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Por
Adriana Meyer
 Los
dos últimos ministros de Educación durante la gestión
menemista fueron llamados a indagatoria. Están acusados de fraude
contra la administración pública por haber contratado en
forma directa los servicios del encuestador Hugo Haime, que también
fue citado. Según la denuncia de la Oficina Anticorrupción
(OA), los “funcionarios públicos actuaron beneficiando un
interés privado”, violaron la normativa vigente, subcontrataron
personas vinculadas a la misma consultora para la realización de
varios informes con el mismo objetivo, que incluso no fueron utilizados
en “ninguno de los programas desarrollados por el ministerio”.
Así, los ex ministros Susana Decibe y Manuel García Solá
serán indagados el 25 y el 30 de octubre, mientras que Haime debe
presentarse el día 23. La ministra firmó uno de los cinco
contratos cuestionados.
El juez Gabriel Cavallo accedió de esta manera al pedido del fiscal
Carlos Cearras, a quien había delegado la investigación
iniciada el año pasado con la denuncia de la OA. Durante la gestión
de Solá como secretario de Programación y Evaluación
Educativa, desde abril de 1996 a mayo de 1999, y como ministro de Educación,
hasta diciembre del mismo año, se celebraron cinco contratos con
Haime para que realizara encuestas con diferentes objetos. En esa presentación
no figuraba la ex ministra Decibe, pero el fiscal estableció que
uno de los contratos cuestionados lleva su firma. García Solá
integró el efímero “Gabinete de las Luces” de
los ultramenemistas que acompañaron al “jefe” tras la
derrota electoral del ‘99.
“El monto del fraude no supera los 700 mil pesos, pero lo más
grave es el hecho”, explicó a Página/12 una fuente
judicial. En este caso los hechos indican que se utilizó la vía
de la contratación directa para la realización de estudios
que se superponían entre sí. A modo de ejemplo, uno de ellos
se refería al “criterio” y otro a la “opinión”
de la comunidad sobre la evaluación en el sistema educativo.
El director de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido, había
denunciado:
- Las violaciones a las disposiciones que regulaban los contratos, relativas
a los montos máximos que debían abonarse, a la competencia
del funcionario que estaba facultado para decidir el contrato, y a los
informes que debían dirigirse a la máxima autoridad del
ministerio acerca de los resultados alcanzados con la contratación.
- La total falta de utilidad de los trabajos contratados, que no habrían
sido utilizados en el desarrollo de ninguno de los programas llevados
adelante por el ministerio y que no se informaron al ministro los resultados
alcanzados con los mismos.
- La doble o triple contratación de estudios que podrían
haberse llevado a cabo mediante un solo trabajo, por tener objetivos similares
o idénticos y poseer en muchos casos el mismo universo de población
encuestada (mayores de 18 años residentes en la Capital y en la
provincia de Buenos Aires).
- El vínculo laboral con Haime que tenían los demás
sujetos contratados: Carlos Santos, Sandra Albertocco y Marina Hondeville
se encontraban a la fecha de los contratos prestando servicios en la consultora
de Haime.
Además de Decibe, García Solá y Haime, fueron citados
a indagatoria Santos, Albertocco, Hondeville y otros cinco ex funcionarios
del ministerio. Aunque la OA pretendía que los acusados fueran
imputados por el delito de negociaciones incompatibles con la función
pública, finalmente deberán responder bajo el cargo de fraude
contra la administración pública. “Todo esto ocurrió
mientras todos pagábamos el impuesto para elincentivo docente y
ahí radica la inmoralidad, además del aspecto legal”,
opinó uno de los investigadores.
Otro de los imputados es José Elisardo Fortes, ex subsecretario
de Administración del Ministerio de Educación. El ex funcionario
decidió la adjudicación del contrato a favor de la consultora
de Haime, mientras que García Solá autorizó el gasto.
En el expediente hay una nota en donde queda clara la intervención
de Fortes: Haime le hace llegar una nota en donde “de acuerdo a lo
conversado telefónicamente” le envía el presupuesto
“para los estudios de opinión pública”.
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