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Por Felipe Yapur
 En el Senado –afirman
los senadores– hay consenso para aprobar tal como está escrito,
el proyecto de ley de Inteligencia. Ayer lo ratificaron los presidentes
de las cinco comisiones que lo analizaron. Pero hasta tanto ello ocurra,
los legisladores continúan siendo blanco de las presiones de algunos
funcionarios del Gobierno que pretenden, según sea el caso, dilatar
o apurar su sanción. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena,
impulsa la demora. En cambio, el titular de la SIDE, Carlos Becerra, pugna
por un tratamiento inmediato.
Los intereses de uno y otro funcionario son contrapuestos. El ministro
no consigue el apoyo necesario para incorporar al proyecto una modificación
que le dé mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas. Las motivaciones
de Becerra van por otro carril. El proyecto le otorga a su repartición
un papel protagónico en el nuevo organigrama de la inteligencia
vernácula. Tendrá a su cargo la coordinación de todos
los organismos que hacen inteligencia en el país. De ahí
su apuro.
A partir de estas motivaciones es que ambos funcionarios se comunicaron,
a través de sus colaboradores, con los asesores de los senadores
que integran las comisiones que estudiaron y redactaron el proyecto en
cuestión. Cada uno intentó llevar agua para su molino.
Ayer, por caso, uno de los senadores justicialistas que participó
del plenario de las cinco comisiones que firmarán el dictamen del
proyecto en cuestión se quejó ante sus colegas de la insistencia
del ministro para que se retrase el tratamiento de la norma.
La propuesta de Jaunarena, que cobró fuerza a partir de los atentados
en los Estados Unidos, y que busca devolverle a los militares hacer tareas
de inteligencia interior, no encontró eco entre los legisladores
del PJ y tampoco entre los radicales.
Con su posición, el ministro consiguió unificar a los bloques.
Los justicialistas sostienen que si Jaunarena tiene problemas con el proyecto
“debería hablar con el presidente (Fernando) De la Rúa
porque fue él quien lo firmó”. De todas formas, los
justicialistas se entusiasman con la idea de que pronto la ley tendrá
media sanción. Destacan, por ejemplo, que la presencia del presidente
del bloque radical, Jorge Agúndez, durante la reunión de
ayer es una buena señal: “Anunció que los radicales
apoyarán el proyecto tal como está escrito”, destacó
uno de los senadores del PJ.
Entre los radicales, en cambio, hay desconfianza sobre las intenciones
de Jaunarena. Creen que está especulando con los tiempos del Congreso
y los acontecimientos internacionales. Los ataques en Norteamérica
le permitieron impulsar su idea. Pero al no tener consenso entre los legisladores,
“debe estar especulando con la agudización del conflicto internacional.
Debe estar pensando que un atentado, por más chico que sea, le
otorgará el consenso social que necesita para incorporar sus modificaciones
a la ley”, se quejaron en el bloque oficialista.
De ser cierta la teoría de los senadores oficialistas, el ministro
tiene el tiempo a su favor. En el Senado recién comenzará
hoy la firma de los integrantes de las comisiones que tienen a su cargo
el estudio del proyecto. Por más consenso que exista, este trámite
durará hasta la semana que viene y el proyecto llegará al
recinto, con suerte, a fines de octubre. Todo indica que su aprobación
será rápida, aunque es posible que se le haga alguna modificación
menor.
De todas formas, todavía resta un paso más antes de que
se convierta en ley. Y es su aprobación en Diputados. Esto insumirá
algunas semanas más y tal vez hasta un mes. Algunos senadores señalan
que de ser así es posible que la ley se encuentre con la renovación
parcial de la Cámara baja el 10 de diciembre.
Los radicales del Senado especulan que este lapso de tiempo es el que
favorece las intenciones del ministro, y que utilizará para insistir
con su pretensión de devolverles a los militares el rol que la
democracia les prohibió.
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