La DAIA salió ayer a pedir la remoción de la frepasista Nilda Garré como secretaria ejecutiva de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado contra la AMIA. El presidente de la entidad, José Hercman, denunció que la funcionaria divulgó información sobre un testigo reservado de la causa para “beneficiarse políticamente” en la campaña electoral. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, llamó a una conferencia de prensa en la que calificó como “muy penosas” las declaraciones de Garré sobre el asunto y dijo que a su entender la funcionaria “se extralimitó en el afán” de brindar información sobre el ataque. Garré, que había sido señalada en la denuncia de los fiscales del caso por presunta violación de secretos de Estado, aseguró que “mal pude quitarle el carácter secreto a un dato que ya había sido hecho público con anterioridad”. Al cierre de esta edición, un vocero del Gobierno indicó a Página/12 que Garré no sería removida porque se había “defendido bien”.
Durante la conferencia de prensa, el ministro De la Rúa había enfatizado que su hermano, el Presidente, ya había sido informado sobre la situación y que la decisión sobre la remoción de Garré del cargo “está en sus manos”.
Los fiscales federales del caso AMIA, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, denunciaron que hubo “violación de secreto” a partir de la difusión de la declaración del testigo de identidad reservada denominado C, un arrepentido iraní que vive refugiado en Alemania desde 1996 y allí declaró por primera vez ante el juez federal Juan José Galeano. El año pasado, volvió a hablar con el magistrado en México. En esta última oportunidad relacionó el atentado a la AMIA con la política exterior del gobierno del ex presidente Carlos Menem, acusó a uno de sus funcionarios de haber negociado personalmente en Irán un “pacto de no agresión” y dio detalles de los ideólogos y financistas del ataque.
En su denuncia, los fiscales mencionaron la nota publicada el domingo 30 de setiembre en Página/12 con partes textuales de la declaración del testigo C. Y también señalaron que Garré “se habría pronunciado públicamente con relación al testigo que nos ocupa en un programa televisivo, en donde se habrían exhibido copias de las declaraciones del mismo”. La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal 12.
Garré se mostró “absolutamente sorprendida” por la acusación de los fiscales y señaló que la información sobre el iraní había sido dada a conocer “hace un año” en diversas notas periodísticas. En declaraciones a Radio América consideró que sería “una arbitrariedad total” que sea ella sola la mencionada. “En ningún momento revelé o puse en peligro de ser revelado un dato o información amparado por el secreto de Estado, en ninguna oportunidad di a conocer ni el testimonio ni el nombre del testigo de identidad reservada C”, aseguró más tarde en un comunicado. Y agregó que “he impulsado permanentemente, solicitando expresamente al tribunal la preservación y ampliación de la declaración del testigo”.
La DAIA pidió la separación de la funcionaria, ex viceministra del Interior y actual candidata a diputada por Alianza, porque considera que la información divulgada podría haber perjudicado el avance de la investigación. Hercman aclaró que “no discuto si son ciertas o no” las denuncias de Garré, que apuntan a la responsabilidad del anterior gobierno de Carlos Menem, sino “el ámbito donde tenía que hacerlo que no era a través de los medios”. El presidente de la DAIA indicó que “se estaba esperando una reunión en París a principios de octubre, con el testigo de identidad reservada” que había aportado Alemania para la investigación, y que se prestaba a identificar a “ex funcionarios argentinos”, que en su declaración testimonial, podrían estar involucrados en el atentado. Sin embargo, según Hercman, la divulgación de la información e identidad de ese testigo hizo que Alemania deje sin efecto su colaboración “justo cuando el testigo tenía que identificar” a los presuntos ex funcionarios argentinos. El testigo habría dicho que miembros del gobierno de Menem,incluso hasta el mismo ex presidente, podrían haber cobrado “10 millones de dólares para proteger a Irán en la investigación”.

LA ASOCIACION EX DETENIDOS DETALLA LA VIDA EN EL OLIMPO
Rutina del horror organizado

“Por la mañana conducían a los secuestrados en fila india, tocando el hombro del compañero que iba adelante hacia el lavadero, donde se podían lavar la cara y los dientes y, en alguna oportunidad, afeitarse. Casi todos los días el jefe de guardia abría las celdas, los obligaba a identificarse con el código que se les había asignado y a informar el motivo de su detención. Debían permanecer en su celda sin levantarse el ‘tabique’, de lo contrario eran castigados.” Así se describe la vida cotidiana en el centro clandestino de detención El Olimpo en un trabajo que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentó ante el juez federal Gabriel Cavallo.
Luego de que Cavallo se pronunciara por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cinco sobrevivientes de la dictadura, patrocinados por Luis Zamora, solicitaron que el magistrado extendiera la investigación de la familia Poblete a sus propios casos. Cavallo aceptó la presentación y, cuando hace un par de semanas fue a declarar la ex detenida Delia Barrera, entregó a la Justicia el trabajo sobre los campos Garage Azopardo, Club Atlético, El Banco y El Olimpo compilado por el organismo de derechos humanos con datos recogidos por sus miembros, extraídos de la Conadep, los juicios en el exterior y las investigaciones abiertas por el derecho a la verdad.
La causa de Cavallo se inició por el secuestro de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y su hija Claudia Victoria, que fueron llevados al Olimpo. Pero la Asociación de Ex Detenidos solicitó la investigación de los cuatro centros porque funcionaron consecutivamente –se desmantelaba uno y comenzaba a operar el siguiente– con los mismos represores y, en muchos casos, los prisioneros fueron trasladados de uno a otro. Por ejemplo, según surge de los testimonios, el Club Atlético –por el que habrían pasado entre mil quinientas y mil ochocientas personas– funcionaba en primer lugar como centro de extracción de información mediante la aplicación de torturas y luego como centro de exterminio. Las celdas estaban equipadas con camastros de cemento provistos de un colchón fino de gomaespuma y una manta. Entre dos grupos de celdas se encontraban las salas de torturas denominadas “quirófanos”, que constaban de una mesa de metal denominada “parrilla”.
“Este es un trabajo que no tiene final y está sujeto a correcciones. Les pedimos a los ex detenidos que nos acerquen su testimonio. Sabemos del peso que implica la reaparición con vida, pero los alentamos a romper con el mandato de silencio con el que salieron del campo”, aseguró Rufino Almeida, otro de los querellantes, al presentar ayer la investigación en la que se incluye los nombres o apodos de las personas vistas en los centros que se pudieron recolectar, así como los de los represores.

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