por eso, en Hacienda están convencidos de que, en adelante, habrá
que seguir “subejecutando”, o congelando, los fondos de programas
de gastos enteros de diversos Ministerios. Por ejemplo, en la primera
mitad del año, Hacienda congeló un 11 por ciento de los
recursos destinados a Ciencia y Técnica (unos 70 millones); el
20 por ciento de los fondos de planes de empleo (100 millones); casi un
10 por ciento de los recursos destinados a “vivienda y urbanismo”
(otros 100 millones); y un 27 por ciento del dinero para la realización
de obras de “Agua Potable y Alcantarillado” (33 millones). El
segundo camino del ajuste será retacear fondos a las provincias,
incumpliendo la garantía de la suma fija que deberían recibir
las provincias, con lo que Economía ya había prometido al
fondo “ahorrarse” unos 900 millones hasta fin de año
(ver aparte).
La tercera vía del ajuste pasaría por postergar el pago
del aguinaldo de diciembre a empleados públicos y jubilados. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de ese aguinaldo ya se
venía pagando en enero, sobre las cuentas de diciembre el ahorro
no llegaría a los 500 millones.
Sea como fuere, si la recaudación sigue derrumbándose como
en septiembre, no habría ajuste que alcance para lograr déficit
cero en el último trimestre del año. Los números
que manejan en Economía son los siguientes: el gobierno se comprometió
a que en el cuarto trimestre del año el gasto primario (antes del
pago de intereses) sea 1800 millones inferior al de igual período
del año pasado. Pero, de continuar la tendencia recesiva, la recaudación
sería 1500 millones menor a la pautada con el FMI. Así,
para cerrar con déficit cero, el ajuste en el cuarto trimestre,
en relación al año pasado, debería ser de 3300 millones.
Está claro que suprimiendo los viáticos y el café
no alcanzaría.
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Déficit cero,
insostenible
El tributarista Guillermo Fernández, del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, afirmó ayer que “el déficit
cero es imposible de sostener en el cuarto trimestre” y consideró
que el pago de impuestos con bonos, ampliado por el ministro de
Economía, Domingo Cavallo, “está diagramado para
los sectores de mayores recursos y tenedores de títulos”.
Fernández aseguró que la merma en la recaudación
del 14 por ciento en setiembre se debió a “la grave
recesión, que se manifestó en la caída del
IVA en más del 30 por ciento”, y señaló
que se trata de “un círculo vicioso, que va a ser peor
si no hay políticas de shock”. Según opinó,
“el déficit cero es imposible de sostener en el cuarto
trimestre, porque no existe esquema impositivo que haga repuntar
la recaudación en un contexto recesivo como el actual y además
no se puede cambiar la política tributaria en medio de la
crisis”. Un ejemplo con el que ilustró la situación
fue el de las pymes, que “entre pagar impuestos y pagar a sus
proveedores con los pocos ingresos que tienen, no pagan impuestos
y sobreviven”. Sin embargo, dijo que la preferencia por el
financiamiento a costa del fisco “es relativa, porque se paga
3 por ciento por una mora de uno o dos meses, pero 36 por ciento
por una de un año, y eso es impagable”. “Por eso
la solución no está en levantar la tasa, sino en encontrar
a los morosos y hacerles pagar rápidamente”, concluyó.
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Interior en pie de
guerra
El vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, dijo ayer que la intención
del gobierno nacional era tener listo para el 30 de noviembre próximo
un nuevo proyecto de ley de coparticipación de impuestos
con las provincias, tal como figura en la carta de intención
firmada con el FMI. Sin embargo, ese objetivo es difícil
de alcanzar, cuando gobernadores justicialistas y radicales se están
plantando en pie de guerra frente a Domingo Cavallo por recortarles
los fondos de la coparticipación para cumplir con el déficit
cero a nivel nacional. En setiembre, por ejemplo, la Nación
giró a las provincias sólo 1108 millones de pesos,
cuando según el último pacto federal fiscal debió
haber completado la transferencia de una suma fija de 1364 millones.
Más aún, en Economía reconocen que hasta fin
de año la Nación transferirá a las provincias
mucho menos que lo que les corresponde por aquel compromiso. “Lo
que no se manda es porque no está”, afirmó ayer
el secretario de Legal y Administrativo de Economía, Alfredo
Castañón. Por su parte, tanto el gobernador bonaerense
Carlos Ruckauf, como el chaqueño, el radical Angel Rozas,
salieron con los tapones de punta frente a esta decisión.
“Va a alterar la gobernabilidad y la paz social”, dijo
Rozas. Hoy, en el Consejo Federal de Inversiones se reunen los mandatarios
justicialistas, que anoche hacían gestiones para sumar a
la batalla a los radicales.
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IBARRA
PRESENTO EL PRESUPUESTO 2002 DE LA CIUDAD
Hacer lo mismo pero diferente
El gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires presentó ayer su proyecto de presupuesto para 2002,
con una ligera reducción del gasto de 28 millones de pesos respecto
al presupuesto de este año. De todos modos, se prevé un
superávit fiscal del 2,5 por ciento, tal como viene ocurriendo
desde 1998. Se asignaron partidas por 3312 millones de pesos (los gastos
previstos por la Nación para el próximo año ascienden
a 45.423 millones), dentro del marco de “la política de austeridad
que impone la prolongada recesión que afecta al país”,
según definió el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
En la conferencia de prensa en que se dio a conocer la propuesta oficial,
Ibarra hizo mención al impacto de la crisis nacional sobre las
finanzas del distrito. “Durante 2001, la Ciudad comenzó a
sentir los efectos de los 40 meses de recesión que afectan al país”,
sostiene, además, el proyecto que se giró a la Legislatura.
“La crisis general se expresó en una baja de la recaudación
y en alguna demora en la percepción de los recursos que corresponden
por la Ley de Coparticipación”, añade, marcando las
diferencias entre la Alianza de la Ciudad con la que gobierna a nivel
nacional. La deuda que la Nación mantiene con la Ciudad ascenderá
a final de este año a 40 millones de pesos.
Por otra parte, Ibarra destacó que por segundo año consecutivo
el presupuesto en Educación es el más alto de la historia.
Ascenderá a 953,3 millones, el 28,8 del total, cuando el año
pasado equivalió al 28,5 por ciento. La asignación de recursos
contempla 877,7 millones para Salud (26%), 138,5 millones para Promoción
y Acción Social (4,2%), 133,6 millones para Cultura (4,0%), 28,6
millones para Vivienda (0,9%), 12,7 millones para Trabajo (0,4%) y 8,4
millones para Alcantarillado (0,3%).
La principal inversión en Obras Públicas será la
extensión de la red de subterráneos. Se asignarán
75 millones de pesos para terminar los dos primeros tramos de la línea
H, prolongar la línea B, construir la playa de estacionamiento
y la estación Manuela Pedraza de la línea D e iniciar la
ampliación de la línea A. También se llamará
a licitación para construir las nuevas línea F, G e I.
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