Por Maximiliano Montenegro

El jueves pasado, el ministro Domingo Cavallo, el viceministro Daniel Marx y un selecto grupo de banqueros de la city porteña recibieron la notificación oficial por parte del fiscal federal Miguel Angel Osorio de que habían sido imputados en la investigación sobre supuestos ilícitos cometidos en la negociación del megacanje. En concreto, el fiscal cree que hay motivos para que ellos empiecen una defensa formal porque encontró “elementos de sospecha suficientes” para imputar a funcionarios y banqueros la responsabilidad de operaciones que podrían encuadrarse dentro de la carátula de la causa: “fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita”. La investigación acumula ya 14 tomos de declaraciones testimoniales y documentos, que prueban desde reuniones secretas y extraoficiales en las que se habrían acordado ilegalmente los precios a los que el Estado canjeó bonos por valor de 29.000 millones de dólares a los bancos hasta el reparto discrecional de 150 millones de dólares en comisiones.
Sin embargo, el viernes, el juez Norberto Oyarbide, recientemente incorporado en sus funciones después de tres años de licencia forzada, arrancó la causa al fiscal, se declaró incompetente y se excusó en favor del juez Jorge Ballesteros. La actitud de Oyarbide resulta llamativa, si se tiene en cuenta que anteriormente Ballesteros, que tramita una causa paralela por la denuncia de un particular sobre el megacanje, junto con el fiscal que la instruía, se había excusado en favor de su juzgado, por considerar que allí se estaban investigando “los delitos más graves”. El mismo argumento utilizó el juez Oyarbide, absuelto por la mayoría justicialista del Senado el mismo 11 de setiembre en que cayeron las Torres Gemelas, para devolverle la pelota a su colega.
En realidad, la investigación de la causa había sido delegada en manos del fiscal Osorio por el juez Gabriel Cavallo, quien durante los últimos tres años ocupó interinamente el juzgado dejado en ese lapso vacante por el polémico juez del affaire Spartakus. Ahora, Osorio se quedó sin la causa. Y la Cámara Federal deberá decidir si la devuelve a Ballesteros o a Oyarbide, quien en ese caso podría optar por continuar él mismo la investigación o volver a delegarla en Osorio.
Sea como fuere, lo cierto es que la causa se detuvo en el momento más interesante. Justo un día después de que Cavallo y Marx, además de la crema de los negocios de la city, fueran notificados formalmente de que estaban imputados en la investigación.
A decir verdad, hace ya más de un mes que Marx se viene interiorizando a de los pasos de la investigación a través un abogado elegido especialmente para el caso, el doctor Caride Fite, un reconocido abogado penalista de no menos reconocida afinidad cavallista. Para más datos, fue quien defendió al ex administrador cavallista de la Aduana, Walter de Fortuna, cuando fue involucrado en la investigación por la aduana paralela.
Sin embargo, de haber continuado la investigación por el camino que seguía hasta el viernes, el propio Cavallo habría tenido que preparar formalmente su defensa. Sobre todo, porque fuentes judicial aseguran que hace rato que el fiscal tiene pruebas para citarlo tanto a él como a su segundo a una declaración indagatoria, que hasta ahora había postergado con el fin de respetar todos los tiempos y procedimientos correspondientes. De hecho, la notificación de su imputación sería el paso previo obligatorio para ese objetivo.
En la investigación del megacanje, el fiscal había avanzado en diferentes frentes:
- Según los testimonios recabados entre funcionarios de la línea del Ministerio de Economía, durante todo la operatoria no se respetaron los más elementales procedimientos legales y hubo sospechosas intervenciones en el mismo de los ejecutivos de los bancos. Por ejemplo, tal cual consta en los expedientes de Economía, el decreto que dio origen a la operación no fue redactado, ni siquiera analizado, por el área correspondiente del Ministerio sino que fue enviado desde uno de los bancos intervinientes. La fecha legal de cierre para recibir las propuesta de canje de títulos, el viernes 1 de junio al medio día, no fue respetada sino que se recibieron ofertas durante toda la noche del viernes hasta el sábado a la mañana, con la extraña participación de ejecutivos de los bancos dentro del propio Ministerio.
- Tanto ministro como viceministro de Economía no tomaron en cuenta los estudios técnicos que recomendaban los precios más convenientes para el Estado a los que deberían haber sido rescatados los bonos viejos. En cambio, se ofreció un valor mayor, con la excusa de favorecer la participación de más inversores.
- Se investiga una reunión secreta entre Marx y un importantísimo banquero de la city en la que, de acuerdo a la declaración de un testigo privilegiado, se habría acordado “informalmente” el precio de rescate de dichos bonos.
- Se estudia por qué se repartieron comisiones por 150 millones de dólares sin criterio alguno de eficiencia, ya que bancos que acercaron una porción menor de títulos para canjear se llevaron una comisión mucho mayor que otros, que aportaron casi el triple bonos para el canje. En este mismo punto, se analiza la presión que habría ejercido el propio Marx sobre bancos públicos como el Ciudad y el Provincia, para derivar bonos a canjear en sus carteras a través de bancos privados que cobraron la comisión de “intermediación”.
Cuando la causa entró el viernes último en una impasse, estaban en curso las siguientes medidas de investigación:
- Se habían cursados pedidos de información a la Comisión Nacional de Valores sobre todas las operatorias con títulos públicos los días previos al canje, porque se sospecha que días previos al anuncio hubo bancos que contaron con información privilegiada y especularon posicionándose convenientemente.
- Se había ordenado un rastreo a través del sistema Excalibur de todas las llamadas de funcionarios y banqueros intervinientes en la época en los días de la operación, para confirmar reuniones y negociaciones sospechosas.
- Se había solicitado información a una empresa norteamericana sobre la propiedad de un jet privado, con matricula de esa nacionalidad, en el cual viajó el ministro Cavallo a Nueva York, días previos al anuncio del megacanje. Se investiga si ese avión fue puesto a disposición del ministro por su amigo David Mulford, vicepresidente del CS First Boston, quien -según el mismo declaró a la prensa– fue quien vendió a Cavallo la idea de la operación, en la cual desempeñó un papel protagónico. Y si, en aquel entonces, a ese avión no pudieron subir dos banqueros locales por orden de Mulford.

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