Por Adriana Meyer

Aunque Hugo Anzorreguy declarará en el juicio oral por el ataque contra la AMIA como testigo, cuando se siente en el banquillo será interrogado por todo lo que hizo la SIDE pero, sobre todo, por lo que dejó de hacer ese organismo durante la investigación. El Tribunal Oral 3 que lleva adelante el proceso le pidió al presidente Fernando de la Rúa que relevara al ex jefe de la SIDE de la obligación de guardar secreto. Lo mismo fue solicitado para eximir de tal exigencia a trece agentes que también están citados, entre los que figuran Alejandro Brousson, Jorge Igounet y Rodrigo Toranzo, la cúpula de la central de inteligencia durante la gestión Anzorreguy. Según explicaron los jueces, esto es necesario en virtud de la ley secreta que impone esa condición a toda la actividad de los espías locales. En la undécima jornada del juicio, cuatro ex policías imputados se negaron a declarar. Uno de ellos se quejó enérgicamente por las condiciones de detención que dice padecer en una sede de la Prefectura.
La citación de Anzorreguy y los espías había sido anunciada cuando se difundió la lista de testigos del caso, pero la novedad de ayer fue el oficio que envió el Tribunal a De la Rúa. El abogado de Memoria Activa, Alberto Zuppi, se opuso a la decisión porque consideró que no se puede pedir permiso, lo cual sería, a su criterio, otorgarle a los agentes un privilegio del que ya no gozan ni jueces ni legisladores. “Es un vil de indemnidad para todos los funcionarios de ese organismo”, se quejó el letrado tras el primer cuarto intermedio de la jornada. Zuppi entiende que tanto Anzorreguy como sus ex subordinados tienen que sentarse y si se amparan en el secreto de Estado recién entonces el tribunal debería pedir el levantamiento de esa obligación por parte del Presidente. Y se lamentó de que “este juicio ya tiene demasiados legajos secretos”.
El abogado cosechó la adhesión de varios defensores y la oposición del fiscal Alberto Nisman y de la querellante de DAIA Marta Nercellas, que manifestó que había que esperar a una eventual respuesta negativa de De la Rúa. El abogado de la querella Familiares de las Víctimas, Julio Frederik, manifestó que “es la decisión más importante del Tribunal desde el inicio del juicio”. José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli, expresó que “el secreto de estado está para amparar actividades lícitas y no ilícitas como las que acá están sospechadas”. Ningún argumento fue tenido en cuenta por los jueces que rechazaron el planteo por considerarlo “prematuro”.
Antes de la explosión en la AMIA, la SIDE hizo tareas de inteligencia siguiendo a una célula fundamentalista y a un grupo de iraníes sospechosos, en el marco de una causa instruida por el juez Alberto Santamarina que llegó a tener 26 cuerpos. “Esta pista se le escapó a la SIDE, la bomba les explotó en la cara y para tapar esta ineficiencia se dedicaron a un encubrimiento feroz”, apuntó el abogado Pablo Jacoby, de Memoria Activa. La SIDE está en la mira en este juicio por no haber investigado de manera correcta y por haber sembrado pistas falsas. De hecho, desaparecieron 66 cintas, con escuchas de conversaciones desde y hacia la casa de Telleldín en Villa Ballester, que estaban en manos de los espías, entre una larga lista de irregularidades.
Toranzo, ex secretario del área exterior de la SIDE, fue quien piloteó la pesquisa relativa a la conexión internacional que derivó en la llamada “pista iraní”. Se lo consideraba “mano derecha” de Anzorreguy. Brousson trabaja en Contrainteligencia (sector 85) de la SIDE y está sindicado como uno de los negociadores del pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que, en 1996, declarara contra policías bonaerenses en la causa.
“A mis hijas las requisan como perras”, se quejó Claudio Araya al borde del llanto. Apenas se sentó en el banquillo, este ex policía que participó de la detención de Telleldín aseguró que pensaba declarar pero, según explicó más tarde su abogado Juan Martín Cerolini, “se desequilibró emocionalmente por la situación que está pasando en su detención” en Prefectura. “Como policía yo hubiera dado la vida por cada uno de ustedes”, gritó desencajado señalando al tribunal, a los fiscales y a las querellas, “y ahora soy un rehén de Galeano”. Y enseguida vociferó: “Araya se la aguanta, pero atrás del hombre hay una familia, están mis hijas que son anoréxicas y tienen crisis de pánico”. El presidente del Tribunal le pidió que mantuviera la compostura, al tiempo que varios gendarmes se acercaban a estrado. Pero como Araya seguía vociferando exaltado, el juez Gerardo Larrambebere lo amenazó con ordenar que lo retiraran de la sala. No hizo falta porque en ese momento se levantó y volvió a su asiento. Se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Pocos minutos después, su defensor pidió autorización para que el ex policía saliera de la sala. Al retirarse, Araya pidió perdón a los jueces, que quedaron algo conmocionados por la escena.
Mientras el SAME lo atendía en la alcaidía, Cerolini reiteró el pedido de traslado a Gendarmería, para lo cual argumentó que el propio jefe de la DIPA aseguró que el lugar de detención donde está ubicado Araya “no es apto” para tal fin. El letrado comentó a Página/12 que su cliente puede ver a la familia sólo 20 minutos por semana, y confirmó que las hijas, mellizas de 12 años, son maltratadas al ingresar a la visita. Agregó que cuando llegaron al lugar estaban allí los restos del avión accidentado de LAPA y el olor era nauseabundo, y que los presos tuvieron que acondicionarlo. Al parecer, la mala relación con los ex policías detenidos en la DIPA tiene que ver con rivalidades y diferencias entre ambas fuerzas de seguridad. El SAME evaluó la posibilidad de medicarlo porque resultó ser hipertenso. Pero a las 19.30 informó a Tribunal que, aunque el “ataque de nervios” había sido superado, no volvería a la sala. La fiscalía había adherido al reclamo pero los jueces lo desestimaron, aunque anunciaron que tomarían “alguna medida” al respecto.

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