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EL JUEZ URSO LE DIO DIEZ DIAS A MENEM PARA JUSTIFICAR SU FORTUNA
Riva Aramayo, amiga para siempre

Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani pidieron la causa. Podrían terminar con la investigación por enriquecimiento ilícito.

El juez federal Jorge Urso dispuso que la defensa de Menem tiene diez días para justificar su patrimonio.

Por E. T.

El ex presidente Carlos Menem tendrá diez días para justificar el origen de varios de sus bienes. Un informe de la AFIP precisó que del estudio de las declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía General de Gobierno deberá acreditar la legitimidad de propiedades por cerca de un millón de pesos. Luego de que el juez Jorge Urso enviara, a los defensores del ex presidente, los oficios de rigor, la camarista Luisa Riva Aramayo le reclamó al magistrado que le remita la causa.
En medio de tantas malas noticias, la semana pasada el ex presidente recibió una buena: la Sala I de la Cámara Federal, que integran Riva Aramayo y Horacio Vigliani, salió sorteada para hacer las veces de tribunal de alzada en el expediente por enriquecimiento ilícito, que viene instruyendo Urso. En los tribunales afirman que lejos del ánimo de la camarista está el excusarse de las actuaciones. Si bien en una entrevista concedida a este diario la jueza insistió en definirse como peronista y no como menemista, cierto es que sus lazos con los seguidores del ex presidente son tan sólidos que no se debilitaron una vez que el riojano abandonó la Casa de Gobierno.
Prueba de ello fue la visita que la camarista realizó a las oficinas del ex ministro del Interior Carlos Corach. Eran los días previos a la detención de Carlos Menem. El empresario del cuero y ex cuñado presidencial Emir Yoma ya se encontraba preso acusado de ser organizador de la asociación ilícita que concretó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
La camarista había admitido ante Página/12 que concurrió al estudio de Corach para “saludarlo por las fiestas judías”. En el bufete del senador, y no casualmente, se encontraban Mariano Cúneo Libarona y Julio Ballestero, defensores de Emir. Un allegado a Menem reconoció a este diario que Riva Aramayo llegó a las oficinas de Corach luego de reunirse con el ex presidente en su casona de la calle Echeverría 3535. La fuente, de estrecha relación con el ex mandatario, señaló que la jueza se mostraba preocupada porque había visto a Menem bastante desconcentrado y demasiado pendiente de la suerte de su ex cuñado, Emir Yoma.
“Carlos, vienen por vos, dejate de joder con Emir”, le habría dicho la camarista al ex presidente, según la confesión del destacado colaborador del riojano a este diario. En la misma versión, la camarista se dirigió a las oficinas de la calle Belgrano al 600 para tratar de que su “amigo” Carlos Corach pudiera hacer entrar en razones al Jefe.
La Sala I debe decidir la apelación presentada por los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi en la que reclamaron a Urso abstenerse de seguir actuando en las investigaciones por enriquecimiento ilícito dado que existía un fallo del juez de Chilecito, Enrique Chumbita, sobreseyendo a Menem. Para los defensores, la investigación es cosa juzgada. Precisamente en estos días Suiza reveló la existencia de una cuenta con un millón de francos suizos, abierta por el propio Menem en 1986. Tiempos en los que era gobernador de La Rioja. La cuenta nunca fue declarada. Luego del dictamen de Urso y del fiscal Carlos Stornelli, la palabra ahora está en manos de los camaristas Riva Aramayo y Vigliani. Por lo pronto la causa también.

 


 

MARIA JULIA ALSOGARAY FUE INDAGADA POR ASOCIACION ILICITA
Polifuncionaria de tour en Tribunales

