Por Horacio Verbitsky

El desinterés por las elecciones se manifestará en forma plena hoy porque se ha difundido la impresión de que los resultados no afectarán en forma significativa la situación general. Lo principal que parece estar en discusión es cómo se conformará la coalición que siga sosteniendo la política en aplicación desde hace tres lustros, de la cual a partir de mañana se irán anunciando las distintas medidas que el propio gobierno dejó trascender en las últimas semanas. Todas orientadas a mantener y profundizar el ajuste.
La mayor paradoja es que la prevista derrota del gobierno del presidente Fernando De la Rúa y su devaluado ministro de Economía, Domingo Cavallo, no parece encaminada a alterar demasiado la relación de fuerzas que lo sostiene. Sus partidarios en ambas cámaras del Congreso experimentarán una variación numérica irrelevante. Decrecerán hasta perder la primera minoría en Diputados y aumentarán sin dejar de ser la segunda bancada en el Senado. Como hasta ahora, para la aprobación de las leyes más duras el presidente deberá seguir descansando en la negociación con los gobiernos provinciales justicialistas, que ladran pero no muerden.
El desapego popular a las políticas oficiales no necesita de ninguna constancia adicional, porque se verifica a diario, tanto como la inexistencia de propuestas alternativas creíbles. Si Rodolfo Terragno se impusiera en la Capital, la resistencia radical al cavallismo ganaría algo de consistencia. No alcanzaría para desbancar al superministro (cuya suerte depende sobre todo de la situación económica y de la contestación social) pero sí para crear un polo alternativo. La fórmula Terragno-Ibarra podría expresar la continuidad de la sociedad con el Frepaso, ahora en oposición al gobierno nacional y con vistas a la renovación presidencial del remoto 2003. La eventual derrota de Terragno, en cambio, se sumaría a la segura caída en Buenos Aires del trío Alfonsín-Storani-Moreau lo cual, por una vía paradójica pero palpable, fortalecería a De la Rúa al menoscabar a sus críticos dentro de la UCR. En tal caso, se potenciarían dos ex aliados radicales chaqueños, hoy enemistados: el gobernador Angel Rozas y la diputada Elisa Carrió, como alternativas mutuamente excluyentes para el reagrupamiento de la coalición que en 1999 acabó con el menemismo y, en el segundo caso, su expansión hacia la izquierda, también con vistas al 2003. Los esperados triunfos justicialistas no alcanzarán a borrar la inolvidable década de Menem, Duhalde y Rückauf. En la provincia de Buenos Aires, Duhalde podría duplicar los votos de Alfonsín, pero aun así estaría por debajo de la peor elección previa de su partido en el distrito. La presencia de Cavallo en el gobierno radical transparenta la continuidad con las políticas de la administración anterior y minimiza la potencialidad del justicialismo como hipótesis de cambio.

Ultimos sondeos

Los cuadros que se publican en esta página agrupan los últimos sondeos realizados por algunas de las principales empresas locales, aquellas que siguieron midiendo intenciones de voto hasta último momento. A la indiferencia colectiva se suma la penuria económica de los partidos políticos y de los gobiernos nacional y provinciales, que son los principales clientes de las empresas de sociología de mercado. Por eso las mediciones han continuado hasta concluir la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no en la provincia de Buenos Aires, donde casi todas las encuestadoras cesaron su labor por lo menos una semana antes. En la Capital Federal tres fórmulas aparecen tan próximas que es imposible asegurar quiénes serán electos para el Senado. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, surge un claro vencedor y la única duda que subsiste es por el segundo lugar, si bien disminuida en las últimas semanas. La comparación es de algún modo incorrecta desde un punto de vista metodológico, ya que se trata de investigaciones realizadas en días y con métodos distintos. También los resultados están presentados en forma dispar. A los efectos de atenuar estas diferencias, no se incluyen en el cuadro general encuestas en las que se hayan proyectado los votos de indecisos.
En estas condiciones, su publicación sólo alcanza para indicar en modo muy general el crecimiento notorio de las distintas formas de rechazo al conjunto de las opciones en oferta y un grado de indecisión acerca de qué votar, mucho más alto que en ocasiones anteriores. Por cierto, este fenómeno tiene un sentido muy distinto para los partidos que desde 1983 se han alternado en el poder, radicales y justicialistas de distintas líneas, que para aquellos que esperan capitalizar ese descontento, como la Alternativa para una República de Iguales, la Izquierda Unida o la agrupación Autonomía y Libertad.
El ARI se basa en la estructura del Partido Socialista Democrático y en el ascendiente personal de Carrió. En la Izquierda Unida confluyen las estructuras de los partidos Comunista y Socialista de los Trabajadores. En el caso de Luis Zamora, la propuesta se basa en un modo horizontal de construcción política y en la historia personal del candidato: diputado hasta 1993, nunca cobró jubilación y sobrevive correteando libros, que carga en un maletín con el que camina hasta diez horas por día. Un modelo distinto de político, cuya intención de voto fue en ascenso en los últimos días, como muestran los cuadros.

