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Por Cledis Candelaresi
 Los cimbronazos políticos
preelectorales demoraron el anuncio de un paquete para estimular la construcción
y la demanda de viviendas para la clase media, que Economía alista.
La batería de medidas, que podrían darse a conocer en los
próximos días, contempla beneficios fiscales para los constructores
así como la posibilidad de utilizar los fondos capitalizados en
las AFJP para la compra de unidades, idea alentada por la Cámara
Argentina de la Construcción. Con esta estrategia, el Gobierno
intentará resucitar un sector muy golpeado por la recesión
sin necesidad de que el famélico erario desembolse dinero.
Quizás el punto más novedoso del paquete es el que permitiría
a los beneficiarios del sistema de jubilación privado destinar
una proporción de lo capitalizado en su cuenta para pagar un anticipo
del precio de la vivienda que compra. Este monto sería luego restituido
por el titular, pero a largo plazo y con un interés muy inferior
al de los préstamos hipotecarios del mercado.
Según el borrador oficial, el resto del préstamo para completar
el valor de la unidad podría ser otorgado por la propia AFJP, que
luego comercializaría la hipoteca en el mercado secundario. O bien,
por un banco, al que la Administradora en cuestión podría
comprarle el título hipotecario con el mismo propósito de
titulización.
La idea de utilizar parte del ahorro previsional para la compra de casas
o departamentos fue planteada por la CAC como parte de un complejo plan
de viviendas que serviría para movilizar la construcción
con escasos recursos públicos. De inmediato la alternativa sonó
bien en los oídos oficiales, donde ya se barajaba una alternativa
similar. Economía e Infraestructura –básicamente el
cavallista Carlos Bastos– comenzaron a precisar el diseño
del sistema y analizar si éste requeriría una modificación
a la Ley 24.191 de Reforma Previsional.
El otro capítulo fuerte del plan de viviendas cavallista podría
incluir un decreto con ventajas impositivas para las empresas constructoras.
Seguramente, entre ellas estará la posibilidad de aplicar el crédito
fiscal del IVA pagado sobre todos los insumos a obligaciones impositivas
inmediatas. Pero a este beneficio fiscal podría añadirse
algún otro, en particular para las que construyan unidades para
los sectores menos pudientes.
El estímulo a la construcción es concebido por el Gobierno
como un recurso para generar empleo y reavivar una serie de actividades
ligadas a ésta. Ese efecto multiplicador resulta un anzuelo tan
eficaz como el lobby de los constructores, que aún no gozan de
los prometidos beneficios del Plan de Infraestructura, diseñado
por el secretario de la Presidencia, Nicolás Gallo, y perfeccionado
por su sucesor en Infraestructura, Bastos. Los cavallistas reconocen a
Gallo el mérito de haber promovido el sistema inglés para
la obra pública, capítulo fuerte de ese Plan Federal. Se
trata de un mecanismo de financiamiento por el cual éstas se construyen
con recursos privados: el Estado sólo ofrece garantías para
que las constructoras consigan financiamiento más barato y repaga
los emprendimientos después que éstos fueron concluidos.
Pero las iniciativas para fomentar la construcción de viviendas
que anunció desde su anterior puesto el actual secretario general
de De la Rúa resultaron totalmente ineficaces. Tampoco es muy prometedor
el decreto del cavallismo que permite desgravar de Ganancias los intereses
que se pagan por los créditos hipotecarios: este mecanismo sólo
puede servir al segmento de ingresos medios altos de la población,
pero deja afuera a un sector importante de la demanda potencial.
El Central ya flexibilizó las exigencias a los bancos para que
éstos puedan admitir como deudores hipotecarios a clientes que
no tienen ingresos blanqueados, siempre y cuando tengan buena conducta
probada en la institución. En los próximos días podría
añadirse alguna otra normatécnica para fomentar aún
más los préstamos hipotecarios a menor tasa. Para reactivar,
cualquier intento vale la pena.
REEMPLAZA
A BONOS PROVINCIALES
Lecop para todos
Domingo Cavallo se llegó
ayer hasta la Casa de la Moneda para ver el nacimiento de su última
criatura: las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
(Lecop), que empezarán a distribuirse entre las provincias como
un nuevo medio de pago. La primera emisión fue de 560 mil billetes,
cada uno equivalente a 50 pesos, es decir, por 28 millones de pesos, como
anticipo de un programa que alcanzará hasta 1300 millones. La pretensión
es que las Lecop reemplacen a los distintos bonos provinciales, como los
patacones bonaerenses y jujeños, los quebracho chaqueños
o los bocanfor formoseños.
Las Lecop aparecieron ante la sequía fiscal, tanto de la Nación
como de las provincias. Para cumplir con el Déficit Cero, Cavallo
cortó las partidas hacia los distritos del interior, desconociendo
el Pacto Fiscal vigente, que lo comprometía a remitir 1364 millones
de pesos mensuales. El ministro espera que la distribución de Lecop
haga más tolerable el tijeretazo que aplicó a los fondos
provinciales.
La nueva seudomoneda también surgió ante la proliferación
de bonos en el interior, que ahora quedarían resumidos en un solo
instrumento con mayor respaldo y, por tanto, con menor riesgo de desvalorización.
Un grupo de provincias acordó con el Gobierno que eventualmente
utilizarían las Lecop, mientras otras las esperan ansiosas. Entre
estas últimas figuran Jujuy y Formosa. Carlos Ruckauf también
anticipó que quiere las Lecop para reemplazar a los patacones,
pero eso ocurriría recién a partir del mes que viene. En
tanto, se sumarían Chaco, La Rioja, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Corrientes, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Salta y Tierra
del Fuego. Por ahora no está previsto que lo hagan Córdoba
y Santa Fe. Los Lecop servirán para pagar impuestos nacionales,
y los gobernadores lo entregarían a empleados públicos y
proveedores.
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