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Por Mariana Carbajal
 Contra su voluntad, el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal tendrá que aplicar
la ley de cupo femenino a partir de la próxima elección
de autoridades. Cuatro abogadas porteñas lograron vencer en los
tribunales a la entidad profesional y consiguieron –a través
de un fallo de un juez federal– que sea obligatorio reservar una
cuota mínima del 30 por ciento para las mujeres en las listas de
candidatos con posibilidad de ser electos. “Para que las abogadas
tengan las mismas oportunidades reales de ser electas que sus colegas
varones debe implementarse la medida de acción positiva, pues ellas
se encuentran en una situación de desventaja”, sentenció
el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Ernesto Martinelli.
El fallo quedó firme. Aunque en un primer momento el Colegio apeló
la decisión, finalmente desistió “porque el juez convenció
con sus mejores argumentos”, según reconoció el mismo
presidente de la entidad Atilio Alterini, en una reunión del consejo
directivo, donde el tema se discutió acaloradamente.
“Es un fallo maravilloso, no porque nos da la razón sino porque
es un alegato profundo y completo sobre la situación de discriminación
que vive la mujer”, destacó en diálogo con Página/12
la veterana dirigente radical y ferviente defensora de los derechos de
las mujeres, Florentina Gómez Miranda, una de las abogadas que
inició la demanda. En la presentación, reclamaron la aplicación
de la ley 24.012, de 1991, que establece el cupo femenino para cargos
electivos parlamentarios. Para el magistrado, no hay dudas de que la misma
normativa es extensiva al Colegio de Abogados por la trascendencia institucional
de la entidad. Incluso, consideró que “hubiera sido preferible
establecer directamente que los cargos se distribuyan por mitades, sin
hablar de mínimos”.
El primer planteo, en realidad, lo realizó la abogada Marta Paz
–que no era candidata en ninguna lista– ante la Junta Electoral
del Colegio poco antes de las elecciones de abril de 2000. Pero no tuvo
éxito. Su reclamo fue rechazado. Entonces, acompañada por
Gómez Miranda, y otras dos abogadas, Leticia Apfelbaum y la dirigente
radical María José Lubertino, lo llevó a la Justicia.
“Parecíamos nadadoras en el desierto. No tuvimos apoyo ni
siquiera de las abogadas mujeres, salvo algunas excepciones como la Defensora
del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira”, recordó Apfelbaum,
quien describió al ambiente jurídico como “muy machista
y conservador”. También les expresaron su adhesión
las juezas Carmen Argibay, designada para integrar el Tribunal Internacional
que juzgará crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, y Lidia
Soto, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina.
En los comicios resultó ganadora la lista oficialista encabezada
por Alterini, integrada por una mezcla de radicales, frepasistas y peronistas,
pero que no llevaba a ninguna mujer como candidata a ocupar cargos relevantes.
“Más que plantear diferencias de porcentajes entre hombres
y mujeres, se trata de asumir quiénes somos capaces de dirigir
el Colegio. No hay un criterio machista de mérito. La idoneidad
se evalúa por la participación”, opinó Alterini,
días antes de la elección. Actualmente, hay solo dos abogadas
en el consejo directivo de la institución y representan a las dos
minorías, aunque más del 50 por ciento de la matrícula
son mujeres.
“En las comisiones del Colegio hay más mujeres que hombres
pero nunca llegan a ocupar lugares de decisión, porque los que
digitan los cargos finalmente son los mismos hombres. Y cuando se arman
las listas, ellos ocupan los primeros lugares y ponen mujeres como relleno”,
advirtió Paz a Página/12. Según contó, a partir
de su presentación judicial “muchos abogados y también
abogadas me retiraron el saludo”. En los comicios del año
próximo, cada lista deberá tener un mínimo de un
30 por ciento de candidatas mujeres en ubicaciones con posibilidad de
ser electas. El fallo fue dictado el 19 de julio. En un primer momento,
el Colegio apeló pero finalmente sus autoridades resolvieron desistir
del recurso y dejar firme la sentencia “porque el juez convenció
con sus mejores argumentos”, según reconoció el mismo
Alterini, en una reunión de la comisión directiva, donde
el tema se discutió acaloradamente.
Para el juez Martinelli, el Colegio tendría que haber tenido la
iniciativa de incorporar el cupo femenino a su reglamento electoral. En
sus fundamentos, el magistrado menciona la vigencia de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, incorporada a la Constitución Nacional y justifica
la aplicación de medidas de “acción positiva”
para revertir la hegemonía masculina. “La garantía
que meramente prohíbe la discriminación no es suficiente
para asegurar a las mujeres una participación efectiva, es decir,
en real igualdad de oportunidades, puesto que la doctrina de la igualdad
en esta materia, presume estándares que las perjudican, en la medida
en que el varón sigue siendo el paradigma”, señaló
en la sentencia.
UNOS
450 MILLONES SUFREN TRASTORNOS MENTALES
Salud mental en terapia intensiva
Unas 450 millones de personas
en el mundo sufren de trastornos mentales, según alertó
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe anual.
La OMS destacó además que casi las dos terceras partes de
los afectados no se trataron jamás con un especialista por temor
al rechazo social, por negligencia o discriminación. También
denunció que el 40 por ciento de los países no tiene definida
una política de salud mental.
Una de cada cuatro personas padece un problema mental en algún
momento de su vida, ya sea depresión, esquizofrenia, atraso mental,
trastornos de la infancia y la adolescencia, dependencia del alcohol o
las drogas, o mal de Alzheimer. “Más allá de los sufrimientos
y de la falta de atención médica, esas personas son amenazadas
por el estigma, la exclusión y, más a menudo de lo que queremos
aceptar, la muerte”, señaló la directora general de
la OMS, Gro Harlem Brundtland.
El organismo dependiente de las Naciones Unidas informó que el
30 por ciento de las países no cuenta con programas referidos a
esta problemática y el 25 por ciento carece de leyes en este sentido.
“Lamentablemente, tanto los gobiernos como los servicios de salud
pública han dado muestras de negligencia”, indica el documento.
De acuerdo a las proyecciones del organismo, la depresión podría
ser el segundo motivo de morbilidad dentro de 20 años. Actualmente,
las enfermedades mentales provocan un millón de suicidios por año.
El texto recomienda que se aumenten los presupuestos destinados a este
tipo de patologías y que se encaren campañas educativas.
Además, propone el reemplazo de los hospitales psiquiátricos
por centros de atención personalizada.
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