Bush agradece por carta

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, James Walsh, entregó al presidente Fernando de la Rúa una carta de agradecimiento de George W. Bush por las condolencias del gobierno argentino con motivo de los atentados. Los principales conceptos de Bush son los siguientes: “Estos actos salvajes son ataques contra la libertad y sirven como una advertencia a todos los pueblos civilizados. Los estadounidenses agradecen las muestras de amistad y apoyo de su país... Los Estados Unidos agradecen su ofrecimiento de colaboración en las tareas de rescate... Quiero expresar mis condolencias a usted y a su pueblo por las víctimas argentinas de este terrible ataque. El pueblo estadounidense sabe que hay familias y amigos de duelo no sólo por seres queridos en nuestro propio país, sino en todo el mundo. Recordamos con tristeza los terribles atentados terroristas que sufrió la República Argentina en los años 1992 y 1994. El 11 de setiembre se atentó contra la libertad, pero la libertad será defendida... Será un placer trabajar con usted para lograr tan difícil desafío. La lucha será larga, pero su solidaridad y apoyo nos dará fuerza para seguir adelante”.

El enemigo externo como pantalla

La Doctrina de la Seguridad Nacional –un engendro nacido en Francia y los Estados Unidos para combatir a la guerrilla insurgente fuera de sus países– fue aplicada en Latinoamérica, en general, y en Argentina, en particular, a partir de la década del 60. Su desgraciado corolario fue la seguidilla de golpes de Estado producidos a partir de ese decenio y su paroxismo se hizo acto desde el 24 de marzo de 1976. Las consecuencias de dicha doctrina aún perduran en cada desaparecido, en muchas de las medidas que han adoptado y adoptan los gobiernos que se sucedieron desde la restauración democrática de 1983 y en una febril actividad judicial que lejos está de llegar a su fin. Un solo ejemplo de este último asunto lo constituye el reciente fallo del juez federal Claudio Bonadío ratificando la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, tal como lo hiciera siete meses atrás el también magistrado federal Gabriel Cavallo.
La Doctrina de la Seguridad Nacional fue aplicada, según declamaban los pretores de turno, para enfrentar una agresión externa: el comunismo internacional y sus ramificaciones en nuestros países del Tercer Mundo, teatro de operaciones de la Guerra Fría. El mismo argumento –la agresión externa– es esgrimido ahora por el presidente Fernando de la Rúa, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y sus subordinados, el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Carlos Mugnolo, y el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni. Como antes fuera la amenaza roja, ahora lo es el terrorismo internacional.
La equívoca política de la administración De la Rúa para con las Fuerzas Armadas sólo ha servido para abrir discusiones que las instituciones de la democracia habían cerrado o encaminado por la senda de la Justicia. Fue el primer ministro de Defensa de este Gobierno, Ricardo López Murphy, quien permitió que desde el Ejército se retomara el discurso de reivindicación del terrorismo de Estado, emitido con la económica retórica de Brinzoni y alimentada con el pensamiento, entre otros, de su segundo en la fuerza, el general Eduardo Alfonso, un militar que, al parecer, no encuentra contradicción moral ni ética al solidarizarse con un represor confeso como Luciano Benjamín Menéndez. Fue también López Murphy quien habilitó la creación de un organismo de inteligencia estratégica bajo la órbita de Mugnolo. El ex ministro López no sólo avaló sino que hizo suyas las conclusiones que tal instrumento elaboró. Los resultados del sofisticado pensamiento estratégico de la inteligencia militar de López-Mugnolo fueron las identificaciones de los nuevos targets y “amenazas”, entre las cuales apuntaban el conflicto social, las migraciones internas, el movimiento de los sin tierra y al narcotráfico.
Con Jaunarena las cosas no han sido demasiado diferentes. El dos veces ministro de Defensa permitió, en un primer momento, que Brinzoni y sus empedernidos reivindicadores de la guerra sucia realizaran una operación política contra los organismos defensores de los derechos humanos; el Ejército, en masa, presentó cientos de hábeas data ante el CELS, la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para saber qué información tenían sobre sus oficiales. La maniobra sólo fue desbaratada cuando Página/12 dio a conocer que el abogado elegido por el Ejército para perpetrar tal triquiñuela es un filonazi del patético partido de Alejandro Biondini.
La última movida castrense, permitida y fogoneada por Jaunarena, es su intención de participar en el aparato de seguridad y reunión de información para combatir al terrorismo internacional. Esto es, violar claramente las leyes de Defensa y Seguridad Interior consensuadas y aprobadas por el Parlamento argentino en 1988 y 1991. Pero como el ministro conoce sus debilidades, intenta maniobrar en el Parlamento para modificar las normas y dilatar la nueva ley de Inteligencia en ciernes, que también es taxativa en la prohibición de la inteligencia militar interna.
Escudados tras la coartada de la lógica de caja –hay poco dinero, hay que optimizar el gasto en defensa y seguridad ¿por qué no aprovechar todo lo que tenemos (donde “todo” son las FF.AA.)?– para empujar su participación en el conflicto desatado a partir de los atentados en Estados Unidos, Jaunarena y sus subordinados esconden la pregunta que no quieren escuchar: ¿qué objetivo tiene mantener a las Fuerzas Armadas tal como están?
Es claro que, con esta avanzada, los militares buscan tareas para justificar su existencia. También es claro que la faena que desean realizar es la única que supieron ejercer con nefasta efectividad: la vigilancia de sus conciudadanos. No menos visible es que el Gobierno sigue adeudando a la democracia una discusión profesional y política sobre el rol que deben cumplir los militares que tribute a una pronta reestructuración de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas acordes con las necesidades estratégicas, económicas e institucionales de la Nación.