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Por Horacio Cecchi
 El operativo de los federales
había sido un éxito: una banda de ladrones de autos y contrabandistas
de 4x4 desarticulada, diez detenidos, dos suboficiales de Prefectura incluidos.
Todo ocurrió en el puerto porteño, en Córdoba y Madero,
en la zona donde se despliegan los ferries. A partir de allí, se
desató un inusitado intercambio de acusaciones entre la Prefectura
y la Federal, en estricto sotto voce dado el tenor de trapitos al sol
que fue adquiriendo el debate. “El control de vehículos depende
de Aduana y Policía. Alguien de la Policía también
se hizo el oso”, empezaron denunciando los prefectos. “Puede
haber alguien más, pero actuamos bajo órdenes de un juez”,
respondieron los federales. “Nosotros también y no hicimos
declaraciones públicas”, bramaron los guardias fluviales.
“Cuándo”, preguntaron del otro lado. “En los allanamientos
a los prostíbulos donde quedaron pegados varios comisarios”.
Y así siguieron.
El operativo tuvo lugar el lunes pasado por la noche: una comisión
del Departamento de Análisis Delictivo de la Federal allanó
con orden judicial las oficinas de la Prefectura en la terminal de Buquebús,
Córdoba y Madero. Rápidamente, las fuentes policiales informaron
sobre el resultado exitoso: tres 4x4 robadas y a punto de ser contrabandeadas
al Paraguay vía Uruguay, transportadas sobre un ferry; diez detenidos,
entre ellos los malogrados Juan Carlos Gómez y Jorge Alberto Rivero,
suboficiales de la Prefectura. “Hacían la vista gorda”,
subrayaron los federales en tono acusatorio. El guante fue recogido: ayer,
los guardias de frontera, trinaban de odio.
–Nosotros no vamos a estar protegiendo a dos pillos, aunque sean
de nuestra fuerza –confió a Página/12 una fuente reservadísima–.
¿Colaborar con el juez? ¿Qué duda cabe? Pero el control
del puerto de Buenos Aires está a cargo de cuatro organismos: Aduana
sobre mercaderías y vehículos. Nosotros, el río.
Migraciones, las personas. Y la Policía Federal, a través
de Interpol, las irregularidades de personas y vehículos.
–¿A quién acusan?
–La vista gorda de los dos suboficiales no alcanza. Alguien de la
Policía Federal también tiene que haber sido como mínimo
liviano en los controles. ¿Me explico?
En el Departamento Central de Policía, la infidencia provocó
irritación.
–Suponer que primero apuntamos a un prefecto y después lo
investigamos es absurdo –aclaró un comisario, siguiendo las
reglas del hermético off the record–. Esto se hizo bajo las
órdenes de un juez. Es posible que haya más cómplices,
pero es lo que tenemos hasta el momento.
A esa altura, el río ya estaba picado.
–Además –agregaron desde el Edificio Guardacostas, de
la calle Perón-, es llamativa tanta urgencia por hacerlo público.
–¿Llamativa por qué? ¿Suponen una devolución
de gentilezas?
–Exactamente.
–¿Podría explicar?
–Hace un mes, el programa Zona de Riesgo (de Azul Televisión)
sacó un informe. Cámaras ocultas y todos los chiches, donde
alguien dispuesto a abrir un prostíbulo era presentado por un mecánico
ante comisarios que le explicaban en qué consistía el negocio.
Por orden del juez, tuvimos que allanar cinco prostíbulos en Flores
y Pompeya. Nosotros entregamos todas las actuaciones al juez sin hacer
ningún escándalo. Y eso que quedaron pegadas cinco comisarías,
y algunos jefes más altos. Y no lo callamos para taparlo sino porque
si interviene un juez no hacemos declaraciones públicas.
Del otro lado, la mención provocó más que un ardor
de garganta típico de angina.
–Yo no vi ese programa –explicó un alto jefe policial–.
Pero ahora me acuerdo. Es poco serio lo que están diciendo. El
lunes no se detuvo a la Prefectura, detuvimos a dos suboficiales. Una
cosa no tiene nada que ver con la otra. Hablar de devolución de
gentilezas es reconocer que en algoparticiparon, y es suponer que los
periodistas se tragan una operación de prensa.
Operaciones de prensa o no, las aguas no se calmaron, y durante todo el
día de ayer mantuvieron su particular murmullo de silencio portuario.
EL
CASO DEL CHICO BALEADO EN EL AUTO
Juicio por un robo fatal
Seis horas de audiencia, 17
testigos, dos acusados –uno de ellos denunció apremios ilegales–
y un ministro de Justicia de visita formaron parte de la primera jornada
del juicio por el asesinato de Santiago Pérez, un chico de ocho
años que el 29 de julio del ‘97 viajaba junto a sus padres
y hermanos, y resultó baleado en Quilmes cuando una banda de cuatro
asaltantes intentó robar el auto. Los imputados: Juan Correa –planteó
la denuncia por apremios y amenazas– y Gustavo Lescano. Cristian
Olmos será sometido a juicio más tarde, una vez concluida
otra causa por homicidio de un comisario. El cuarto integrante está
prófugo.
El caso se debate en la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes,
integrada por los jueces Agustín Alvarez Sagarra, Diana Alismonti
y Pedro Uslenghi. La audiencia se abrió con la negativa de Lescano
a declarar y con la denuncia de apremios de Correa. La denuncia no quedó
firme: Correa no supo explicar por qué su abogado no la había
presentado cuando ocurrió, hace cuatro años. A continuación
se sucedieron 17 de 27 testigos citados.
En realidad, todos ellos fueron víctimas o testigos de los hechos
numerados como 1, 2 y 3, adjudicados a la misma banda, el mismo día,
en un impresionante raíd en 20 manzanas a la redonda, que se inició
con el robo del Renault 11 y concluyó cinco horas más tarde
con un enfrentamiento con la policía. En el medio, la banda intentó
robar el auto en el que viajaba Santiago, y cuando su padre intentó
dar marcha atrás para eludirlos, comenzaron a disparar provocando
la muerte del chico.
Ayer, durante la audiencia, el ministro de Justicia bonaerense, Jorge
Casanovas, se presentó en la sala del tribunal, “a título
personal”, según informó, “para amortizar tanto
dolor” de la familia.
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