Por Adriana Meyer

Fiel a su estilo, esquivó la guardia periodística tanto al entrar como al salir de los tribunales federales de Retiro. Y, como ya es habitual en ella, respondió todas las preguntas con un nivel de precisión casi exasperante. María Julia Alsogaray, la funcionaria multipropósito preferida del ex presidente Carlos Menem, fue indagada en la causa en la que está acusada de haber liderado una asociación ilícita. Respondió sobre la adjudicación de obras y designación de funcionarios en forma presuntamente irregular, pago de sobreprecios y donaciones ilegales. Pero no quedó detenida y es probable que siga libre, al menos en los próximos días. La declaración fue interrumpida a pedido de la imputada, que manifestó estar “cansada”, y continuará mañana. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que la ex funcionaria menemista “puede quedar detenida si la imputación de la Oficina Anticorrupción (OA) y la fiscalía tienen sustento en los hechos”.
A bordo de un automóvil particular, Alsogaray ingresó a las 9.20 al garaje del edificio de Comodoro Py 2002. Acompañada por su joven sobrino, Francisco Alsogaray, vestida con pantalón y saco negros, chalina y blusa rojas, se dirigió al quinto piso donde está el despacho de la defensora oficial Perla Martínez de Buck, que la asiste en todas las causas abiertas en su contra. Apenas ingresó al juzgado federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, pidió ver la documentación recolectada durante la investigación. “Se la vio tan tranquila, como si estuviera de paseo”, comentaron a Página/12 fuentes judiciales.
La ex secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable pagó dos millones de dólares por refaccionar un piso de una oficina céntrica y construir un entrepiso. Esa cifra incluiría sobreprecios y la ex funcionaria habría firmado varios contratos separados para evitar llamar a licitación y adjudicar las obras en forma directa a distintas empresas y profesionales, con algunos de los cuales mantenía relación personal. Los trabajos cuestionados se hicieron en 1995 para acondicionar las nuevas oficinas del cuerpo de asesores del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA). El caso fue revelado el 3 de enero de 2000 en Página/12. La banda liderada por Alsogaray estaría integrada por su ex subsecretaria de Coordinación, Mabel Behal, el marido de ésta y ex coordinador de créditos internacionales Oscar Banchio, el ex delegado en Parques Nacionales, Santiago Bignoli y su padre, Arturo Bignoli, y habría actuado como una organización que adjudicaba obras en forma irregular, pagaba sobreprecios, designaba funcionarios violando la ley y hacía donaciones ilegales, como una de automóviles que recibió una fundación de la diputada peronista Norma Godoy.
Alsogaray respondió cada una de las imputaciones con detalles técnicos y formales referidos a las resoluciones cuestionadas. La denuncia había sido presentada por la Oficina Anticorrupción y al impulsarla el fiscal Miguel Osorio acusó a la ex funcionaria de haber sido jefa de una asociación ilícita. Osorio no estuvo presente en la audiencia de ayer porque consideró que “la indagatoria es un acto de defensa y en una causa en la que la prueba es documental y pericial no es necesario interrogar y repreguntar”. El fiscal indicó a Página/12 que opinará “recién cuando el juez decida la situación procesal de la imputada”.
Cuando finalice la indagatoria, el juez se tomará unos días para estudiar las respuestas de Alsogaray y decidirá si la procesa con o sin prisión preventiva. Podría utilizar los diez días que establece el código o esperar a escuchar al resto de los imputados pero fuentes cercanas al magistrado aseguran que resolverá “pronto” la cuestión.

 

Aldo Dadone recuperó la libertad

Aldo Dadone, ex presidente del Banco Nación, recuperó ayer su libertad porque la Cámara Federal revocó la prisión preventiva que le había dictado el ex juez Adolfo Bagnasco, en febrero pasado, en la causa conocida como IBM-Nación. Los camaristas de la sala I Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani consideraron que la medida adoptada por el ex magistrado “no está debidamente fundamentada”.
Dadone ya estaba procesado por defraudación pero pocos días antes de abandonar su cargo, Bagnasco procesó al ex funcionario cavallista por cohecho. Además, lo acusó de haber sido el jefe de una asociación ilícita el 8 de febrero ordenó su detención. Al momento de resolver su situación procesal, el juez no encontró elementos en ese sentido pero lo dejó preso porque “podría eludir la acción de la justicia”, dado que en 1997 se mantuvo prófugo por más de 60 días. La clave de estas decisiones fue el descubrimiento de cuentas suizas de los imputados.
Bagnasco había impuesto la prisión preventiva a Dadone en base al artículo 319 del Código Procesal Penal, que establece la detención para el imputado ante la presunción de que pudiera fugarse o entorpecer las investigaciones. La aplicación del artículo 319 del código procesal “no está debidamente fundamentada” en el caso de Dadone, dijeron los jueces. Y resaltaron que el ex titular del Nación “ha sufrido en detención un lapso suficiente”.

 

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