Por Adriana Meyer

María Julia Alsogaray ya está acostumbrada a entrar y salir de Comodoro Py. Ayer continuó prestando declaración indagatoria durante nueve horas en la causa que podría llevarla a la cárcel, pero no perdió la calma y salió rumbo a su casa. Tendrá que seguir declarando el lunes. Está acusada de haber liderado una asociación ilícita que presuntamente pagó sobreprecios, adjudicó obras y designó funcionarios en forma irregular para la refacción de las oficinas del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia), cuando ocupaba el cargo de secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. En su extenso descargo aseguró que los hechos que se le imputan fueron “actos administrativos reservados al criterio de oportunidad y conveniencia” que tenga quien ocupa el cargo político.
La ex polifuncionaria más cercana a Carlos Menem todavía no empezó a responder el interrogatorio que tiene preparado el juez Rodolfo Canicoba Corral. Su indagatoria había comenzado el miércoles y se extendió más de cuatro horas, hasta que el magistrado resolvió pasar a un cuarto intermedio. Ayer, a las 9.45, vestida con pollera negra, blusa y el mismo chal rojo que había usado en su primera aparición, llegó en un automóvil gris metalizado con vidrios polarizados e ingresó directamente al subsuelo del edificio de los tribunales federales de Retiro, evitando cámaras y micrófonos. Junto a la defensora oficial Perla Martínez de Buck se dirigió al despacho del juez, en el tercer piso.
Alsogaray continuó desmenuzando la acusación de la Oficina Anticorrupción (OA), tratando de negar hechos e imputaciones, con detalles y precisiones. La OA había denunciado que en 1995 pagó dos millones de dólares por refaccionar un piso de una oficina céntrica y construir un entrepiso destinados al Prodia. Esa cifra incluiría sobreprecios y la ex funcionaria habría firmado varios contratos separados para evitar llamar a licitación y adjudicar las obras en forma directa a distintas empresas y profesionales, con algunos de los cuales mantenía relación personal. La ex funcionaria aportó documentación referida a un fideicomiso del Banco Ciudad que también figura en la denuncia. La OA indicó que “los asuntos públicos fueron manejados entre un grupo de conocidos”, algunas obras se encargaban a contratistas “amigos en aras de alcanzar ganancias personales”.
Pero la jornada terminó sin que el juez haya podido empezar a hacerle preguntas, lo que ocurrirá el lunes a partir de las 10.
El fiscal federal Miguel Osorio la imputó como jefa de una asociación ilícita, delito no excarcelable, argumentando que “cuando alguien desembarca en un organismo con gente conocida, de su confianza, cuando se gambetea la normativa jurídica que mínimamente da transparencia a la gestión pública, eso no es otra cosa que la concertación de un grupo de personas para cometer un delito”. Sin embargo, Canicoba Corral no sólo no ordenó la detención preventiva de Alsogaray antes de interrogarla sino que tampoco lo haría cuando concluya.
Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que el magistrado le enrostra determinados hechos y no calificó qué tipo de delitos habría cometido. Esto puede ocurrir dentro de los diez días que establece el Código o después de que el juzgado ordene una serie de medidas y que declaren el resto de los imputados: su ex subsecretaria de Coordinación, Mabel Behal, el marido de ésta y ex coordinador de créditos internacionales Oscar Banchio, el ex delegado en Parques Nacionales, Santiago Bignoli y su padre, Arturo Bignoli. De todos modos, la posibilidad de que termine presa sería concreta aunque no inmediata. La presencia en el juzgado de efectivos del escuadrón Buenos Aires, de la Gendarmería, y de un camión celular perteneciente a esa fuerza en la playa de estacionamiento de los tribunales hicieron sospechar que era inminente su detención pero, en realidad, respondieron al encarcelamiento de un ciudadano bengalí. Pasadas las 19, Alsogaray se retiró del edificio, escoltada por un par de policías que la acompañaron hasta que salió por una puerta lateral, evitando una vez más la guardia periodística.
Además de esta acusación, Alsogaray sobrelleva una decena de causas judiciales y en una de ellas está procesada y sufre un embargo de 3 millones de pesos porque supuestamente se enriqueció en forma ilícita tras su paso por los cargos que ocupó durante los diez años de presidencia de Carlos Menem. Antes de ocupar la Secretaría de Recursos Naturales fue interventora de Somisa y ENTel.

ACLARACION DEL EX VICECANCILLER EN EL CASO AMIA
Petrella suma más confusión

El ex vicecanciller Fernando Petrella intentó aclarar ayer los términos de la declaración que hizo el jueves ante el juez federal Juan José Galeano en la causa AMIA. No quiso aparecer descargando la responsabilidad en su antiguo jefe, el ex canciller Guido Di Tella. Pero sólo aportó confusión: “Al canciller no le fue enviado el cable y no lo envié yo”, dijo en referencia al documento de la embajada argentina en Teherán que aportó indicios sobre la participación de Irán en el atentado.
De las palabras del ex funcionario no quedó claro si el cable no fue enviado o si fue enviado por otra persona que no fue él. Lo cierto es que el jueves, bajo juramento, Petrella afirmó que recibió copia del cable en el que el encargado de negocios de la embajada argentina en Irán informó el 31 de julio de 1994 que un piloto comercial de esa nacionalidad se había presentado en la delegación diplomática para manifestar sus sospechas sobre la participación de Brat Alí Badesj Abadi –nombre de un correo diplomático iraní– en la voladura de la AMIA. El ex funcionario aseguró que sabía que ese cable había sido retransmitido a Di Tella, quien estaba en Estados Unidos para analizar si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podía colaborar con la Argentina.
“Ese cable yo no lo recibí, no fui el receptor, nunca le fue transmitido al canciller Di Tella, y la retransmisión no la hice yo ni mi oficina, porque no correspondía”, afirmó Petrella. Estas palabras son confusas, pero quienes estuvieron en el despacho de Galeano durante el testimonio del ex funcionario no tienen dudas: allí, el ex vicecanciller dijo claramente que vio el cable y que éste le llegó a Di Tella, aunque aclaró que no fue él quien realizó el trámite. En cambio, sugirió que esa tarea estuvo a cargo de la Dirección de Africa del Norte y Medio Oriente. Petrella fue interrogado por ese cable y otra comunicación cifrada que no fue remitida de inmediato a la Justicia. El primero se conoció en 1998 y el segundo hace pocos meses. El ex funcionario aseguró que la asesoría jurídica de Cancillería era la oficina que debió haber informado a Galeano. Cuando le retrucaron que esa repartición no estaba al tanto de las comunicaciones, apuntó al gabinete del ministro. Para aclarar si Di Tella tuvo acceso a la información, el juez lo citó para el jueves próximo.

PRINCIPAL