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Por Claudio Zlotnik
 Domingo Cavallo corre serios
peligros de que su estrategia para sacar a la Argentina de la crisis se
convierta en un fracaso rotundo. La calificadora de riesgo Standard &
Poor’s (S&P) declarará a la Argentina en cesación
de pagos en caso de detectar que el inminente canje de la deuda con bancos
y AFJP sea forzoso. La advertencia, efectuada ayer mediante un comunicado
redactado por los analistas de S&P en Nueva York, pone una piedra
en el camino del ministro de Economía. Y en caso de concretarse,
la decisión de la agencia estadounidense colocaría a la
Argentina en un escenario más complicado que el actual: provocaría
turbulencias en los mercados y ahondaría la incertidumbre económica.
Pero la novedad de S&P no fue el único trago amargo para Cavallo.
Anoche también se enteró de que las negociaciones con las
AFJP para llevar a cabo el canje están estancadas. Pese a este
clima de derrota, hubo una fuerte recuperación de los mercados,
recorrido por la versión de una inminente dolarización (ver
aparte).
La cornisa por donde transita el Gobierno es cada vez más angosta.
Cavallo corre contrarreloj para presentar un plan que asegure el cumplimiento
del déficit cero. Con la estrepitosa caída de la recaudación
de septiembre y que se repetiría en este mes, el ministro se vería
obligado a profundizar el ajuste durante el último bimestre del
año para equilibrar las cuentas públicas. La única
manera de esquivar ese destino sería bajando el costo de la deuda
y, muy posiblemente, recurriendo a la cosmética fiscal para barrer
bajo la alfombra algunos desvíos. Por otra parte, una versión
que ayer se hizo fuerte en el mercado dio cuenta de que el Gobierno analiza
implementar la dolarización de la economía.
Durante toda la jornada, funcionarios de la secretaría de Hacienda
intentaron en vano acordar el esquema de un trueque de deuda con los fondos
de pensión. A las cuatro de la tarde, la severa advertencia de
S&P terminó por embarrar la cancha.
Desde Wall Street, la calificadora de riesgo advirtió que existen
dos maneras para declarar en default a un deudor:
- Si directamente éste deja de pagar.
- O bien si, con tal de evitar una cesación de pagos, el deudor
reestructura sus pasivos en condiciones menos favorables para el acreedor
que en la versión original. En este caso, la nota sería
“SD” (Default Selectivo) ya que los problemas no afectarían
a todas las emisiones de deuda. Por otra parte, el país podría
recuperar su nota anterior no bien comience a pagar los vencimientos de
los nuevos bonos. En un comunicado de por sí contundente, S&P
aclaró la situación al ejemplificar que bajo circunstancias
similares a las que ahora se plantearían en la Argentina hace algunos
años se degradaron las calificaciones de Rusia, Pakistán
e Indonesia. Hace una semana, S&P redujo la calificación de
la Argentina a “CCC+” con perspectivas negativas, a un paso
de la cesación de pagos.
Si bien la decisión de Standard & Poor’s no sorprendió
a los funcionarios de Economía, Cavallo ordenó a los miembros
de su equipo económico a mantener silencio. Y el Palacio de Hacienda
se limitó a fijar posición a través de un escueto
comunicado de prensa de la secretaría de Finanzas. Claramente,
la estrategia de Economía apunta a demostrar que no habrá
una reprogramación forzosa de la deuda. Tras admitir que se mantuvieron
reuniones con inversores institucionales (bancos y AFJP) para efectuar
un canje “voluntario” de la deuda, reconoció que “se
está evaluando el valor económico de ciertas garantías”
que serían incluidas en las nuevas emisiones. Una de las variantes
analizadas es garantizar el cobro de las nuevas emisiones con la recaudación
del impuesto a las transferencias financieras (ITF). Según el argumento
oficial, la tasa de interés de los nuevos títulos se daría
gracias a la utilización de esas garantías y no a que la
reestructuración haya sido obligatoria. Por las dudas, S&P
adelantó que “se vería obligada a bajar las calificaciones”
anivel de default aun en caso de que “los acreedores manifiesten
que el canje es voluntario”.
