Por Rory McCarthy*
Desde Peshawar

“La nación de Pakistán deberá controlar sus armas atómicas y usarlas contra Estados Unidos. Condenamos al general Musharraf por apoyar a los norteamericanos. Él es el perro de Estados Unidos”, dijo ayer Maulana Atta-ur Rehman, líder de Jamiar Ulema-e-Islam (JUI), uno de los grupos religiosos más extremistas del país. Y agregó: “El ejército paquistaní está mantenido por la nación, por lo que deberá volverse contra quienes están apoyando al terrorismo estadounidense.”
Los religiosos de línea dura rápidamente han buscado capitalizar la seguidilla de protestas que se desarrollaron en todo Pakistán convocando a una rebelión nacional. A la vez que el régimen de Pervez Musharraf intenta controlar el aumento de la indignación por los ataques militares contra Afganistán, fueron detenidos –bajo arresto domiciliario por tres meses– tres religiosos islámicos. Pero a las pocas horas, otros líderes tomaron sus lugares.
Por ahora no se realizaron más arrestos con el fin de frenar las protestas religiosas. Está claro que las agrupaciones religiosas tienen mayor libertad para maniobrar debido a que sus alas militantes desempeñan un rol vital en la política pakistaní de disputa del territorio de Kashmir. En la década pasada las bases militantes de los grupos paquistaníes pelearon una guerra de guerrillas en Kashmir contra el ejército indio y, a la vez, Islamabad los utilizó como una herramienta diplomática y política en sus esfuerzos por tener de su lado a la mayoría musulmana separatista.
El JUI es la organización política islámica más grande de Pakistán y tiene estrechos vínculos con el régimen talibán de Afganistán, tanto que muchos líderes talibanes fueron educados en las “madrassahs” o mezquitasescuelas del JUI de Pakistán.
Atta-ur Rehman también dijo a cientos de sus fieles en Peshawar que era deber de los musulmanes enfrentarse al gobierno. “Tendremos una guerra abierta contra judíos y cristianos, contra Israel y Estados Unidos, contra todos”, gritó ante una eufórica multitud que estaba en la puerta de una mezquita cercana a la parte vieja de la ciudad.
La policía condenó a arresto domiciliario a su hermano, Maulana Fazal-ur Rehman, quien usualmente lidera el JUI, en la ciudad de Dera Ismail Khan, a 120 kilómetros al sur de Peshawar. Otros dos líderes religiosos vinculados a los talibanes también fueron sometidos a arresto en sus casas: Maulana Sami-ul Haq, quien dirige una escuela-mezquita cerca de Peshawar –donde fueron educados muchos altos funcionarios talibanes– y Maulama Azam Tariq, que encabeza el temido grupo sunita Sipah-e Sahaba de Pakistán, acusado de asesinatos sectarios. Entretanto, Musharraf declaró ayer: “En una sociedad islámica, no hay lugar para el extremismo y la violencia contra cualquier otra religión o grupo”.
Un grupo de mil manifestantes tomó ayer las calles de Peshawar y apenas se encontró con una moderada presencia policial y militar. Rehman llamó al ejército a amotinarse pero los soldados parecían inmutables a sus palabras. Sin embargo, oficiales de inteligencia vestidos de civil tomaron nota de las amenazas de los religiosos.
El partido de Rehman estuvo detrás de los disturbios del lunes pasado en la ciudad de Quetta –en el desierto occidental de Pakistán–, en los cuales se incendió una oficina de Unicef y un hombre resultó muerto. Ayer, los activistas organizaron una manifestación en Hangu, una ciudad al sur de Peshawar, en la que la multitud quemó dos sucursales bancarias y saqueó otra. Los manifestantes también incendiaron la oficina de un organismo internacional de ayuda humanitaria que trabaja con los refugiados afganos. Por lo menos trece personas fueron heridas y fueron arrestados casi 45 líderes de JUI.
El llamado de Rehman a una rebelión fue imitado por otros religiosos de línea dura. Maulana Fazal Haq, el líder de Sipa-e Sahaba, le dijo a losmanifestantes en Peshawar que George W. Bush y el premier británico Tony Blair se han embarcado en una guerra contra el Islam. “Ellos quieren tener la bomba nuclear de Pakistán y hacer al país su esclavo. Debemos luchar y resistir”, gritó mientras sus seguidores quemaban un muñeco con la cara de Musharraf.
Más de cien mil personas marcharon en las ciudades de Pakistán en los días posteriores a los ataques contra el World Trade Center, cuando Washington advirtió, por primera vez, sobre una guerra contra el régimen talibán. Ahora, el apoyo se ha restringido a un núcleo duro.

