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Por Mónica
Gutiérrez
 La decisión de la fiscal
que en Córdoba tramita las causas por la Verdad Histórica
de solicitar la inconstitucionalidad del indulto podría conducir
al juzgamiento de Luciano Benjamín Menéndez, máximo
responsable de las violaciones a los derechos humanos en el Tercer Cuerpo
de Ejército. Graciela López de Filoñuk le pidió
a la jueza Cristina Garzón de Lascano que declarara nulas las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, por razones similares a las que dieron
lugar al fallo de Gabriel Cavallo, aunque en los casos de Córdoba
apeló a la “inexistencia de la cosa juzgada”. Además
es la primera vez en el país que un magistrado deberá decidir
sobre la validez del indulto, que permitió la impunidad de los
jerarcas de la dictadura de los 70 y que fue cuestionada por la fiscal
al sostener que no sólo es inconstitucional el decreto en sí,
sino que además dejó afuera cerca de 500 casos por los que
nunca fueron juzgados. En el marco del juicio quedó detenido el
ex integrante del Departamento de Informaciones de la Policía provincial
(D-2), Calixto Luis Flores, por negarse a declarar. Está acusado
de falsedad testimonial y encubrimiento.
La resolución de la fiscalía tiene su origen en las presentaciones
que Horacio Verbitsky desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
y María Elba Martínez desde el Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) hicieron en octubre de 2000 y en agosto pasado. En la primera,
ambos organismos pidieron la nulidad de las leyes de impunidad y presentaron
más de 20 casos nuevos, no incluidos en ellas. Más tarde,
Martínez pidió que se declare inconstitucional el indulto,
cuyo único beneficiado en el ámbito del Tercer Cuerpo había
sido Menéndez. Dictado por el ex presidente Carlos Menem en 1989,
no fue cuestionado en los fallos de inconstitucionalidad de Gabriel Cavallo
ni de Claudio Bonadío y es la primera vez que se pone en jaque
jurídicamente en el país.
Para la representante del Serpaj, el de López de Filoñuk
es un dictamen “muy estudiado, donde se tomaron el trabajo de averiguar
con detalles los informes del Poder Ejecutivo” para llegar a los
argumentos que fundan el pedido. La resolución de la fiscalía
tiene más de 70 fojas y otras cientos en dos anexos:
- En cuanto al Punto Final, sostiene que en Córdoba nunca se utilizó
para fundar resoluciones judiciales y como nunca se aplicó en fallos,
no hay cosa juzgada. Martínez señaló que “este
dictamen no dice que la cosa juzgada deje de existir a partir de la inconstitucionalidad;
simplemente dice que nunca existió cosa juzgada, esa es la novedad,
cuando hasta ahora siempre se dio por supuesta”.
- Con respecto a la ley de Obediencia Debida, la fiscal sostiene que su
aplicación en el ámbito del Tercer Cuerpo tomó la
forma de un desprocesamiento que no constituye sentencia, razón
por la que tampoco generó cosa juzgada. Nunca se dictó una
resolución definitiva que, por ejemplo, sobreseyera a los represores,
por ende las causas quedaron inconclusas.
Usando el indulto como arma, en cambio, la Cámara sí sobreseyó
a Menéndez, aunque para la fiscal el decreto es inconstitucional,
porque “el Estado argentino tiene el deber de perseguir penalmente
los delitos de lesa humanidad”. También utiliza los argumentos
de imprescriptibilidad de los delitos y de las limitaciones en las facultades
del Congreso y del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, aduce que el indulto dictado por el presidente y la consiguiente
resolución de la Cámara Federal no incluyen 53 casos de
la requisitoria fiscal en tiempos del procesamiento del genocida, ni otros
412 que no están contemplados en el decreto y que van desde desapariciones
hasta robo de bebés, torturas y asesinatos. “Como el indulto
es una medida individual, por casos expresamente delimitados, para Menéndez
tenemos lainconstitucionalidad o 500 casos que lo están esperando”,
afirmó a Página/12 la abogada Martínez.
“Para mí esto es muy importante; había muchas alternativas
para llegar a la sanción, si antes yo decía que había
posibilidades ahora con más razón, creo que es imposible
no imputar a Menéndez después de esto”, afirmó.
Martínez nunca entendió la causa de la verdad como tal:
“siempre tuve fines sancionatorios”.
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