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Cómo hizo el Estado para pagarle a su mayor deudor

Mediante un sorprendente decreto, el Gobierno ordenó abonarle a Correo Argentino casi $ 30 millones. El Tesoro no podía hacerlo porque esa empresa le debe mucho más. Por tanto, se utilizó a la AFIP.

Correo Argentino se adjudicó
hace cuatro años la privatización prometiendo el canon más alto.

Por Julio Nudler

Sorprende, de entrada, que un decreto –por añadidura de necesidad y urgencia– que le ordena a la AFIP cancelar deudas con sus proveedores por casi 30 millones de pesos no aclare quiénes han de ser los destinatarios de esos pagos. Más aún cuando no cabe el plural porque, según ya adelantó Página/12 el 21 de septiembre, dos días después de publicada la norma en el Boletín Oficial, Correo Argentino S.A. –que no es mencionado ni una sola vez en el DNU– es el único beneficiario de ese pago, efectuado en bonos. Por notable coincidencia, en la misma fecha la empresa del Grupo Macri se presentó pidiendo la convocatoria de acreedores, con lo cual el Estado estaba disponiendo abonarle a una compañía a la que probablemente no conseguirá cobrarle las acreencias muchísimo más cuantiosas que tenía (y tiene) contra ella. La pregunta que inmediatamente suscitó ese decreto fue cómo pudieron firmarlo el Presidente y todos los ministros si afecta tan manifiestamente los intereses del Estado. Pues bien: la manera que hallaron para salvar la legalidad de la orden de pago impartida fue dirigírsela a la Administración Federal de Ingresos Públicos, un organismo que efectivamente mantenía una deuda con Correo Argentino (aunque también en relación a esto hay serios reparos) pero no acreencias contra esa firma, por lo que Armando Caro Figueroa puede abonar sin objeción alguna. Sin embargo, para ejecutar este ardid fue preciso deshacer un expediente ya concluido en el Ministerio de Economía y que conducía a una decisión totalmente diferente. Incluso Juan Pablo Cafiero, ministro frepasista de Desarrollo Social, rubricó el DNU, pero al intentar consultarlo este diario sobre las razones que tuvo para suscribirlo, respondió a través de sus voceros que lo había hecho “porque Macri no podía pagar los sueldos”. Ese fue, efectivamente, uno de los argumentos con que el dueño de Socma presionó en los últimos meses.
Este holding venció en la puja por el servicio de correos, celebrada en 1997, al ofrecer un canon semestral de 51,6 millones de pesos, aunque luego, en base a una serie de quejas y reclamos contra el Estado, retuvo los pagos correspondientes. El conflicto llevó a la constitución de una comisión mixta en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, entonces timoneado por Nicolás Gallo. Ese cuerpo se expidió en junio de 2000, rechazando casi todas las exigencias de la firma, que por esa razón desconoció el pertinente memorándum. En la Memoria de la compañía se afirma que la comisión no cumplió su cometido, por lo que recurrieron a la Justicia, obteniendo de ésta una medida cautelar que suspendía el pago del canon mientras no se resolvieran las cuestiones planteadas. Entre los supuestos perjuicios sufridos por Correo se incluía, por ejemplo, que formaba parte del plan de negocios de la firma colocar deuda con determinada calificación, pero que por culpa de la inestabilidad económica esa financiación resultó más cara, y por tanto correspondía que el Gobierno compensara a la compañía por ese sobrecosto.
En una primera etapa, la controversia giró en torno de la cuestión del pago compensado. Los carteros aducían haber cancelado los primeros semestres de canon, restando de éste las sumas correspondientes de las facturas que tenían sin cobrar por servicios prestados a organismos estatales, además de algunos pasivos que descubrieron al hacerse cargo de la herencia de Encotesa. Macri proponía continuar con ese mismo método, pero la contraparte gubernamental sólo aceptó ese criterio para lo corrido hasta entonces, tras una cuidadosa conciliación de cuentas, descartándolo como esquema hacia adelante. De modo que se saldaban por compensación la segunda cuota (septiembre) de 1998, la primera de 1999 (marzo) y parte de la segunda. Según los negociadores estatales, la firma privada estuvo de acuerdo y participó activamente del cómputo, presentando boleta por boleta. Posteriormente, la postura de Macri se endureció marcadamente, pasando a exigir que se le cancelaran las facturas en efectivo, sin que se le reclamara por otro lado el pago del canon, porque de otro modo la empresa zozobraría. Había, sin embargo, un escollo aún no superado.
El obstáculo consistía en que las deudas postales en que había incurrido la AFIP correspondían en gran parte a “gastos bastardos”, como se denominan en la jerga burocrática los comprometidos por un ente público sin contar con cuota presupuestaria. Este endeudamiento irregular se vuelve frecuente en épocas de brusco ajuste fiscal, cuando Hacienda recorta el margen para devengar erogaciones, restricción que suele ser burlada por los responsables de muchas reparticiones para mantenerlas en funcionamiento. Pero el hecho es que por la ley de Solvencia Fiscal, sancionada en las postrimerías del menemismo, Hacienda no reconoce como deuda la que haya sido asumida por un organismo excediéndose de su cuota de devengado. De esta manera, era necesario darle registro presupuestario a las facturas adeudadas por la AFIP para poder pagar luego por los franqueos. Con ese fin se preparó un proyecto de DNU, que estaba redactado a comienzos de este año. Sin embargo, los tironeos dentro del Gobierno acerca de la actitud a asumir frente a las crecientes pretensiones de Macri, que incluían la renegociación del canon, postergaron la firma del decreto.
El propio Gallo, hasta su remoción, Patricia Bullrich (Trabajo), Domingo Cavallo (Economía) y Henoch Aguiar (Comunicaciones) se mostraban sensibilizados ante los planteos de Correo Argentino en nombre de diferentes razones, pero Fernando de la Rúa y Chrystian Colombo (Jefatura de Gabinete) no terminaban de definirse acerca de la rescisión ni de estas otras cuestiones de caja. Ello hasta la emisión del decreto 1176, rubricado el 14 de septiembre último. Para ese momento, Colombo ya tenía en sus manos un minucioso análisis oficial del litigio, encargado por él, con conclusiones claramente adversas a Francisco Macri y sus socios en este emprendimiento. Allí se lee: “Pretender no cumplir invocando en forma unilateral el incumplimiento del otro, recurrir a la Justicia sin agotar las instancias entre partes o en la Administración, querer imponer compensaciones o mecanismos de caja única que nada tienen que ver con el pliego de licitación o con el contrato, no pagar el canon que fue la única variable para la calificación... no son precisamente cuestiones que hagan a la buena fe del concesionario.”

 

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