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Por Cledis Candelaresi
 La tarjeta de débito recargable es, hasta el momento, uno de los pocos instrumentos seguros de la remozada política social con la que Fernando de la Rúa intentará revitalizar su gestión después del previsible revés electoral del domingo próximo. El Gobierno prevé cubrir con este singular plástico todos los beneficios sociales, que en un futuro muy próximo serán subsumidos en dos grandes rubros: un Plan Universal y el subsidio para desempleados. A esto se añadirá el pago de otras prestaciones de la seguridad social, incluyendo, por ejemplo, el pago de las pensiones graciables o no contributivas. Pero el monto de las futuras subvenciones, los términos del acuerdo con los bancos emisores y quién manejará la Agencia Social �organismo que administrará el paquete asistencial� es aún motivo de debate y pujas internas.
En rigor, el uso de la tarjeta de débito para consumos de primera necesidad es una herramienta a la que Economía prevé apelar no sólo para pagar planes asistenciales sino para estimular el blanqueo de la economía, empezando por las compras que hoy realizan los asalariados y jubilados bancarizados.
Las tarjetas funcionarán como hasta ahora cualquiera de las que tienen aquella categoría (de débito): sirven para cancelar operaciones al contado sin la necesidad de manejar dinero en efectivo. Este mecanismo también podrá ser utilizado por los beneficiarios de planes sociales, que en lugar de percibir una contribución mensual dineraria recibirán un plástico con una carga por cierto monto cada mes, a semejanza de los que se utilizan actualmente con los teléfonos de uso medido.
Estos consumos sólo podrán realizarse en la red de comercios adheridos, a los que el Estado pagará a través de los bancos que admitan integrar el sistema. Justamente, la negociación con las potenciales entidades emisoras recién comienza y el Gobierno aún no encontró un mecanismo para involucrarlas sin que esto entrañe costo ni para el fisco ni para el futuro titular del plástico.
Este nuevo instrumento para pagar servicios sociales es parte de una reformulación integral de la política social del Gobierno que, si bien se viene gestando desde hace tiempo, vería la luz después de las elecciones.
Uno de los ejes de esa reestructuración es la síntesis de los planes sociales hoy dispersos por distintos dependencias públicas (Trabajo, Desarrollo Social, por ejemplo) en un Plan Universal bajo un comando único. De ese modo, no sólo se economizaría parte de los recursos que hoy insume la burocracia administrativa sino que habría un mayor control político de la asignación de los beneficios.
El catálogo de buenas intenciones oficiales también incluye un criterio más objetivo para seleccionar a los futuros destinatarios de la ayuda oficial. Estos ya no podrán ser elegidos, por ejemplo, por una organización no gubernamental, cabeza de algún proyecto comunitario. Su identificación estará a cargo de agencias de Anses (las UDAI, en el interior u organismos de esta naturaleza), que utilizarán cuestionarios presuntamente muy objetivos para evaluar a quienes reclamen una subvención.
La prioridad del Plan Universal serán los jefes de familia desocupados que no califiquen para recibir el subsidio de desempleo y el monto estimado del subsidio será de alrededor de 150 pesos mensuales. Sin embargo, aún no hay consenso acerca del importe, ya que éste surgirá de los recursos que finalmente se destinen a la asistencia social en el Presupuesto del 2002.
En cualquier caso, los futuros tenedores de la tarjeta para pobres gozarán de la rebaja en el IVA que Economía prevé disponer sobre todas las compras realizadas mediante un plástico (ver aparte). Pero tampoco en este caso el beneficiario manejaría efectivo: el crédito fiscal de un mes sería añadido en la carga mensual del próximo. Tampoco hay acuerdo dentro del Gobierno acerca de si se exigirá a los beneficiarios alguna contraprestación y qué características tendrá ésta. Mientras Trabajo pugna por obligar a los beneficiarios a realizar algún aporte �a semejanza de lo que hoy ocurre con los planes de empleo�, Economía prioriza el estímulo al consumo que podría significar la tarjeta recargable, sin desvelarse por la tarea comunitaria que pudieran realizar los elegidos.
Otro aspecto medular de la nueva política social será la conformación de la Agencia Social, organismo que subsumiría tres funciones estatales clave: la de acción social, la de seguridad social y la administración de los programas asistenciales, hoy en manos de Trabajo. Patricia Bullrich es candidata a comandar el organismo que fogonea desde la Secretaría de Modernización el frepasista Marcos Makón, a quien poca simpatía le hace un eventual desplazamiento de Juan Pablo Cafiero, otro alfil del Frepaso. La última palabra se pronunciará después de las elecciones.
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