La prohibición

En noviembre del año pasado la Legislatura local sancionó una ley que regula el financiamiento de las campañas políticas y pone límites a losgastos destinados a la propaganda electoral. Su artículo 5 prohíbe “la difusión, publicación, comentarios o referencia, por cualquier medio, de los resultados de encuestas” dentro de “las cuarenta y ocho horas anteriores a la iniciación del comicio y hasta tres horas después de su finalización”, lo cual incluye los sondeos a boca de urna entre quienes ya han votado. El castigo por la violación de la norma es una multa, desde un tercio hasta la mitad del centimetraje o minutaje de publicidad del medio, según sea gráfico o electrónico. En mayo de 1999 la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había aprobado un dictamen muy similar. La sanción serían multas desde 5.000 hasta 100.000 pesos, y penas de prisión desde dos meses hasta dos años. No fue sancionado porque forma parte de la reforma política más general, sobre la que no ha habido acuerdo hasta ahora.
En elecciones previas, algunos sondeos a boca de urna atribuyeron la victoria a candidatos que fueron desplazados pocas horas después en los escrutinios provisionales. Pero el festejo de la primera noche y el temor a un escamoteo en los cómputos hizo que los vencidos velaran las urnas hasta la conclusión del escrutinio definitivo, como en Tucumán. La tensa relación entre los políticos y la prensa incidió para que se extrajera de este episodio una conclusión hostil al control que implican las encuestas, cuando bien podría haber sido a la inversa. En definitiva, el escrutinio puso las cosas en su lugar y las primeras horas de confusión no tuvieron ninguna consecuencia peor que la decepción de los vencidos.

La francesa

Entre quienes defendieron ese criterio restrictivo de la libertad, se argumentó con el caso de Francia, donde regía desde 1977 una prohibición similar. Pero hace un mes y medio la sala penal de la Cámara de Casación, el más alto tribunal francés, la soslayó por considerar que violaba la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones legislativas de 1997, el diario “Le Parisien” publicó un sondeo realizado por una empresa especializada y un análisis de los probables resultados. El órgano que supervisa la corrección de los comicios demandó al director del diario, Philippe Amaury. En junio de 2000 un juzgado correccional de París aceptó la demanda considerando que la veda durante la semana previa a una elección era “condición necesaria para la libre decisión de los electores”, cuya reflexión y voluntad debían ser preservados de esa influencia. La Cámara de Casación no estuvo de acuerdo. Ante la apelación del director de “Le Parisien” el tribunal recordó que el artículo 10 de la Convención Europea garantiza la libertad de recibir o transmitir informaciones o ideas. Este derecho no puede ser sometido a restricciones, salvo que éstas “constituyan medidas necesarias, dentro de una sociedad democrática, para garantizar la defensa nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, de la reputación o los derechos de un tercero, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial” . El artículo 14 añade que el goce de esa libertad debe asegurarse sin distinción alguna. La Cámara de Casación entendió que la prohibición de difundir sondeos no protegía el derecho de los votantes a la libre elección ni respondía a “necesidad social imperiosa” alguna. Además era discriminatoria, ya que mientras la prensa francesa no podía publicarlos, eran accesibles a través de Internet. En consecuencia, declaró que se había instaurado “una restricción a la libertad de recibir y comunicar informaciones, que no es necesaria para la protección de los intereses legítimos enumerados en el artículo 10, inciso 2 de la Convención Europa, y que al ser incompatibles con esasdisposiciones convencionales, no podían servir de fundamento a una condena penal”. Si la Cámara de Casación hubiera actuado de otro modo, “Le Parisien” hubiera recurrido a la Corte Europea de Derechos Humanos, que hubiera fallado en su favor, obligando de ese modo al estado francés.
El artículo 13 de la Convención Americana es similar al artículo 10 de la Convención Europea. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta que la Convención Americana es aún más generosa en su garantía de la libertad de expresión y menos restrictiva que la Europea y que el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. A partir de esta explícita definición considera posible incorporar toda la doctrina y la jurisprudencia europeas y de las Naciones Unidas, considerándolas como un piso sobre el que deben elevarse las instituciones americanas. Esto significa que cualquier condena que un tribunal argentino pudiera imponer por la publicación de estos sondeos electorales sería revocado por los órganos del sistema interamericano.

