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Por Eduardo Videla
 El gobierno nacional subió
la apuesta en su disputa con Aníbal Ibarra por el manejo del juego:
Lotería Nacional autorizó el funcionamiento de máquinas
de resolución inmediata, más conocidas como tragamonedas,
en los cinco bingos de la ciudad de Buenos Aires. La diputada Alicia Castro
(ARI) presentó una denuncia penal contra el presidente Fernando
de la Rúa, autor del decreto que dio pie a esa resolución,
por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según
denunció la legisladora, se trató de una adjudicación
directa, hecha a medida de la empresa beneficiaria, que había comprado
los equipos antes de firmarse el decreto que autorizaba su instalación,
según la documentación peresentada en la causa, a la que
accedió Página/12. El gobierno porteño, por su parte,
amenaza con clausurar las máquinas que se pongan en funcionamiento.
El conflicto nació en abril, cuando De la Rúa firmó
el decreto 494/2001, que autoriza a Lotería Nacional a implementar
juegos de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas.
Aunque no precisaba el lugar de instalación, la norma se refería
en forma implícita a la ciudad de Buenos Aires, el único
lugar donde Lotería tiene jurisdicción. Tanto el gobierno
porteño como la Defensoría del Pueblo presentaron demandas
judiciales contra el decreto, lo mismo que el abogado Ricardo Monner Sans.
Nueve meses después, el 7 de setiembre último, Lotería
Nacional dictó una resolución reglamentaria del decreto
anterior, por el cual le concede a los cinco bingos porteños la
autorización para comercializar “juegos de resolución
inmediata por medio de máquinas electrónicas en sus respectivas
salas”.
En la ciudad de Buenos Aires funcionan cinco bingos: Lavalle, Congreso,
Belgrano, Flores y Caballito. Los cinco fueron autorizados durante la
presidencia de Carlos Menem. Los cuatro primeros son propiedad de un solo
grupo empresario, liderado por Domingo Lacquaniti, principal beneficiario
de la operación.
Según denunció Castro, Lacquaniti sería socio del
empresario Samuel Liberman, el ex dueño de la cadena de cable VCC
que ahora se dedica a la cría de caballos de carrera y a la explotación
del juego en Uruguay y en la provincia de Mendoza. Pero además
es el dueño de una casa en Miami donde –según la denuncia–
suelen alojarse el hijo presidencial Antonio de la Rúa y su famosa
novia colombiana.
Lo curioso es que Lotería no llamó a licitación para
adjudicar la explotación de las máquinas: otorgó
el permiso por una resolución que no fue publicada en el Boletín
Oficial, ante la simple solicitud de la Cámara Empresarial del
Bingo de la Capital Federal, según se argumenta en los considerandos
de la norma. La Cámara –no podía ser de otra manera–
está presidida por el señor Lacquaniti.
También es llamativa la compra de máquinas tragamonedas
que en noviembre del 2000 realizó la Unión Transitoria de
Agentes, cuyo titular es... Roque Lacquaniti. De acuerdo con la documentación
presentada por Alicia Casto, la empresa compró 50 equipos, por
un valor de 94 mil dólares. Pero según la diputada, la operación
involucra 4000 máquinas tragamonedas.
Castro presentó una denuncia penal contra De la Rúa, que
recayó en el Juzgado Federal a cargo de Claudio Bonadío.
Según la diputada, con la firma del decreto, el Presidente ha violado
la Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que establecen que el control y regulación de los juegos
de azar en la ciudad es una atribución del Estado porteño.
“De la Rúa borró con el codo lo que escribió
con la mano –dijo Castro a Página/12–. El mismo hombre
de derecho que decía en 1999 que era ilegal instalar un casino
en la ciudad de Buenos Aires, ahora firma un decreto que habilita máquinas
de juego en cinco lugares de la misma ciudad.”
El gobierno porteño también se opone a la instalación
de las máquinas, no sólo por una cuestión de principios,
sino por razones económicas: fuentes del Ministerio de Desarrollo
Social sostienen que existennegociaciones entre esa cartera –que
maneja un porcentaje de lo recaudado en el juego– y la gestión
de Aníbal Ibarra por una división equitativa del producto
de las apuestas en el territorio de la ciudad.
