Por E. T.
El ex presidente Carlos Menem
tendrá diez días para justificar el origen de varios de
sus bienes. Un informe de la AFIP precisó que del estudio de las
declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía General de
Gobierno deberá acreditar la legitimidad de propiedades por cerca
de un millón de pesos. Luego de que el juez Jorge Urso enviara,
a los defensores del ex presidente, los oficios de rigor, la camarista
Luisa Riva Aramayo le reclamó al magistrado que le remita la causa.
En medio de tantas malas noticias, la semana pasada el ex presidente recibió
una buena: la Sala I de la Cámara Federal, que integran Riva Aramayo
y Horacio Vigliani, salió sorteada para hacer las veces de tribunal
de alzada en el expediente por enriquecimiento ilícito, que viene
instruyendo Urso. En los tribunales afirman que lejos del ánimo
de la camarista está el excusarse de las actuaciones. Si bien en
una entrevista concedida a este diario la jueza insistió en definirse
como peronista y no como menemista, cierto es que sus lazos con los seguidores
del ex presidente son tan sólidos que no se debilitaron una vez
que el riojano abandonó la Casa de Gobierno.
Prueba de ello fue la visita que la camarista realizó a las oficinas
del ex ministro del Interior Carlos Corach. Eran los días previos
a la detención de Carlos Menem. El empresario del cuero y ex cuñado
presidencial Emir Yoma ya se encontraba preso acusado de ser organizador
de la asociación ilícita que concretó la venta ilegal
de armas a Ecuador y Croacia.
La camarista había admitido ante Página/12 que concurrió
al estudio de Corach para saludarlo por las fiestas judías.
En el bufete del senador, y no casualmente, se encontraban Mariano Cúneo
Libarona y Julio Ballestero, defensores de Emir. Un allegado a Menem reconoció
a este diario que Riva Aramayo llegó a las oficinas de Corach luego
de reunirse con el ex presidente en su casona de la calle Echeverría
3535. La fuente, de estrecha relación con el ex mandatario, señaló
que la jueza se mostraba preocupada porque había visto a Menem
bastante desconcentrado y demasiado pendiente de la suerte de su ex cuñado,
Emir Yoma.
Carlos, vienen por vos, dejate de joder con Emir, le habría
dicho la camarista al ex presidente, según la confesión
del destacado colaborador del riojano a este diario. En la misma versión,
la camarista se dirigió a las oficinas de la calle Belgrano al
600 para tratar de que su amigo Carlos Corach pudiera hacer
entrar en razones al Jefe.
La Sala I debe decidir la apelación presentada por los abogados
Oscar Roger y Oscar Salvi en la que reclamaron a Urso abstenerse de seguir
actuando en las investigaciones por enriquecimiento ilícito dado
que existía un fallo del juez de Chilecito, Enrique Chumbita, sobreseyendo
a Menem. Para los defensores, la investigación es cosa juzgada.
Precisamente en estos días Suiza reveló la existencia de
una cuenta con un millón de francos suizos, abierta por el propio
Menem en 1986. Tiempos en los que era gobernador de La Rioja. La cuenta
nunca fue declarada. Luego del dictamen de Urso y del fiscal Carlos Stornelli,
la palabra ahora está en manos de los camaristas Riva Aramayo y
Vigliani. Por lo pronto la causa también.
MARIA
JULIA ALSOGARAY FUE INDAGADA POR ASOCIACION ILICITA
Polifuncionaria de tour en Tribunales
Por Adriana Meyer
Fiel a su estilo, esquivó
la guardia periodística tanto al entrar como al salir de los tribunales
federales de Retiro. Y, como ya es habitual en ella, respondió
todas las preguntas con un nivel de precisión casi exasperante.
María Julia Alsogaray, la funcionaria multipropósito preferida
del ex presidente Carlos Menem, fue indagada en la causa en la que está
acusada de haber liderado una asociación ilícita. Respondió
sobre la adjudicación de obras y designación de funcionarios
en forma presuntamente irregular, pago de sobreprecios y donaciones ilegales.
Pero no quedó detenida y es probable que siga libre, al menos en
los próximos días. La declaración fue interrumpida
a pedido de la imputada, que manifestó estar cansada,
y continuará mañana. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral
afirmó que la ex funcionaria menemista puede quedar detenida
si la imputación de la Oficina Anticorrupción (OA) y la
fiscalía tienen sustento en los hechos.