La aplicación de garantías a los nuevos bonos formó
parte hasta anoche de las negociaciones entre el Gobierno y las AFJP.
Pero no hubo acuerdo. Básicamente porque los fondos de pensión
no creen que el Congreso pueda aprobar una ley garantizando con la recaudación
el repago de los títulos públicos. Pero además, según
comentó el gerente de una AFJP a Página/12, existen disidencias
entre las propias compañías. El principal temor de las AFJP
es que si trocan bonos de alto rendimientos por otros de menor atractivo
podrían llover juicios en contra de parte de afiliados disconformes.
“La cuestión legal es muy complicada”, señaló
un directivo de una AFJP a este diario. En este contexto, “sería
remota” la posibilidad de que Cavallo formulara estos anuncios durante
esta semana, según la apreciación de los dirigentes consultados.
En el borrador que maneja Economía, el canje se dividiría
en tres tramos: 3000 millones con las AFJP. Otros 2700 millones con los
bancos. Y, el tramo más importante, 10.000 millones de la deuda
que las provincias mantienen con las entidades financieras.
–¿Cuál sería la consecuencia de que S&P
declarara a la Argentina en default? –preguntó Página/12
a Pedro Rabassa, economista jefe del Scotiabank Quilmes.
–Serían dos. Por un lado, se desataría una venta masiva
de activos por parte de los asustados inversores. Si bien la cesación
de pagos recaería sólo sobre una parte de la deuda, muchos
financistas podrían pensar que es inminente incumplir con el resto.
Por otra parte, pasaría mucho tiempo hasta que la Argentina pueda
volver a financiarse en los mercados internacionales.
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“Amenaza para
la región”
Aunque la guerra de Estados Unidos contra Afganistán ocupa
el centro de la escena, Argentina sigue ocupando un espacio en la
discusión internacional. El diario chileno La Tercera también
se dedicó ayer a analizar la crisis del gobierno de Fernando
de la Rúa, al igual que el matutino The Financial Times (ver
aparte). En el caso del diario del país vecino, se advierte
que “la implacable derrota del Gobierno está llevando
a la Argentina a una situación política cuya complejidad
agrava aún más el escenario, marcado por un fuerte
y persistente deterioro de la economía del país”.
Y advierte que esa situación “transforma al caso argentino
en una virtual amenaza para toda la región”. En otro
párrafo, sostiene que “parecen justificables los temores
de la banca de que vuelva a aumentar la tendencia a la fuga de depósitos,
hasta ahora levemente controlada, lo que puede generar el colapso
del sistema financiero”. Respecto a la influencia de la crisis
local en la región, La Tercera advierte que “una moratoria
decretada en Buenos Aires tendría fuertes y casi inmediatos
efectos en América latina, sobre todo encareciendo los créditos”.
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Pese a todo, subió
la Bolsa
En la misma jornada en que Standard & Poor’s advirtió
sobre un posible default de la Argentina, los mercados registraron
una notable recuperación. Las acciones subieron 5 por ciento,
mientras que el riesgo país declinó 60 puntos, hasta
los 1770. Los bonos remontaron hasta 4,6 por ciento, como fue el
caso del Global 2008. En tanto, la tasa interbancaria se desplomó
al 9,5 por ciento anual en pesos. El rally alcista se dio por una
versión de que el Gobierno conseguiría fondos adicionales
para garantizar nuevas emisiones y reestructurar la deuda. Además,
según pudo saber Página/12, Economía gestiona
el adelantamiento de los 3000 millones prometidos por el FMI para
antes de fin de año. Y que los 1260 millones que el organismo
debe otorgar como parte del blindaje dentro de un mes lleguen antes
de fin de mes. La idea de Cavallo es utilizar ese dinero para pagar
los abultados compromisos de deuda del mes que viene y acercarse
al déficit cero.
Por ahora, Economía cuenta con los 3000 millones de dólares
prometidos por el Fondo Monetario que serían utilizados para
comprar bonos del Tesoro americano y garantizar nueva deuda. Iban
a acreditarse en marzo de 2002. Pero Cavallo instruyó a su
equipo para adelantar el envió para antes de fin de año.
