|
Por Cledis Candelaresi
 En su afán por paliar
los efectos de la política de ajuste permanente a que lo condena
el Déficit Cero, el Gobierno podría anunciar en las próximas
horas la decisión de universalizar las asignaciones familiares
a todos los hogares con hijos y las becas para estudiantes secundarios.
La ampliación de estos beneficios forma parte de una propuesta
que fogonea el Ministerio de Trabajo, cuya titular, Patricia Bullrich,
es candidata a mudarse en los próximos días a la cartera
de Desarrollo Social o a su transformación en Agencia Social. Por
ahora, la letra fina de esas iniciativas depende de cuántos recursos
sean asignados finalmente a los rubros de asistencia social, monto que
Economía aún no consiguió definir.
De avanzarse en este sentido, el remozado régimen de asignaciones
familiares y el auxilio a la educación secundaria podrían
erigirse en las columnas vertebrales del sistema asistencial argentino,
que hoy se sostiene en programas diversos y a veces superpuestos.
La iniciativa sobre asignaciones por hijos fue elaborada en la secretaría
de Seguridad Social y consiguió un primer guiño del Palacio
de Hacienda, aunque hasta anoche no contaba con todos los recursos que
aspiraba la cartera laboral para instrumentar su plan con el mayor alcance
posible. Nadie en Trabajo podía asegurar que el año próximo
podría disponer por encima de los 1753 millones anuales de que
nutren el sistema de asignaciones y poder así extender el beneficio
sin tener que sacrificar prestaciones.
Aún no hay una última palabra sobre el tema, pero éste
engrosó la agenda cavallista, lo que le da chances de prosperar,
aún en el caso de que Trabajo no disponga de los millones de pesos
adicionales por año que habría reclamado para desarrollar
su iniciativa.
El proyecto postula pagar asignaciones familiares a todos los padres que
perciban hasta cierto nivel de ingresos –presumiblemente más
bajos que los 1500 actuales– aún en el caso que sean trabajadores
informales. “La intención es que la asistencia no siga concentrada
en los trabajadores en blanco, que son los que acaparan todo los beneficios”,
comentan en el edificio de Alem. Este es un cambio sustancial respecto
al sistema actual, que sólo ampara con aquellas subvenciones al
empleo formal.
“La intención es deslaboralizar el sistema, otorgando una
ayuda directa”, explicaba anoche a este diario una calificada fuente
de la cartera laboral. Eso significaría que la asistencia por hijos
abarcaría también al 40 por ciento de los ocupados informalmente
así como a los desocupados, sin discriminación. En términos
estadísticos: que el universo de destinatarios de la ayuda se duplicaría.
Para controlar la veracidad de los ingresos declarados por los beneficiarios
del sistema, el gobierno podría cruzar la actual base de datos
de la ANSeS con un registro que confeccionará especialmente para
los futuros destinatarios de las asignaciones. Con este padrón
y aquel cruce, los funcionarios de la cartera laboral descuentan que podrán
evitar el fraude, también acotado por el pago directo de esas prestaciones:
esta modalidad reemplazará la liquidación a través
del empleador, que en muchos comprobados casos falsearon información
para retener indebidamente el dinero del Estado.
Claro que la universalización también podría modificar
la envergadura de los beneficios tal cual están previstos en la
actualidad. Si los recursos presupuestarios fueran insuficientes, tal
vez resultaría necesario disminuir los montos actuales o reducir
por debajo de los 18 años la edad de cada hijo por el que se cobra.
La propuesta que se intenta pulir en estas horas va a contramano de la
iniciativa fogoneada por el actual ministro de Desarrollo Social, Juan
Pablo Cafiero, quien postuló un subsidio exclusivamente para los
niños más pobres, en particular habitantes de las villas.
Y tiene algún punto de contacto con la que sugirió Argentina
para una República de Iguales (ARI), de subvencionar a la infancia
sin discriminación. Pero la alternativa en la que trabajó
Seguridad Social se diferencia de la cafierista por su mayor alcance y,
al mismo tiempo, se distancia de la idea de Elisa Carrió ya que
no prevé crear fuentes de financiamiento distintas a las actuales
para la asistencia social, sino que prevé redistribuir recursos
que hoy existen.