Por lo pronto, el procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López,
que ya había presentado un pedido de nulidad del decreto, amplió
la denuncia a la resolución de Lotería. “La ciudad
reivindica el juego como fuente de financiamiento –dijo López
a Página/12–. Mientras no haya acuerdo de transferencia con
la Nación, Lotería puede explotar los juegos preexistentes
(Loto, Quiniela, Prode), pero no tiene competencia para crear nuevos juegos.”
–¿Qué va a hacer el gobierno si los bingos ponen a
funcionar las máquinas tragamonedas?
–El gobierno está en condiciones de clausurarlas, porque no
están habilitadas.
SE
AGRAVAN LAS INUNDACIONES EN EL NOROESTE DE BUENOS AIRES
Tres millones de hectáreas bajo agua
A pesar de que las lluvias fueron
mínimas en las últimas horas, unas 2500 personas permanecen
evacuadas en 23 partidos bonaerenses afectados por las inundaciones y
en otras ciudades de La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos. En la provincia
de Buenos Aires, unas tres millones de hectáreas productivas están
bajo las aguas. Uno de los problemas de mayor gravedad se vive en el partido
de General Viamonte, donde “el 70 por ciento de las 215 mil hectáreas
del distrito están anegadas”. Anoche, unos 300 pobladores
de General Viamonte y otros cincuenta de 25 de Mayo tuvieron que abandonar
sus hogares ante el avance de las aguas en la zona urbana. En La Pampa
mejoró la situación en Monte Nievas, pero el agua hace estragos
en la ciudad vecina de Metileo, mientras que hubo 70 evacuados en Concordia,
Entre Ríos, en este caso por la creciente del río Uruguay.
Sólo en la provincia de Buenos Aires hay más de 2000 evacuados.
De los 23 partidos afectados, la situación más difícil
está planteada en Pergamino y en San Nicolás. Los otros
distritos inundados son Adolfo Alsina, Salto, La Matanza, Arrecifes, Arroyo
Seco, General Viamonte, Bragado, Chascomús, Rivadavia, Salliquelló,
Tres Lomas, 9 de Julio, Leandro Alem, Dolores, General Madariaga, Ramallo,
Puán, Lincoln, Pellegrini, General Paz y Florentino Ameghino.
El ministro bonaerense de Agricultura, Haroldo Lebed, dijo que a pesar
de la merma de las lluvias, los desbordes de ríos y arroyos extendieron
la inundación “a otras áreas que hasta ahora no estaban
afectadas” y son ya “aproximadamente tres millones” las
hectáreas bajo las aguas. En General Viamonte tuvieron que ser
evacuados 130 niños que concurrían a una escuela ubicada
en la zona rural y otros colegios quedaron aislados, por lo que fueron
suspendidas las clases.
El secretario de Gobierno de General Viamonte, Miguel Angel Rodríguez,
dijo que “toda la cosecha se perdió” porque al trigo
“lo tapó el agua, mientras que el maíz no se pudo sembrar
por la inundación y la soja tampoco”. Las pérdidas
económicas “son muy importantes”, anticipó Rodríguez,
quien adelantó que “la situación comenzará a
recuperarse recién a mediados del año próximo, con
un poco de suerte”.
En La Pampa, la preocupación ahora está centrada en la localidad
de Metileo, que fue declarada en “estado de emergencia” y donde
se produjo la evacuación de 14 familias. Metileo está cerca
de Monte Nievas, un pequeño pueblo que tuvo que ser evacuado en
su totalidad ante el avance de las aguas. También hubo inundaciones
en el oeste pampeano, por los desbordes del río Atuel y del lago
de la represa Casa de Piedra.
En Concordia, Entre Ríos, las inundaciones afectan a la zona sur
de esa ciudad, donde fueron evacuadas 70 personas que viven en viviendas
precarias. El problema se debe a la creciente del río Uruguay,
que provocó el desborde del arroyo Yuquerí.
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