Por Cristian Alarcón

Tres días estuvo desaparecido el niño Gabriel Rodríguez en el pueblo de Yuto, 50 kilómetros antes de la frontera con Bolivia, en Jujuy. Tenía ocho años, era pobre, vivía en la calle, mendigaba en la puerta de la parroquia San Miguel Arcángel y se alimentaba en un comedor popular. Su cuerpo fue encontrado el viernes a la noche por un grupo de chicos que cazaban pajaritos con gomeras, cerca de un basural y de un barranco, en las afueras de Yuto. Aún no se sabe si se trató de un crimen. Pero su caso vino a engrosar una abrumadora explosión en las cifras que acumula la ONG Missing Children y la Red Solidaria. Tras la aparición del cadáver del “angelito” jujeño, las dos organizaciones se manifestaron en la plaza de la República, bajo el Obelisco, junto a 21 familias que buscan a sus chicos. Allí denunciaron que en comparación con años anteriores se ha duplicado la cantidad de niños desaparecidos durante los primeros nueve meses del año. El caso de Gabriel es el octavo de entre aquellos que terminan con la arrasadora noticia de la muerte. Y por lo pronto desató por primera vez en décadas una marcha del silencio de los que nunca alzaron antes su voz en la tierra de los ingenios azucareros.
Susan Prilick, de Missing Children, le dijo ayer a Página/12 que la muerte de Gabriel viene a ser el corolario de un “preocupante aumento en la cantidad de denuncias que recibimos”. “Empezamos a trabajar en 1998 y esta es la primera vez que tenemos tantos chicos perdidos al mismo tiempo. Llegaron a ser 77, hoy son 73, cuando siempre el promedio fue de entre 50 y menos de 60”, apunta Prilick. No es esa sola comparación la que preocupa a las ONGs: mientras que durante 1999 y el 2000 fueron cerca de 200 las denuncias recibidas, tan sólo entre enero y los primeros días de octubre fueron 264. “Para nosotros hay varias explicaciones posibles, una de ellas es que son más los padres que se conectan apenas se ausentan sus chicos, pero también que hay una realidad más violenta en la que suelen ser víctimas y una enorme falta de contención familiar”, explicó Juan Carr.
Gabriel Rodríguez es uno de “los tres hermanitos Rodríguez”, esos chicos que pululan por las calles del pueblo de a decenas desde que la desocupación caló también en Yuto, como en el resto de las comunidades del norte de la provincia. Yuto no es un foco de conflicto, como Tartagal o General San Martín, donde los jujeños han pasado al combate político a través de los piquetes. Yuto es más bien un somnoliento pueblo acostumbrado a la abismal diferencia entre ricos y pobres que durante décadas profundizaron los ingenios azucareros. Es cierto que el juez que lleva el caso por el supuesto homicidio de Gabriel, Jorge Samman, aún no recibió el resultado de la autopsia y no se presentó en el lugar porque un piquete rutero se lo estaría impidiendo. Pero también es cierto que el millar de humildes que el lunes marchó por las calles polvorientas de Yuto pidiendo justicia con apenas un murmullo de padrenuestros como consignas es el inesperado conflicto entre un sector postergado y la justicia que tarda siempre más de la cuenta, o nunca llega.
Así se lo dice, y a su manera, a Página/12 uno de los chicos del grupo La Chimenea, que trabaja con niños en riesgo en la iglesia. Se llama Fernando Dorado, tiene 20 años, y fue también él un chico de la calle.
De hecho su propio hermano, un niño como Gabriel, murió dos años atrás y su caso dejó una estela de sospechas nunca investigadas. “El desapareció, una noche, era tarde, no teníamos plata ni para las pilas de las linternas para salir a buscarlo. Diez días anduvimos por el río hasta que apareció.” El médico que hizo la autopsia dijo que se había ahogado. Pero la familia Dorado no cree en el informe. Conocen a un testigo que nunca declaró y que en confianza contó que el niño fue golpeado y ahogado por un grupo de cazadores. “¿Es un grupo de poder?”, le preguntó este cronista. “No, en ese caso no, si es que acá la maldad es de ricos y es de pobres con la mísera que se nos vino.” Fernando sabe que en este caso no ocurrirá lo mismo, dice. “Sin politiquerías ni nada la gente acá sola se fue el sábado al cementerio y se plantó adelante de la morgue. No dejaban que pasara elforense y como se quiso ir sin hablar le empezaron a tirar piedrazos. El comisario amenazó con denunciarlos, pero se le plantaron.” Mañana a la una, con el de la puna en lo alto, volverán a caminar, en silencio. “Si no pasa nada, el viernes lo hacemos con voz en alto”, anuncian.