El otro capítulo destacado del asistencialismo aliancista estará
a cargo del Palacio Pizzurno, que podría becar a todos los estudiantes
secundarios cuyos padres no superen cierto rango de ingreso. Para gozar
del beneficio, los alumnos tendrán que probar periódicamente
su continuidad en el establecimiento en cuestión, sea éste
público o privado, entre otros requisitos.
De ese modo, se intentaría retener en el sistema educativo a los
estudiantes del segmento en el que existe mayor deserción. El dato
es bien conocido por el ministerio de Educación, potencial responsable
de una iniciativa cuyo futuro también depende de los recursos que
pueda asignarle Economía, jaqueada por una recaudación en
declive.
|
Los soldados de Mingo
Domingo Cavallo aprovechó el viaje de Fernando de la Rúa
a España para reorganizar fuerzas. Estuvo reunido durante
tres horas en su despacho de Economía con sus dirigentes
más fieles, evaluando la situación política
tras las elecciones. El mayor temor de los cavallistas es el golpe
de Eduardo Duhalde, que imaginan posible por cómo quedaron
repartidas las fuerzas en el justicialismo. El ministro tomó
nota de las advertencias de sus colaboradores, pero sostuvo que
confía en que podrá alcanzar un acuerdo con el ex
gobernador bonaerense, con quien tiene un diálogo fluido.
El encuentro se concretó en la tarde de ayer en el quinto
piso del Palacio de Hacienda. Estuvieron Horacio Liendo, Armando
Caro Figueroa, Alfredo Castañón, Carlos Bastos, César
Albrisi, Jorge Baldrich, y diputados de Acción por la República
como José Luis Fernández Valoni, Marcelo Dragan y
los electos Guillermo Johnson y Guillermo Cantini. Para algunos
de ellos, Duhalde podría montarse en el envión que
le dio su triunfo aplastante sobre la Alianza para forzar la renuncia
de Cavallo. Su análisis es que en este momento Duhalde tiene
el campo libre para maniobrar. Pero si espera hasta 2003, deberá
disputar espacios con De la Sota, Ruckauf, Reutemann, Kirchner,
Marín y, tal vez, hasta con Menem. Los cavallistas están
muy atentos a los movimientos del ex gobernador bonaerense, quien
dialoga con sindicalistas, empresarios y con el radicalismo de Alfonsín.
Les preocupa que estén tejiendo un acuerdo para tomar el
poder real, pero manteniendo a De la Rúa como presidente.
En esa situación, claro está, Cavallo sería
echado del Gobierno. Por otra parte, en la reunión se discutió
la estrategia para afrontar otras duras batallas. Una de ellas es
la negociación con los gobernadores, que es crucial para
el ministro porque de ella depende la posibilidad de mantener la
política de Déficit Cero. Cavallo afirmó que
por más que los gobernadores justicialistas sigan con un
discurso duro y confrontativo, tarde o temprano aceptarán
el acuerdo que les propone la Nación.
|
|
“Excesivamente
arriesgada”
Las empresas españolas no deben invertir en países
como Argentina porque, en el nuevo contexto internacional, representan
una opción “excesivamente arriesgada”. La advertencia
fue hecha por el gobierno de José María Aznar y responde
a la preocupación oficial por la actual concentración
de inversiones del país en América latina y la Unión
Europea, plazas que se prevé se contarán entre las
más afectadas por la recesión mundial. El encargado
de transmitir el consejo fue el secretario de Estado para Asuntos
Exteriores, Miguel Nadal, quien agregó que “la incertidumbre”
que pesa sobre la economía mundial debería levar al
gobierno y a los empresarios a “replantearse las prioridades
de inversión en el exterior”.
|
|
Larreta no cree en
moratoria
La DGI ampliará de 1200 a 2000 el listado de Grandes Contribuyentes
antes de fin de año, informó ayer su titular, Horacio
Rodríguez Larreta, quien aseguró además que
no habrá una nueva moratoria. “Tenemos un plan de aquí
a fin de año para intensificar mucho más los controles
de los denominados Grandes Contribuyentes, que son los que tienen
un nivel de control más estricto, casi personalizado por
parte de la DGI”, agregó. En cuanto a la posibilidad
de que se disponga una nueva moratoria fiscal, Rodríguez
Larreta la desestimó por considerar que ya hay varios sistemas
de facilidades de pago de deuda en marcha. “No tenemos previsto
para nada una nueva moratoria”, afirmó el funcionario,
quien no obstante aclaró que el que tiene la palabra final
es el ministro Domingo Cavallo.
|
MUCHAS
CRITICAS DESDE BRASIL HACIA LA ARGENTINA
Cachetadas para todo gusto
El gobierno brasileño
disparó una batería de declaraciones que cayeron como un
balde de agua helada a la desconcertada administración De la Rúa.