Desilusión

Además de los impecables argumentos jurídicos de la Cámara de Casación, los fundamentos del artículo prohibitivo de la ley porteña pueden ser atacados desde el más llano sentido común. Durante los debates previos a su sanción se adujo que la publicación de encuestas podía influir a los votantes. Por supuesto, no se profundizó en qué sentido operaría esa influencia. El cuadro de intención de voto para Senadores, por ejemplo, indica que ni Rodolfo Terragno ni Alfredo Bravo tienen asegurada una banca en el nuevo Senado, ya que una atropellada de último momento todavía podría darle la victoria a Gustavo Beliz, postergando a uno de los dos favoritos. Al conocer este dato objetivo, es posible que un porcentaje de indecisos, de reacios al voto y/o de partidarios de la anulación, decidan cambiar su criterio y, aun a desgano, concurran a votar para impedir el éxito del ex speechwriter de Carlos Menem y ex aliado de Domingo Cavallo. Pero tampoco puede descartarse que cierto número de simpatizantes de Horacio Liendo lo abandonen para beneficiar a Beliz. Nadie podría prever sin una investigación específica sobre ese punto de qué modo afectarían estas mudanzas simultáneas el resultado final. En cambio, es obvio que la información oportuna sobre las perspectivas de cada candidato, amplía el espacio de decisión de los electores. En el caso de las elecciones del domingo, esta mayor libertad de decisión sólo se aplicaría negativamente. En el ejemplo, sólo serviría a quienes desean impedir que se imponga un candidato al que rechazan. Pero ese no es un problema que pueda achacarse a la difusión de la encuesta. Por el contrario, remite al problema central, que es la falta de ilusión en que la victoria de algún candidato sirva para cambiar algo.

Nulidad y recuperación

Las diversas encuestas de opinión coinciden en señalar que crecerá por encima de lo habitual el porcentaje de aquellos que no concurrirán a la mesa de votación, sufragarán en blanco o buscarán anular su voto, para lo cual circulan boletas con candidatos imposibles, reales e imaginarios, vivos y muertos. Los encargados de mesa deben prepararse incluso para las bromas pesadas que podrán encontrar dentro de los sobres. Esto ha sido estimulado tanto desde la frivolidad de la derecha golpista como desde la exasperación de la izquierda que se cayó del mapa. También a partir de posiciones que deploran la degradación ostensible del proceso democrático pero no aspiran a demolerlo sino a recuperarlo. El ex peronista Pablo Bergel, que acompañó a Carlos Auyero en la fundación de la Democracia Popular y el Frente Grande, sostiene que hoy habrá “una huelga de ciudadanía, una desobediencia masiva, un corte de ruta de los ciudadanos a un sistema de representación que no representa, sino que sistemáticamentedesobedece y expropia el mandato popular” . A su juicio, esto no implicará “un decaimiento en la voluntad participativa de la sociedad ni un abandono de las convicciones democráticas” ya que “el estado de movilización de la sociedad argentina, en el mayor nivel desde los ‘70, muestra lo contrario: existe una creciente politización, un aumento de la participación y la demanda pública ciudadana, pero esa energía democrática, al no encontrar expresión leal y consecuente en el sistema político, se expresa por fuera y en contra de éste, develando su crisis profunda”. Bergel propone “la masiva introducción de instrumentos y prácticas de democracia directa (algunas, como la iniciativa y la consulta popular, y el presupuesto participativo, ya existen en la Constitución pero son incumplidas por el régimen)”. Sostiene que “la representación por medio de mandatarios debe ser subsidiaria y subordinada a la decisión directa de los ciudadanos en temas nacionales y locales”. Cuando la delegación se torna “funcionalmente imprescindible”, dice, debe estipularse un “contrato electoral” entre representante y representados, que fije “el objetivo, modalidad y finalidad del mandato, su forma de control y derogación por parte de los ciudadanos”. Un primer experimento en ese sentido será la Consulta Popular convocada por el Frente Nacional contra la Pobreza, dice Bergel. (El Frenapo no auspicia la anulación ni el votoblanquismo y entre sus promotores hay dirigentes de diversos partidos que hoy presentan candidaturas). El 13 de diciembre es la fecha dispuesta para esa consulta. Ese día, sigue Bergel, se votará por la creación de un salario básico de ciudadanía, para que ningún hogar quede por debajo de la línea estadística de pobreza. “Allí sí habrá democracia de contenido y forma; ese sí será un voto claro e inexpropiable; en esas experiencias de democracia directa, así como en las asambleas piqueteras, se van forjando las nuevas prácticas y voluntades constituyentes de una sociedad, donde la democracia y el voto no sean lágrimas de cocodrilo derramadas en vano”, concluye.

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