A bordo de un automóvil particular, Alsogaray ingresó a
las 9.20 al garaje del edificio de Comodoro Py 2002. Acompañada
por su joven sobrino, Francisco Alsogaray, vestida con pantalón
y saco negros, chalina y blusa rojas, se dirigió al quinto piso
donde está el despacho de la defensora oficial Perla Martínez
de Buck, que la asiste en todas las causas abiertas en su contra. Apenas
ingresó al juzgado federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral,
pidió ver la documentación recolectada durante la investigación.
Se la vio tan tranquila, como si estuviera de paseo, comentaron
a Página/12 fuentes judiciales.
La ex secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable pagó
dos millones de dólares por refaccionar un piso de una oficina
céntrica y construir un entrepiso. Esa cifra incluiría sobreprecios
y la ex funcionaria habría firmado varios contratos separados para
evitar llamar a licitación y adjudicar las obras en forma directa
a distintas empresas y profesionales, con algunos de los cuales mantenía
relación personal. Los trabajos cuestionados se hicieron en 1995
para acondicionar las nuevas oficinas del cuerpo de asesores del Programa
de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA). El caso fue revelado el
3 de enero de 2000 en Página/12. La banda liderada por Alsogaray
estaría integrada por su ex subsecretaria de Coordinación,
Mabel Behal, el marido de ésta y ex coordinador de créditos
internacionales Oscar Banchio, el ex delegado en Parques Nacionales, Santiago
Bignoli y su padre, Arturo Bignoli, y habría actuado como una organización
que adjudicaba obras en forma irregular, pagaba sobreprecios, designaba
funcionarios violando la ley y hacía donaciones ilegales, como
una de automóviles que recibió una fundación de la
diputada peronista Norma Godoy.
Alsogaray respondió cada una de las imputaciones con detalles técnicos
y formales referidos a las resoluciones cuestionadas. La denuncia había
sido presentada por la Oficina Anticorrupción y al impulsarla el
fiscal Miguel Osorio acusó a la ex funcionaria de haber sido jefa
de una asociación ilícita. Osorio no estuvo presente en
la audiencia de ayer porque consideró que la indagatoria
es un acto de defensa y en una causa en la que la prueba es documental
y pericial no es necesario interrogar y repreguntar. El fiscal indicó
a Página/12 que opinará recién cuando el juez
decida la situación procesal de la imputada.
Cuando finalice la indagatoria, el juez se tomará unos días
para estudiar las respuestas de Alsogaray y decidirá si la procesa
con o sin prisión preventiva. Podría utilizar los diez días
que establece el código o esperar a escuchar al resto de los imputados
pero fuentes cercanas al magistrado aseguran que resolverá pronto
la cuestión.
Aldo Dadone recuperó
la libertad
Aldo Dadone, ex presidente del Banco Nación, recuperó
ayer su libertad porque la Cámara Federal revocó la
prisión preventiva que le había dictado el ex juez
Adolfo Bagnasco, en febrero pasado, en la causa conocida como IBM-Nación.
Los camaristas de la sala I Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani
consideraron que la medida adoptada por el ex magistrado no
está debidamente fundamentada.
Dadone ya estaba procesado por defraudación pero pocos días
antes de abandonar su cargo, Bagnasco procesó al ex funcionario
cavallista por cohecho. Además, lo acusó de haber
sido el jefe de una asociación ilícita el 8 de febrero
ordenó su detención. Al momento de resolver su situación
procesal, el juez no encontró elementos en ese sentido pero
lo dejó preso porque podría eludir la acción
de la justicia, dado que en 1997 se mantuvo prófugo
por más de 60 días. La clave de estas decisiones fue
el descubrimiento de cuentas suizas de los imputados.
Bagnasco había impuesto la prisión preventiva a Dadone
en base al artículo 319 del Código Procesal Penal,
que establece la detención para el imputado ante la presunción
de que pudiera fugarse o entorpecer las investigaciones. La aplicación
del artículo 319 del código procesal no está
debidamente fundamentada en el caso de Dadone, dijeron los
jueces. Y resaltaron que el ex titular del Nación ha
sufrido en detención un lapso suficiente.
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