La ofensiva de los gobernadores contra el ajuste en la coparticipación tuvo ayer otro episodio que contribuyó a la alarma del Gobierno. Encabezados por el chaqueño Angel Rozas, los mandatarios de la Alianza anunciaron que en los próximos días presentarán un proyecto de ley para que se declare la “intangibilidad” de los fondos que recauda el Estado nacional para distribuir entre las provincias del país. La decisión fue adoptada en una reunión de los gobernadores radicales y el frepasista jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Por si fuera poco, la idea de los jefes provinciales de la Alianza podría ser firmada también por sus pares peronistas. “Ojalá podamos hacer conjuntamente esta presentación con los gobernadores justicialistas”, expresó el propio Rozas.
El plan del chaqueño no es solamente una expresión de deseos. Rozas ya habló del tema con el coordinador del Frente Federal, el ex gobernador misionero Ramón Puerta, y luego comentó a la prensa que éste le había adelantado que la iniciativa “iba a ser acompañada por los mandatarios del PJ”. Para concretar ese respaldo, y el trabajo en conjunto, los aliancistas programaron otro encuentro, que se hará la semana que viene.
El borrador que consensuaron los gobernadores de la Alianza incluye, además de la declaración de “intangibilidad” de los montos coparticipables, de los fondos sociales y del FONAVI, otros puntos que para el Ejecutivo pueden llegar a ser irritantes: se pide, expresamente, que se castigue a las autoridades nacionales en caso de que éstas no envíen a las provincias el dinero que les corresponda por recaudación. En resumen, el proyecto apunta a modificar el artículo 34º de la ley de déficit cero, aprobada con el número 24.156.
Textualmente, prevé que ante un incumplimiento de las normas se “hará pasible de las sanciones” a “los funcionarios que cometan autoricen o consientan tales transgresiones”. En otra parte se indica que el Jefe de Gabinete deberá hacer “las reasignaciones presupuestarias que correspondan, en uso de las facultades de reorganización conferidas por la ley de Presupuesto, a fin de garantizar el cumplimiento de lo expuesto”.
El contenido del paper fue aprobado por todos los asistentes a la reunión en la sede del Concejo Federal de Inversiones (CFI). Además de Rozas, estuvieron Aníbal Ibarra, José Luis Lizurume (Chubut), Oscar Aguad (interventor de Corrientes), Edelmiro Paoeleti –vice de Entre Ríos–, y el diputado Raúl Baglini, en representación del mendocino, Roberto Iglesias. Oscar Castillo (Catamarca) y Alfredo Avelín (San Juan) expresaron su adhesión por teléfono. Tras tres horas de negociación, Baglini quedó a cargo de la presentación en el Parlamento.
A diferencia de esta presentación, en la que hubo un rápido consenso, los gobernadores no pudieron ponerse de acuerdo cuando se discutió la posibilidad de interponer una medida cautelar conjunta ante la Corte Suprema, como hicieron los peronistas la semana pasada. En ese punto, el principal impulsor fue Rozas. En cambio, Lizurume y Aguad no estaban de acuerdo, por lo que no se pudo llegar a una posición común.
Ante la renuencia de sus colegas, que no querían recurrir a una medida judicial, Rozas optó por la libre, y anticipó a la prensa que está “estudiando la posibilidad” de presentarse a la Justicia, para reclamar los “25 millones que Cavallo retuvo a la provincia durante dos meses”. De esa forma, podría seguir el ejemplo del jujeño Eduardo Fellner, el único gobernador que recurrió a la Corte en forma individual.
En el Ejecutivo intentaron hacer cambiar de idea a los gobernadores. El vocero Juan Pablo Baylac les pidió que, en lugar de reclamar la “intangibilidad de los recursos”, inicien una “discusión de una nueva ley de coparticipación”. Los mandatarios todavía no respondieron al pedido. Se limitaron, prudentes, a destacar que la iniciativa “no es en contra del Presidente ni del Gobierno nacional, sino en defensa de los intereses de las provincias”.

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