Primero, su embajada en Argentina dio a conocer un informe en el que se
asegura, contra la opinión de Cavallo, que la devaluación
del real no perjudica a las exportaciones argentinas ni la evolución
del PBI de ambos países. Segundo, el propio presidente Fernando
Henrique Cardoso dijo, en una entrevista periodística, que la crisis
en Argentina ha sido el más grave traspié sufrido por la
economía brasileña este año. Tercero, el representante
brasileño ante el Mercosur aseguró que el “voto de
protesta” al gobierno del domingo último es comprensible dada
la situación económica que se vive en Argentina (ver aparte).
Por si fueran pocas cachetadas provenientes del socio mayor, ayer el Grupo
Brasil, integrado por 190 empresas brasileñas que operan en Argentina,
anunció que el año próximo reducirán en promedio
sus inversiones entre un 30 y 40 por ciento. Según su presidente,
Eloi Rodrigues, las inversiones previstas inicialmente, que ahora serán
recortadas, eran de 2000 millones de dólares entre el 2000 y el
2002.
La investigación sobre el tipo de cambio bilateral realizado por
la embajada brasileña abarca el período enero de 1999, cuando
Brasil levantó el ancla cambiaria sobre el real, y junio de 2001.
En ese lapso la moneda brasileña se desvalorizó en términos
nominales un 91 por ciento, mientras que la devaluación en términos
reales (descontada la inflación interna) alcanzó al 40 por
ciento. Según el estudio, eso “no impidió el mantenimiento,
por Argentina, de saldos comerciales ininterrumpidos y crecientes con
Brasil”. “En 1999, cuando el cambio real se deprecia en 23,35
por ciento, siendo previsible un aumento de exportaciones y caída
de importaciones brasileñas, ambas caen”, afirma el documento.
Y agrega que
“en 2000, con el real ya 23,35 por ciento más débil,
siendo razonable prever exportaciones más dinámicas que
importaciones, ambas se expanden de modo similar (16,2 y 17,4%, respectivamente)”.
Finalmente, dice que “en el primer semestre de 2001, cuando se acelera
la desvalorización, lo que haría esperar un aumento de las
exportaciones y disminución de las importaciones brasileñas,
ocurre lo contrario (las primeras disminuyen 0,92% y las segundas crecen
5,63%)”.
No parece haber sido casualidad que el gobierno brasileño difundiese
ese documento ayer, justo cuando el gobierno argentino le envió
una propuesta para la creación de un mecanismo de salvaguardas
para proteger la producción local de la fuerte depreciación
del real. Este último tema ya provocó fuertes tensiones
a nivel bilateral, e incluso mereció fuertes críticas de
los empresarios argentinos que, a través de la UIA, reclamaban
directamente la suspensión del Mercosur. En este contexto, Cardoso
afirmó que “la crisis de Argentina es terrible, porque sacude
los mercados financieros. En realidad, no existe una dependencia de la
economía brasileña de la economía argentina. Pero,
a raíz de los mercados financieros, nos convertimos en hermanos
siameses de los argentinos”, dramatizó.
|
“Fue un voto
de protesta”
El representante de Brasil en el Mercosur, José Botafogo
Gonçalves, dijo que es “perfectamente comprensible”
la derrota del presidente Fernando de la Rúa en las elecciones
del domingo último: “Fue un voto de protesta del elector
frente a una crisis económica que ya dura cuatro años”,
explicó, al margen de la diplomacia. En declaraciones a la
prensa paulista, Gonçalves señaló que su país
espera las nuevas medidas económicas del gobierno argentino.