CONTRA EL EX PRESIDENTE DE LA CORTE DE SANTA FE
Denuncia por acoso con cámara oculta

El ex presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Raúl Alvarez, fue denunciado por acoso sexual por una funcionaria judicial de Rosario, que le exige una indemnización de 1.110.000 pesos por daños y perjuicios. La abogada acompañó su presentación con un video filmado con una cámara oculta, donde se vería a Alvarez –cuando todavía encabezaba el máximo tribunal provincial– intentando besarla y manoseándole los senos y ante el rechazo de ella, le diría: “Ay m’hijita, si seguís así, vas a ser jueza el día del kilo”. En su demanda, la funcionaria afirmó que él primero la amenazó con dejarla cesante y después le prometió un nombramiento como magistrada si accedía a sus pretensiones. La noticia del caso escandaliza a la ciudad de Rosario, donde viven la denunciante, de 44 años, y el denunciado, de 74.
Según precisó a Página/12 el abogado de Miriam I., Luis María Velázquez, como consecuencia del acoso sexual, la mujer cayó en una profunda depresión y está bajo tratamiento psiquiátrico desde 1998. La demanda fue presentada el miércoles 3 de octubre y pasó al Tribunal Colegiado Nº 6 de Rosario, pero el viernes sus tres miembros se excusaron de intervenir. Ahora está en manos de los jueces del Tribunal Nº 1. La mujer dice tener 16 testigos de la conducta de Alvarez, entre ellos otros funcionarios judiciales, abogados y empleados de tribunales como el ex chofer del presidente de la Corte, que “solía llevarle obsequios a su casa de parte del juez”.
“Alvarez inició el acoso desde que ella empezó a trabajar en tribunales, en 1993. En ese momento, él era ministro de la Corte. Pero su asedio se agravó a partir de 1998 cuando asumió como presidente del tribunal”, señaló Velázquez. La denunciante ingresó a la Justicia por concurso y actualmente se desempeña como funcionaria del Ministerio Público del Menor de Rosario. El abogado detalló que, los jueves y viernes, Alvarez concurría al edificio de los tribunales de Rosario. Allí, en el segundo piso, la Corte provincial tiene una subsede y la oficina de Miriam I. está en la planta baja. “Cada vez que estaba en el edificio, él iba a verla y la acosaba”, afirmó el letrado. Según precisó, el video fue filmado por una cámara oculta colocada en el despacho de Miriam I. el 13 de julio último. Alvarez renunció a la Corte el 31 de agosto, ya que había excedido ampliamente el límite de edad de 65 años que establece la ley de la provincia de Santa Fe.
La noticia de la demanda generó un escándalo en Rosario. “Previendo que esto ocurriría antes de hacer la denuncia, le propuse encontrarnos para evitar el litigio. Pero negó todos los hechos y no aceptó”, dijo Velázquez. Página/12 quiso saber por qué la mujer esperó a que Alvarez dejara su cargo y no lo denunció antes, y el abogado respondió: “¿Usted se animaría a demandar al presidente de su empresa? ¿Quién le saldría de testigo?”.

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