Por Eduardo Videla

La instalación de una planta para la selección de residuos aptos para el reciclado, donde trabajen muchas de las personas que hoy hacen esa tarea en la calle, revolviendo la basura, es la solución que propone el gobierno porteño para resolver el conflicto que envuelve a los cirujas, los vecinos, las empresas recolectoras y el Estado. Hasta que ocurra esto, la represión del cirujeo quedará suspendida por 180 días, mediante una ley que aprobará le Legislatura en dos semanas. Las propuestas se conocieron ayer en el marco de la jornada sobre “Reciclado y recicladores”, que se llevó a cabo en la Legislatura porteña. Allí se divulgaron también las propuestas de distintas cooperativas de cartoneros, que apuntan a dignificar un trabajo que, en la Ciudad de Buenos Aires, involucra a unas 50 mil personas.
El encuentro reunió a casi todos los actores involucrados en el manejo de la basura: funcionarios del gobierno porteño y el CEAMSE, directivos de las empresas recolectoras, investigadores, ONGs que trabajan en reciclado y representantes de cooperativas de cartoneros.
“El objetivo es que la ciudad se haga cargo de la basura que genera y establezca políticas de gestión de residuos que contemplen la recuperación y el reciclado. Y se tenga en cuenta a estos trabajadores informales que en vez de pedir un Plan Trabajar salen a clasificar residuos en la calle”, explicó a Página/12 el diputado Eduardo Valdés (PJ), coordinador del encuentro.
El secretario de Medio Ambiente porteño, Eduardo Ricciuti, reclamó la incorporación al debate de los intendentes del Gran Buenos Aires, porque el problema de la basura “debe resolverse como Area Metropolitana”. “Estamos buscando un predio para crear la primera planta para la selección de residuos, gestionado por mano de obra que va a provenir de este sector informal”, dijo el funcionario a Página/12. Con ese objetivo, el gobierno está tejiendo un acuerdo con legisladores de distintos bloques para darle una rápida aprobación al proyecto y, a la vez, “cambiar el marco normativo para incluir la figura del reciclado”.
En ese sentido, dijo Valdés, “existe la voluntad de los legisladores de incorporar en los pliegos de la próxima licitación del servicio de recolección en la ciudad, las figuras de la selección y el reciclado, al menos en experiencias piloto”. Mientras esto se implementa, quedará suspendida una vieja ordenanza de tiempos del brigadier Cacciatore, que reprime el cirujeo, anunció el diputado Enrique Rodríguez. En esa norma se basan los operativos del gobierno porteño y la policía para “desalentar” el cirujeo en la ciudad.
En la futura planta, dijo Ricciuti, se hará la separación manual de residuos inorgánicos, para que la utilización de mano de obra sea intensiva. Para eso, será necesaria la selección en origen; en los domicilios deberán separarse los residuos en bolsas distintas para los orgánicos e inorgánicos. Estos últimos son los que irían a la planta para clasificar papel, cartones, plástico, vidrio y metales.
La propuesta coincide solo en parte con la que presentó la cooperativa El Ceibo, surgida de las casas tomadas de Palermo y Villa Crespo y que sumó a gente de varias villas de la ciudad. La organización presentó su proyecto ante el Banco Mundial, que está a punto de aprobar su financiamiento. “Consiste en tres etapas: primero, los promotores ambientales recorren las casas del barrio para explicar a los vecinos cómo separar la basura; luego, los recuperadores ambientales pasan a recoger las bolsas, que se llevan a los centros de acopio, ubicados en tres villas de la ciudad, donde se hace la clasificación”, explicó Cristina Lescano, dirigente de la cooperativa, que nuclea a unas 400 familias. El grupo ya cuenta con un colectivo para la recolección y con un centro de acopio en la villa 31.
“Nuestra diferencia con el gobierno es que ellos quieren sacar a los cartoneros de la calle. Pero no van a poder”, dice Lescano. Por elcontrario, la cooperativa aspira a institucionalizar la figura del cartonero, con la más elegante denominación de “recuperador ambiental”. Para eso, propone que los trabajadores usen guantes y uniforme, que tengan libreta sanitaria y vacuna antitetánica.
“Sería más fácil para nosotros salir a cortar rutas”, se quejó Daniel Palacios, del grupo de recolectores del Tren Blanco, de José León Suárez, en un petitorio dirigido al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Lo dijo en referencia a los operativos oficiales que se realizan en la ciudad para “desalentar” la recolección informal.

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