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Por Cristian Alarcón
 Tienen puestos unos overoles
en los que llevan inscripto el número de presidiarios que les corresponde
en la astronómica cifra de reos de los Estados Unidos. Pero los
siete son argentinos, casi todos de Mendoza, y lejos de tratarse de miembros
de una mafia, traficantes o ladrones, son migrantes ilegales detenidos
en Dallas, estado de Texas. Desde el viernes, cuando un camuflado agente
del Servicio de Migraciones entró con uno de ellos al departamento
que compartían cerca del aeropuerto de la ciudad y todos fueron
detenidos, sus proyectos, últimas tablas de salvación a
la crisis económica argentina de la que escapaban, volvieron a
desvanecerse. No sólo eso: los medios locales vincularon la noticia
de la detención a la investigación de los atentados terroristas;
“Arrestaron a 19 sospechosos”, tituló un diario, sobre
ellos y otros tantos inmigrantes latinos caídos el mismo día.
Presos junto a otros cuarenta ilegales en un pabellón especial
de la cárcel del condado, no saben –tampoco lo sabe el consulado
en Houston– hasta cuándo permanecerán encerrados con
un solo baño, una sola ducha y una sola hora de sol por día,
a la espera de la deportación a la tierra de la que huyeron.
El carpintero Gabriel Ortiz, 44 años, perdió su último
empleo fijo –seis años en una fábrica de muebles–
hace ya un año y medio. Hasta abril soportó la escasez junto
a su mujer, y sus hijos de 18, 16, 11 y 9. Pero las changas ralearon y
tentado por los relatos de otros mendocinos partió hacia Dallas
a buscar una salida. “Consiguió trabajo en el restaurante
Freeday, en el interior del aeropuerto”, contó a este diario
su esposa, Luisa Castro, y se hizo de casi 500 dólares por cocinar.
Pronto también ingresó como empleado de limpieza del club
de ejecutivos desde las diez de la noche y hasta las siete de la mañana.
Dormía el tiempo que le quedaba en un cómodo departamento
que junto a otros seis coterráneos alquiló muy cerca del
lugar, en las afueras de Dallas, en Irving, algo así como el Ezeiza
nacional. Le fue bien. Trabajaba mucho, pero estaba conforme. Giraba mensualmente
dinero a su familia. Por eso, hace veinte días emprendió
la retirada su hermano Miguel Ortiz, 48, también harto de las changas,
y con nueve hijos que quedaron a la espera de “good news from Texas”.
La suerte de Miguel terminó pronto. El viernes muy temprano, un
recién llegado al exilio económico que paraba en el departamento
del grupo salió temprano a una cita de trabajo, también
en el aeropuerto. Cuando habló con su supuesto empleador le preguntaron
por su documentación y él dijo que tenía su visa
en el departamento. “Bueno, vamos a buscarlo”, le propuso el
patrón americano. Cuando estuvieron adentro del lugar, en el momento
en que el resto desayunaba para salir a sus trabajos, según lo
que a diferentes tiempos han ido contando a sus familiares, el hombre
sacó su placa de la Immigration and Naturalization Service (INS):
“Migraciones” para cualquier latino fuera de regla. De los que
estaban allí la mayoría tenía sus visas vencidas.
Habían pasado mucho más de tres meses en el país
y trabajaban o en el aeropuerto o en los alrededores. Eran hasta ese momento
un grupo más de la considerable comunidad mendocina en Dallas.
“Por algún motivo se fueron concentrando en esa zona, que
es una de las de políticas migratorias más restrictivas,
donde controlan más que en otros lados”, le dijo a Página/12
ayer la diputada provincial por el PJ María Cruz, hermana de Andrés
Cruz, un inmigrante de 50 años.
Hoy se cumplen tres meses desde que Andrés Cruz llegó a
Dallas. Cuando lo detuvieron su visa aún estaba en regla pero el
ya había encontrado trabajo como mozo del restaurante Freeday,
gracias a su buen inglés, por lo tanto también había
roto las normas migratorias. “El tenía un papel que se compra
allá para poder trabajar y que les cuesta 250 dólares”,
contó su hermana. Luisa Castro explicó que “lo que
tenían en regla era un papel del seguro social”. Teresa cuenta
que su marido, Miguel, estaba a punto de entrar en una empresa de trabajo
temporario. “Es un lugar donde los van moviendo, un día limpian
vidrios, otro les toca otra cosa”, explicó desde Guaymallén,
donde viven varias de las familias de los inmigrantes presos en un pabellón
de la cárcel local.
Ayer el diario Los Andes publicó la noticia y un comentario de
fuentes del consulado: “Son víctimas de la durísima
política migratoria que se instaló en el país desde
el 11 de septiembre”. Sin embargo, ayer Gustavo García, el
cónsul general adjunto en Houston, le dijo a Página/12 que
si bien ha habido otros casos de deportaciones de argentinos “no
es una cifra llamativa”. Guillermo Jacovella, cónsul en Miami,
aseguró: “Aún no hemos tenido cambios, excepto en el
ingreso donde la política es más restrictiva. Algunos sencillamente
admiten al ingresar que si encuentran trabajo se quedarán en los
Estados Unidos y entonces son deportados de inmediato”. Ayer los
familiares de los presos se quejaban por las condiciones en que permanece
detenidos: “Son cuarenta en un pabellón con un baño
y una ducha, tienen esos overoles de criminales y salen a un patio una
hora por día”, protestaron. Lo cierto es que no saben cuántos
días más estarán en compañía de sus
pares de Honduras, El Salvador, México, hasta que los pongan en
un avión que los regrese al país de los inmigrantes.
ACORDARON
CONSTRUIR UNA PLANTA DE RADIOISOTOPOS
El Invap, camino a Egipto
La empresa rionegrina Invap
ganó otro contrato millonario. La compañía del gobierno
provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) firmó un acuerdo con el gobierno de Egipto para la construcción
de una planta de radioisótopos que le dejará una ganancia
de 20 millones de dólares.
“El proyecto arranca este mes”, informó Héctor
Otheguy, gerente general de Investigaciones Aplicadas (Invap), empresa
reconocida internacionalmente por su capacidad para construir satélites
espaciales y reactores nucleares. El año pasado ganó una
licitación para construir un reactor de baja potencia para el organismo
nuclear australiano en competencia con empresas líderes del mundo.
En realidad, la licitación internacional para construir la planta
de radioisótopos –átomos que emiten radiación
y se utilizan con fines médicos– la obtuvo dos años
atrás, pero posteriormente –según explicó Otheguy–
Egipto decidió suspender el emprendimiento por “problemas
financieros”. Recientemente, el gobierno egipcio informó que
la situación económica del país había cambiado
favorablemente y entonces se firmó el contrato entre Invap y el
gobierno por un monto de 20 millones de dólares. La planta será
entregada “llave en mano” en un plazo no mayor a dos años
y medio, explicó Otheguy.
No es el primer contrato que Invap tiene en Egipto. Hace algunos años
construyó un reactor nuclear en una localidad ubicada a unos 50
kilómetros de El Cairo, que comenzó a funcionar en 1998.
En aquella oportunidad peleó con Siemens KUW (la firma alemana
constructora de la central nuclear de Atucha), AECL (la canadiense constructora
de Embalse), la francesa Framatome y la estadounidense Westinghouse. “En
el reactor de Egipto se producen los radioisótopos al por mayor
y la planta servirá para fraccionarlos y envasarlos”, precisó
el gerente al aludir a la función que tendrán las futuras
instalaciones.
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