* Especial de The Guardian, para Página/12.

LOS MILITARES DE PAKISTAN NO ACEPTAN EL DESAFIO FUNDAMENTALISTA
El miedo al golpe dentro del golpe

Angeles Espinosa *
Desde Islamabad

La pancarta roja frente a la sede del gobierno no es una reivindicación de los islamistas. “Disparamos contra cualquiera que cruce esta línea”, reza la leyenda en urdu. Y los soldados que vigilan, con cascos y armas automáticas, parecen dispuestos a hacerlo. Por primera vez, en la reciente historia de Islamabad, el Ejército se ha desplegado en la capital de Pakistán. A pesar del reforzamiento de la seguridad en todo el país, tres personas resultaron muertas cerca de Quetta (al sudoeste).
Islamabad amaneció ayer literalmente tomada por los militares. Búnkers de cemento y sacos terreros protegían la entrada al distrito diplomático, en especial en las proximidades de la Embajada de Estados Unidos, el recinto de la televisión nacional, los ministerios y otros edificios oficiales. Los habitantes de la tranquila capital, construida a principios de los sesenta, no recuerdan nada similar. “Ni siquiera cuando la quema de la embajada norteamericana en 1979 salió el Ejército a la calle”, asegura Fatimah.
“Es cierto, al menos de una forma tan visible”, reconoce el general retirado Taleb Masud. “Hay una guerra en marcha a muy pocos kilómetros de aquí, y la frontera ((con Afganistán)) está muy cerca”, justifica este ex militar. “Es un mensaje del régimen sobre la seriedad de su compromiso político y muestra que no va a permitir ningún desafío de los extremistas religiosos”, apunta otro analista político.
Hasta ayer, había sido la policía la que se había ocupado de la seguridad dentro de la ciudad. “Se trata de una medida preventiva”, explica Masud, “porque no sabemos el nivel de daños colaterales que van a producirse y la situación puede agravarse”.
Ese es el temor que muchos analistas expresan desde el inicio de la crisis. La violencia de las protestas que estallaron en la ciudad fronteriza de Quetta el lunes, tras la primera noche de bombardeos, marcó el límite de lo que el régimen militar paquistaní está dispuesto a tolerar. Ayer, las principales ciudades del país estuvieron en calma a pesar de que se celebraron un puñado de nuevas manifestaciones. Influyó sin duda la masiva presencia de fuerzas de seguridad. No obstante, en la localidad de Kuchlagh, a unos veinte kilómetros al norte de Quetta, tres personas resultaron muertas cuando varios centenares trataban de asaltar la comisaría. Una de las víctimas fue un niño de 12 años.
Los observadores tanto locales como extranjeros están convencidos de que la mayoría de los paquistaníes no apoya a los extremistas islámicos que están detrás de esas protestas violentas ni a los talibán. Sin embargo, numerosas conversaciones mantenidas durante las semanas pasadas también muestran una extendida convicción de que los ataques contra Afganistán no son justos.
Muchos paquistaníes no creen que haya pruebas suficientes contra Osama bin Laden y, aun cuando aceptan que existen, no consideran que una operación militar de esa envergadura sea la forma de solucionar el problema. Esa “mayoría silenciosa”, a la que se ha referido el presidente Pervez Musharraf, puede cambiar de actitud ante la muerte de civiles afganos.
Por el momento, el Gobierno paquistaní ha decidido acallar a los principales incitadores de las manifestaciones antinorteamericanas que han salpicado el país desde el pasado 11 de septiembre. La prensa local informaba el martes de la detención la noche anterior de un tercer clérigo pro talibán, el maulana Azem Tarik, líder del partido extremista Sipah-eShabah Pakistán (SSP). El pasado sábado, durante una manifestación en Rawalpindi, Tarik pidió a los ciudadanos británicos que residen en Pakistán que se fueran del país.
Tarik ha sido puesto bajo arresto domiciliario por un mes en Jhang, su localidad natal en la provincia de Punjab. La comunidad shií de Pakistánacusa al SSP de animar la violencia intersectaria contra sus seguidores (entre un 10 por ciento y un 25 por ciento de la población, según las fuentes). En los últimos días, este partido había lanzado amenazas apenas veladas contra el Ejército por su apoyo a Occidente. Para SSP, los talibán han implantado un verdadero sistema islámico en Afganistán.

