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Por Victoria Ginzberg
 El Departamento de Estado de
EE.UU. desclasificó cinco mil documentos sobre violaciones a los
derechos humanos en Argentina durante la última dictadura militar,
que se podrían conocer a fin de mes. El director del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), Víctor Abramovich, la abogada
del organismo, María José Guembe y Carlos Osorio, de la
ONG Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad norteamericana George
Washington, explicaron en una conferencia de prensa los alcances del levantamiento
del secreto sobre estos papeles, que contribuirán a las investigaciones
de organismos de derechos humanos y jueces argentinos y extranjeros. También
difundieron documentos relacionados con Argentina, muchos ya conocidos,
y algunos aún inéditos, como dos telegramas referidos a
la desaparición de 23 uruguayos en Buenos Aires y uno sobre el
secuestro del líder montonero Roberto Quieto.
“Rumores que el grupo de uruguayos secuestrados en Argentina este
julio han sido devueltos al Uruguay también han estado circulando
dentro de la comunidad de inteligencia aquí”, dice el telegrama
secreto que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Robert Hill,
envió al Departamento de Estado el 19 de octubre de 1976. Este
documento, hasta ahora desconocido, fue desempolvado por Osorio un mes
y medio atrás. Lo encontró en microfichas de la sala de
lectura del Departamento de Estado, donde también había
otra comunicación de Hill, en la que informaba que “el líder
montonero Roberto Quieto fue capturado en un arresto ilegal el 28 de diciembre.
El futuro de Quieto parece no haber sido determinado aún por las
autoridades militares que lo tiene bajo custodia”.
Esta clase de escritos es la que Estados Unidos dará a conocer
próximamente. Los especialistas destacaron, en base a la experiencia
con otros países, que la información desclasificada demuestra
la responsabilidad de los gobiernos en la ejecución del terrorismo
de Estado pero es difícil que contribuya a esclarecer casos específicos,
porque sólo existió un seguimiento cuando las víctimas
tenían relación con Estados Unidos o eran personalidades
reconocidas.
Osorio expresó que hay expectativa en que se recupere un informe
preparado por la embajada norteamericana a pedido del congresista Donald
Fraiser que, según trascendió a fines de 1976, sería
“dinamita” y establecería “una directa participación
de importantes oficiales en la organización de los escuadrones
de la muerte”. También habría cables con información
sobre los secuestros de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena
Villaflor y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Abramovich mencionó que a partir de que se hagan públicos
los papeles de Estados Unidos, se empezarán a diseñar acciones
para solicitar que el Gobierno argentino también entregue información.
Si bien las Fuerzas Armadas alegaron en varias oportunidades haber destruido
los archivos de la represión ilegal, el director del CELS estimó
que deben existir informes oficiales de reuniones entre funcionarios en
la Cancillería o el ministerio de Defensa.
Los documentos ya públicos sobre Argentina demuestran que la embajada
norteamericana y el Departamento de Estado mantuvieron una comunicación
fluida con los militares durante los preparativos del golpe y que, aunque
estaban al tanto de que aumentarían las violaciones a los derechos
humanos, apoyaron al gobierno de facto. “Este ha sido probablemente
el golpe mejor ejecutado y más civilizado en la historia argentina.
Los Estados Unidos no han sido acusados de estar detrás de éste.
La Embajada espera mantenerlo de esa manera”, escribió Hill
el 26 de marzo.
Los papeles que se conocen fueron difundidos a raíz de la desclasificación
sobre Chile y el Plan Cóndor o por peticiones basadas en la ley
norteamericana de Libre Acceso a la Información.
El 16 de agosto de 2000 la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright
se reunió en Buenos Aires con la presidenta de la Asociación
deAbuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; Carmen Lapacó, de
Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y el periodista Horacio
Verbitsky, presidente del CELS. La funcionaria prometió que numerosos
papeles relacionados con la última dictadura militar argentina
dejarían de ser secretos. En noviembre del año pasado Albright
ordenó la revisión de información sobre el Plan Cóndor,
la apropiación de niños y las desapariciones forzadas de
personas. La gestión de George W. Bush no interrumpió la
tarea.
En enero de 2001 el Archivo de Seguridad Nacional, asesorado por organismos
de derechos humanos de Argentina, presentó una guía con
tópicos para ayudar en la desclasificación. Se mencionaron
los asesinatos en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats, el ex
presidente de Bolivia, Juan José Torres y el periodista Rodolfo
Walsh; el secuestro de Jacobo Timerman, una lista de 33 centros clandestinos
de detención y los nombres de más de cincuenta represores.
Además hay 200 peticiones de jueces, familiares de víctimas,
organismos de derechos humanos y periodistas.
AYER
SE CUMPLIO EL PARO DE LA FEB EN BUENOS AIRES
La próxima será una semana muy corta
Los maestros bonaerenses agrupados
en la FEB cumplieron ayer un paro ante el incumplimiento del gobernador
Carlos Ruckauf del compromiso de modificar la forma en que se calcula
la rebaja de los salarios docentes. El subsecretario de Educación
provincial, Mario Oporto, reconoció que la situación es
“muy difícil”, pero lejos de asumir una posición
conciliadora, afirmó que los días de huelga serán
descontados.
La FEB aseguró que la medida de fuerza superó el 80 por
ciento de acatamiento en el interior y que llegó al 55 por ciento
de adhesión en los distritos del Gran Buenos Aires, y ratificó
que volverá a parar el próximo miércoles. Ese día
empezará también la huelga por 72 horas que convocó
el ceterista Suteba.
Los docentes bonaerenses protestan porque el gobierno no cumplió
con su compromiso de cambiar el mecanismo de sumar las remuneraciones
por sus distintos cargos para aplicarles las rebajas fijadas para los
sueldos mayores a 1200 pesos. Esa modificación fracasó en
la Legislatura por la ausencia del PJ en la sesión en que debía
tratarse. Por eso la FEB ironizó que si el gobernador Ruckauf debe
descontar “le descuente el día de sueldo a los diputados peronistas
que no se presentaron a trabajar”.
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