Por Eduardo Tagliaferro e Irina Hauser

La Corte Suprema prepara una extraña arquitectura jurídica que podría otorgarle la libertad a Emir Yoma. La respuesta al recurso extraordinario presentado por sus defensores sería la herramienta que refutaría la utilización que el juez Jorge Urso hizo de la figura de la asociación ilícita. Además de liberar a Emir, el fallo favorecería al resto de los implicados en la causa por la venta ilegal de armas. Entre ellos, al ex presidente Carlos Menem, a quien el máximo tribunal supo rendirle tributo. Este diario pudo saber que seis de los cortesanos apoyarían con su voto la maniobra que permitiría virtualmente clausurar más de seis años de investigaciones.
Desde hace quince días, la Corte muestra una urgencia desconocida por hacerse con la causa. El vicepresidente del Tribunal, Eduardo Moliné O’Connor, reclama diariamente a sus empleados por la demora con que se realiza el fotocopiado del voluminoso expediente. De la urgencia también dio cuenta Julio “El Buby” Nazareno, quien se quejó ante el Administrador de la Corte, Nicolás Reyes, por la demora. Incluso le encargó que transmitiera el apuro al tribunal inferior y encontrara una solución.
Dos turnos de empleados trabajan a full en la tarea de fotocopiar una causa que hasta el momento tiene 140 cuerpos. Para acelerar el trámite, los cortesanos proveyeron a Urso de una máquina fotocopiadora. No hay muchas causas que puedan mostrar el nervio que el tribunal exhibe para estudiar el recurso de queja de Emir Yoma.
Al momento de decidir, el tribunal se explayaría sobre la figura de la asociación ilícita, pero sin profundizarla. Algunos de los juristas cercanos a la Corte afirman que “la figura de la asociación ilícita es difícil de probar en toda circunstancia”. Incluso sostienen que “hubo un abuso de la misma por jueces que se querían lucir dictando prisiones preventivas sin tener pruebas suficientes”. Así lo señalan cuando recuerdan las actuaciones del ex juez Adolfo Bagnasco en la causa contra Víctor Alderete por su paso por el PAMI. Afirmación que no repiten a la hora de hablar del expediente por la venta ilegal de armas.
Al máximo tribunal no puede pasarle desapercibido que si hay una resolución en la que claramente se define a la figura de la asociación ilícita, fue la formulada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, al confirmar la prisión preventiva de Emir. En esa ocasión, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun afirmaron que pueden realizarse actos ilícitos desde una función lícita. Como ejemplo mostraron las andanzas del juez de Dolores Hernán Bernasconi con su secretario y algunos policías bonaerenses.
La maniobra que favorecería a Emir comenzó cuando el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, habilitó el recurso de queja del empresario del cuero, sin haber leído el expediente, que nunca pasó por sus manos. En esa ocasión, el mendocino hizo suyos los argumentos de la defensa de Emir y sugirió que la confesión del ex Interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, no fue espontánea. Afirmó que sus dichos buscaban mejorar su situación procesal. Argumento que los camaristas de la Sala II desestimaron porque las declaraciones de Sarlenga eran concordantes con las investigaciones. Incluso precisaron que en sus manifestaciones Sarlenga complicaba su propia situación procesal.
Aunque Becerra vuelve a dar fe menemista, en la Corte se quejan por la pobreza de su dictamen. Dato que exige de los cortesanos un esfuerzo mayor. Desde el momento en que el ex presidente quedó detenido en la quinta de su amigo Armando Gostanian, en Don Torcuato, Becerra colaboró en el armado de la defensa de Menem. Cuando el menemismo vivía los días de su mayor desorientación, el Procurador fatigaba su celular sugiriendo nombres a los senadores Eduardo Bauzá y Carlos Corach. Meses antes, cuando le tocó a Emir ir a prisión, uno de los colaboradores más cercanos de Becerra, Carlos Bettini, se había reunido con Julio “Coco” Ballestero en el bar “LaBiela”. Bettini no es un desconocido para los Yoma; prueba de ello lo da su inclusión en la lista de invitados al casamiento de Amira.
Aunque en la Corte afirman que “no hay ningún voto escrito y que el momento del fallo está lejano”, este diario pudo saber que seis ministros pondrían su firma en la acordada que liberaría a Emir. A los cinco conocidos como “la mayoría automática menemista”, integrada por Nazareno, Adolfo Vázquez, Moliné O’Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano, se le sumaría el de Augusto Belluscio. Es el mismo equipo que logró la fórmula jurídica que desembocó en la libertad de Alderete. Claro que en este caso la cantidad de pruebas acumuladas en la investigación serían el principal escollo a sortear.
En la Secretaría Penal de la Corte, a cargo de Esteban Canevari, se encuentran 81 de los 140 cuerpos. Al momento de fallar en el recurso de Emir, correspondería que tanto Nazareno como Vázquez se excusen por su “manifiesta amistad” con la familia Menem y concretamente con el ex presidente. Algo similar ocurriría en el caso de Moliné, quien dado su parentesco con el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y con varios de los menemistas involucrados en la causa, debería dar un paso al costado.
En el alto tribunal afirman que “no están apurados en resolver el tema”. Provocan a sus interlocutores diciendo que los miembros de la Sala II, que deben resolver el futuro procesal de Carlos Menem, están demorando su fallo a la espera de que sea la Corte la que pague los costos políticos de cerrar la causa. Claro que a esta altura el máximo tribunal está blindado. A juzgar por dictámenes como el de Becerra, cualquier dibujo es posible. Salvo por las pruebas, pequeño detalle.

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