* De El País, de Madrid, especial para Página/12.

Arafat quiere reprimir con gas israelí

Como consecuencia de la jornada de violencia del lunes en la Franja de Gaza en la que se enfrentaron manifestantes islámicos con la policía, que causaron tres muertos y más de 200 heridos, la Autoridad Nacional Palestina pidió ayer a Israel que le entregue arsenal antidisturbios para reprimir cualquier manifestación a favor de Osama bin Laden. A la vez, un alto comisionado de las Fuerzas Nacionales e Islámicas, la coalición de agrupaciones islámicas –incluida Al Fatah del líder palestino Yasser Arafat– llamó a los palestinos a que “sigan unidos” frente a Israel.
Luego de las primeras acciones militares de Estados Unidos contra Afganistán en su guerra antiterrorista, y tras la manifestación en favor del multimillonario saudita Bin Laden, el hombre acusado de los ataques del 11 de setiembre, las autoridades palestinas mantuvieron cerradas las escuelas y universidades, limitaron la entrada de periodistas extranjeros y pidieron tranquilidad a la población. Pero lo más desconcertante fue que recurrieran a su rival en Medio Oriente, Israel, y le pidieran material antidisturbios, como gases lacrimógenos, para reprimir si se vuelve a presentar un episodio similar.
Los enfrentamientos en Gaza evidenciaron una clara división entre Yasser Arafat y los dirigentes islámicos, porque el primero prefiere evitar un antagonismo con Estados Unidos –aliado de Israel–, mientras los otros son pro Bin Laden y antioccidentales. Por ese sentido, Arafat prohibió las protestas contra Estados Unidos y con adhesión a Bin Laden para prevenirse de un sentimiento antinorteamericano que se vivió en su país por los atentados contra Estados Unidos. La Autoridad Palestina condenó los mismos pero se abstuvo de apoyar la operación militar de Bush (Arafat apoyó a Irak en contra de Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1991). El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Ben Eliezer, dijo que las protestas pondrán a prueba la capacidad de Arafat de controlar a los militantes islámicos –cuestión que se puso siempre en duda– y está siendo estudiado el pedido del material antidisturbios. Israel y Estados Unidos vienen ejerciendo presión para que el líder palestino arreste a los militantes extremistas islámicos que atacan blancos israelíes.
Tras un año de Intifada, el enemigo común en los territorios palestinos sigue siendo Israel. Sin embargo, hay divergencias entre Arafat y la corriente islamista. Precisamente para echar un manto de piedad, los líderes de las principales agrupaciones palestinas, la Organización Al Fatah de Arafat y su principal opositora, el Hamas, acordaron en la madrugada de ayer buscar por la unidad palestina para que Israel no saque ventaja de los efectos de la revuelta interna. La Autoridad Palestina dijo que Bin Laden no tiene derecho de utilizar la lucha de los palestinos como justificativo de su violencia. La situación es delicada para Arafat porque el Hamas y la Jihad Islámica, que llaman a una lucha sin piedad contra Israel, cuentan con muchos seguidores que sintonizan con los sentimientos antiestadounidenses de la población.

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