No obstante, el propio FMI y el gobierno estadounidense consideraron
que ese monto es insuficiente para solucionar el problema de la
deuda argentina. Y que Domingo Cavallo debería gestionar
dinero adicional. El rumor que ayer recorrió la city dio
cuenta de que Economía estaría a un paso de conseguir
el objetivo.
Miguel Bein, ex secretario de Programación Económica,
brindó otro elemento relacionado con el auge en los mercados.
En diálogo con este diario reveló que existen fondos
internacionales invirtiendo en activos de mercados emergentes. “Después
de las sucesivas bajas de la tasa de interés, la rentabilidad
en Estados Unidos ha caído en picada. Los inversores van
a la búsqueda de mercados más atractivos. Por eso
hay subas no sólo en la Argentina sino también otros
emergentes”, explicó Bein.
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“Sería
tirar dinero en vano”
El influyente y conservador diario inglés The Financial
Times publicó ayer un editorial lapidario sobre Argentina.
Con un tono general despectivo, sostiene que “no tiene sentido
avanzar sobre nuevos préstamos a un país que no tiene
chance de restaurar su acceso a los mercados”. Y agrega: “Dado
el régimen monetario, las previsiones de un crecimiento pobre
y la carga de la deuda, prestarles más sería tirar
buen dinero en vano”. Para el gobierno, la aparición
de ese editorial es catastrófico. The Financial Times es
seguido con atención por inversores de todo el mundo, y expresa
la visión de los economistas ortodoxos.
El editorial reflexiona y aconseja sobre lo que debería hacer
el Fondo Monetario Internacional con los países emergentes
en crisis. Y particulariza en los casos de Argentina y Turquía.
“El problema inmediato de la Argentina es la fuga de liquidez
del sector bancario. Pero la inhabilidad del gobierno para mejorar
su sistema bancario refleja la contención en la que se encuentra:
su tipo de cambio y su imposibilidad de adquirir préstamos
en los mercados globales”, señala. “La situación
de Turquía es un poco mejor”, aclara, y remarca que
en parte se debe a “su autonomía monetaria”, contra
las complicaciones que le genera la convertibilidad a la Argentina.
“La probabilidad de que Turquía pueda reestructurarse
y crecer son mayores que en la Argentina”, afirma. “Muchos
podría discutir que Turquía es estratégicamente
más importante que la Argentina. Esto es verdad, particularmente
ahora. Eso mismo puede impulsar a los políticos a ayudar
a Turquía. Pero el FMI debería prestar dinero sólo
si es económicamente justificable. Y en el balance, lo es”,
insiste.
Finalmente, el editorial remarca que “el FMI debería
darle otra oportunidad a Turquía. Pero es difícil
creer que la Argentina pueda crecer y volver a ser solvente: la
crisis se profundizó demasiado y las restricciones de sus
políticas son muy estrechas”. “En cualquier caso,
es imposible manejar un mercado con un riesgo del 18 por ciento,
como en Argentina, sin aceptar por lo menos un default ocasional”,
concluye.
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INFORME
DE STANDARD & POOR’S SOBRE LAS PROVINCIAS
Alto riesgo de incumplimiento
Un informe de la
calificadora estadounidense Standard & Poor’s destaca que, como
consecuencia de la escasez de fondos para cumplir con las transferencias
comprometidas a las provincias, podría agravarse la relación
institucional con la Nación. El nuevo panorama estará caracterizado
por la profundización de la iliquidez, la que se traducirá
en “dificultades en el cumplimiento” del cronograma de servicios
de deuda. La preocupación de S&P se debe a que “las autoridades
federales (gobierno nacional) están imponiendo ajustes fiscales
a través de recortes en las transferencias fijadas por ley”.
Y, se sabe, esta situación puede redundar en que los bancos, poseedores
del 55 por ciento de los pasivos provinciales, no puedan cobrar sus acreencias.
Proveedores y asalariados, en tanto, podrán cubrirse con la segura
expansión de la emisión de nuevos medios de pago provinciales.