“Quiero recordar que el 8 de octubre quedó acordado
que en la primera oportunidad representantes brasileños y
argentinos se encontrarán nuevamente para analizar todas
las cuestiones comerciales pendientes, particularmente a la luz
del resultado electoral”, advirtió.
|
Para
devaluar da igual estar dolarizados
Por Julio Nudler
Una razón comúnmente
invocada por los economistas locales para descartar la devaluación
del peso, o la mera flotación del tipo de cambio, como uno de los
instrumentos para escapar de la depresión a que condujo la convertibilidad
con paridad fija, es el alto grado de dolarización de la economía.
Por tanto, la eventual devaluación sólo sería nominal
y no podría ser real, porque los precios internos subirían
rápidamente tanto como el dólar. En consecuencia, sólo
se conseguiría recaer en la inflación, sin ninguna mejora
efectiva en la competitividad. Pero hay investigaciones que cuestionan
esta verdad aparente.
Es el caso de un estudio realizado por José Antonio González
Anaya, de la Universidad de Stanford, intentando determinar qué
nexo existe entre la traslación a precios del tipo de cambio y
el grado de dolarización de una economía. El entiende por
dolarización la proporción de pasivos bancarios (depósitos)
denominados en dólares. González trabajó con datos
sobre trece países latinoamericanos (entre los cuales no incluyó
a la Argentina) en los años ‘80 y ‘90. Lo notable es
que sus conclusiones desmienten la aludida creencia generalizada: la dolarización
no impide modificar la paridad real a través de una devaluación.
En concreto, este estudio arriba a dos conclusiones centrales. La primera
es que, en la comparación entre países, “un grado más
elevado de dolarización no conduce a una mayor traslación.
Por tanto, economías más dolarizadas no tienen necesariamente
una menor capacidad para influir en su tipo de cambio real a través
de movimientos nominales en su tipo de cambio”.
El segundo resultado obtenido es que “dentro de un mismo país,
un incremento en la dolarización no obstaculiza la capacidad de
ese país de ajustar el tipo de cambio a través de fluctuaciones
nominales”. González Anaya señala que “una dolarización
más alta no significa necesariamente que haya una mayor indexación
a dólar, contrariamente a lo que suele creerse”. Y añade:
“La determinación del índice de precios no depende
de la unidad de cuenta sino de las condiciones del mercado interno.”
La investigación sí halló una relación positiva
(correlación) más consistente aunque no significativa estadísticamente
entre dolarización y velocidad de ajuste. Esto quiere decir que
en economías más dolarizadas, el nivel interno de precios
tiende a ajustarse más rápidamente ante fluctuaciones nominales
en el tipo de cambio. Sin embargo, la magnitud de la traslación
(de la variación del dólar a precios) no se ve afectada
por la dolarización. En otros términos: la mayor celeridad
del ajuste significa que las perturbaciones nominales son más rápidas,
pero no que difieran en magnitud. Por tanto, una devaluación no
es necesariamente más inflacionaria en una economía porque
ésta esté más dolarizada.
Estas cuestiones son vitales para el diseño de la estrategia económica
porque la política monetaria sólo afecta directamente el
tipo de cambio nominal. De la inflación resultante dependerá
el impacto sobre el tipo de cambio real. “Un dogma del enfoque monetario
-consigna González- es que en el largo plazo una devaluación
se traslada íntegramente al nivel de los precios internos, esterilizando
cualquier alteración en el tipo de cambio real.” En la práctica,
habrá cierto grado de devaluación en la medida en que precios
y salarios no sean totalmente flexibles y la política monetaria
no se acomode plenamente.
El estudio recuerda que en las economías que sufrieron altas tasas
de inflación, o incluso hiperinflaciones, muchos precios eran expresados
en dólares sobre una base diaria, como ocurría en la Argentina
(que aquí cita textualmente), Bolivia y Perú. Cuando la
inflación remitió, los cocientes de dolarización
aumentaron y muchos precios siguieron siendo vertidos en dólares.
Para ese entonces, se aceptó como un valor entendido que los altos
coeficientes de dolarización implicaban que se mantenía
el elevado nivel de indexación a dólar. Hasta el FMI daba
esto por cierto, según González Anaya sin fundamentación
empírica alguna.
|
