Por Pedro Lipcovich

“La característica marcada es inexistente”, contesta una voz grabada a quien tenga la idea de pulsar *911. La voz grabada, al igual que la mayoría de los argentinos, ignora que, por ley nacional promulgada el año pasado, ése es el número unificado para emergencias en todo el territorio nacional. La norma aguarda en vano su implementación por el Poder Ejecutivo, pese a que los especialistas concuerdan en que salvaría vidas, no sólo por mejorar el tiempo de respuesta ante emergencias sino por reducir los accidentes causados por las propias ambulancias cuando van a toda velocidad.
La ley 25.367, promulgada el 15 de diciembre del año pasado, establece la “creación del Departamento de Emergencias Coordinadas, que funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior y tendrá a su cargo dar las primeras instrucciones frente a los distintos tipos de emergencias y derivar el pedido o denuncia a las reparticiones públicas o privadas con competencia”. Para ello, “dótase al mismo de un único número de teléfono (*911, asterisco novecientos once), que será el mismo en todo el país, a fin de receptar las denuncias. Las llamadas serán sin cargo”.
El proyecto, aprobado por unanimidad en ambas cámaras, había sido presentado por el diputado Víctor Fayad, y en los fundamentos se enumeraban algunos de los sucesos que podían dar lugar al llamado –“accidente, incendio, robo, violencia familiar o callejera, pérdida de gas, cable eléctrico descolgado, animal peligroso”– y algunos de los teléfonos que “el ciudadano se ve obligado a memorizar o agendar: Bomberos, 100; Defensa Civil, 103; Policía, 101; Emergencia Médica, 107; Emergencia Ambiental, 105; Ayuda al Niño, 102; Banco de Sangre, 4305-4777; Centro de Asistencia al Suicida, 4962-0303; Centro de Intoxicaciones, 4962-2247; Pami Urgencias Médicas, 4381-2032”.
El diputado Fayad comentó a este diario que “el proyecto tuvo consenso en todas las comisiones legislativas y, cuando Federico Storani era ministro del Interior, se dieron los primeros pasos para implementarlo en la Secretaría de Seguridad Interior. Pero cuando cambió el ministro (el actual es Ramón Mestre) la implementación quedó paralizada”. En efecto, según fuentes del Ministerio del Interior, no hay en este momento un organismo que se esté ocupando del tema.
Las ventajas del número único son aun más de las que se enuncian en los fundamentos del proyecto. Martín Kloosterman, de la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, señaló otra: “Se ha comprobado que la circulación de vehículos con sirena incrementa notablemente el riesgo de accidentes: un número único que funcione bien se traduce en menos vehículos corriendo a emergencias que quizá no lo sean”.
Osvaldo Roys, director del programa nacional de la Cruz Roja, señala que “el número único puede ayudar a ganar tiempo en situaciones como las de paro cardíaco, donde por cada minuto que pasa se pierde un 15 por ciento de las probabilidades de sobrevida”. Roys, autor del Manual de despacho asistido, destacó la importancia de formar a los “despachadores”, que atienden los teléfonos de emergencias y que “mediante tres o cuatro preguntas clave deben discernir entre más de 120 posibilidades de derivación”.
Sin embargo, el número único tiene sus riesgos. Uno de ellos, según Marcelo Muro –director del SAME, sistema de emergencias médicas de la Ciudad de Buenos Aires–, es “enlentecer la respuesta, en caso de que el sistema no esté bien organizado o bien entrenados los operadores”. Otro problema es la confidencialidad: “Supongamos que un padre de familia aparece apuñalado vestido de mujer, o que alguien ha tenido un ataque cardíaco en un albergue transitorio con una mujer que no es su esposa: el secreto profesional, el derecho a la intimidad es patrimonio usual de quienes trabajamos en el área de salud, pero quizá no tanto de quienes trabajan en el área de seguridad”. Saúl Drajer –ex presidente del Consejo Nacional de Resucitación– agrega que “en un país como la Argentina, donde la información sobre los ciudadanos ha sido utilizada de manera non sancta, la idea de que el sistema quede a cargo del Ministerio del Interior puede ser discutible. Por otra parte, la implementación de la ley requiere un tejido laborioso: hay que diseñar una estrategia para formar una red en todo el país. No hay que olvidar que, por más que se trate de un número único, los que atienden el teléfono están en cada región. Lo primero es que la gente sepa que existe la ley: la mayoría de los socorristas ni se enteraron, y nuestro Consejo no fue convocado”.

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