La deuda consolidada total de las provincias alcanza, según S&P,
los 21.200 millones de dólares, un monto bastante menor a los 132.100
millones que, sólo en concepto de capital, adeuda el Estado nacional.
Estas cifras indican que, mientras la Nación debe destinar el 21,8
por ciento de su presupuesto (en 2001) al pago de servicios de intereses,
las provincias sólo deben reservar a ese fin el 5,8 por ciento
del total de sus presupuestos.
Sin embargo, la uniformización estadística encubre la gran
heterogeneidad de las realidades de las distintos distritos, donde hay:
- Estados cuyo endeudamiento es mayor que sus presupuestos mientras el
pago de servicios de deuda supera el 15 por ciento, como las 8 provincias
que firmaron a fines de 2000 el pacto para acceder a los recursos del
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (Formosa, Jujuy, Río
Negro, Tucumán, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego y San Juan),
- Provincias como Salta y Mendoza, que pudieron administrarse sin ayuda
del gobierno federal.
- Y también distritos con “un sólido desempeño
financiero y niveles de deuda muy bajos o moderados con costos de servicio
de deuda no significativos”, entre las que se cuentan San Luis, la
Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y La
Pampa.
El informe de S&P destaca además que los problemas fiscales
de la Argentina “están vinculados a desequilibrios acumulados
en un extenso período de tiempo más que puramente al desempeño
actual (de hecho el gobierno central incluso cuenta actualmente con superávit
primario)”. Y aunque la carga de la deuda a nivel provincial todavía
no es comparable a la del gobierno central, para la calificadora aparecen
algunos signos preocupantes, en particular por las contradicciones en
las decisiones de política fiscal de los últimos dos años.
Así “la combinación de menores transferencias por coparticipación,
interrupción de los desembolsos del Fondo Fiduciario de Desarrollo
Provincial y las mayores tasas de interés locales ejerce mayor
presión sobre las provincias”. Al 3 de octubre de 2001, “el
gobierno central había acumulado moras por un total de 488,1 millones
en pagos debidos a las provincias; la mayor parte de esta deuda se acumuló
desde julio, con una aceleración de las demoras en septiembre”,
mes en el que el gobierno transfirió “alrededor de 300 millones
por debajo de los exigidos”.
S&P concluye que además “los marcos institucionales y
legales no permiten recortes unilaterales”, por lo que corresponderá
a la Corte Suprema la decisión final sobre este tema. No obstante,
en el corto plazo podría existir un acuerdo “a través
del cual las provincias acepten reducciones a cambio de asistencia del
Gobierno Federal en la refinanciación de futuros pagos de deuda”.
Pelea
con las provincias en clave post-electoral
El Plan de 10 Puntos de
reformas estructurales es la carta que juega el Gobierno a cambio
de refinanciar deudas provinciales. Rechazo por anticipado.
Los
gobernadores justicialistas
reanudan la pelea por los fondos.
Exigirán que se respete el Pacto
Fiscal. No aceptan negociarlo.
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Por
Raúl Dellatorre
El gobierno nacional
hará hoy su primer intento por acercarse a los gobernadores provinciales,
para salir de la parálisis y superar el mal trago de las elecciones
del domingo. Lo hará a través de un Plan de 10 puntos, que
refiere a otras tantas medidas que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
comenzó ayer a poner en conocimiento de los mandatarios provinciales
reclamando su respaldo. A juzgar por la primera reacción de los
gobernadores justicialistas, no le será fácil a la Administración
De la Rúa alcanzar su objetivo: voceros de los mandatarios de la
oposición, que hoy se reunirán en Buenos Aires, anticiparon
que habrá una contrapropuesta de tres puntos que coloca, en primer
lugar y en condición “no negociable”, la exigencia de
reestructurar las deudas provinciales y el cumplimiento del Pacto Federal,
es decir, el envío de los 1364 millones de pesos mensuales por
coparticipación de impuestos.
El Poder Ejecutivo confía en que su carta fuerte en la negociación
será la propuesta de refinanciación de las deudas provinciales,
que ya tendría acordada con los bancos locales. Sin embargo, un
vocero justicialista adelantó que no se aceptará como moneda
de cambio. “La reestructuración de deuda es buena, pero no
podemos aceptar que nos pidan nada a cambio”, adelantó a Página/12
un vocero justicialista. “Si el gobierno no cumple con el Pacto Fiscal,
girando los 1364 millones de pesos por coparticipación mensualmente,
y define cómo va a liquidar la deuda acumulada, que ya supera los
2000 millones, no hay más nada que discutir”, agregó.
Además de la reestructuración de la deuda y el cumplimiento
del Pacto Fiscal, los justicialistas reclamarán la implementación
de un amplio seguro de desempleo. Esta era la postura que, hasta anoche,
se esperaba que surja del encuentro de gobernadores justicialistas de
hoy a las 17 horas en el Consejo Federal de Inversiones.
Básicamente, el esquema de reestructuración de deuda contempla
un período de gracia para el pago de capitales de 15 meses –hasta
principios de 2003– y se financiaría a una tasa muy inferior
a la que pagan actualmente las provincias, del orden del 20 por ciento
o más. Según fuentes bancarias, el pasivo que se ofrecería
refinanciar asciende a poco más de 7500 millones de pesos, que
corresponde a la deuda de las provincias con los bancos locales (nacionales
y privados). El resto de la deuda de las provincias, unos 16 mil millones,
está colocada en títulos que pagan una tasa inferior a la
que le cobran los bancos locales.
Aislado de las fuerzas que conformaron la Alianza que lo llevó
al poder, con un socio como Acción por la República desgastado
por los fracasos de Cavallo y la pobre elección que hizo el domingo
último, y con las dos cámaras legislativas en manos de la
oposición justicialista a partir del próximo 10 de diciembre,
el gobierno tiene como única alternativa de supervivencia un acercamiento
a los gobernadores provinciales. Con ellos buscará acordar el programa
de reformas que lanzará junto a la recomposición del gabinete.
El Plan de 10 puntos, enmarcado en los compromisos asumidos ante el FMI
a los que aún no dio cumplimiento, es el siguiente:
1 - Reforma de la Ley de Obras Sociales, para llevar a cabo la prometida
desregulación;
2 - Modificación del Estatuto del Docente;
3 - Profundización de la Reforma del Estado, a través de
la fusión o eliminación de áreas y reducción
de planteles;
4 - Achicamiento del gasto público, a través de la reducción
o eliminación de partidas presupuestarias que permitan mantener
vigente el Plan de Déficit Cero;
5 - Reducción del “gasto de la política”, que
también alcanzaría a una reestructuración en los
presupuestos provinciales y municipales;
6 - Unificación de los programas sociales, a través de la
creación de una Agencia que concentraría las funciones que
actualmente cumplen tres ministerios (Desarrollo Social, Salud y Trabajo);
7 - Crear un Plan Alimentario, con un subsidio a hogares pobres conforme
a la cantidad de hijos;
8 - Meta de Déficit Cero para 2002 en las provincias;
9 - Tratamiento parlamentario de una nueva Ley de Coparticipación
antes de fin de noviembre;
10- Refinanciación de las deudas provinciales.
Todavía no está planteada formalmente la negociación,
pero a lo largo de la jornada de hoy habrá intensos contactos entre
la Jefatura de Gabinete y los gobernadores justicialistas. A mediodía
está previsto un almuerzo del Frente Federal, que conforman las
11 provincias justicialistas “chicas”. Por la tarde, se sumarán
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, para reunirse en el CFI. En paralelo,
el jefe de Gabinete tiene planificada una reunión con los gobernadores
aliancistas. Anoche no se descartaba que Colombo pudiera concurrir al
encuentro justicialista, quizás junto a Cavallo, para acercar posiciones.
En el gobierno, incluso, se ilusionaban con tener al conjunto de los mandatarios
reunidos con De la Rúa, en Olivos, el jueves por la mañana.
Todo dependerá de cómo evolucionen las difíciles
negociaciones. Y, por lo que se sabe, las elecciones del domingo último
endurecieron las posturas de los justicialistas más intransigentes.
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